Mintegi censura la «represión» contra ETA e incurre en un supuesto de ilegalización

JAVIER G. NEGRE BILBAO 30/10/2012 ESPAÑA /El Mundo

Bildu «no puede aplaudir» las detenciones

La detención de la jefa del aparato logístico-militar de ETA, Izaskun Lesaka, y de su lugarteniente, Joseba Iturbe, volvió a demostrar ayer qué se esconde detrás del afable rostro de Laura Mintegi. La líder de EH Bildu afirmó que «no puede aplaudir» esta «operación de represión» y acusó al Gobierno de «no tener ni idea» de lo que es un proceso de paz por haber detenido a «quienes leyeron el comunicado» del cese definitivo de la banda. Unas declaraciones que «cuestionan el deber de las fuerzas policiales de perseguir» a ETA y que suponen, como recordaron la AVT y Dignidad y Justicia, una de las conductas que podrían conllevar su ilegalización, según la doctrina del TC.
Mintegi, lejos de celebrar el éxito policial, tachó la actuación de «represiva» y emplazó al Ejecutivo a mirar el ejemplo de Colombia donde la cúpula de las FARC «se sienta con el Gobierno a hablar» cuando «podría haber sido detenida 50 veces».
En declaraciones a Radio Euskadi, la representante de EH Bildu aseveró que estos arrestos pueden «retrasar» las soluciones en el ámbito de los presos de ETA, pero «no van a detener o anular» el proceso de paz «porque la voluntad de la sociedad vasca es determinante». Además, Mintegi manifestó que «el 70% del Parlamento Vasco quiere la paz y solo un 12% se empecina en medidas represivas», en alusión a los parlamentarios populares.
El diputado nacional de Amaiur Sabino Cuadra ahondó en esta misma línea al subrayar que las detenciones, «lejos de facilitar una solución y un relajamiento de la situación política existente, apuntan a una dirección claramente contraria».
Desde el PNV el presidente del partido en Vizcaya, Andoni Ortuzar, reprochó al Gobierno que «sólo se avance» en el ámbito de las detenciones de miembros de ETA en vez de hacerlo también en lo relativo a flexibilizar la política penitenciaria.
«No cuestionamos las detenciones, pero sí cuestionamos que sólo se avance en ese ámbito y se hayan apartado o no se toquen otros ámbitos que creemos que son urgentes de acometer», expresó Ortuzar, que lamentó en ETB que el Ejecutivo del PP «no haya dado ni un solo paso» en lo que respecta a la política penitenciaria cuando sí debería hacerlo.
La consejera de Interior en funciones del Gobierno vasco, Idoia Mendia, sí elogió la «brillante operación» desarrollada por la Policía francesa y advirtió a la banda de que «ha llegado el momento de disolverse».

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recordó que se trata de una actuación «muy importante» con la que el Gobierno demuestra que está «vigilante» y que sigue trabajando para conseguir que ETA acabe disolviéndose «completamente».

Por un gran pacto contra el independentismo

ROSA DÍEZ 29/10/2012 ESPAÑA /El Mundo

La portavoz de UPyD exige a PP y PSOE que emprendan juntos de nuevo un viaje al Parlamento Europeo y a la Comisión para denunciar el delirio secesionista catalán y dejar claro que no consentirán que se vulnere la ley
Hubo un tiempo en que en España se sabía que fuera de la ley no hay democracia; además, funcionaban los pactos de Estado y las cosas serias -la política antiterrorista, el modelo territorial del Estado, la política europea o la política exterior- no estaban sometidas al albur del resultado electoral.

Aprendimos en la Transición que el triunfo de la tercera España dependía de que las dos primeras se entendieran. Nuestros padres, que sufrieron las consecuencias de la guerra fratricida, apostaron por que no se repitiera la historia en sus hijos o en sus nietos. Y eso nos enseñó a buscar el acuerdo sin señalar vencedores o vencidos. Y supimos entender que todos los proyectos políticos son respetables y discutibles, con dos únicas condiciones: que son ilegítimos todos aquellos proyectos que, para triunfar, requieran eliminar al adversario o situarse fuera de la ley.
Conozco las consecuencias de dar la batalla contra el totalitarismo nacionalista. Como se ha explicado en muchas ocasiones, no es el método empleado por los terroristas lo que resulta ilegítimo; lo ilegítimo es el propio objetivo, en la medida en que sólo puede triunfar aplicando métodos fascistas.
La segunda causa de ilegitimidad de un proyecto político es la falta de respeto a la ley. Si, para que triunfe una idea en una comunidad política, ha de prescindirse del respeto a las reglas del juego, es la idea misma la que no merece ser respetada ni contrapuesta como una más en el juego democrático.
Esto segundo es lo que está ocurriendo en Cataluña con el mal llamado debate abierto por los nacionalistas alrededor de la independencia. A estas alturas nadie se engaña sobre los verdaderos objetivos del viaje de Mas a La Moncloa; nadie puede pensar que Mas acariciara la idea de que Rajoy fuera a ceder a la primera al chantaje. No estamos en esa época de vacas gordas en la que Mas fue a Moncloa para escuchar atónito cómo el presidente Zapatero le animaba a seguir adelante con un Estatuto que era, en sí mismo, la ruptura del pacto constitucional. Tampoco está Rajoy en situación de hacerlo, con todos los ojos europeos fijos en nosotros, en nuestro desastre de modelo territorial, en la ruptura de nuestro mercado interior, en los diversos modelos fiscales que pueblan nuestro país, en las dificultades para cumplir el déficit… Ni queriendo -que no sé si quería- podía Rajoy darle el plácet a Mas.
Mas sabía -y quería- la respuesta de Rajoy: venga, vamos a hablarlo… No esperaba, ni obtuvo, una respuesta tajante, ésa que ha tardado más de un mes en darle a través de los medios de comunicación. Deseaba distraer al presidente, provocar cábalas: «Se va a estrellar»; «Va a ser el siguiente Ibarretxe»; «Está superado por los acontecimientos»… Y mientras la ingeniería de comunicación monclovita se apañaba en dar ese mensaje tranquilizador: «No llegará la sangre al río», «Cataluña no es un problema…», la bola seguía creciendo y nos encontramos con la convocatoria de unas elecciones que son cualquier cosa menos unas elecciones autonómicas.
En Cataluña han convocado un plebiscito, y sería un enorme error abordar ese reto como si se tratara de una campaña electoral de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Ni la economía, ni los recortes, ni el funcionamiento de la sanidad, la educación o las infraestructuras… van a motivar que uno solo de los ciudadanos llamados a la urnas se mueva de su casa. La pregunta que nadie querrá hacer explícitamente durante la campaña es la única que todos interpretarán cuando el recuento de las papeletas esté finalizado: ¿Está usted a favor o en contra de la independencia?
Quienes creemos en el imperio de la ley y sabemos que todo lo que afecta a una parte de España nos afecta en primera persona y tenemos, por tanto, la obligación de pronunciarnos, hemos de dar la batalla contra el silencio cómplice o cobarde; contra el determinismo, contra la mentira y contra el miedo. No deberemos consentir que los nacionalistas -como en una versión catalana de Psicosis- saquen la muerta a pasear cuando les venga en gana. Lo que hemos de hacer es abrir el desván y que se vea el espectro. Enseñárselo a todos los catalanes y a todos los españoles. Y llevarlo a Bruselas y airearlo bien para que todos nuestros socios lo vean, lo palpen y lo huelan de cerca. Y para que se pronuncien sobre la conveniencia o no de meter ese espectro en su desván.
Formamos parte de la UE. No debiéramos consentir que en el Parlamento y en otras instancias europeas la iniciativa la tomen quienes quieren romper el vínculo de ciudadanía, quienes quieren excluir a una parte de los españoles de esta comunidad democrática llamada España. No es la primera vez que los que quieren romper la convivencia entre españoles llevan a las instancias europeas lo que llaman la «internacionalización del conflicto». Y no sería tampoco la primera vez que la respuesta de quienes han de defender la legitimidad y la verdad en nombre de todos los españoles se haga de esperar. Ha llegado la hora de reaccionar ante la campaña de desprestigio de España llevada a cabo por el Gobierno de Cataluña y por diversos diputados del Parlamento Europeo, que, por cierto, han sido elegidos en circunscripción única nacional, por todos los españoles.
Esta batalla por la legitimidad democrática supera la acción de cualquier partido, incluso la del propio Gobierno de la Nación. Más allá de las legítimas aspiraciones partidarias, de la lucha electoral en que cada cual intentará obtener los mejores resultados, creo que, por patriotismo constitucional -y por pura supervivencia-, debemos concertar una respuesta europea entre todos los partidos políticos que no estamos dispuestos a que, en nombre de sentimientos tribales superados por el derecho de ciudadanía, nos quieran obligar a renunciar a una parte de lo que somos.
El 31 de enero de 2001, sendas delegaciones del PSOE y el PP, encabezadas por Luis de Grandes, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba (sí, como lo oyen), viajaron a Bruselas a defender ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Ambos partidos, juntos, hablaron no sólo con Prodi y Fontaine, sino que explicaron el acuerdo a los grupos parlamentarios europeos. El acuerdo, consecuencia de un gran pacto para acabar con ETA y excluir de la vida política a todos sus cómplices, había sido duramente criticado por los partidos nacionalistas, que siempre encuentran acogida en las almas cándidas del Parlamento Europeo. Por eso, los dos partidos que pugnan en España por la alternancia quisieron que los socios europeos vieran que en esta materia no había disputa, sino grandeza y sentido de Estado.
Ha llegado la hora de que PP y PSOE hagan un nuevo viaje al Parlamento Europeo y a la Comisión. Que vayan y expliquen, por si hubiera alguna duda, que España es un miembro de la Unión comprometido con la defensa de los valores proclamados en nuestra Constitución y también en la europea. Que preservaremos el derecho al libre albedrío de nuestros ciudadanos y que no consentiremos que dentro de nuestras fronteras se vulnere la ley.
Cuanto antes lo hagamos, antes se frenará este delirio que nos distrae de lo importante para exacerbar los más bajos sentimientos humanos. Los millones de españoles parados, desahuciados, sin esperanza… están impotentes. Hagan política con mayúsculas, pónganse por delante y actúen. Demuestren que aún pueden ser útiles para los ciudadanos.
Y, si quieren, aquí nos tienen, para lo que haga falta.
Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión, Progreso y Democracia.

Arrestada la jefa de las armas que ETA no entrega

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID 29/10/2012 ESPAÑA /El Mundo


La Guardia Civil se incautó de cinco sacos de material que ocultaba con su 'segundo'
El sábado por la tarde, Izaskun Lesaka, la jefa del desistido aparato logístico-militar de ETA, se cansó de estar en la habitación del aparthotel con su pareja y lugarteniente, Joseba Iturbide, y se fue de compras tranquilamente por Mâcon, una localidad no muy grande situada a 70 kilómetros de Lyon. Se había cortado el pelo y se lo había teñido de rubio, así que quizá pensó que no tenía de qué preocuparse. No se dio cuenta, pero durante todo su paseo estuvo bien acompañada por el grupo de guardias civiles que les había localizado a ambos hacía una semana.
Regresó -Iturbide se negó a pisar la calle durante el tiempo en el que estuvieron alojados allí y tampoco quedó con nadie-, se acostó y pudo dormir hasta las dos de la madrugada -según la hora recién cambiada-, cuando las unidades de intervención francesas desplazadas desde París irrumpieron en su habitación y detuvieron a ambos. Ninguno de los dos se resistió entonces, a pesar de ir armados (en contra de lo pactado con los verificadores internacionales que aseguraron, hace más de un año, que los miembros de ETA ya no iban a llevar armas). Probablemente porque no se lo esperaban ni por asomo.
Los etarras saben que las leyes francesas impiden a los agentes entrar en un domicilio antes de las seis de la mañana; sin embargo, el sábado por la noche, los miembros de la RAID francesa, el equivalente a los GEO españoles, que llevaban apostados desde las 12 de la noche en el exterior de las instalaciones, recurrieron al llamado procedimiento flagrante, que les permite saltarse este inconveniente cuando se trata de hoteles y residencias.
Según las fuentes consultadas, la jefa del aparato logístico militar de ETA y su lugarteniente fueron localizados gracias al control administrativo de establecimientos hoteleros, que hace saltar las alarmas cuando los inquilinos aportan documentación falsa, y éstos la llevaban y habían aparcado un coche robado.
El Ministerio del Interior informó ayer de que, con el arresto de Lesaka, «se acaba con la responsable de la parte más peligrosa» de la banda terrorista, con la encargada de la «diezmada estructura operativa de la que depende la subsistencia de la banda» bajo cuyo dominio se encuentran «todas las reservas de armas y explosivos de la banda». A su entender, ninguno de sus posibles sustitutos tiene ni su experiencia ni su «violenta personalidad».
Según las fuentes consultadas por este periódico, su sustituto podría ser Iñaki Reta Frutos, un terrorista de 51 años, cuya fotografía fue distribuida hace dos años por Policía y Guardia Civil como uno de los etarras más buscados. Entre 1982 y 1996 cumplió condena por pertenencia al comando Mugarra. Cuando salió, se incorporó al entramado legal de la banda, pero tuvo que huir por ayudar a escapar a miembros de la organización que se veían perseguidos tras cometer atentados.

Respecto a Lesaka, a pesar de que el Ministerio del Interior se resiste a clasificarla como jefa del aparato militar porque, desde el cese definitivo de la violencia, ya no hay comandos como tales y, por lo tanto, no hay aparato militar al uso, lo cierto es que ésa fue la función que heredó de Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata, y, de hecho, ella es la que tiene el control de los zulos y las armas que la banda se resiste a entregar.

Ayer tuvo que presenciar el registro de su habitación hasta las cuatro de la tarde. Se resistió levemente a subir al coche de los policías franceses. Mucho más lo hizo Iturbide, quien forcejeó todo lo que pudo con unas bermudas tapándole la cabeza hasta ser introducido a la fuerza en su transporte hacia el calabozo. Aunque su escenita tuvo efectos, porque los agentes se dejaron los cinco sacos del material que se habían incautado, incluidos los pendrives, las máquinas de fotos, ordenadores, un DNI y una pistola. Estaban tan a la vista que los periodistas pudieron husmear en todo ese material hasta que la propietaria del hotel llamó a los investigadores para que pasasen a recoger lo que habían olvidado.
Á. E. MADRID 29/10/2012 ESPAÑA

JOSEBA ITURBIDE

El huido inexplicable

Joseba Iturbide, Makarra, nació en Navarra en 1977. Huyó a Francia en enero de 2008 tras la desarticulación por la Guardia Civil del comando Elurra, que atentó a finales de 2006 en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, asesinando a los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. De esta acusación se libró porque el juez Santiago Pedraz no encontró motivos para procesarlo
Sí se le acusó de haber preparado otro atentado dirigido contra el complejo de Azca en el centro de Madrid.
Fue absuelto porque la Audiencia Nacional consideró insuficiente la declaración realizada ante la Policía por el etarra Mattin Sarasola. Se le puso en libertad a pesar de encontrarse procesado desde diciembre de 2008 por el traslado de una furgoneta bomba en la localidad castellonense de Cuevas de Vinromá.
Huyó y se incorporó a las estructuras de la banda. Interior también cree que es uno de los etarras que participó en el tiroteo del monte Atxirulegi durante la tregua.

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN 29/10/2012 ESPAÑA

EH Bildu se solidariza con los etarras por las 'incomprensibles' detenciones

Permach minimiza la operación: «Los detenidos siempre son el número uno de ETA»
Cada operación policial contra ETA es respondida desde hace un año al instante a modo de protesta por la izquierda abertzale, que se escuda siempre en el cese de la actividad armada de ETA para denunciar las detenciones de miembros de la banda terrorista y alertar de que estos arrestos van en contra de la resolución del «conflicto político» vasco.
Pero dada la envergadura del último golpe a ETA, la portavoz aber-tzale y parlamentaria electa de EH Bildu, Maribi Ugarteburu, elevó ayer el tono de denuncia y censuró que es «totalmente incomprensible» que transcurrido un año desde el comunicado del fin de la violencia de ETA «se continúe por la vía de las detenciones políticas» y por las «medidas de excepción» contra los etarras.

Incluso fue más allá de las palabras de denuncia al solidarizarse con los familiares de los detenidos Izaskun Lesaka y Joseba Iturbide, a quienes «la Policía francesa relaciona con la organización ETA». También tuvo un gesto de apoyo con los allegados del terrorista Saul Curto, arrestado el lunes en otra operación policial en suelo francés.
Aunque la liturgia es la misma ante cada arresto, el último golpe policial a ETA ha causado una mayor amargura en las filas abertzales. Consciente de la importancia de la detención de la responsable de las reservas de armas y explosivos, Izaskun Lesaka, y su lugarteniente Joseba Iturbide, la antigua Batasuna trató de quitar relevancia a la operación realizada en Francia para restar méritos a la intervención policial.
El dirigente abertzale Joseba Permach recurrió a su cuenta en twitter para, con amargura, desdeñar la operación policial. Se quejó de que «los detenidos de ETA siempre son el número uno y la facción más dura». En otro comentario protestó porque «no se ruborizan después de repetir continuamente la misma cantinela». Permach añadió la denuncia política de que «un año después del fin de ETA», los gobiernos español y francés, «en vez de solucionar [el conflicto], siguen deteniendo».
Otra pata de la coalición EH Bildu, Aralar, señaló que es el momento de «abandonar las detenciones y priorizar el diálogo, como en otros procesos de paz en el mundo». Aludió a las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que dejan en evidencia a los estados español y francés por el «inmovilismo en el que están instalados».
En las filas constitucionalistas, las reacciones fueron muy distintas. Aun así, dentro de la satisfacción por una operación que deja «diezmada» a ETA, UPyD lanzó un dardo al Gobierno. Su líder, Rosa Díez, tiró de sarcasmo y dijo que está a la «espera» de que el ministro de Interior explique con su «habitual locuacidad» los motivos por los que los dos etarras detenidos iban armados en el momento de su arresto. Díez felicitó a la Guardia Civil y la Policía Nacional, que «no se dejan confundir con la propaganda y siguen defendiendo a la democracia de sus enemigos».
Leopoldo Barreda, portavoz adjunto del PP en el Congreso, dijo que es «una operación que descabeza a ETA». Y Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, advirtió a los terroristas de que van a estar en el punto de mira de las Fuerzas de Seguridad del Estado mientras no se disuelvan.

Batasuna ordena buscar acuerdos con los socialistas navarros

FERNANDO LÁZARO MADRID 28/10/2012 ESPAÑA /El Mundo

Tras su éxito electoral en el País Vasco, quiere fortalecerse en la Comunidad Foral

Pasito a pasito, la izquierda abertzale sigue su marcha tratando de conseguir sus objetivos políticos. Y el resultado de las elecciones autonómicas del pasado domingo en el País Vasco -donde cosechó 21 diputados, convirtiéndose en la segunda fuerza política del futuro Parlamento, sólo superada por el PNV- le ha dado alas. Quiere correr, acelerar. Está en su momento y lo quiere exprimir al máximo. Pese a que sus intenciones y planes están elaborados desde hace meses e incluso años, los resultados de Bildu en los comicios del pasado domingo les lleva a querer meter la quinta y hasta la sexta marcha. Y ahora, su objetivo es Navarra; extender su empuje nacionalista y abertzale en la Comunidad Foral.
Y, para ello, dos ideas fuerza: el gran respaldo obtenido por las tesis soberanistas en el País Vasco y debilidad del Partido Socialista, que tratarán de aprovechar. «Cambio ¡Ya!» es su consigna.

Con el fin de dinamizar y agilizar la puesta en marcha de la maquinaria electoral, los abertzales de Navarra han elegido un comité para preparar el asalto electoral a la Comunidad Foral a través de Euskal Herri Bildu. Todo el entramado de la izquierda abertzale sigue en manos de Batasuna y de sus antiguos responsables. «Nada nuevo», como explican fuentes políticas conocedoras de la realidad de Navarra desde hace décadas.

Ese comité será el encargado de ir preparando la situación de la izquierda radical ante un posible adelanto electoral en Navarra. Ese órgano se denominará Voces para el cambio (Aldaketaren Ahotsak). Los radicales trabajan con la hipótesis de que a UPN no le quedará más remedio que adelantar los comicios a 2013. Incluso, entienden que se celebrarán en el mes de marzo.
Consideran que la inestabilidad política es clara, que el gobierno en minoría de Unión del Pueblo Navarro, liderado por Yolanda Barcina, tiene casi fecha de caducidad y que deben aprovechar la velocidad de la ola del éxito vasco para alcanzar un resultado electoral que les permita ampliar el reto soberanista a Navarra. Para ello han conformado este nuevo comité del que formarán parte, según explicaron a este periódico fuentes cercanas al nuevo complejo abertzale, destacados e históricos miembros del entramado de ETA, algunos de ellos, incluso, condenados por la Justicia con delitos de sangre. Estará integrado por cuatro radicales: dos llevarán el peso político y los otros dos, la parte de comunicación.
Batasuna tiene claro que uno de sus principales objetivos políticos de los próximos meses debe ser acercarse al Partido Socialista de Navarra. Entiende que los socialistas en España están en un momento de gran debilidad y que Navarra no es una excepción. Según consta en documentos internos de la izquierda abertzale elaborados a principios de año, a los que ha tenido acceso este periódico, este acercamiento es algo que está dentro de la cabeza de los dirigentes radicales desde de hace bastante tiempo. La primera razón: para romper cualquier nexo que pueda volver a unir a los socialistas con la Unión del Pueblo Navarro. Quieren llevar a término el viejo refrán de divide y vencerás.
«Sumergidos en una incapacidad para frenar su tendencia a la baja. Manteniendo la actual línea política difícilmente podrán conseguir parar el desangre que se acelera de elección en elección», analizan en sus documentos internos los responsables de la izquierda abertzale.

«Esta situación aumenta sus contradicciones internas y cabe pensar que esas contradicciones irán en aumento los próximos meses». En cuanto a lo que Batasuna denomina el «proceso», asegura que los socialistas «parece que quieren hacer algún gesto, mostrando su disposición a hablar con Bildu». «De cualquier forma, las contradicciones internas del PSN abrirán nuevas posibilidades en diferentes instituciones para alcanzar acuerdos plurales que dejen en minoría a UPN-PP. PSN tratará de sacar el mayor beneficio posible en aquellas instituciones donde tiene la 'llave' y es nuestra responsabilidad trabajar acuerdos beneficiosos para la mayoría de la sociedad y en el camino del verdadero cambio político y social».
F. L. MADRID 28/10/2012 ESPAÑA
El PSN sigue con sus mensajes contrapuestos

Uno de los ejes de actuación de los abertzales es aprovechar el momento político débil que atraviesa el PSOE-PSN. Y para ellos es muy importante que la formación socialista, de forma continua, esté mandando mensajes contradictorios sobre su política en el País Vasco y Navarra. El último episodio, con motivo de la participación del alcalde de Villava (de Bildu) en actos en favor de asesinos de ETA, ha provocado aún más desconcierto.
Después de trascender que el primer edil de la localidad vecina de Pamplona participó en actos en favor de presos condenados por asesinato, como Txetxu Barrios, condenado por la muerte del matrimonio Jiménez Becerril, el PSN se puso de medio lado. UPN y PP optaron por presentar en el Parlamento de Navarra una cuestión de reprobación contra el edil. Pero sin el apoyo del PSN era imposible sacar la iniciativa adelante. Y el PSN rechazó actuar contra el alcalde que aplaudió a los asesinos.
La que sí tomó decisiones sobre esta actuación de Gastearena fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, a petición de Teresa Jiménez Becerril y tras las informaciones publicadas por EL MUNDO, decidió abrir diligencias contra este alcalde de Bildu ante la posibilidad de que haya cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo

Una asesora de Amaiur investigada como topo del 25-S en el Congreso

• FERNANDO LÁZARO MADRID 26/10/2012 PORTADA/El Mundo

E.M., habitual en las protestas 'abertzales', proporciona datos reservados de los diputados al movimiento Rodea el Congreso

La Policía lo tiene claro. El movimiento 25-S cuenta con datos internos del Congreso. Además de las actividades parlamentarias, que son de conocimiento público, sus dinamizadores reciben información reservada desde la sede del Parlamento. Y los agentes de los servicios policiales tienen indicios que les hacen sospechar que este topo está vinculado a la izquierda abertzale.

Según explicaron fuentes policiales directamente implicadas en estas pesquisas, la informadora es, en concreto, asesora del Grupo Mixto, del que forma parte la coalición abertzale Amaiur, identificada por las iniciales E. M. De hecho, acotaron aún más y aseguraron que trabaja para los radicales y utiliza su posición para favorecer a los manifestantes del movimiento Rodea el Congreso.

Además de detallar a los promotores de las concentraciones las agendas parlamentarias con mucha anticipación, esta asesora, según los investigadores, habría proporcionado también por dónde entran y salen con más frecuencia sus señorías y, fundamentalmente, sus horarios, además de algunos datos más restringidos que los policías tratan de evitar que salgan aún a la luz.

Una vez que los servicios de Información han podido avalar la sospecha de que esta asesora de Amaiur es la topo del 25-S en el Congreso, investigaron sus actividades previas a ocupar ese puesto. Así detectaron que se trata de una clásica asistente a actos organizados por la izquierda abertzale y radical en general. Por ejemplo, fue militante de Izquierda Castellana. Precisamente, una de las ocho personas identificadas por la Policía como organizadoras de la manifestación durante una asamblea en el parque del Retiro es la líder de esta formación, Doris Benegas, que tuvo que declarar como imputada en la Audiencia Nacional.

La asesora E. M. ha participado en numerosos actos en solidaridad con los presos de ETA. Asimismo, ha formado parte de los contingentes que Batasuna y su entorno desplazaban a los juicios para apoyar a los etarras. Como define claramente un alto responsable de Interior: «Tenía una gran visibilidad en todos los aquelarresabertzales».

El 25-S, el movimiento sin cara, ha protagonizado ya dos jornadas de Rodea el Congreso. La primera de ellas desencadenó serios incidentes de orden público y se saldó con 64 heridos (muchos de ellos, policías) y 35 detenidos. Ese día, los manifestantes radicales trataron de atravesar las vallas que la Policía había colocado alrededor del edificio. Desde el Ministerio del Interior se denunció ante los tribunales esa actuación y lo que se consideró que era un intento de alterar el habitual funcionamiento de la Cámara.

De hecho, según explicaron fuentes policiales, si los manifestantes hubiesen eludido el cordón policial, se habría provocado un grave incidente en el Congreso. Pero el juez Santiago Pedraz entendió que la Policía había exagerado sus denuncias, por lo que archivó las actuaciones.
La segunda protesta tuvo lugar el pasado martes y fue secundada por menos de 2.000 personas. Ni siquiera fue comunicada, como exige la ley, por lo que la Delegación del Gobierno en Madrid ha comenzado a notificar sanciones.

Para mañana sábado, las autoridades esperan nuevas movilizaciones. En esta ocasión, la preocupación de los analistas policiales es mayor, porque temen la llegada de grupos antisistema desde otros puntos de España, fundamentalmente de Cataluña, por lo que temen incidentes, aunque no haya programada ninguna actividad parlamentaria.

Estrasburgo rechaza el primer recurso por el 11-M

• JOAQUÍN MANSO MADRID 26/10/2012 ESPAÑA/El Mundo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha rechazado la admisión a trámite de la demanda contra España que había presentado el marroquí Yusef Belhadj, condenado a 12 años en el juicio del 11-M. Se trata del primero de los recursos por ese procedimiento que alcanza su definitivo punto y final en un lacónico folio. Belhadj, arrestado en Bruselas en 2005, seguirá en una cárcel española hasta 2017.

La defensa de Belhadj, que ejerce el letrado Francisco Andújar, basaba su pretensión en que no pudo acceder a los servicios de un intérprete -ni el acusado hablaba español ni el abogado árabe- durante la instrucción.

La acusación contra Belhadj por el 11-M es la historia de un bluf. La Policía lo presentó en la cúspide jerárquica de la trama, como el portavoz de Al Qaeda para Europa que había reivindicado los atentados. La Fiscalía pidió para él casi 40.000 años de cárcel como inductor de la matanza. Y no había pruebas de nada de eso: sólo de que hacía proselitismo y recaudaba fondos en Bélgica para la yihad

• MARÍA PERAL MADRID 26/10/2012 ESPAÑA

La juez, la fiscal e Interior ahogan el 'caso Zougam'

• JOAQUÍN MANSO MADRID 21/10/2012 ESPAÑA/El Mundo

El juzgado rechaza citar a las imputadas y el Ministerio se niega a dar documentación

La juez, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Consulado de Rumanía están conduciendo hacia un callejón sin salida el procedimiento por posible falso testimonio contra Jamal Zougam en el juicio del 11-M. Y sin practicar la más mínima diligencia, en contra de lo que ordenó la Audiencia Provincial en un contundente auto de junio en el que apreció «apariencia de delito» en la conducta de las dos rumanas testigos protegidos que determinaron su condena y ordenó investigar si mintieron.

Pues bien, la juez Belén Sánchez y la fiscal Rosa Mayoral prescinden del criterio del tribunal y rechazan citar a C-65 y J-70, ya formalmente imputadas, y a suprimirles la condición de testigos protegidas hasta que el Ministerio del Interior les envíe la documentación que confirme las circunstancias que fueron publicadas en una serie de reportajes de este diario. Pero ocurre que el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se niega a entregar los expedientes que se le han solicitado si previamente no se les indica el nombre de las dos afectadas cuya identidad la juez mantiene en secreto.

Es decir: si no hay nombres no habrá documentos pero no habrá nombres hasta que haya documentos.

En concreto, la fiscal -que ya se opuso a la admisión de la querella tras retenerla sin aparente motivo durante dos meses cuando sabía que el plazo de prescripción estaba a punto de cumplirse- argumenta en un escrito de septiembre que «es prematuro especialmente la toma de declaración de las querelladas hasta tanto [sic] no se examine la documentación requerida y con ello se verifique con suficiencia la realidad del hecho punible».

Y también razona que «no procede suprimir la condición de testigos protegidos de las querelladas hasta tanto [sic] del resultado de la investigación no resulten datos que impliquen una inequívoca imputación formal como autoras del hecho punible y excluyan el archivo de la causa».

La Audiencia de Madrid ya verificó en junio la suficiencia del hecho punible, ordenó la imputación formal de las querelladas y excluyó el archivo de la causa. Es más, ordenó practicar «cuantas diligencias de prueba fueran necesarias para investigar» si las dos rumanas «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos, faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».

Y todo ello, decía la Audiencia, porque la querella de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar relata «nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta» por el tribunal del 11-M y aporta «indicios que bien pudieran avalar razonablemente la verosimilitud de la apariencia delictiva de la conducta» de las testigos, cuya defensa ejerce el ex colaborador terrorista Gonzalo Boye. Es decir, que «los hechos contenidos en la querella, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de falso testimonio».

Tanto la Dirección General de Apoyo a las Víctimas como la Delegación del Gobierno de Madrid, dependientes de Interior, se han negado en sendas resoluciones de junio y julio a entregar los documentos que se le piden, pese a que en ambos casos se les especificó el número de expediente. Antes y después de las últimas elecciones, el PP se comprometió a colaborar con la Justicia.

La solicitud pretende confirmar la que la testigo J-70 no se decidió a declarar contra Zougam hasta 11 meses después del atentado y sólo cuando el Ministerio le cerró las puertas a las indemnizaciones y a los papeles tras rechazarla como víctima, ya que sus técnicos no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. Tras testificar, terminó cobrando 48.000 euros.