viernes, 31 de agosto de 2012

El juez excarcela al torturador de Ortega Lara tras visitarle en su lecho


  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 31/08/2012 PORTADA/El Mundo


  • Castro sostiene que está más grave de lo que afirmaba la forense aunque no esté 'terminal'
    Asegura que 'el principio de humanidad predomina sobre cualquier consideración legal'
    Sólo tendrá que comparecer una vez al mes en los servicios sociales externos de la cárcel

    La excarcelación del terrorista Bolinaga sin estar terminal hace del PP un partido tan abyecto como el PSOE.Tal y como reclamaba el Ministerio del Interior, y en contra del criterio de la Fiscalía, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, concedió ayer la libertad condicional al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, enfermo de cáncer y condenado a 313 años de cárcel por múltiples delitos, incluido el secuestro de Ortega Lara. Entre los argumentos recogidos en el auto está que no es necesario que el etarra se encuentre «terminal», ni que deba repudiar el terrorismo para obtener la libertad. Además, maneja un nuevo informe del Hospital Donostia con el que no pudo contar la forense para elaborar el suyo.

    En la disputa entre la Fiscalía e Interior, el juez ha optado por el Gobierno. Afirma que la decisión de Instituciones Penitenciarias de promover la libertad condicional «se ajusta a los requisitos de legalidad vigente» y, por contra, critica que la Fiscalía se oponga a ella sin haber recurrido el reciente tercer grado y actuando de manera distinta a como había venido haciendo en casos similares.

    La excarcelación del terrorista Bolinaga sin estar terminal hace del PP un partido tan abyecto como el PSOELa decisión del juez no es la última palabra. La libertad no será ejecutiva hasta que el auto sea firme, es decir, hasta que la Fiscalía deje pasar el plazo de cinco días para recurrir en apelación o hasta que se resuelva su previsible recurso. El asunto quedará entonces en manos de los cinco magistrados de la Sección Primera de la Audiencia, presidida por Fernando Grande-Marlaska.

    En el aspecto médico, el juez reconoce «contradicciones» entre los informes, en particular entre el de la forense de la Audiencia y el del Hospital Donostia, donde Bolinaga sigue internado. Se inclina por este último -el de los médicos «que están a pie de cama», dice-, sobre todo porque realizaron un diagnóstico el día 22 de agosto con cuyos datos no pudo contar la forense para su preceptivo informe. Tampoco se le remitió después para que lo revisara.

    Ese nuevo informe del hospital hablaba de «una mediana de supervivencia de nueve meses de vida» para el etarra. El juez lo debatió con los médicos en su visita a San Sebastián del pasado martes, en la que también tuvo un encuentro con el etarra en su habitación. De Castro no viajó acompañado por el fiscal o la forense, que desconocían el desplazamiento.

    «Debemos concluir tras una valoración de la totalidad de los informes médicos obrantes en autos que el estado de salud es grave e incurable», afirma el magistrado.

    A continuación, se centra «en determinar si para obtener una libertad condicional por enfermedad es necesario que el enfermo se encuentre en situación terminal». El fiscal resaltó en su escrito que ningún informe dice expresamente que esté terminal, y que ese era el requisito para excarcelarlo sin necesidad de arrepentimiento.
    Pero el juez concluye que no. Cita para ello una sentencia del Tribunal Constitucional que, curiosamente, la Fiscalía empleó en su informe para defender la postura contraria a la libertad condicional. «No puede darse la exigencia para la excarcelación de un peligro inminente o inmediato para la vida del recluso, sino que la finalidad de la misma es que pueda vivir el tiempo que pueda quedarle en libertad», sostiene De Castro.

    En otro apartado del auto, el juez analiza si el enfermo puede ser tratado en prisión sin peligro para su vida. Y también concluye que no, siguiendo el criterio de Prisiones y del Hospital Donostia y desoyendo a la forense. Los médicos de San Sebastián, explica De Castro, le dijeron el martes que Bolinaga debe seguir hospitalizado y que sería peligroso que comenzara el tratamiento en prisión.

    Al margen del apartado médico, el juez discrepa de la Fiscalía en la interpretación de los requisitos que conforme al Código Penal y la normativa penitenciaria deben cumplirse, y sostiene que no es necesario el arrepentimiento del etarra.

    Tras las disquisiciones médicas y legales, el juez resume los «fundamentos» de su decisión en varios puntos. El primero, que los «principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal». También que «junto al derecho a la vida, la dignidad humana reclama el derecho a una muerte digna». Y cierra este apartado afirmando que «el último periodo de la vida de un ser humano es el más difícil de afrontar física y psíquicamente», lo que «exige unas condiciones emocionales, materiales y personales que son incompatibles con la situación de reclusión».
    Expuesto todo lo anterior, el juez resalta que «frente a quien no ha respetado ni expresado ningún tipo de consideración, de humanidad, de piedad frente a las personas asesinadas, secuestradas, a sus familias y a sus seres queridos, el Estado de Derecho, en virtud de la estricta legalidad vigente, sienta la línea divisoria que marca la asimetría moral entre quienes viven en conformidad a las reglas del Derecho y quienes no respetan las mismas».

    El propio escrito, en su arranque, relata la espeluznante lista de delitos que ha mantenido a Bolinaga en prisión desde el 6 de julio de 1997 y que, sin beneficios penitenciarios por medio, le mantendrían preso hasta 2027: «Secuestro terrorista, asesinato en grado de conspiración, dos de detención ilegal, cuatro de atentado, asesinato, dos de asesinato frustrado, utilización ilegítima de vehículo a motor, lesiones, tenencia ilícita de armas, pertenencia a banda armada, depósito de armas y de explosivos».

    De Castro concluye su auto imponiendo diversas limitaciones al etarra para el caso de que su salud le permita salir del hospital. La primera, no acercarse a sus víctimas o familiares. Tampoco podrá «participar de forma activa o pasiva» en manifestaciones que legitimen la violencia. Una vez al mes deberá presentarse en los Servicios Sociales del Centro Penitenciario de San Sebastián, así como comunicar «cualquier novedad referida a la evolución de su tratamiento medico».
    > Vea hoy el videoanálisis de Santiago González

  • J. M. MADRID
  • 31/08/2012 ESPAÑA

  • Cronología de una decisión política

    Interior se enredó entre la presión del entorno de ETA y la resistencia de la Fiscalía

     La gestión política de la excarcelación del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga ha terminado enredando al Gobierno en una complicada madeja entre la presión de la banda para intentar rentabilizar la situación y la resistencia de la Fiscalía, que entiende que la libertad condicional del recluso es una medida ilegal y que el asunto podía haberse resuelto si Interior hubiese aceptado la responsabilidad de ponerle en la calle con un tercer grado, una decisión legal, pero discrecional y exclusiva de la Administración, en la que no interviene el juez.

    El acercamiento. El 1 de agosto, Prisiones traslada a Bolinaga de la cárcel de León a la de Zaballa (Álava), con el argumento de que el cáncer de riñón que padece ha producido metástasis en el cerebro y debe ser tratado por el equipo que se ocupó de él en una ocasión anterior.

    La presión. Una semana después, el preso inicia una huelga de hambre para chantajear a Interior y otros 30 etarras dicen secundarle. Pronto serán cientos, en una estrategia de goteo, encabezados por el mismísimo Arnaldo Otegi o el ex jefe de ETA Pakito. Paralelamente, EH Bildu y los antiguos portavoces de Batasuna exigen la libertad de Bolinaga en reiterados actos públicos.

    El lío. El 16 de agosto, la Fiscalía expresa por primera vez su malestar, pidiendo a la forense un informe en el que aclare si el etarra puede ser tratado sin abandonar la prisión. Al mismo tiempo, la izquierda abertzale convoca movilizaciones que los jueces van prohibiendo por enaltecimiento del terrorismo.

    El tercer grado. Ese mismo día, todos los medios difunden el informe médico del Hospital Donostia, en el que se concede a Bolinaga una posibilidad entre 10 de sobrevivir un año. Al día siguiente, el Ministerio del Interior anuncia su progresión a tercer grado, pero a los únicos efectos de solicitar al juez la libertad condicional.

    Mayor se anima. El 20 de agosto, Mayor Oreja caldea el ánimo en el PP al afirmar que la decisión favorece a ETA y la Fiscalía enerva a Interior al dudar del informe médico.

    La prevaricación. Dos días después, los presos de ETA emiten una nota para presumir de su éxito. Al día siguiente, el ministro Jorge Fernández da una inusual rueda de prensa en la que responde a Mayor y dice que, si no hubiese concedido el tercer grado a Bolinaga, «habría prevaricado».

    El extraño viaje. El 27 de agosto, el fiscal informa en contra de la libertad condicional porque ni la forense ni el Hospital Donostia señalan que el etarra esté terminal. Al día siguiente, el juez Castro viaja para examinar en persona al preso.

  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
  • 31/08/2012 ESPAÑA

  • ANÁLISIS

    Pruebas de condescendencia

    Este tipo de situaciones sobre ETA forman parte de un planteamiento más general

    Es una sensación similar a la de aquella mañana en la que todas las cámaras tenían puesto el foco en un anciano aparentemente desvalido al que acababan de bajar del avión en el aeropuerto de Santiago. Iba en silla de ruedas. Pero apenas pisó el firme de su tierra, José Augusto Pinochet se levantó, sonrió y saludó a sus partidarios, demostrando que estaba en perfecta forma al menos para dar un corte de mangas al resto del orbe.

    Bueno, quizás no sea lo mismo. Quizás Bolinaga no reciba el alta médica y tenga que permanecer en el hospital los meses que le queden de vida. O quizás salga y decida que, por primera vez en su vida, quiere comportarse de una forma digna, pedir perdón o, como mínimo, impedir que los suyos celebren la decisión judicial como si fuese un triunfo y realicen cualquier tipo de homenaje en su favor. Estaría bien. Pero, desde luego, no responde a la trayectoria que ha mantenido hasta el momento. Su último corte de mangas, precisamente, se lo hizo al juez, cuando fue a verle al hospital y Bolinaga le conminó, como hacen todos los etarras y los dirigentes de la izquierda abertzale, a cumplir con «sus propias leyes».

    Ése, precisamente, es el argumento que, en esta historia, el Gobierno no ha querido desactivar, el de que la ley le permitía mantenerlo en prisión pero que, sólo por motivos humanitarios, por generosidad democrática, se acogía a la otra lectura de la norma que le permitía, primero, concederle el tercer grado y, después, liberarlo. Porque cabe insistir en que la dignidad no depende del lugar donde muera un enfermo, sino de la especie de tipo que uno sea y es imposible que Bolinaga alcance ese estatus.

    El Gobierno dirá ahora que es una decisión judicial y que se limita a respetarla, pero no es así. Del mismo modo que es poco probable que se haya visto presionado por la huelga de hambre de los presos de ETA o por las manifestaciones o acusaciones públicas de la izquierda abertzale. Los propios radicalessostienen que los etarras son incapaces de llevar una huelga de hambre hasta el final y que simplemente se han aprovechado, propagandísticamente, de la torpeza de la Administración de trasladar al etarra a San Sebastián.

    El Ejecutivo tomó la decisión de dejar en libertad a Bolinaga antes de esto y por otros motivos menos directos, pero no menos intensos y que ha asumido como planteamiento político general. Porque no estaba dispuesto a correr el riesgo de que el etarra se le muriera en prisión en estas circunstancias de cese definitivo; porque calculó que las consecuencias de la muerte de este recluso ahora podían ser más gravosas que la decisión de propiciar su libertad (que probablemente le hubiese sido concedida igualmente por los progresistas jueces de la sección primera tras un recurso); porque el PNV no le hubiese dejado en paz y porque el PSE, dispuesto a atribuirse el fin de ETA, hubiera explotado la situación.

    Es curioso ver cómo los socialistas insisten en que respaldan en todo la política antiterrorista del Gobierno sin mencionar que, por otra parte, ellos dejaron encarrilada una parte de la situación en la que también fueron ayudados por los populares. Sólo es cuestión de explicarlo y de precisar hasta dónde se va a llegar exactamente -en ese asunto preciso, el Ejecutivo sostiene que «ni de coña» va a soltar a los otros 14 enfermos- y cuándo. Básicamente porque, a veces, para poner gesto de condescendencia humanitaria ante el corte de mangas de un desgraciado, se necesita mucho entrenamiento.

  • MADRID
  • 31/08/2012 ESPAÑA

  • «Es una forma de volver a matarnos»

    Las víctimas claman por la decisión, que la mayoría de los partidos respalda
    Todos los partidos políticos manifestaron ayer su respaldo a la decisión del juez central de Vigilancia Penitenciaria -el PSOE lo hizo por omisión-, con la excepción de UPyD, que fue muy crítico. Enfrente, las asociaciones de víctimas fueron muy duras: «Es una forma de volver a matarnos», dijo la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.

    El portavoz adjunto del PP en el Congreso Leopoldo Barrera aseguró a Efe que esta decisión es «coherente con las previsiones legales y con lo que han sido las interpretaciones legales de la regulación penitenciaria en los últimos veinte años».

    El diputado de IU Gaspar Llamazares afirmó que se trata de una medida «lógica, necesaria y humanitaria» y, en la misma línea, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dijo en Twitter que se trata de un «triunfo de los derechos humanos».

    El PSOE declinó hacer comentarios, aunque en días anteriores había mostrado su apoyo a la libertad condicional del etarra.

    Enfrente, la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió a la Fiscalía que recurra y criticó que el Gobierno haya puesto en manos del juez la decisión, «enmascarando una mentira».

    Además de la reacción de Pedraza, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, lamentó que Bolinaga va a ser recibido «como un héroe» en Mondragón (Guipúzcoa) y «se va a ir a la tumba orgulloso». El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, manifestó que siente una «total decepción» con el Gobierno de Mariano Rajoy.

    Antes de conocerse la decisión judicial, una mujer fue detenida en Vitoria por la Ertzaintza tras intentar golpear a un agente en una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Álava para exigir la excarcelación.
     

    jueves, 30 de agosto de 2012

    El ministro del Interior, investigado por revelar datos del 'caso Cordón'

  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 30/08/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Bermúdez pide el vídeo de la rueda de prensa que ofreció para explicar la operación
     
    ¡Manda huevos al juez de las medallas pensionadas! Tiene de rositas al chivato de ETA, el Faisán Rubalcaba, y quiere mandar caminito de Jerez al Ministro tonto de capirote El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez investiga si el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cometió un delito de revelación de secretos al divulgar datos bajo sigilo de sumario en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso para explicar las últimas detenciones del caso Cordón.

    En una providencia divulgada ayer, el instructor explica que abre una pieza separada dentro del sumario sobre el secuestro «con el fin de determinar si existe base para estimar indiciariamente cometido un delito el [sic] de revelación de secretos y el órgano competente para la instrucción de la causa, dada la intervención pública de aforados en las [sic] que se dieron datos protegidos por el secreto de sumario».

    El juez reclama a las televisiones que le envíen antes de 10 días «el vídeo de la rueda de prensa dada por el excmo. Sr. Ministro del Interior el día 19 de julio de 2012 sobre la investigación de referencia». En esa intervención pública, Fernández Díaz habló del hallazgo de la casa de Lyon en la que había permanecido secuestrado Publio Cordón y ofreció abundantes detalles sobre las nuevas pesquisas.

    El juez también requiere al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al general jefe del Servicio de Información del Instituto Armado para que en un máximo de cinco días le digan quién les dio información «verbal o escrita» del resultado de las investigaciones, y a quién se la transmitieron ellos. Al general jefe le pide igualmente que identifique «a la persona que informó a las autoridades del Ministerio del Interior sobre el resultado de la investigación».

    La resolución de Gómez Bermúdez llega cuando apenas lleva dos meses como instructor. El juez pidió la plaza tras fracasar en su intento de renovar como presidente de la Sala de lo Penal. Esta vez no contó con el apoyo de los vocales del CGPJ designados a propuesta del PP, con el que años antes se había aupado al puesto.

    Pese a lo espectacular de la decisión, el juez sólo tiene margen para hacer una investigación preliminar, ya que no es competente ni para investigar un delito de revelación de secretos -que correspondería a un juzgado de Madrid-, ni para investigar a un aforado como Fernández Díaz. Al tratarse de un miembro del Gobierno, únicamente el Tribunal Supremo podría imputarle e instruir una causa contra él.
    Lo que sí puede hacer el juez de la Audiencia es efectuar una somera investigación inicial para determinar si hay suficientes indicios de delito y si éstos apuntan a un aforado. Si así lo considera, procederá a elevar al Supremo una exposición razonada reuniendo esos indicios. A partir de ahí, todo quedaría en manos del Alto Tribunal.

    Aunque hasta ayer no había referencia expresa a aforados, apenas dos días después de la rueda de prensa del ministro, el juez ya comenzó a investigar una posible revelación de secretos y a centrar el tiro en el ministro.

    En una providencia del 21 de julio, Gómez Bermúdez explicó que había tenido conocimiento a través de medios de comunicación de datos bajo secreto, lo que podía perjudicar las investigaciones y la cooperación judicial. Lo primero que hizo fue pedir a la Guardia Civil que le detallara la cadena de custodia de la comisión rogatoria devuelta por Francia con el resultado de las pesquisas, con precisión de la copias que había hecho.

    El juez habla en su escrito de un delito de revelación de secretos. El Código Penal castiga con penas de multa e inhabilitación de hasta tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo» (artículo 417). Si la revelación ha provocado «grave daño para la causa pública» puede llegar hasta los tres años de prisión.

    Además, existe otro artículo más específico (art. 466) que castiga a quien «revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial». En este caso, las penas son de multa e inhabilitación de hasta cuatro años. El artículo precisa que lo pueden cometer abogados, procuradores, jueces, secretarios judiciales «o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia», categoría en la que sería necesario encajar al ministro si se quisiera seguir adelante por este artículo.

    Por otra parte, el juez envió ayer a prisión a la grapo Manuela Ontanilla, en la que hace un mes no vio riesgo de fuga y dejó libre por el caso Cordón. El juez dice ahora que su rastro genético ha aparecido en un zulo y que eso hace que aumente el peligro de que huya.
  • MADRID
  • 30/08/2012 ESPAÑA

  • La familia: «Una absoluta exageración»

    La hija del empresario secuestrado Carmen Cordón calificó ayer de «exageración total y absoluta» la decisión del juez Gómez Bermúdez de investigar al ministro del Interior. En declaraciones a Europa Press, la hija pidió al juez que «no persiga a los buenos», en referencia al ministro, sino a los «malos». Para Carmen Cordón, en la rueda de prensa que investiga el juez de la Audiencia «no se reveló absolutamente nada que no hubiese contado ya la Guardia Civil». También pidió que «se deje trabajar a la Policía y al ministro del Interior», dado que, según declaró, están realizando una labor «impecable», teniendo en cuenta que han logrado «cosas que durante 17 años no ha conseguido nadie». En este sentido, la hija del secuestrado insistió en que la que ha adoptado el juez «no es la dirección adecuada centrar las fuerzas en perseguir a los buenos, sino a los malos». También la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, criticó la actuación del juez. A su juicio, la investigación abierta por Gómez Bermúdez responde «únicamente a cuestiones políticas». Pedraza añadió que Bermúdez no es el juez más adecuado para investigar filtraciones dado sus antecedentes con el libro de su mujer sobre el juicio del 11-M. «Nos tenían que haber dado explicaciones de por qué ese libro contenía datos que nadie que no hubiera estado allí sabía», señaló Pedraza

    miércoles, 29 de agosto de 2012

    «Las molestias que se toman para liberarlo»


  • Á. ESCRIVÁ M. MARRACO
  • 29/08/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Las víctimas, sindicatos de prisiones y juristas de la Audiencia, pasmados por el viaje


    Víctimas del terrorismo, funcionarios de prisiones e incluso fuentes acreditadas de la Audiencia Nacional asistieron ayer al viaje del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, al Hospital Donostia con una mezcla de contrariedad, desconfianza y pasmo. Ninguno de ellos pasó por alto el hecho de que el magistrado se desplazase de forma inusual hasta allí para entrevistarse, como último paso antes de tomar una decisión, con los doctores que han realizado los informes más favorables a las aspiraciones de salir de Bolinaga y con el propio etarra, «que sabe hacerse la víctima».

    De ahí la reacción de la presidenta de la Asociación de Víctimas, del Terrorismo, Ángeles Pedraza: «Me parece increíble la de molestias que se están tomando para dejarlo en libertad». Una reacción que tenía muchos puntos de coincidencia con quienes, en la Audiencia Nacional, consideran que la visita a San Sebastián persigue «la justificación de una liberación que no está justificada».

    «¿Es que ahora el juez hace de médico? ¿Es que suele visitar a todos los presos sobre los que tiene que tomar algún tipo de decisión?», se pregunta la presidenta de la AVT. Las víctimas de ETA no entienden que el juez haya tenido que viajar hasta el hospital teniendo los informes claros de los médicos donostiarras, el criterio todavía más claro de la forense de la Audiencia y una toma de postura contundente por parte de la Fiscalía.

    Pedraza ni siquiera entra a analizar un argumento, el del arrepentimiento y la voluntad de reinserción del penado, que el Ministerio Público consideró tan importante como para mencionarlo en el último de sus escritos, a pesar de que Prisiones defiende que la ley no tiene en cuenta este extremo para decretar una libertad en caso de enfermedad grave.

    Uribetxeberria Bolinaga no sólo no ha mostrado una actitud de respeto hacia las víctimas y de alejamiento de ETA sino que, muy al contrario, siempre que ha podido se ha mostrado fiel a sus posturas más ortodoxas. Se burlaba, desafiante, en las sesiones de los juicios en la Audiencia Nacional por dos asesinatos y por los secuestros de Iglesias Zamora y Ortega Lara; envió un mensaje cuando ya estaba en el hospital haciéndose la víctima, comparando su estado con el de Ortega Lara cuando salió del zulo y, por extensión, el trato de ETA con el que el Estado le confiere, y siguió una falsa huelga de hambre como instrumento de presión dejando que el resto de los presos le siguiera.

    ¿Puede haber ido el juez Castro a comprobar que ésa es la posición del recluso? Las víctimas no lo creen pero, en todo caso, no consideran que sea un dato que se deba tener en consideración. «Lo único que nos importa es que cumpla íntegramente la pena que se le ha impuesto».

    Respaldando una parte de sus argumentos se situaron ayer los funcionarios del sindicato de prisiones ACAIP cuyos representantes tacharon de «excepcional» la visita. «En más de 20 años que llevo en la administración penitenciaria, no lo he visto nunca. Es inédita, no es nada habitual», señaló un portavoz que añadió que «podría verse como un trato de favor» y que quiso realizar una precisión: «Este sindicato defiende que el lugar en el que debería ser tratado ese etarra es una unidad de custodia hospitalaria, es decir, exactamente donde se encuentra ahora. No es necesario que se vaya a la calle».

    «Teníamos que haberlo resuelto en una semana»


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 29/08/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Los investigadores «están muy tocados» por el error de la perito

    El PP no escarmienta nunca. El Ministro tonto de capirote aun tiene al socialista Santano de Comisario General de la Policía Científica. ¡Increíble!
    .Arrastran los pies. Los funcionarios que durante meses han seguido la pista a José Bretón están apesadumbrados. Han visto cómo un error en el informe de una facultativa se ha convertido en la gran noticia, que el error ha tapado la eficacia.

    Y es que, como recuerdan mandos de la unidad dedicada a la resolución de la desaparición de Ruth y de José, «este caso lo teníamos que haber resuelto a la semana». Y no les falta razón. La cronología les arropa. Los hijos de José Bretón desaparecieron el 8 de octubre y el 10 ya se localizaron los restos óseos en Las Quemadillas. Los dos informes privados de los antropólogos han llegado a sus precisas conclusiones tras estudiar los restos en apenas 48 horas. La Policía Científica no elevó su informe, en el que hablaba de restos de animales, hasta el 10 de noviembre. Con la misma celeridad y precisión que los peritos privados, el caso podría haber estado resuelto en menos de una semana, apuntan los investigadores.

    Defienden a capa y espada su actuación. Aseguran que han estado trabajando día y noche -y los mejores-, que no se han escatimado gastos, que se ha hecho todo lo que había que hacer. Estos mandos explican que la Policía había logrado realizar una reconstrucción de las horas en que Bretón estuvo con sus hijos hasta que denunció su desaparición que «sólo dejaba un margen de 10 minutos en que no supimos lo que había hecho». Aseguran que los agentes de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) siempre tuvieron claro que los hijos de José Bretón nunca salieron de la finca de los padres del presunto autor de la desaparición de los menores.

    Recuerdan estos agentes que, incluso pese al informe científico que descartaba que los restos fueran humanos, no se perdió el hilo de la finca. Inciden en que, fruto de las investigaciones, se logró encarcelar a José Bretón, quien sigue en la cárcel. «El fallo en este informe pericial ha dado al traste con lo que ha sido hasta ahora un gran trabajo policial», defienden los mandos de la Policía Judicial.

    Fuentes policiales explicaron que la facultativa que elaboró aquel el informe lleva más de 15 años trabajando en la Comisaría General de Policía Científica, en la Unidad Central de Identificación. Recalcan que no se trata de una policía sino de una facultativa, una especialista, que no es antropóloga pero sí médica especializada en medicina forense.

    Explicaron estas fuentes que la facultativa ha trabajado en muchos casos con gran nivel de eficacia. Uno de sus últimos informes fue la identificación de los cadáveres localizados bajo el Puente del Rey, en Madrid, y que correspondían a las víctimas de los criminales serbios autodenominados los Tigres de Arkan, detenidos en Valencia y autores del asesinato del primer ministro de su país Zoran Djindjic en 2003.

    Los investigadores policiales «están muy tocados», aunque confían en que tras los últimos informes de los antropólogos privados se dé el impulso necesario para resolver el caso. Se insiste en que el segundo informe fue encargado por la propia Policía.

  • ROSA JIMÉNEZ CÓRDOBA
  • 29/08/2012 ESPAÑA

  • Bretón no confiesa y se mantiene impasible ante el nuevo registro

    La familia del padre de los niños solicita escolta policial ante las amenazas recibidas


    José Bretón volvió a hacer uso de su carácter frío y distante durante las pruebas que en la mañana de ayer se practicaron en la finca de Las Quemadillas con el fin de recabar datos que esclarezcan lo ocurrido en la hoguera. El único imputado de la causa llegó a la parcela sobre las 9.00 horas, aunque no fue hasta media hora más tarde cuando el furgón policial que lo trasladaba desde el Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba, accedió al interior de la finca.

    Durante la inspección, que duró dos horas, la secretaria judicial, junto a forenses de la Policía Nacional, recogió muestras de la zona en la que Bretón realizó una hoguera el día de la desaparición de sus hijos. El padre de Ruth y José les acompañó impasible, junto a su abogado, José María Sánchez de Puerta.

    Los investigadores recogieron lo ordenado por el juez instructor del caso, José Luis Rodríguez Lainz, con el fin de comprobar si la hoguera contenía restos humanos. En concreto, se analizaron unas palas que podrían haber estado en contacto con el fuego, la mesa de hierro que, según los informes, pudo haber servido como crematorio y un bidón de plástico para cotejar si en él hay huellas dactilares de Bretón. Asimismo, se recogieron muestras de tierra por si en ellas se apreciaran restos de gasolina o material inflamable que hubiese facilitado la combustión. Estos objetos serán analizados en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), de la Universidad de Santiago de Compostela.

    Según Sánchez de Puerta, Bretón no admite haber asesinado a sus hijos, después de que este lunes dos informes externos concluyeran que se habían hallado restos óseos de los niños en una hoguera que se realizó en la finca de Las Quemadillas. Es más, el padre de Ruth y José calificó de «aberración» que se diga que sus hijos han sido quemados en una hoguera, afirmó el letrado.

    El abogado adelantó que no dejará el caso, ya que incluso su cliente le ha pedido que siga. No obstante, apuntó que, de confirmarse los informes, la línea de defensa seguida hasta ahora tendría que cambiar. Así, Bretón pasaría de estar acusado de dos delitos de detención ilegal de menores con la agravante de parentesco, a dos delitos de asesinato, por los que podría ser condenado a 50 años de prisión.

    Por otra parte, la casa de los padres del único imputado, ubicada en la calle Carlos Romero de la capital cordobesa, permanece cerrada a cal y canto, sin que en ella se descubra ninguna actividad. Presenta una apariencia de vivienda abandonada por vacaciones. Desde el lunes nadie ha entrado ni salido del domicilio y las persianas de todas las ventanas están bajadas.

    Tras conocerse la noticia este lunes de que se habían hallado restos de los niños en una hoguera, las reacciones no tardaron en llegar. La vivienda amaneció con grandes pintadas en su exterior que tildaban de «asesino» a Bretón, además de experimentar un constante bombardeo de huevos durante todo el día de ayer.

    Otra de las afectadas es la hermana de José Bretón, Catalina, quien ante la imposibilidad de salir a la calle sin ser increpada y amenazada ha solicitado escolta policial. En una de estas salidas, al verse acosada, la mujer acabó estrellando su coche contra otro que permanecía estacionado en la acera.

    La familia de José Bretón está siendo objeto de numerosas críticas. Este lunes la plataforma Ruth y José, niños desaparecidos convocó ante las puertas de la casa de Catalina Bretón una concentración silenciosa para criticar su mutismo en el caso de la desaparición de sus sobrinos.

    La plataforma y la familia materna de los niños acusan a los padres y hermanos de Bretón de ocultar la verdad y encubrir la red de mentiras que éste presuntamente ideó para no ser descubierto.

    No es la primera vez que la familia de Bretón se somete al escarnio público. Cuando los padres acudieron en el mes de mayo a declarar ante el juez, numerosos ciudadanos los insultaron e increparon a las puertas de los juzgados, llegando incluso a zarandearlos.

    Desde ese día los padres del imputado permanecen en un segundo plano y sólo se les ha visto cuando han ido a la cárcel a visitar a su hijo.

    martes, 28 de agosto de 2012

    El fiscal afirma que lo legal es mantener a Bolinaga en prisión


  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 28/08/2012 PORTADA/El Mundo


  • Porque no está terminal ni arrepentido

    Ay Pepiño, tú, que sin estudios te hicieron ministro, aspirabas a ser Virrey de Galicia, pero tus compañeros y compañeras te dejaron fuera, por chorizo Conceder la libertad condicional al etarra Uribetxeberria Bolinaga ni encaja en el Código Penal, puesto que no se trata de un enfermo terminal ni de un etarra arrepentido, ni es necesario para tratar el cáncer que padece. Ésa es la postura expuesta ayer por la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante la propuesta del Ministerio del Interior de que el juez de Vigilancia Penitenciaria otorgue la libertad condicional al secuestrador de Ortega Lara.

    La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza ha enviado al juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, un escrito de ocho folios en el que se opone a la concesión del máximo beneficio penitenciario a Bolinaga. Lo hace tras repasar cuatro supuestos en los que el Código Penal admite la libertad condicional y concluir que ninguno de ellos se cumple.

    El escenario que Instituciones Penitenciarias ha presentado al juez de Vigilancia es el de un enfermo de cáncer terminal con menos de un año de vida. El escrito del fiscal Pedro Rubira resalta, sin embargo, que los informes manejados en el caso «no señalan que el interno se encuentre en fase terminal», único supuesto legal que permitiría la libertad condicional sin más requisito que el de contar con los informes médicos que lo demuestren.

    «Ninguno de los informes médicos que se han ido aportando hace constar, literalmente, que exista un peligro patente para la vida del interno», insiste el fiscal, cuyo criterio no es vinculante para el juez.

    En particular, Rubira resalta lo expuesto por la forense de la Audiencia en su «revelador» informe, en el que se indica que actualmente Bolinaga sólo presenta «leves síntomas clínicos» y que su esperanza de vida podría mejorar sustancialmente en cuanto inicie el tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

    El Ministerio Público añade que tampoco se cumple en este caso el requisito marcado por el Tribunal Constitucional para la libertad condicional de que la permanencia en prisión del enfermo conlleve el empeoramiento de su estado. «No se ha afirmado que la estancia carcelaria (o en centro hospitalario penitenciario) sea factor determinante de una disminución de las expectativas de vida, que es, justamente, lo que demanda el Constitucional», dice el fiscal. Más bien todo lo contrario, insiste, en referencia a la afirmación de la forense de que Bolinaga puede ser tratado correctamente en prisión, al margen de las salidas necesarias al hospital para las sesiones de radioterapia, quimioterapia o para cirugía.

    Ay Pepiño, tú, que sin estudios te hicieron ministro, aspirabas a ser Virrey de Galicia, pero tus compañeros y compañeras te dejaron fuera, por chorizoEl escrito también examina la libertad condicional prevista para «enfermos muy graves con padecimientos incurables» que no se encuentren en estado terminal. Ese sí es, según el Ministerio Público, el caso de Bolinaga. El problema es que aquí el Código Penal es más estricto que con los enfermos terminales y exige unos requisitos que Bolinaga no ha cumplido, como la repulsa al uso de la violencia y el perdón a las víctima. Lejos de ser un terrorista arrepentido como los de la vía Nanclares, lo que hay en este caso, dice el fiscal, es todo lo contrario: «signos inequívocos de una absoluta falta de arrepentimiento por parte del penado».

    La Fiscalía aclara que su rechazo a la libertad condicional se produce sin perjuicio de que, cuando se inicie su tratamiento, los médicos concluyan que su internamiento «represente un peligro patente para su vida». Entonces, dice, «inexcusablemente deberá ser acordada al libertad condicional».

    La Fiscalía se opone a la libertad condicional, pero no a que Bolinaga pase a un régimen de semilibertad como el que conlleva el tercer grado concedido hace unos días por Interior. La Fiscalía recuerda que no recurrió esa decisión del ministerio, al entender que sí se cumplían los requisitos para concederlo: se trataba de un enfermo «muy grave», con «padecimientos incurables», con «dificultad para delinquir» y de «escasa peligrosidad».

    El Ministerio Público cierra su escrito recordando que ese tercer grado, que permitiría a Bolinaga estar ya en su casa si no estuviera ingresado, es más que suficiente en las actuales circunstancias, puesto que «permite de forma flexible» que se le aplique el tratamiento médico que el etarra necesite.

    El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo hace unos días que no conceder el tercer grado a Bolinaga hubiera sido prevaricar. Ahora la Fiscalía añade que la ley no permite ir ni un paso más allá.



  • Á. E. MADRID 28/08/2012 ESPAÑA

  • Arrestado un etarra enlace de la dirección y sus bases

    El CNI y la Comisaría General de Información de la Policía arrestaron ayer en la localidad francesa de Urruña al presunto etarra Arturo Villanueva Arteaga Beñat, al que se atribuye una responsabilidad en el aparato de relaciones internacionales de ETA. Según informó el Ministerio del Interior, Beñat se había trasladado desde el Reino Unido hasta el sur de Francia para ponerse en contacto, por orden de los dirigentes de la organización terrorista, con los militantes que se encuentran escondidos para orientarles con determinadas directrices.

    Beñat, el detenido de ETA número 24 a lo largo de este año, perteneció a las estructuras de dirección de Jarrai, las juventudes de la banda. Fue detenido en tres ocasiones, dos en 1998 y otra en el año 2000 por su vinculación con la banda y por agredir a una dotación de la Policía en Pamplona. Fue procesado en 2003 pero también escapó. Tras su huida, se instaló de manera clandestina en Irlanda hasta que fue de nuevo arrestado en virtud de una orden de detención y entrega. Se le había puesto en libertad a la espera de juicio

    Dos antropólogos desenmascaran al criminal que burló a la Policía


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 28/08/2012 PORTADA/El Mundo


  • Los restos investigados en la finca de Bretón eran de niños y no de animales

    Ay Pepiño, tú, que sin estudios te hicieron ministro, aspirabas a ser Virrey de Galicia, pero tus compañeros y compañeras te dejaron fuera, por chorizo. Dos especialistas privados, dos antropólogos de reconocido prestigio han puesto fin al secreto mejor guardado por José Bretón. Los restos de la finca de Las Quemadillas son humanos.

    La Policía no lo había conseguido. Su primer y único informe hablaba de que los huesos localizados en la finca de los padres de Bretón eran de animales. Y el imputado estaba logrando burlar a los investigadores. Ahora, los forenses privados dicen que son niños y acotan que incluso uno de ellos ronda los seis años, justo la edad que tenía Ruth, la hija mayor, cuando desapareció.

    La Policía Científica concretó su informe el 10 de noviembre. Los restos fueron localizados el 10 de octubre, apenas dos días después de que desaparecieran los niños Ruth y José.

    En aquellas fechas aún no se había producido ningún relevo policial, no se habían celebrado las elecciones generales y la Policía Científica estaba dirigida por uno de los hombres de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, el comisario Miguel Ángel Santano.
    La autora del estudio descartó con rotundidad que esos restos pertenecieran a Ruth y José, y en base a ello estuvo trabajando la Policía hasta que irrumpieron estos dos informes. Los nuevos peritajes han dado un giro de 180 grados a la labor policial sobre este caso.
    Además de concretar datos precisos para inculpar a José Bretón, permite a la familia avanzar en un caso que estaba bloqueado y albergar esperanzas de que podrá enterrar a los niños.

    En ambos informes se sostiene que los restos localizados en la finca son humanos. Ruth Ortiz, madre de los niños, pidió permiso a la Policía para encargar otro estudio sobre esos restos, que el juez autorizó. Así, el profesor titular de Medicina Legal del País Vasco, Francisco Etxeberria, concluyó el pasado 17 de agosto que los restos pertenecían a «seres humanos inmaduros».

    El informe pericial apunta a que el progenitor habría construido un horno crematorio valiéndose de una chapa y de ladrillos para conseguir una temperatura de más de 800 grados centígrados con el fin de pulverizar los cuerpos de los dos pequeños y borrar
    huellas
    Tras recibir este informe, la propia Policía pidió un tercer informe a José María Bermúdez de Castro, «uno de los mejores expertos del mundo en antropología dental» que ha trabajado en los yacimientos de Atapuerca (Burgos), afirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández, durante su comparecencia ante los medios de comunicación para explicar las enormes contradicciones entre los peritajes sobre los restos de Las Quemadillas. Bermúdez de Castro dictaminó el pasado día 22 que los restos corresponden a «al menos un niño de 6,22 años» con margen de error de edad de más o menos 43 días.

    El juez ha ordenado nuevas diligencias para comprobar la veracidad de los dos últimos informes que son bastante coincidentes, y así concluir la investigación. «Ante la claridad y contundencia de ese informe de la Policía Científica», los agentes siguieron otras líneas de investigación, encaminadas siempre a buscar a los niños en la finca, «siempre en el mismo sitio», insistió el ministro. El profesor Etxeberria fue quien se ofreció a la familia de los niños desaparecidos para hacer un estudio. Presentó su informe el pasado 17 de agosto.

    Ante la contradicción de estos dos informes, el ministro reveló que la Policía encargó un tercer estudio a José María Bermúdez de Castro.

    Otro de los puntos coincidentes entre los dos informes de los antropólogos es que la temperatura que alcanzó la hoguera donde se encontraron los restos se situó en los 650 grados y pudo llegar a alcanzar los 800 grados, a lo que pudo contribuir, indicó el ministro, la existencia de una placa metálica. Ninguno de los informes alude a que esta temperatura puede destruir las pruebas de ADN. De confirmarse la veracidad de estos dos informes frente al inicial de la Policía Científica, el ministro dijo: «Estaríamos hablando de un error científico». «Nosotros no estábamos aún en el Ministerio», añadió a continuación sobre la fecha en la que se elaboró este informe policial.

    Reveló que la Policía Científica ya ha elaborado un documento sobre el primer informe que firmó una perito de la Comisaría General. Defendió que la Policía nunca ha dejado de indagar sobre el paradero de los niños, que nunca creyó la versión de Bretón, y que desde el principio las sospechas se centraron en la finca familiar, de donde se pensó que «nunca habían salido» los pequeños. La cadena de custodia de los restos no se ha roto en ningún momento. Pese al peritaje realizado por la Policía, los huesos siguieron bajo su custodia, en Canillas. De hecho, el estudio del profesor Extxebarria se llevó a cabo en las propias dependencias policiales.

    «Las investigaciones han sido múltiples, intensas y variadas», indicó el ministro que destacó que tras descartar que los restos hallados en la hoguera fueran humanos, la Policía siguió dos pistas telefónicas.
    Una de ellas para reconstruir los lugares donde estuvo Bretón hasta su detención y otra sobre las diversas llamadas que hizo Bretón a una empresa estadounidense especializada en adopción de niños.

    «No se trata de acusar a nadie, sino de aclarar la verdad de los hechos, no de depurar responsabilidades. En todo caso, cuando un científico hace un informe, lo hace con su buena voluntad». El ministro pidió «no adelantar acontecimientos», ya que aún tienen que aclararse las contradicciones de los tres informes en poder del juez. «Si un informe se equivoca, es un error científico», concluyó.

    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Fernando Lázaro

  • LORENA CORREA HUELVA
  • 28/08/2012
  • 5
  • ESPAÑA

  • Las trampas que diseñó un hombre calculador

    .
    Frío, calculador y con un plan diseñado que, finalmente, no le ha valido de nada. Como en un macabro juego de falsas pistas, José Bretón ideó desde el principio un concienzudo diseño de trampas para desorientar a los investigadores. La primera pista falsa fue el fatídico 8 de octubre, cuando denunció que había perdido de vista a los pequeños mientras jugaban en el parque Cruz Conde de Córdoba. José Bretón, que había estado esa mañana en Huelva para recoger a sus hijos, nunca los llevó al parque, como demostraron las imágenes de las cámaras de seguridad. Es más, supuestamente a esa hora los pequeños ya estaban muertos y sus restos habían sido quemados en la finca familiar de Las Quemadillas, donde Bretón permaneció hasta las 17.36 horas.

    Cuando salió de la finca, dejó en dos contenedores unas bolsas de basura, pero dio dos versiones diferentes. Por un lado, dijo que había tirado los objetos de los niños que estaban en su coche y, por otro, que era basura de casa de sus padres. La primera versión quedó descartada cuando los análisis determinaron que en el coche estaban los pañuelos y la botella de agua de Ruth con su ADN. Lo más inquietante es que se hallaron restos biológicos del pequeño José en una cinta americana con dos cuchillos y unas cuerdas. Según la Policía, esto se colocó con la intención de desviar la atención.

    Sobre la hoguera encontrada en Las Quemadillas, aseguró que le sirvió para deshacerse de objetos de su mujer y de restos de animales que ella utilizaba como bióloga. La Policía Judicial siempre sospechó, porque las llamas alcanzaron 800 grados, una temperatura demasiado elevada para quemar objetos y que requiere horas de preparación.

    En los días previos a su entrada en prisión viajó varias veces hasta Las Quemadillas porque era consciente de que los investigadores apuntaban hacia ese lugar para la resolución del caso. Bretón decía que se estaba encargando de regar y acondicionar las plantaciones de sus padres pero el suelo de la parcela estaba seco y la fruta esparcida.

    Otro de los movimientos extraños fue la retirada de grandes cantidades de su cuenta bancaria en los días anteriores y posteriores a la desaparición. La hermana de José Bretón, Catalina, también retiró dinero aunque declaró que lo hizo a petición de su hermano. Además, Bretón contactó con varias agencias de adopción de EEUU para hacer ver que los niños podrían estar vivos.

    Desde que entró en prisión el 21 de octubre, el presunto asesino ha continuado lanzando mensajes contradictorios valiéndose de su abogado, José María Sánchez de Puerta, y de los medios de comunicación.

    El pasado diciembre, su abogado leyó una carta escrita desde la cárcel en la que Bretón agradeció la labor de la Policía en la búsqueda. «Quiero volver a ver sus caritas, escuchar decir a Ruth por las noches 'Papá, dame agua'», llegó a escribir. La última carta fue enviada a un medio de comunicación. El padre de Ruth y José insinuó que los niños estaban vivos, que alguien cuidaba de ellos y que querían hablar con él.

  • JOSÉ CABRERA FORNEIRO
  • 28/08/2012 ESPAÑA

  • Bretón

     Nadie ha quedado indiferente ante las últimas noticias que asignan la existencia de restos óseos humanos de un menor en la hoguera que la policía investigó ya hace muchos meses en la finca de los padres de Bretón. Todos sospechábamos que nada bueno podía salir de este caso, y aunque la esperanza es lo último en perderse, la realidad se impone siempre con fiereza sobre nuestras ilusiones.

    Si los informes finalmente dan por buena la existencia de dichos restos humanos en el ya tristemente famoso horno improvisado de Bretón, «blanco y en botella», tendremos que rendirnos a la evidencia del fallecimiento violento de ambos niños.

    Y ahora es la hora de reflexionar sobre la conducta humana en toda su crudeza: ¿Es capaz un ser humano, un padre, de matar a sus hijos y destruirlos con el fuego? Y lo que es más inquietante. ¿Y todo ello manteniendo una apariencia de frialdad, pasividad y hasta insolencia con la sociedad que le apunta con el dedo? La respuesta es lamentablemente sí. La historia de la humanidad nos demuestra persistentemente que el ser humano es en sus peores momentos cruel, despiadado, innecesariamente violento y sobre todo rencoroso hasta el extremo. Y entonces la gente se pregunta: «¿Cómo es posible?», y sobre todo: «¿En qué cabeza cabe?».

    Porque en el fondo existe una enorme angustia ante el hecho de que por la calle existan personas que puedan hacer cosas tan excesivas, y esa angustia sólo puede mitigarse si el psiquiatra de turno expone un diagnóstico de trastorno mental, y así todos tranquilos. Pues en el caso de bretón el tema es más complejo. Ninguno de los médicos forenses, psiquiatras y psicólogos que le han valorado han llegado a ninguna conclusión patológica, es decir, es completamente imputable de su conducta, y distingue a la perfección el bien del mal, el blanco del negro y lo justo de lo injusto. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿cómo es entonces una persona capaz de hacer lo que se presume que ha hecho?

    Y es en la respuesta a esta cuestión que aparecen palabras como rencor, odio, celos, venganza, perversión, etc.; todas ellas con un gran calado pero alejadas del léxico psiquiátrico, es decir: ¡Se puede matar por odio, por venganza, por celos, por rencor,…o incluso por simple maldad!
    Bretón no es un hombre para nada excepcional, ni posee una extremada inteligencia, ni tiene una frialdad glacial del villano de las películas, Bretón es simplemente un pequeño hombre que se equivocó de época para nacer, y en vez de aparecer en las Cuevas de Altamira (donde por cierto no hubiera sobrevivido), vino en el paso de los siglos XX y XXI, creyéndose con la autoridad de la posesión de su hembra como si de un objeto se tratara, y de paso sobre sus hijos, a los que utilizó descarnadamente como piedra para herir a su esposa.
    El Sr. Bretón es a todos los efectos la muestra de un electroencefalograma plano, de un muerto en vida, que no transmite nada, con un probable sentimiento de pequeñez e inferioridad que le envenenó la vida poco a poco hasta que la rabia le consumió y en esa rabia proyectó sobre sus hijos toda su agresividad.

    Su apariencia es de una notoria frialdad, es a los efectos humanos como una careta en movimiento, sin expresividad, sin gestos de sentimiento, como si le faltara el calor que nos hace humanos para bien o para mal. Ni siquiera puede acogerse al arrebato, o a la obcecación, no podrá esconderse en la ira incontrolada ya que su vida en estos últimos meses ha sido del máximo control, ni podrá meter la cabeza en el agujero de la indefensión ya que sus contradicciones permanentes le han ido delatando, y sólo le defenderá del clamor popular el Estado de Derecho, que nos defiende a todos, incluidos los malos.

    El Sr. Bretón se ha quedado sin ases en la manga, y el escenario en que proyectó una historia inverosímil para defender lo indefendible se ha venido abajo, y así la huida hacia adelante que había diseñado, se ha encontrado de bruces con los rescoldos de una hoguera en la que presumiblemente quemó «lo único realmente importante que hizo en su vida»: sus dos hijos. ¿Dónde están los frenos de la especie ante la muerte de unos hijos? ¿Qué ha fallado en la mente de este hombre para destruir a parte de sí mismo? Y así la vida, de esos niños, que es el mayor bien que poseemos, se acabó probablemente por una decisión malsana de o conmigo o contra mí.

    El Sr. Bretón nunca hizo nada de importancia en su vida, no puede alardear de ningún acto de valor, ni siquiera a estas alturas sabemos si alguien fue su amigo, y en la única relación afectiva que mantuvo en su poco gratificante vida, su matrimonio, se vio fracasar, y no lo pudo soportar. El sentimiento pues de rabia hacia sí mismo, y hacia el mundo, ante ese fracaso, acabó con la poca dignidad que tenía, y lo debió tener claro: «si son míos puedo hacer con ellos lo que quiera, ya que son mi propiedad, y ¡si no lo son, pues más a mi favor!» El Juez hoy está más cerca de la verdad, y todos estaremos más tranquilos cuando la sentencia aparte a este hombre de nuestras vidas, por lo menos por un tiempo lo más largo posible.
    José Cabrera es Psiquiatra Forense

  • TERESA GUERRERO MADRID
  • 28/08/2012 ESPAÑA

  • El fuego siempre deja huella

    Las técnicas forenses permiten obtener información incluso de restos óseos calcinados

    Ay Pepiño, tú, que sin estudios te hicieron ministro, aspirabas a ser Virrey de Galicia, pero tus compañeros y compañeras te dejaron fuera, por chorizo. El fuego es uno de los métodos más utilizados por los asesinos para intentar borrar las huellas de sus crímenes. Aunque identificar un cuerpo humano a partir de restos quemados sigue siendo una tarea muy compleja (y en ocasiones imposible), el avance de las técnicas forenses y la colaboración de los antropólogos está permitiendo resolver crímenes que hace unos años hubiera sido imposible cerrar con éxito.

    «Cuando los restos no están quemados hay muchas más técnicas que la antropología puede aplicar para identificarlos. Pero aunque las temperaturas a las que hayan sido sometidos sean muy altas, siempre quedan fragmentos, restos de dientes, etc. que permiten obtener información. Por ejemplo, cuántos individuos había o su edad aproximada», explica Eugenia Cunha, catedrática de Antropología de la Universidad de Coimbra (Portugal) y presidenta de la Sociedad Antropológica Forense de Europa (Fase). «Cuando hay una intención clara de esconder un crimen, estudiar los restos es un proceso muy difícil, aunque el fuego nunca llega a ocultarlo todo», afirma en conversación telefónica.

    En el caso de los restos calcinados hallados en la finca de Córdoba de la familia de los niños Ruth y José, se realizaron tres informes que aportaron distintos resultados. Pese a que el primero de ellos, elaborado por la Policía Científica, concluyó que los huesos pertenecían a animales, los otros dos estudios, firmados por los prestigiosos antropólogos Francisco Etxeberría y José María Bermúdez de Castro, revelaron que eran humanos.

    ¿Cómo logran los científicos distinguir un hueso animal de otro humano cuando está calcinado? ¿Se puede identificar a una persona a partir de restos quemados? «Todo depende del grado de conservación y de lo que encontremos, si se trata de un esqueleto completo o de restos. No todos los huesos se queman igual», explica María José Melián, directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria. «El primer paso es limpiar los huesos y hacer un estudio morfológico, ya que el aspecto externo nos sirve en ocasiones para averiguar si se trata de huesos humanos o de animales». Si no es posible diferenciarlo, se lleva a cabo el estudio genético, con el que los forenses tienen la certeza absoluta de que se trata de un animal o una persona. Para poder llevarlo a cabo, es necesario obtener una muestra de ADN, un proceso que, cuando se trata de restos quemados, es lento y muy laborioso: «A veces el ADN se destruye por el fuego, o la cantidad que se obtiene no es suficiente para identificar». Las piezas dentales son una de las mejores zonas para extraerlo, aunque sirve cualquier célula viva.

    Si se confirma que son restos humanos, el siguiente paso es comparar la muestra de ADN con la de sus padres. Cuando no es posible, puede cotejarse con el de otros familiares, pero el proceso se ralentiza. Si son cenizas, continúa Melián, «a veces quedan restos de los que se puede aislar ADN, pero no es lo habitual».

    Cuando no es posible obtener una muestra genética, como parece haber sido el caso de los niños de Córdoba, no se puede corroborar su identidad. Sin embargo, los forenses sí son capaces de obtener información sobre los cadáveres o la causa de la muerte si se conservan fragmenos de huesos. Las trabéculas (la forma en la que se distribuyen las células óseas) pueden revelar, por ejemplo, si son niños o ancianos.

    La temperatura de 800º C que, según los forenses, alcanzó la hoguera de Córdoba es similar a la de algunos hornos de cremación, lo que demuestra que los restos de los niños se quemaron a conciencia. No la suficiente, sin embargo, para borrar todas las huellas. Para María José Melián, que destaca el alto nivel que hay en España en genética forense, «no hay crimen perfecto sino mal investigado».. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

  • 28/08/2012 ESPAÑA

  • FRANCISCO ETXEBERRIA Antropólogo forense

    Desenterró a Lasa y Zabala

    . No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última, que el antropólogo y criminólogo vasco Francisco Etxeberria (Beasain, Guipúzcoa, 1957) deja en evidencia a la Policía y provoca un revuelo social de dimensiones considerables. Porque este profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV) está acostumbrado a lidiar con la polémica. De reconocida y premiada trayectoria dentro y fuera de España, su labor despierta tanto elogios como antipatías.

    Fue él quien en 1995 dio con el paradero de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala secuestrados 12 años antes por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Etxeberria identificó los cadáveres de los dos jóvenes que fueron torturados antes de ser enterrados a cal viva para dificultar su identificación en un paraje de Busot, en Alicante. Este forense actuó por encargo de las madres de los dos etarras, que tuvieron conocimiento de la existencia de dos cuerpos sin identificar desde hacía una década en el depósito de la capital alicantina.

    Subdirector del Instituto Vasco de Criminología, Etxeberria también se ha destacado por sus denuncias de las torturas a las que han sido sometidos los etarras durante sus detenciones. «Las torturas se acabarán cuando se les pueda imputar a los jueces», aseveró en su día en una entrevista al diario abertzale Gara.

    Con la aprobación de la ley de la Memoria Histórica de 2007, ha tenido un papel clave en la exhumación de desaparecidos durante la Guerra Civil, siendo el forense que más fosas del franquismo ha abierto en España. En el año 2000 lideró la primera excavación científica realizada en el Estado más de siete décadas después de la contienda bélica, en la provincia de León. Desde entonces, se ha convertido en un referente indiscutible en esta tarea, exhumando más de 5.000 cuerpos en un centenar largo de fosas abiertas. «Mientras los familiares quieran, los buscaremos», ha defendido. Su labor no pasó desapercibida para el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que le incluyó en la nómina de especialistas designados en su auto de 2008 para formar parte del Grupo de Expertos que iba a asesorarle en su fallida investigación por los crímenes del franquismo.

    En mayo del pasado año, Etxeberria formó parte del equipo forense que participó en la exhumación de los restos de Salvador Allende y concluyó que el ex presidente chileno no fue asesinado sino que se suicidó. También investigó las causas de la muerte del cantante Víctor Jara.

    En el ámbito vasco, Etxeberria ha negado recientemente que existiese una supuesta trama de bebés robados durante el franquismo. El Gobierno vasco le condecoró en 2007 con el Premio Derechos Humanos.

  • T. G. MADRID
  • 28/08/2012 ESPAÑA

  • J. M. BERMÚDEZ DE CASTRO Paleoantropólogo

    El 'detective' de Atapuerca

    . ¿Restos humanos o animales? Tras las diferentes conclusiones de los dos primeros informes realizados sobre los huesos calcinados, la Policía Nacional encargó una tercera investigación a uno de los mejores expertos en antropología dental del mundo. José María Bermúdez de Castro (Madrid, 1952) es uno de los integrantes del trío más famoso de la paleontología española (junto a Juan Luis Arsuaga y Eudald Carbonell). Como codirector de Atapuerca (Burgos) no sólo ha sacado a la luz los tesoros de este yacimiento del Pleistoceno, declarado Patrimonio de la Humanidad, sino que ha trabajado activamente por divulgar la paleontología entre los ciudadanos. Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, Bermúdez de Castro es también el director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. A lo largo de su carrera ha participado en las excavaciones de yacimientos como el de Pinilla del Valle (Madrid), Valdegoba (Burgos) y Abric Romaní (Barcelona) y ha recibido numerosos galardones, como el Premio Príncipe de Asturias en 1997. Acostumbrado a desvelar los misterios de fósiles de nuestros antepasados que vivieron hace 800.000 años, las técnicas que usa para intentar completar el puzle de la evolución humana han servido ahora para investigar el asesinato de Ruth y José

    lunes, 27 de agosto de 2012

    El juez suaviza el régimen de las visitas para los presos de ETA


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 27/08/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • En contra de Interior y de la Fiscalía, permite a internos recibir a ex reclusos etarras
    ¡Qué tipo de gentuza irá a bordo de la autodenominada Flotilla de la Libertad cuando nada llegar a España van a visitar a los asesinos del tiro en la nucaEl juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, el mismo que debe decidir sobre la situación penitenciaria de Josu Uribetxeberria Bolinaga, ha suavizado el régimen de visitas de los presos de la organización terrorista ETA. El magistrado ha cambiado de criterio hace varios meses y está permitiendo lo que hasta ahora estaba vetado y cerrado a cal y canto: que los presos etarras reciban las visitas de otros etarras que ya están fuera de la cárcel y de miembros de la izquierda abertzale con antecedentes.

    ¡Qué tipo de gentuza irá a bordo de la autodenominada Flotilla de la Libertad cuando nada llegar a España van a visitar a los asesinos del tiro en la nuca El cambio de rumbo del juez se produce en contra de los criterios del Ministerio Público y del Ministerio del Interior. Hasta el momento, el proceso siempre era el mismo: el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, negaba las visitas a etarras por parte de ex presos de ETA o de la izquierda abertzale con antecedentes y la autoridad judicial corroboraba la decisión tras los recursos de los internos afectados.

    Se trataba y se sigue tratando de evitar que ETA mantenga el contacto con sus presos a través de las visitas, y los controle. Pretende de luchar también contra el llamado frente de makos, de impedir la cohesión de este hasta ahora rocoso colectivo. La política penitenciaria ha sido y es otra de las herramientas del Estado en su lucha contra ETA. Y en el uso de esa herramienta se cerraban las puertas y se tratan de seguir cerrando a que los presos de ETA tengan contactos directos con la organización. Así, estas visitas quedaban bloqueadas.

    Eran muchas las veces que los presos planteaban recursos ante el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional para tratar de corregir la decisión del Ministerio del Interior. Pero, hasta el pasado mes de febrero, desde el ámbito judicial se avalaba la postura de Interior y las visitas de condenados de ETA seguían cerradas a cal y canto.

    Pero el juez ha cambiado de criterio y está permitiendo las visitas de etarras a presos de ETA. Este cambio de actitud ha provocado un profundo malestar no sólo entre las Fuerzas y Cuerpos de la seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias, sino también en el seno del Ministerio Público. El juez se ha encontrado un muro de contención en la Fiscalía. Sus representantes se han opuesto a las autorizaciones del juez.

    Los recursos contra sus decisiones han caído uno detrás de otro desde la Fiscalía. En algunos de sus escritos, el fiscal se opone tras poner en cuestión «razones de seguridad en relación al riesgo de la institución y de los funcionarios que la sirven por el hecho de que personas vinculadas con el entorno de ETA tengan acceso a los centros penitenciarios o contacten con internos condenados por delitos de terrorismo». En sus recursos citan como «precedentes» sentencias del Tribunal Constitucional desde 1997 para negarse a avalar las visitas. Expone la Fiscalía que puede ser suficiente para negarse «la acreditada pertenencia a la organización terrorista o bien la pertenencia a colectivos cercanos a la banda». «No debe accederse a la autorización tampoco dado que los contactos con el entorno de la organización, o bien contribuyen a reforzar los postulados ideológicos que dieron lugar a la realización del acto delictivo o bien ayudan a evitar que se produzcan renuncias o arrepentimientos de los internos al marcar la cohesión y disciplina del grupo. No estamos ante una cuestión de existencia de condenas penales en los posibles interlocutores, sino ante un dato puramente fáctico: la relación o existencia de vínculos con organizaciones de ideología próxima a ETA cuyo contacto con los internos retroalimenta el germen patógeno de la actividad terrorista», indica la Fiscalía en sus recursos de apelación contra la decisión judicial.

    Entiende el fiscal que existe un alto grado de probabilidad de que en dichos encuentros se produzca un intercambio de informaciones, órdenes y consignas que no sean detectadas «por más que las comunicaciones estén intervenidas». «Es bien conocida la existencia de múltiples formas para comunicar información, desde el lenguaje no verbal hasta códigos o claves concertadas».

    Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, Castro ha autorizado ya alrededor de 25 visitas entre presos y condenados. Y todas han sido recurridas por la Fiscalía. En algunas, ha logrado imponer su criterio. Varias de las autorizaciones del juez del pasado mes de junio, fueron revocadas.


  • 27/08/2012 ESPAÑA

  • Más de 25 autorizaciones

    Según datos que obran en poder de este periódico, el juez Castro ya autorizó visitas de condenados el pasado mes de febrero. Y ya van al menos 25 permisos. En concreto, el etarra Garikoitz Mugika Zubiarrain recibió las visitas en la cárcel de Alicante 1 de los miembros de la izquierda 'abertzale' Begoña Gadeano e Eider Elduayen. En junio este etarra volvió a recibir nuevas visitas de condenados por delitos relacionados con el terrorismo. El Ministerio del Interior había negado la autorización para estos encuentros. Pero el juez Castro estimó la queja del interno y los encuentros se celebraron. No fue éste el único preso de ETA. Este periódico tiene datos sobre visitas también a otros presos de ETA como Iratxe Ortiz de Barón, Miguel Javier Laborda, María Lizarraga Merino o Zaola Zenarruzabeitia Iruguen, que, al menos, desde febrero hasta julio han estado recibiendo visitas autorizadas por el juez en contra del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Y entre los visitantes de los penados: Ibon Etxebarria, Urko Pagoaga

    domingo, 26 de agosto de 2012

    La trama financiera de ETA en el secuestro de Ortega Lara sigue activa

    • La trama financiera de ETA en el secuestro de Ortega Lara sigue activa
      15 años de la liberación de Ortega Lara (y II)

      J. L. Cervero. Madrid/La Gaceta
      El terrorista Emilio Arrizabalaga ha extendido por diversas localidades su entramado empresarial. Su socio mintió al asegurar que habían roto sus relaciones.
    • La trama financiera que los investigadores de la Guardia Civil atribuyeron en 1997 a ETA durante el transcurso de la liberación de José Antonio Ortega Lara no sólo ha permanecido intacta durante estos últimos 15 años, sino que su entramado societario se ha extendido de forma ostensible por diversos puntos de la geografía nacional, según ha podido constatar LA GACETA a través de las notas simples del Registro Mercantil Central consultadas, en relación con las actividades financieras del presunto etarra Emilio Arrizabalaga Ruiz de Azúa, detenido por el secuestro del funcionario de prisiones.
      Cuando Ortega Lara fue rescatado, la Guardia Civil encontró 25 millones de pesetas en billetes de 10.000, una importante cantidad de dinero que, a juicio de los investigadores, no era nada habitual que los terroristas guardaran en el mismo sitio donde tenían secuestrada a una persona.
      La Guardia Civil creyó resuelto el dilema de por qué estaba ese dinero en el zulo a raíz de las declaraciones de dos de los autores materiales del secuestro de Ortega Lara, concretamente las de José Miguel Gaztelu Ochandorena y José Luis Erostegui Bidaguren. Ambos incorporaron en sus manifestaciones un nuevo nombre a la lista de detenidos, el de Emilio Arrizabalaga Ruiz de Azúa. Arrizabalaga era un antiguo etarra que había colaborado con los miembros de este comando y que ahora se encontraba un tanto apartado de la organización terrorista, regentando diversas sociedades mercantiles domiciliadas algunas de ellas en Mondragón, localidad donde tenía y tiene su domicilio familiar y donde estaba enclavada la nave que ocultaba el zulo en el que se encontró al funcionario de prisiones.
      Los guardias civiles ponderaron el hecho de que Arrizabalaga había sufrido ataques al corazón y ya no estaba preparado para andar por ahí colocando bombas, pero sí podía realizar trabajos como el blanqueo del dinero procedente de los secuestros y del pago del denominado impuesto revolucionario.
      De otro lado, los investigadores supieron que desde 1993 Arrizabalaga era administrador de la mercantil Laminaciones de Perfiles Especiales SA, domiciliada en Legutiano (Álava) y cuyo objeto social era la compraventa al por mayor de otra maquinaria y equipo. Otros dos miembros del comando que secuestró a Ortega Lara, José Luis Erostegui Bidaguren y Javier Ugarte Villar, administraban a su vez la mercantil Imupo SL, con domicilio en Miranda de Ebro (Burgos), dedicada al comercio al por mayor de máquinas de herramientas. Podía tratarse de algo más que de una coincidencia el hecho de que el acceso al zulo donde estaba secuestrado el funcionario de prisiones dependiera de un interpuesto y extraño artefacto hidráulico de difícil y complicado manejo, y que tres de los sospechosos del secuestro administraran empresas del ramo.
      Con la detención de Arrizabalaga, los agentes de la Benemérita creyeron haber hallado tras él la huella de la trama financiera de ETA, materializada en al menos 12 sociedades mercantiles en las que Arrizabalaga formaba parte del consejo de administración o era socio capitalista. Lo más sospechoso era que Arrizabalaga había hecho negocios en el Campo de Gibraltar, llegando a adquirir dos fincas en Algeciras a través de una de sus compañías, Suberoa. El entonces juez Garzón no tardó en decretar la prisión provisional sin fianza al presunto etarra Emilio Arrizabalaga.
      El olvido
      Pero ahí quedó todo. Porque a raíz de que en octubre de 1997 el juez Gómez de Liaño declarara finalizada la instrucción del Sumario del secuestro de Ortega Lara, de Arrizabalaga ni de sus sociedades nunca más se supo. El presunto etarra quedó en libertad y así comenzó a tejerse su nombre para la historia de los olvidos célebres. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por LA GACETA no han dudado en reconocer que Arrizabalaga “se fue de rositas. Sabíamos que colaboró en algunas acciones con el comando que secuestró a Ortega Lara, pero es un tipo hábil, capaz de engañar al más pintado”. Y es que la Guardia Civil pudo comprobar que un día antes de su detención Arrizabalaga había estado en el Campo de Gibraltar, donde era conocido en los hoteles de la zona como El Vasco.
      Se llegó a especular con la posibilidad de que Arrizabalaga pudiera estar blanqueando dinero de la organización terrorista a través de sociedades que mantenía abiertas en Gibraltar. El entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, adelantó que el Cuerpo estaba avanzando en las investigaciones encaminadas a desenmascarar los contactos de ETA y el narcotráfico, sin que en su comparecencia ante los medios de comunicación hiciera alusión al nombre de los detenidos.
      Por su parte, las autoridades de La Roca no tardaron en desmentir rotundamente la posibilidad de que ETA estuviera operando por medio de sociedades interpuestas y con testaferros en Gibraltar, afirmación que hoy resulta un tanto peregrina conociendo como se conoce hasta dónde alcanzan las posibilidades del crimen organizado y del terrorismo internacional. Otro acicate que produjo el olvido policial-judicial de Arrizabalaga fueron las manifestaciones que su socio Gregorio Idígoras hizo en 1997 al periódico El Correo, en las que decía que hacía un año que había roto sus relaciones comerciales con él. Se da la circunstancia de que ambos socios coincidían entonces y coinciden hoy en un sinfín de sociedades mercantiles distribuidas por Guipúzcoa, Álava, Burgos, Tarragona, Cádiz y Madrid. Hay que señalar que Gregorio Idígoras jamás fue implicado por la Guardia Civil en los hechos en los que sí acusaron a su socio.
      LA GACETA ha podido constatar que Gregorio Idígoras no decía la verdad cuando hizo estas declaraciones exculpando a su socio en El Correo, porque no solamente no rompió relaciones mercantiles con Arrizabalaga, sino que las mantiene al día de hoy en varias compañías que figuran activas en el Registro mercantil. Entre ellas, además de Laminaciones de Perfiles Especiales SA, LAPESA, las siguientes: Aizorrotz Hiru SL, domiciliada en Vila-Seca i Salou (Tarragona), en las que ambos socios figuran como administradores desde octubre de 2002; Mahalako Arrabala SL, con domicilio social en Mondragón. Arrizabalaga e Idígoras son administradores de la misma desde el año 2004; Bizkai-Etorbidea SL, de Mondragón, en la que también son administradores desde 2007; Aizorotz SL, de Mondragón. En esta ambos son administradores desde 2001.

    sábado, 25 de agosto de 2012

    La forense afirma que Bolinaga puede ser tratado en la cárcel

  • JOAQUÍN MANSO MADRID
  • 25/08/2012 PORTADA/El Mundo


  • Dice que no está en 'situación terminal', que el 50% vive más de 11 meses y que con tratamiento 'puede mejorar'
     
    Rajoy debe sustituir al tonto de capirote por otro ministrable listoEl cáncer que padece el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga «no se encuentra en fase terminal» y su tratamiento puede ser administrado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia o cirugía.

    Éstas son las principales conclusiones del informe que entregó ayer la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena que, sin embargo, coincide con el que presentó hace una semana el Hospital Donostia en el principal dato objetivo: que su esperanza de vida actual es de menos de un año.
    En concreto, la forense señala que la mitad de los enfermos en la misma situación clínica que Bolinaga no sobrevive más de 11,3 meses. El dictamen que elaboraron en el Donostia nueve facultativos de la Consejería de Sanidad vasca -siete especialistas en medicina interna y dos oncólogos, según fuentes de la Audiencia Nacional- concluía que la probabilidad de que viviese más de nueve meses era del 50% y apenas tenía una posibilidad entre 10 de superar el año de vida. A efectos prácticos, tanto monta.

    Rajoy debe sustituir al tonto de capirote por otro ministrable listoLa doctora Baena precisa, eso sí, que existe una tercera lesión cerebral pendiente de diagnosticar, lo que podría empeorar su pronóstico, y también que el secuestrador de Ortega Lara aún no ha comenzado a recibir tratamiento específico -radioterapia y, en su caso, radiocirugía- lo que podría mejorarlo «sensiblemente», aunque sin llegar a sanar.

    La jurisprudencia del Constitucional establece, no obstante, que al enfermo no se le puede imponer ninguna terapia.

    Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que no hay duda de que, con ese diagnóstico, Bolinaga entra dentro de las previsiones legales para acceder a la posibilidad de ser clasificado en tercer grado penitenciario, por lo que es altamente probable que sea excarcelado con más o menos restricciones, como la imposición de una pulsera de control telemático. El fiscal, de hecho, no recurrirá esa decisión discrecional de la Administración.

    Otra cosa es la libertad condicional. Buena parte del volumen que ha alcanzado el asunto en el debate público se explica por el malestar que existe en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se entiende que el Gobierno ha intentado abdicar en ella parte de su responsabilidad política, también con vistas a sentar un precedente que condicione su actuación ante decisiones similares sobre ETA y su entorno en un futuro próximo. Fuentes judiciales subrayaron la diferencia entre esta beligerancia de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza y su actuación, mucho más complaciente, durante el proceso de paz de 2006.
    Si Instituciones Penitenciarias hubiese optado por conceder el tercer grado a Bolinaga y configurarlo como un régimen abierto o semiabierto, la consecuencia práctica habría sido una excarcelación más o menos restringida sin necesidad de que interviniesen el
    El cáncer que padece el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga «no se encuentra en fase terminal» y su tratamiento puede ser administrado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia o cirugía.

    Éstas son las principales conclusiones del informe que entregó ayer la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena que, sin embargo, coincide con el que presentó hace una semana el Hospital Donostia en el principal dato objetivo: que su esperanza de vida actual es de menos de un año.
    En concreto, la forense señala que la mitad de los enfermos en la misma situación clínica que Bolinaga no sobrevive más de 11,3 meses. El dictamen que elaboraron en el Donostia nueve facultativos de la Consejería de Sanidad vasca -siete especialistas en medicina interna y dos oncólogos, según fuentes de la Audiencia Nacional- concluía que la probabilidad de que viviese más de nueve meses era del 50% y apenas tenía una posibilidad entre 10 de superar el año de vida. A efectos prácticos, tanto monta.

    La doctora Baena precisa, eso sí, que existe una tercera lesión cerebral pendiente de diagnosticar, lo que podría empeorar su pronóstico, y también que el secuestrador de Ortega Lara aún no ha comenzado a recibir tratamiento específico -radioterapia y, en su caso, radiocirugía- lo que podría mejorarlo «sensiblemente», aunque sin llegar a sanar.

    La jurisprudencia del Constitucional establece, no obstante, que al enfermo no se le puede imponer ninguna terapia.

    Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que no hay duda de que, con ese diagnóstico, Bolinaga entra dentro de las previsiones legales para acceder a la posibilidad de ser clasificado en tercer grado penitenciario, por lo que es altamente probable que sea excarcelado con más o menos restricciones, como la imposición de una pulsera de control telemático. El fiscal, de hecho, no recurrirá esa decisión discrecional de la Administración.

    Otra cosa es la libertad condicional. Buena parte del volumen que ha alcanzado el asunto en el debate público se explica por el malestar que existe en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se entiende que el Gobierno ha intentado abdicar en ella parte de su responsabilidad política, también con vistas a sentar un precedente que condicione su actuación ante decisiones similares sobre ETA y su entorno en un futuro próximo. Fuentes judiciales subrayaron la diferencia entre esta beligerancia de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza y su actuación, mucho más complaciente, durante el proceso de paz de 2006.

    Si Instituciones Penitenciarias hubiese optado por conceder el tercer grado a Bolinaga y configurarlo como un régimen abierto o semiabierto, la consecuencia práctica habría sido una excarcelación más o menos restringida sin necesidad de que interviniesen el fiscal o el juez. Pero Interior, cuyas relaciones con la Audiencia Nacional han tomado desde hace meses un cariz tormentoso, ha escogido el camino de la libertad condicional, que sólo puede conceder el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, previo informe del fiscal.

    La ventaja para el Gobierno es evidente: fiscal y juez tienen que pronunciarse ahora sobre la libertad condicional y también sobre el tercer grado, lo que revestirá una decisión discrecional de naturaleza política de una conveniente pátina de estricta aplicación de la legalidad.

    El artículo 92 del Código Penal exige a los presos terroristas que quieran optar a la libertad condicional, también a los que están enfermos incurables y ya tengan el tercer grado, que se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas. Existe una sentencia paradigmática del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que dispone que el recluso debe cumplir con todos aquellos requisitos que dependan exclusivamente de su voluntad expresa: entre ellos, obviamente, el arrepentimiento. En este punto, nadie se ha planteado siquiera pedirle algo semejante a Bolinaga.

    Pero hay una notable excepción: que el peligro para la vida del enfermo sea «patente», lo que los jueces de Vigilancia Penitenciaria interpretan como un riesgo inminente de muerte. En tal caso, el principio de humanidad de las penas y el derecho a la dignidad de las personas prevalecen sobre cualquier otra consideración, por lo que no se impone ningún requisito para excarcelar al recluso.

    A responder a la pregunta de si Bolinaga se encuentra en ese caso es a lo que se refiere la forense cuando dice que «en la actualidad el enfermo no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos». Es decir: que lo cierto es que aún no tiene ninguna limitación física, pero también que la esperanza de vida que se concede a Bolinaga es verdaderamente escasa y que el dictamen del hospital Donostia advierte de que un colapso multiorgánico que le lleve a la muerte puede ocurrir en cualquier momento.

    El Gobierno respaldó ayer la intervención hiperbólica que en la víspera protagonizó su ministro del Interior, Jorge Fernández, que llegó a decir que, si no hubiese clasificado a Bolinaga en tercer grado, su ministerio habría «prevaricado», al tiempo que respondió con contundencia a las críticas de su compañero Jaime Mayor Oreja. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo «actúa cumpliendo la ley en la forma en la que se ha venido interpretando y aplicando». Añadió que «ahora le corresponde al juez tomar una decisión a la vista de los informes, y el Gobierno respetará la decisión».

    Sáenz de Santamaría manifestó su respaldo a las víctimas -«humana y personalmente tienen todo mi apoyo y las comprendo más que al 100%»- y reiteró que «este Gobierno no negocia ni habla ni tiene contactos con terroristas», informa Efe.

    En la línea de los últimos días, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, se posicionó en este asunto «al lado del Gobierno».

     Si Instituciones Penitenciarias hubiese optado por conceder el tercer grado a Bolinaga y configurarlo como un régimen abierto o semiabierto, la consecuencia práctica habría sido una excarcelación más o menos restringida sin necesidad de que interviniesen el fiscal o el juez. Pero Interior, cuyas relaciones con la Audiencia Nacional han tomado desde hace meses un cariz tormentoso, ha escogido el camino de la libertad condicional, que sólo puede conceder el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, previo informe del fiscal.

    La ventaja para el Gobierno es evidente: fiscal y juez tienen que pronunciarse ahora sobre la libertad condicional y también sobre el tercer grado, lo que revestirá una decisión discrecional de naturaleza política de una conveniente pátina de estricta aplicación de la legalidad.

    El artículo 92 del Código Penal exige a los presos terroristas que quieran optar a la libertad condicional, también a los que están enfermos incurables y ya tengan el tercer grado, que se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas. Existe una sentencia paradigmática del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que dispone que el recluso debe cumplir con todos aquellos requisitos que dependan exclusivamente de su voluntad expresa: entre ellos, obviamente, el arrepentimiento. En este punto, nadie se ha planteado siquiera pedirle algo semejante a Bolinaga.

    Pero hay una notable excepción: que el peligro para la vida del enfermo sea «patente», lo que los jueces de Vigilancia Penitenciaria interpretan como un riesgo inminente de muerte. En tal caso, el principio de humanidad de las penas y el derecho a la dignidad de las personas prevalecen sobre cualquier otra consideración, por lo que no se impone ningún requisito para excarcelar al recluso.

    A responder a la pregunta de si Bolinaga se encuentra en ese caso es a lo que se refiere la forense cuando dice que «en la actualidad el enfermo no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos». Es decir: que lo cierto es que aún no tiene ninguna limitación física, pero también que la esperanza de vida que se concede a Bolinaga es verdaderamente escasa y que el dictamen del hospital Donostia advierte de que un colapso multiorgánico que le lleve a la muerte puede ocurrir en cualquier momento.

    El Gobierno respaldó ayer la intervención hiperbólica que en la víspera protagonizó su ministro del Interior, Jorge Fernández, que llegó a decir que, si no hubiese clasificado a Bolinaga en tercer grado, su ministerio habría «prevaricado», al tiempo que respondió con contundencia a las críticas de su compañero Jaime Mayor Oreja. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo «actúa cumpliendo la ley en la forma en la que se ha venido interpretando y aplicando». Añadió que «ahora le corresponde al juez tomar una decisión a la vista de los informes, y el Gobierno respetará la decisión».
    Sáenz de Santamaría manifestó su respaldo a las víctimas -«humana y personalmente tienen todo mi apoyo y las comprendo más que al 100%»- y reiteró que «este Gobierno no negocia ni habla ni tiene contactos con terroristas», informa Efe.

    En la línea de los últimos días, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, se posicionó en este asunto «al lado del Gobierno».
     Vea hoy en Orbyt el análisis sobre el informe forense
  • 25/08/2012 ESPAÑA

  • El precedente de Ibáñez Oteiza

    . El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que tendrá que decidir sobre la libertad condicional de Bolinaga, no ha mantenido a ningún preso terrorista en prisión con una esperanza de vida inferior a un año, según precisaron ayer a este diario fuentes jurídicas. Pero otra cosa es que la fórmula de la excarcelación sea la de la libertad condicional, que es lo que le pide el Gobierno. El caso más reciente es el del etarra Mikel Ibáñez Oteiza, a quien se aplicó un régimen flexible para ser tratado de un cáncer linfático. Interior sólo le concedió el tercer grado tras ingresar en la UVI con una infección generalizada. Luego, en enero de 2011, ya con el recluso postrado y con un importante deterioro mental, el juez le dio la condicional. Tres meses después, murió.