miércoles, 30 de junio de 2010
La consumación de un golpe de estado (I): En nombre del Rey
30 de Junio de 2010 - 21:06:46 - Luis del Pino
El Tribunal Constitucional ha hecho público por fin el acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña, en el que se convalida, de facto, el nuevo texto de la cruz a la fecha. La Constitución acaba así de ser reformada por voluntad de una de las comunidades autónomas, sin consulta al resto de los españoles.
Teniendo en cuenta que el acuerdo alcanzado es prácticamente idéntico a la ponencia que en su día redactara Elisa Pérez Vera, cabe deducir que ese acuerdo estaba listo desde hace mucho tiempo, y que tan sólo se esperaba a que la evolución de los acontecimientos permitiera hacerlo público.
Ya entraremos en el análisis de cuáles pueden ser esos acontecimientos que han dictado que ahora sí que se podía hacer público el acuerdo, pero quiero fijarme en primer lugar en el carácter de modificación constitucional que el Estatuto supone.
Ya se han escrito al respecto sesudos análisis, y por parte de personas que pueden presumir, al contrario que yo, de tener profundos conocimientos sobre Derecho Constitucional, así que me limitaré a fijarme en un aspecto que no es, en absoluto, el más grave del nuevo texto estatutario, pero que me parece que tiene un gran contenido simbólico.
La Constitución Española establece, en su artículo 149.1.32, que "el Estado tiene competencia exclusiva para la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Y el artículo 62.c afirma, textualmente, que "corresponde al Rey convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución".
Es decir, el mecanismo previsto en la Constitución para la celebración de cualquier tipo de consulta popular es el siguiente: alguien propone un referendum, el Estado lo autoriza y el Rey lo convoca.
Pues bien, el nuevo Estatuto catalán prevé una serie de mecanismos de reforma estatutaria, con dos procedimientos distintos, explicitados en los artículos 222 y 223. Según el procedimiento del artículo 222 (que se aplica a las reformas que afecten a los dos primeros títulos del Estatuto), la Generalidad de Cataluña podría convocar un referéndum sin contar con la autorización previa del Estado, a diferencia del procedimiento del artículo 223 (aplicable a todas las otras reformas del Estatuto), para el que sí se contempla la autorización gubernamental. El Tribunal Constitucional acaba, por tanto, de dar por buena, sin la más mínima objeción o "interpretación conforme", la delegación a la Generalidad de Cataluña de una competencia exclusiva del Estado. Lo cual, siendo grave, podría solucionarse invocando el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar dichas competencias estatales.
Lo que no tiene arreglo posible es lo que sucede con la figura del Rey. Ni el artículo 222, ni el 223 del Estatuto contemplan la convocatoria de los referenda por parte del Rey, sino que es la Generalidad de Cataluña la que convoca directamente cualquier referendum de reforma estatutaria.
¿Y qué ha hecho el Tribunal Constitucional ante dos artículos que acaban con una facultad regia como es la convocatoria de referenda, textualmente recogida en la Constitución? Podían haber anulado esos dos artículos, claramente inconstitucionales. Podían, alternativamente, haberlos modificado, para incluir esa previsión constitucional de convocatoria por parte del Rey. Podían, en fin, haber especificado que esos artículos debían interpretarse en el sentido de que la convocatoria le corresponderá, en cualquier caso, al Rey.
Pero, en lugar de ello, el Tribunal Constitucional se ha limitado a decir que esos artículos deben interpretarse en el sentido de que la convocatoria que la Generalidad de Cataluña realice "se ha de entender realizada en nombre del Rey".
¡En nombre del Rey! Es decir, que a partir de ahora, la facultad regia de convocatoria de referenda acaba de ser delegada, para el territorio catalán, en la Generalidad de Cataluña, que podrá convocar a referéndum por sí misma. Y esa delegación de una facultad indelegable del Rey - y, por tanto, esa reforma constitucional que afecta a las funciones del Monarca fijadas en el Título II - se ha realizado por la vía de una reforma estatutaria, sin consulta al pueblo español que aprobó en su día la Constitución.
Ya saben: de ahora en adelante, la Generalidad de Cataluña tendrá derecho a actuar "en nombre del Rey" y a asumir parte de sus funciones, al menos en esa materia.
martes, 29 de junio de 2010
Fuertes explosiones han sacudido esta mañana el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro
Varias explosiones se han producido esta mañana en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
La deflagración se ha producido en las instalaciones de los TEDAX.
Hay varios heridos leves y un desaparecido.
El accidente se produjo durante unas prácticas
Valdemoro, 29 de Junio del 2010.- En la mañana de este martes se han producido pasadas las nueve y cuarto varias explosiones en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil en Valdemoro. Fuentes de la Benemérita han informado de que las deflagraciones se han producido en las instalaciones del SEDEX, lugar donde trabajan los TEDAX.
Debido a la explosión se han producido una docena de heridos de carácter leve y tanto alumnos como personal fueron desalojados del edificio. Además, algunas fuentes informan también de un posible desaparecido. La cifra de heridos podría variar en las próximas horas dado que no se descarta que la explosión y el incendio de grandes magnitudes que se registró en el almacén pudiese haber afectado a más gente.
El accidente se produjo durante una práctica en la que hizo explosión una de las cargas con la que estaban trabajando los guardias por lo que rápidamente se ha descartado que se trate de un atentado.
La explosión provocó un incendio de grandes magnitudes en el recinto, según informaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. La cortina de humo se dejó ver en todo el municipio madrileño, según testigos presenciales.
Fuentes del 112, emergencias Madrid, han señalado que los heridos no revisten gravedad. Fueron avisados de "una pequeña cadena de explosiones" en el recinto donde se hacen las prácticas.
La explosión se registró en el almacén de este recinto y provocó un incendio, que estaba extinguido a las 10.00 horas.
A la zona del suceso han acudido bomberos de la Comunidad de Madrid y varias unidades del 112. "Lo más tranquilizador es que haya habido heridos leves", ha afirmado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Se confirma la muerte del Guardia Civil desaparecido, se trata del subteniente Francisco Morcillo, de 61 años que estaba en la reserva y era armero
- Quedó atrapado bajo los escombros del almacén de explosivos.
Según informa TVE. El fallecido, que quedó atrapado bajo los escombros, es el subteniente Francisco Morcillo, de 61 años.
Morcillo estaba en lo que se denomina reserva activa, que permite tanto estar en casa disponible como trabajar cubriendo vacantes, como hacía él hasta esta mañana.
El fallecido estaba casado y tiene un hijo que también es guardia civil, al igual que su nuera. Dos de sus hermanos también pertenecen al instituto armado.
El subteniente trabajaba en el Servicio de Desactivación de Explosivos desde 1973.
Los servicios de emergencias buscaban al subteniente de la Guardia Civil que se encontraba en el sótano donde está el almacén en el momento de la explosión con perros especializados en el rescate de personas.
Este agente se encontraba en el sótano en el momento de la explosión que ha provocado que se desplomara parte del suelo del primer piso, donde se encontraba la oficina en la que estaban los otros seis heridos, todos ellos leves, que han sido atendidos por el 112.
Al lugar han acudido 19 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, ya que el incendio ha ocurrido en una zona en la que se almacena material explosivo y militar y durante la extinción del incendio los bomberos han tenido que enfrentarse a pequeñas deflagraciones.
Al lugar en el que ha ocurrido el suceso también se han desplazado numerosas ambulancias y un helicóptero, y el 112 ha montado un hospital de campaña.
Para más información pueden contactar con el gabinete de prensa de la Comandancia de
la Guardia Civil de Madrid
Policías con sueldos millonarios: el premio de ser destinado a una embajada
CONVOCAN 68 PLAZAS EN LEGACIONES DIPLOMÁTICAS
Un agente de la policía española trabaja tras una explosión (Reuter
@Carlos Fonseca.- 29/06/2010
Si hay un destino deseado en la Policía, ése es una embajada de España en el exterior. La razón son los elevados sueldos que, según el destino, multiplican por tres, cuatro y hasta ocho veces el salario medio que cobraría el mismo agente en nuestro país. El Ministerio del Interior ha convocado 68 plazas en delegaciones diplomáticas que cubrirá por el sistema de “libre designación” (a dedo) entre comisarios, inspectores, subinspectores y policías.
Las cifras hablan por sí solas. El salario medio de un comisario es de 3.664 euros brutos al mes, que se transforman en aproximadamente 29.700 euros como consejero de Interior en la delegación diplomática española en Irak, el destino mejor pagado por el evidente riesgo que supone. Se trata de un caso extremo, pero en otras embajadas menos peligrosas los emolumentos son también considerables, como la de Moscú, donde el mismo puesto tiene un salario de 24.500 euros mensuales. Angola, la República Democrática del Congo, la República de Corea, Hong Kong, Ucrania, Japón y Noruega son otros destinos excelentemente remunerados. En destinos más próximos, como Roma, la mensualidad se reduce a 10.000 euros para el mismo cargo.
Los consejeros (comisarios) son los representantes del Ministerio del Interior en el país de destino, y como tal se encargan de las relaciones con el departamento homólogo y con los cuerpos policiales. En muchos casos se ‘reservan’ para altos cargos (comisarios generales, jefes superiores) que cesan en sus puestos y que por la relevante posición que han ocupado en el organigrama del departamento no tienen otra salida profesional ‘digna’ que una embajada o la empresa privada, salvo que estén dispuestos a aceptar un puesto inferior al que han ocupado.
Interior ha convocado puestos de consejeros en las embajadas en Washington (12.500 euros mensuales), San Salvador (11.000 euros), Roma (10.000), Caracas (16.600 euros), Rabat (7.700 euros) y Dakar (12.600 euros).
La seguridad de las legaciones diplomáticas
En el nivel inmediatamente inferior están los agregados (inspectores), con funciones en muchos casos idénticas a las de sus superiores. De la seguridad del cuerpo diplomático de la embajada y de la propia sede se encargan subinspectores y policías de la escala básica. Para los primeros, ir destinado al exterior es una oportunidad profesional que puede reportar una promoción a su regreso a España. Para los segundos es, sobre todo, una fuente de ahorro a cambio de pasar un mínimo de 18 meses alejados de la familia. En ambos casos, las diferencias salariales son sustancialmente inferiores a la de los consejeros. Así, un inspector destinado en Irak cobra aproximadamente 19.500 euros al mes y 10.000 un policía básico.
Las plazas para agregados (11) son en Bolivia, Ghana, Hungría, Indonesia, Libia, Marruecos, Polonia, Rumania, Serbia, Suiza y Guinea Bissau. Un inspector destinado en Suiza cobra alrededor de los 7.900 euros mensuales brutos, y otro destinado en Guinea Bissau 11.800 euros, por citar dos países de características notablemente diferentes. La lejanía, el nivel y la calidad de vida del país al que va destinado el funcionario guarda relación directa con el salario. De hecho, éste se fija según unos módulos que se denominan así, “de calidad de vida” y “de equiparación del poder adquisitivo”, que establece el Ministerio de Economía y Hacienda. Una orden comunicada de la vicepresidenta y ministra Elena Salgado, del pasado 29 de diciembre de 2009, en el que se recogen los módulos para 2010, recoge que éstos son una “indemnización” para los funcionarios destinados en el extranjero.
La mayoría de las 68 vacantes convocadas lo son para miembros de la escala de Subinspección y Básica, encargadas de la seguridad. En total 51 en las legaciones diplomáticas de La Habana, Moscú, Yemen, Islamabad (Pakistán), Argel, Guinea Bissau, El Cairo (Egipto), Santiago (Chile), Guinea Konakry, Mauritania, Estambul (Turquía), Roma, Berlín, Buenos Aires, La Paz (Bolivia), Bruselas, El Salvador, Marruecos (Casablanca, Nador y Rabat), México D.F., Lima (Perú), Moscú, Guinea Ecuatorial, Puerto Príncipe (Haití), Montevideo (Uruguay) y Caracas (Venezuela).
lunes, 28 de junio de 2010
El Tribunal de Cuentas achaca a Bono negligencia ante 'El Pocero'
El Tribunal de Cuentas ha aprobado un duro informe en el que descalifica al entonces Ayuntamiento socialista de Seseña en la aprobación del espectacular proyecto inmobiliario de Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana de Seseña, y propina un suspenso a la Junta de Castilla-La Mancha por haber actuado con negligencia.
El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, sostiene que el Gobierno regional manchego no cumplió «adecuadamente» -sobre todo en la etapa de José Bono, aunque también en la posterior de José María Barreda- sus funciones de ordenación, inspección y control. Con su negligencia, la Junta no evitó las múltiples irregularidades que, según el informe, perpetró el Ayuntamiento con el proyecto de El Pocero, entre otros.Sigue en página 6
El informe -de 209 páginas sin contar los anexos y alegaciones- fue aprobado unánimemente tanto por los consejeros del Tribunal nombrados a propuesta del Partido Popular como del PSOE y desestima el grueso de las alegaciones presentadas por el Ejecutivo regional.
«La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que, de haberse practicado adecuadamente, podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general». Así califica el máximo órgano fiscalizador de la Administración la actuación del Gobierno de la comunidad autónoma. Su dictamen relanza la responsabilidad de las autonomías en el escándalo del ladrillo español.
El Tribunal de Cuentas no menciona expresamente, como es habitual, nombres de funcionarios. Por tanto, no alude directamente al presidente del Congreso, José Bono, pero sí menciona en múltiples ocasiones al Gobierno regional que él presidió hasta abril de 2004, que fue el periodo en que se aprobó el grueso de trámites para el proyecto de El Pocero. En la etapa de su sucesor, José María Barreda, también se ha apreciado negligencia.
Fuentes próximas a Bono negaron ayer a EL MUNDO que éste hubiera mantenido una actuación negligente. «Él dispone de información de los funcionarios sobre el caso que pone de manifiesto que se actuó desde la Junta con el máximo rigor», aseguraron estas fuentes. El Pocero también ha negado irregularidades.
La fiscalización del Ayuntamiento de Seseña fue iniciada en 2008 por el Tribunal de Cuentas y forma parte de los programas de investigación que escoge cada año. Ya entonces Izquierda Unida había presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta connivencia del Ayuntamiento del PSOE y de Bono con El Pocero que no ha desembocado hasta ahora en ninguna querella.
Según ha podido saber este diario, el informe aprobado el jueves por el Tribunal de Cuentas fue objeto de una cierta suavización con respecto a borradores iniciales, pero en él se enumeran varias irregularidades que podrían tener relevancia penal. En el informe se enumera un asombroso abanico de irregularidades por parte fundamentalmente del equipo municipal que dirigía el entonces alcalde socialista José Luis Martín. Entre ellas, que arquitectos municipales valoraban el proyecto en connivencia con el promotor, incurriendo en flagrante incompatibilidad.
El documento también menciona varias actuaciones irregulares por parte de la Junta por no haber vigilado en general al Ayuntamiento toledano en un proyecto que era emblemático para la Comunidad: más de 13.000 viviendas tras una recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico, que requería autorización autonómica. Éstas son algunas de ellas.
LA APROBACIÓN. El llamado Plan de Actuación Urbanística (PAU) El Quiñón, clave para la construcción del llamado Residencial Francisco Hernando, fue aprobado por el Ayuntamiento de Seseña en el último Pleno en que había mayoría socialista antes del cambio electoral municipal. Según el informe del Tribunal de Cuentas, «en el acta del Pleno se menciona, pero no se transcribe, que existe informe favorable al PAU de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». Según prosigue el texto, «dicho informe está fechado el 8 de mayo de 2003, es decir el mismo día en que se aprobó el PAU, si bien no consta sellada ni su salida de dicho organismo ni entrada en el Ayuntamiento a través de los respectivos registros». El entonces consejero de Urbanismo de Bono, Alejandro Gil, recibió antes del Pleno decisivo esa misma mañana, según no negó a este diario, al entonces alcalde y al propio Hernando. En el acta del Pleno, consta que Martín aseguró que Gil había dado visto bueno, pese a que dos días antes la Comisión Provincial de Urbanismo había acordado la suspensión de la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras que debía acompañar al PAU.
SIN IMPUGNAR. Aunque, según el Tribunal de Cuentas, el PAU de El Quiñón fue aprobado sin cumplir el procedimiento autonómico «no consta actuación alguna del Ayuntamiento ni que la Junta impugnase los acuerdos municipales». La Junta alega que no se le puede exigir tal vigilancia posterior de actos municipales, pero el Tribunal sostiene que sí.
LAS 'ZONAS VERDES'. El Ayuntamiento procedió a reducir las zonas verdes en 1.467 metros cuadrados, pese a que la Consejería de Urbanismo había advertido de que no era posible hacerlo al ser «una modificación de carácter estructural». Sin embargo, «dicho requerimiento no fue atendido por el Ayuntamiento, no habiendo realizado la Junta ninguna actuación encaminada a restablecer el interés general afectado».
FUERA DE PLAZO. «La Consejería de Obras Públicas requirió, fuera del plazo previsto en la normativa, la subsanación de deficiencias del expediente, sin que dicho requerimiento fuera atendido por el Ayuntamiento a pesar de que el acuerdo de aprobación se adoptó con posterioridad a dicho requerimiento». «No existe constancia de que la Junta procediera a la impugnación del acuerdo municipal».
INSPECCIÓN. Desde 1996, el Tribunal de Cuentas sólo ha detectado «una sola actuación inspectora por parte de la Junta en el término municipal de Seseña, en la que no se evidenciaron actuaciones ilegales».
AGUA. En octubre de 2003, el jefe de sección de Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas de la Junta emitió un informe en el que aseguró que el proyecto de El Pocero rebasaba «ampliamente el caudal que tiene asignado el municipio». Eso obligaba a que Hernando sólo pudiera construir y vender viviendas a medida que estuviera garantizado el suministro suficiente de agua. Sin embargo, la Junta permitió «la concesión de licencias de obras durante los años 2002-2005 para la construcción de 5.096 viviendas, y no respetó el Plan de Etapas aprobado, al concederse licencias para la construcción de un número de viviendas superior al de las previsiones del Plan».
La policía sospecha que la dinamita decomisada procede de Portugal
GOLPE A LA PESCA CON EXPLOSIVOS
Los controles en el país luso son menores que en España, en donde se incrementaron tras los atentados del 11-M
La investigación se centra en saber a qué cofradías, aparte de las ya implicadas, iban destinados los explosivos
López Penide / E. Abuín REDACCIÓN/LA VOZ.
La Guardia Civil intenta concretar el punto de origen de los alrededor de 120 kilos de dinamita que fueron encontrados en el puerto de Vigo y en varios parajes de Portonovo, así como el itinerario que el explosivo siguió desde que salió de su centro de elaboración hasta que terminó enterrado en varios parajes de la finca de Arra, en Portonovo (Sanxenxo). Para ello será preciso que, mediante el análisis científico de las trazas del explosivo, se determine qué tipo de dinamita es la intervenida por los investigadores de la operación Abuelo, así como su marca comercial.
Al margen de compuestos militares, en España, en el ámbito de la industria civil, se suele emplear la que fabrica Maxam (la antigua Unión Española de Explosivos) o la francesa Titanite. Y el riodin (antiguamente conocido como goma 2 Eco) encontrado en Portonovo parece pertenecer a la primera empresa, al igual que la mayor parte de los detonadores decomisados en la operación, aunque de estos últimos había en torno a un centenar de fabricación extranjera.
Una vez concretada la marca, solo restaría comprobar a qué empresas o particulares se les ha vendido algún lote para que sean estos los que acrediten cómo la han empleado. Será una cuestión laboriosa, pues solo hay que tener en cuenta que, si finalmente se confirma que se trata de Maxam, su planta de Burgos tiene una capacidad de producción de unas quince mil toneladas anuales.
Controles tras el 11-M
En todo caso, lo cierto es que, tras el 11-M, el comercio de la dinamita en España está siendo sometido a un control muy exhaustivo. Periódicamente hay inspecciones de la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra en aquellos puntos donde se ha autorizado su uso y donde los agentes del instituto armado comprueban in situ que todo está en orden y que se le ha dado a la totalidad de explosivos el destino para el que fueron adquiridos.
Las fuentes consultadas, no obstante, consideran que el problema puede encontrarse una vez que la dinamita cruza la frontera lusa. Dado que Portugal es un país soberano, la legislación que allí se aplica es muy diferente a la española. Se considera, por parte de personas próximas a la investigación, que el control luso no es tan estricto como el que se aplica en España, de tal forma que son cada vez más los que creen en el seno de la Guardia Civil que esta pudo ser la vía de entrada de los explosivos intervenidos en los últimos días.
«La punta del iceberg»
Estas fuentes, en este sentido, consideraron una «barbaridad» la cantidad de explosivo hallado en Portonovo, «suficiente para realizar un atentado terrorista de trágicas consecuencias». Y no se trata de una exageración, pues se calcula que la célula de Leganés que el 11 de marzo del 2004 perpetró el atentado contra los cuatro trenes de cercanías de Madrid distribuyó en trece mochilas unos 140 kilos de explosivos; en los parajes de Montalvo había pocos menos: 110.
Muchos son los que sospechan que tal cantidad no podría ser utilizada únicamente por los arrestados, por lo que intuyen que no es descartable que los explosivos fuesen distribuidos a embarcaciones o marineros de otras cofradías gallegas. «Esto puede ser solo la punta del iceberg», precisaron, al tiempo que lamentaron «la especie de ley del silencio que parece haberse extendido en algunas cofradías».
Por el momento el juez Carballal ha citado para hoy al armador del Playa de Portonovo , José Deza Castro, con la intención de imputarle un delito grave de tenencia y tráfico de explosivos.
domingo, 27 de junio de 2010
¡Viva el delito!
Alfonso Ussía
12 Junio 2010
El dibujo, una obra de arte, fue portada en 1991 en ABC. De Antonio Mingote, claro. En él se aprecia a un hombre de mediana edad, apoyado en un esquina callejera, con un puñal clavado en el abdomen y un hilo de sangre bajando por su rostro. Su sombrero está en el suelo, como su ánimo. Y una buena mujer acude en su socorro. Ofrece sus manos para incorporar al inocente ciudadano atracado y herido, mientras la víctima le formula un ruego: «Y sobre todo, que no se entere el juez de que le he pegado una bofetada al atracador».
Se suceden sentencias contra policías nacionales o municipales que condenan el cumplimiento de su deber, de su fundamental deber, que no es otro que defender a la sociedad del delito y los delincuentes. Son condenados a penas de prisión, expulsados de sus Cuerpos y en alguna ocasión, obligados a indemnizar al transgresor de las leyes. Un buenismo de izquierda tonta impera en las primeras instancias judiciales. Los policías no se pueden defender. Disparar contra un ladrón, sin causarle la muerte, que ataca al policía con un cuchillo, es un hecho condenable. Atacar al policía con un cuchillo es un asuntillo menor, una pequeña falta que no merece la atención de algunos jueces. Al paso que vamos y llevamos, los policías no van a intervenir contra el delito, porque los delincuentes se van de rositas y ellos son los condenados.
Si un desalmado ataca al policía con un machete, éste, antes de disparar, se verá obligado a preguntarle. «Señor delincuente: ¿Usted pretende seccionarme la yugular con el machete o sólo desea asustarme?». Si un atracador huye y da la espalda al policía –los atracadores no se fugan corriendo hacia atrás, como los banderilleros garbosos–, y el agente le ordena repetidas veces que se detenga sin conseguir que el chorizo lo haga, lo mejor que puede hacer es permitir su escapada. Porque en caso de efectuar un disparo, cuya bala perfore la pantorrilla izquierda del forajido, el policía será condenado, y el sinvergüenza seguirá en la calle poniendo la vida y bienes de los inocentes en permanente riesgo. En España, ser un delincuente violento no conlleva serios problemas. Siempre serán los agentes del orden –guardias civiles, policías nacionales, policías municipales o policías autonómicos– los sospechosos de usar la violencia. Pues claro que sí, señores jueces, sigan interpretando la Ley desde el buenismo progre, sigan castigando con dureza insoportable a los defensores del orden, y no se quejen cuando las víctimas de la violencia sean ustedes. Se han dado casos de policías que han abusado de su autoridad o de su poder. Están castigados. Pero los últimos policías condenados actuaron con una prudencia fronteriza con la inacción. Son ellos los que temen comparecer ante sus señorías, porque saben que algunos jueces inexpertos y sesgados no odian al delito y compadecen al delincuente, sino que entienden al delincuente y odian al servidor del orden.
Su labor de desmoralización de las Fuerzas de Orden Público está dando sus frutos. Conseguirán que nadie quiera ser agente de la autoridad. ¡Viva el delito! Qué país.
AMINETU HAIDAR, PREMIO 2009 DE LA REVISTA CAMBIO 16
VIERNES 25 DE JUNIO DE 2010
El recuerdo a la pérdida del escritor José Saramago inició el discurso de agradecimiento de Aminatou Haidar que, a través de una carta leída en su nombre por Edi Escobar, disculpó su ausencia por su “débil salud, castigada por años de torturas y cárcel”. “El me dio un soplo de vida en Lanzarote –dijo refiriéndose al Nobel-, como hoy lo hace este premio… que hago extensivo a mi pueblo, el pueblo saharaui, que sólo persigue, como dice el galardón, la Libertad y la Paz”. Asimismo, denunció que continúan las violaciones de los Derechos Humanos por parte del gobierno marroquí en el Sahara Occidental ocupado, recordó a sus compañeros activistas encarcelados en las prisiones marroquíes y anunció que se había vuelto a negar la libertad provisional a tres de los 7 activistas encarcelados por visitar los campamentos de refugiados y que están a la espera de un juicio militar que los podría condenar a muerte. “Mi pueblo vive bajo esa amenaza”, añadió, reclamando un compromiso decidido y el apoyo político de la sociedad española para que se cumplan los acuerdos internacionales en lo relativo a la ocupación del Sáhara Occidental.
El semanario Cambio 16 ha hecho coincidir este año su edición número 2000 con la entrega de los Premios Cambio, lo más veteranos del ámbito de la información y la comunicación. Con el sobrenombre de “Los mejores de 2009”, los galardones suponen un reconocimiento a entidades e instituciones que más han destacado por su desempeño profesional, calidad, excelencia humana y, especialmente, por facilitar el trabajo periodístico libre e independiente.
Las víctimas se muestran satisfechas con la futura Ley y creen "un sueño" y "un honor" el reconocimiento del Congreso
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza y la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, coincidieron hoy al manifestar su alegría por la primera celebración del Día de las Víctimas en el Congreso de los Diputados. Calificaron como "un sueño" o "un honor" este tipo de reconocimientos, al tiempo que manifestaron sus primeras palabras de elogio hacia la nueva Ley Víctimas del Terrorismo pactada por todos los grupos políticos del Parlamento.
"A veces nos parece un sueño que todo esto esté sucediendo casi a la vez y que haya tanta sensibilidad y atención por parte de las instituciones", aseguró Pagazaurtundúa a su entrada a la tribuna de invitados de la Cámara Baja. Según dijo, "que los partidos políticos sean capaces de llegar a grandes consensos conforta y reconoce la dignidad de la víctimas que durante tantos años ha sido atacada en el País Vasco y Navarra. Eso nos hace fuertes y nos hace pensar que podemos derrotar a los terroristas".
Por su parte, Pedraza consideró "importantísimo que los políticos se acuerden de que tiene que existir un día de las víctimas". "Hemos estado seis años celebrando el día europeo y cada 11 de marzo era un poco decepcionante que faltasen los políticos, así que el hecho de que hoy estén aquí todos es una alegría", celebró.
Preguntada acerca de la nueva Ley de Víctimas aseguró que "en general" su asociación "está satisfecha", pero indicó que "aun hay que analizarla punto por punto". "El que se hayan puesto de acuerdo es primordial, es los más importante porque en la lucha antiterrorista el acuerdo es elemental", concluyó.
Asimismo, Manjón celebró que "por primera vez todos los grupos estén representando a las víctimas. "Para nosotros es un honor la primera celebración, es un honor que nos hayan invitado", dijo.
"Sobre la Ley con una lectura muy somera nosotros por los menos ya hemos visto que prácticamente todas nuestras demandas van a quedar recogidas", añadió Manjón, quien sin embargo matizó que "cuando se trata de unidad frente al terrorismo llegar al acuerdo es una exigencia y no algo a celebrar".
Cayo Lara pide que acabe la 'transfusión de sangre' al PSOE
AGUSTÍN YANEL / Madrid
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, considera que la ciudadanía de izquierdas ya no tiene que hacer «más transfusiones de sangre» al PSOE, en referencia a los votos que da a los socialistas cuando llegan las elecciones para impedir que el PP vuelva a gobernar. «La historia ha demostrado que no han servido para hacer girar a la izquierda», afirmó.
Ayer, durante la Asamblea de Refundación de IU, Lara dijo que el Gobierno de Zapatero «se ha plegado a las exigencias de los grandes poderes económicos», practica políticas que «son un regalo para los beneficios del capital financiero», adopta las medidas que exige el PP y «ha abandonado a su electorado y a su base social».
Con ese panorama, «la transfusión que toca ahora es que la base social desencantada con la política del PSOE tiene que venir a esta fuerza política», manifestó.
Todos los representantes de sindicatos y colectivos que hablaron en la Asamblea -desde el presidente del Foro Mundial de Alternativas, Samir Amin, hasta dirigentes de UGT, CCOO, asociaciones de vecinos y otros- criticaron al Gobierno de Zapatero por los recortes a los pensionistas y trabajadores.
Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, denunció el «ataque inmisericorde y obsceno» contra los sindicatos, sobre todo «por parte de la derecha y de quienes han renunciado a defender los derechos de los trabajadores». Esta referencia al Gobierno levantó los aplausos de los asistentes.
Acusó al PP, «pero también al Gobierno de Zapatero, no sé si por acción o por omisión», de intentar que desaparezca la negociación colectiva entre sindicatos y patronal.
Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO, criticó que «un Gobierno que se dice de izquierdas» apruebe una reforma laboral «que abarata y hace más fácil el despido». «Que yo sepa, los gobiernos de izquierdas están para defender los derechos de los trabajadores», subrayó.
Con esta Asamblea de Refundación -que se celebró en Fuenlabrada (Madrid)-, IU inicia una nueva etapa en la que pretende aglutinar a todos los grupos y colectivos de izquierda en un movimiento político y social fuerte frente al neoliberalismo y para superar el capitalismo, según Lara.
Tras las intervenciones, los más de 700 asistentes debatieron durante toda la tarde, en seis mesas de trabajo, un programa político con alternativas sociales a la crisis económica y de qué manera debe organizarse este movimiento en torno a Izquierda Unida.
En diciembre de 2008, en su última Asamblea Federal, IU decidió abrirse a la sociedad. Una prueba de ello es que el 40% de los asistentes ayer no están afiliados, sino que son de grupos y colectivos sociales.
Soplan buenos vientos para IU, a juzgar por las encuestas, y eso se tradujo en el ambiente de ánimo y esperanza con que celebró la Asamblea. En las elecciones de marzo de 2008 obtuvo el 3,77% de los votos (dos diputados) y desde entonces no ha dejado de subir en expectativas, hasta el 5,8% que le dio el CIS en abril pasado y el 7% e incluso 7,5% de sondeos privados.
La Guardia Civil retira 27,5 kilos de dinamita hallados en una casa abandonada de Novelda
ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), pertenecientes de la Guardia Civil, han retirado un total de 27,5 kilogramos de dinamita almacenados en el interior del cobertizo de una casa de campo abandonada en el término municipal de Novelda (Alicante), según confirmaron hoy a Europa Press fuentes cercanas al caso.
El hallazgo se produjo sobre las 13.00 horas del pasado viernes, 11 de junio, cuando un vecino de la localidad paseaba por la pedanía de Monteagudo y se introdujo en una casa abandonada, en cuyo cobertizo había almacenadas 11 cajas con el hombre de dinamita.
El vecino alertó a la Guardia Civil, que desplazó a una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) al lugar de los hechos, cuyos agentes comprobaron que había un total de 11 cajas con dinamita de aspecto deteriorado, con un peso de dos kilos y medio cada una.
Por ello, dieron aviso a los especialistas en explosivos del cuerpo armado, los Tedax, que procedieron a la retirada de las cajas para su análisis, según las mismas fuentes.
Las investigaciones permitirán determinar si la dinamita hallada podría proceder de una partida adquirida hace décadas para realizar voladuras subterráneas en busca de piedra natural en el municipio, que tiene una larga tradición en el sector del mármol y la piedra natural.Barajas ensaya un gran accidente radiactivo
El simulacro implicó a siete países europeos y tres ministerios
J. SALAS MADRID 26/06/2010
Los expertos descontaminan a algunos figurantes del simulacro. - Mónica Patxot
Siete países europeos, el Ministerio de Fomento, la Unidad Militar de Emergencias, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el SAMUR, el Consejo de Seguridad Nuclear y, por supuesto, Protección Civil. Todos coordinados para dar respuesta a una espeluznante tragedia en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que un avión de pasajeros se sale de la pista de aterrizaje y choca contra un edificio del aeródromo, liberando material radiactivo que se almacenaba en su interior.
Sucedió en Madrid, pero afortunadamente no fue más que un simulacro que sirvió para mostrar "cómo Europa sirve a sus ciudadanos", en palabras de la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, en referencia a la intervención de expertos de países vecinos para minimizar los daños del incidente. La delegada era uno de los miembros del comité de crisis que se constituyó poco después de comenzar la tragedia. Todo era de mentira, pero las autoridades se esforzaron por hacerlo lo más real posible, para que fuera verdaderamente útil.
Una dramatización muy seria
"¡Mi hijo sigue dentro!", se escuchó gritar a una mujer, uno de los 70 pasajeros que pudieron bajar del avión accidentado por su propio pie. Los demás han quedado atrapados. Instantes antes habían llegado al lugar del siniestro los bomberos del aeropuerto, apenas dos minutos después de que la aeronave B727-200, con 132 personas a bordo, impactara contra un almacén de carga.
Había fallado el tren de aterrizaje. El golpe destroza la delantera del avión y provoca un incendio que afecta no sólo a la cabina, sino también al propio edificio. Cuando los bomberos tratan de contener el fuego, y de evacuar a los pasajeros, uno de los trabajadores del almacén da la voz de alerta: se han liberado materiales potencialmente radiactivos.
"Posteriormente se trabaja con los refuerzos europeos, que fundamentalmente son un apoyo técnico"
Esta inesperada emergencia es lo que pondrá en guardia al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se encargará a partir de ese momento de establecer las normas a proceder, coordinando a los equipos de intervención para este tipo de riesgos. "Lo ponemos todo para prevenir y evitar que haya que actuar", afirmó la directora general de Protección Civil y Emergencias, quien aseguró que "nunca se dará un accidente de este tipo", en referencia a los esfuerzos de prevención que se realizan.
"Posteriormente se trabaja con los refuerzos europeos, que fundamentalmente son un apoyo técnico", añadió Gallego, que calculó en una hora y media el tiempo de respuesta de los países europeos ante una emergencia de este nivel. El simulacro se realizó en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE, que realiza una operación similar semestralmente en cada país.
La Guardia Civil y la Policía Nacional aseguraron el perímetro de 40 metros en torno al edificio que determinó el CSN. Mientras los bomberos seguían evacuando víctimas, y el SAMUR las atendía, los especialistas en emergencias radiológicas entraban al almacén para aislar la fuente radiactiva.
sábado, 26 de junio de 2010
Las víctimas exigen que no se 'alimente' el diálogo con ETA
FERNANDO LÁZARO / Madrid
Declaraciones públicas. Informaciones de lo más variado. Ruido y más ruido político. Los tambores de una inminente negociación entre el Gobierno y ETA están sonando cada vez más fuerte, tanto que la mayoría de las víctimas del terrorismo han decidido salir a la palestra y dar un toque de atención al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y piden que no se «alimente» siquiera el diálogo con los etarras.
En un comunicado firmado por siete asociaciones, éstas advierten de que están allí, de que están vigilantes y de que no aceptarán un nuevo proceso de negociación o de diálogo con la organización terrorista.En una breve declaración de cinco puntos, las diferentes asociaciones claman por «la derrota» de la organización terrorista ETA.Sigue en página 6
Y es que las declaraciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, en favor de la legalización de la izquierda abertzale y las informaciones sobre beneficios penitenciarios a presos etarras considerados blandos han hecho temblar los pilares de las asociaciones ante el riesgo de que el Ejecutivo de Zapatero retome sus negociaciones con los asesinos. El escrito comienza diciendo que «ante las crecientes especulaciones sobre un posible final dialogado con ETA que incluiría la legalización de su brazo político y beneficios penitenciarios para los presos etarras», las víctimas lanzan una serie de exigencias.
La primera y más clara: «Instamos al Gobierno de España y al Gobierno vasco a que mantengan una política antiterrorista encaminada hacia la derrota definitiva de ETA mediante el acoso policial y judicial; la ilegalización de cualquier candidatura o partido político que sirva de instrumento o altavoz para la legitimación del proyecto de ETA, y el cumplimiento íntegro de las condenas, así como el aislamiento y deslegitimación social de ETA y de su entorno».
Las víctimas están en alerta y no terminan de fiarse cuando entienden necesario difundir un manifiesto suscrito por la mayoría de las asociaciones. Así, el texto está firmado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Fundación Miguel Ángel Blanco, Dignidad y Justicia, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (Amuvite) y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite).
No están todas. Faltan algunas como la asociación Verde Esperanza-Voces contra el Terrorismo quien, en conversación con EL MUNDO, indicó que este manifiesto avala la defensa de los postulados que esta asociación, liderada por Francisco José Alcaraz, defiende desde hace 10 años. Si les hubieran llamado, también hubieran suscrito este texto. Las víctimas son muy claras en sus peticiones del punto 2, claramente dirigidas a los políticos que durante las últimas semanas han vuelto a lanzar el debate sobre la negociación con ETA a la opinión pública. «Reclamamos que cesen los discursos, debates y especulaciones sobre un posible diálogo o negociación con ETA. Estos discursos y debates no hacen más que alimentar las expectativas de los terroristas de obtener contrapartidas políticas o penitenciarias por dejar de matar».
Pero no se quedan en ese punto. La Fundación de Víctimas, que aglutina a todas las asociaciones, denunció en el último número de su boletín que aún está por resolverse un gran número de atentados y que muchos de ellos pueden prescribir en breve. Por este motivo, las víctimas insisten: «Instamos a los poderes públicos a que trabajen para el esclarecimiento de los muchos casos de atentados terroristas que todavía están sin resolver (en el caso de asesinatos de ETA, más de 300) y que se informe a las víctimas y sus familiares de la situación de cada uno de ellos».
Además, vuelven a defender esos principios con los que las víctimas llenaron las calles cuando el Gobierno negociaba con ETA. «Exigimos que se respeten, defiendan y promuevan los principios de 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' frente a todo aquello que favorezca el olvido o la impunidad».
Por último, las asociaciones de víctimas firmantes de este manifiesto esperan «que los homenajes y actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, que valoramos y agradecemos, vengan acompañados de la que siempre ha sido nuestra principal reivindicación y objetivo: la derrota de ETA. Ése sería el mejor homenaje a quienes han muerto y sufrido por la causa de la libertad».
Respuesta de D. Jaime Ignacio del Burgo
24 de Junio de 2010 - 13:20:44 - Luis del Pino
El ex-diputado popular D. Jaime Ignacio del Burgo me envía una carta al hilo de las críticas que le dirigía yo ayer por unas declaraciones suyas publicadas en La Nueva España.
Le agradezco enormemente a D. Jaime Ignacio su respuesta, cuyo contenido suscribo plenamente. Y permítame decirle que me alegro enormemente de que mis críticas fueran infundadas.
Un abrazo, don Jaime Ignacio
Querido Don Luis:
Estoy realmente sorprendido con la interpretación que has dado a mis declaraciones a Europa Press sobre la personación del SUP en la querella interpuesta por la Asociación de Víctimas del Terrorismo que se tramite en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid contra el ex jefe de los Tedax, Sánchez Manzano. Deduzco que las has interpretado como si se tratara de una toma de posición en defensa de la “versión oficial” de la sentencia del 11-M. Nada más lejos de mi ánimo y por ese motivo contesto con mucho gusto a tus preguntas.
Luis del Pino- ¿Cree usted que se utilizó Goma2-ECO para volar los trenes? Si la respuesta es sí, entonces ¿a qué achaca usted la aparición en los análisis de componentes que no forman parte de la composición de la Goma2-ECO, como por ejemplo el dinitrotolueno o la nitroglicerina? Si la respuesta es no, ¿por qué dice usted que "los confidentes policiales asturianos proporcionaron el explosivo a los terroristas", si con lo que traficaban esos confidentes es con Goma2-ECO?
Jaime Ignacio del Burgo- El descubrimiento de dinitrotolueno y nitroglicerina en los explosivos pone de manifiesto que la Goma 2 Eco no pudo utilizarse en la explosión de los trenes. Y si no fue así hay una consecuencia terrible: hay un condenado como autor material del atentado que podría ser inocente al menos de ese terrible delito: Suárez Trashorras. Mientras él se pudre en la cárcel los verdaderos asesinos podrían andar sueltos. Si yo fuera el juez Bermúdez no dormiría tranquilo hasta que se sepa sin lugar a dudas la verdad. Respondo a la segunda parte de la pregunta sobre los confidentes asturianos al final de este cuestionario.
LdP- ¿Qué credibilidad concede usted a la historia de esos tres marroquíes que, en mitad de la noche, bajan 200 kilos de explosivos de una mina cuya ubicación exacta desconocen y luego - sin dormir en 40 horas - vuelven a Madrid a toda velocidad, atravesando la mayor nevada del siglo, sin que les estorben los puertos de montaña cerrados y sin que el coche se les manche siquiera?
JIB- Por supuesto que todo esto resulta inverosímil. Y añado algo más. Resulta sorprendente que la Guardia Civil hubiera montado un control de velocidad en una carretera que se hallaba todavía bajo los efectos de la gran nevada que afectó a la zona cantábrica y a la provincia de Burgos. Gracias a este control sabemos que por allí pasó “el Chino”, al que se le permitió circular sin ningún problema. Cabe preguntarse qué hacía un control de velocidad en una carretera helada. Todo esto pone de relieve que sobre la investigación realizada en Asturias hay muchos puntos oscuros que no se han investigado, querido Don Luis.
LdP- ¿Cree usted que se deberían haber enviado las muestras de los trenes al laboratorio de la Policía Científica, para analizarlas? En caso negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, ¿a quién cree usted que habría que pedirle responsabilidades por no haber hecho ese envío?
JIB- No sólo las muestras de los trenes debieron enviarse al laboratorio de la Policía Científica para analizarlas sino que debieron conservarse los propios trenes para hacer un exhaustivo análisis de los mismos que tal vez hubieran arrojado otras pruebas, entre ellas la obtención de huellas dactilares.
LdP- ¿Cree usted que habría que pedir a alguien responsabilidades por la destrucción de los trenes? ¿A quién?
JIB. La responsabilidad es, en primer lugar, del juez del Olmo, que tenía que haber cuidado de que se conservaran los trenes por ser un medio de prueba de capital importancia. Ss ha sabido que, como consecuencia de las investigaciones realizadas durante el juicio del 11-M, el juez del Olmo autorizó verbalmente su destrucción. Esta decisión debió adoptarse mediante resolución motivada. Se desconoce quién fue el funcionario de la policía judicial que solicitó la autorización para destruir los trenes, pero resulta razonable suponer que fue el jefe de los Tedax. Sánchez Manzano era el responsable de la obtención de muestras de los focos de explosión y por tanto tenía la responsabilidad de custodiar los trenes. Aunque no es descartable que fuera la propia RENFE quien solicitara al juez permiso para retirar y destruir los trenes.
LdP- ¿Cree usted que la mochila de Vallecas es una prueba cierta o que fue colocada a posteriori de los atentados?
JIB- Existen motivos para pensar que la mochila de Vallecas se introdujo en la comisaría con la finalidad de hacer creer al juez instructor que el explosivo utilizado era Goma 2-Eco, además de conducir a la detención de Zougam, por haber vendido la tarjeta que se hallaba en el teléfono móvil hallado en su interior. Me consta que hay algunas investigaciones que podrían arrojar luz sobre este episodio. El día que se esclarezca se habrá dado un paso de gigante para determinar quién fue el “autor intelectual” de la masacre del 11-M.
LdP- Por último: ¿qué opinión exacta le merecen la actuación profesional del señor Sánchez Manzano en los días inmediatamente posteriores a la masacre y la querella que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha presentado contra él y contra su jefa de laboratorio?
JIB- Considero que en su actuación hay sombras de duda que deben ser aclaradas por la titular del Juzgado de Instrucción núm. 43 de Madrid, donde se tramita la querella de la Asociación de Víctimas del Terrorismo –y ahora del SUP- contra él.
JIB. Sobre mis declaraciones.
Minutos antes de la presentación de mi último libro en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (“Cánovas y los conciertos económicos. Agonía, muerte y resurrección de los fueros vascos”) una periodista de Europa Press me preguntó qué opinaba del comunicado del SUP anunciando su personación en la querella interpuesta contra el ex jefe de los Tedax, Sánchez Manzano. Me ratifico en lo que declaré de forma improvisada. Saludé que el sindicato policial se hubiera sumado a la querella pero añadí que en mi opinión había otros extremos sobre los que el SUP debía exigir una investigación en el terreno de las negligencias policiales y me referí a las detectadas en la actuación de los cuerpos de seguridad en Asturias.
Ya he recordado cómo en la sentencia del 11-M se condena a Suárez Trashorras a treinta mil años de cárcel como autor material del atentado. Partiendo de la “versión oficial” que sustenta la sentencia, que considera probado que Suárez Trashorras facilitó los explosivos, en tal caso no se puede obviar que se trataba de un confidente policial controlado por el jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García, alias “Manolón”. En la Comisión de Investigación hice una reflexión que me costó la reprobación del SUP en la que señalé que tal vez no había actuado con diligencia debida, pues tuvo conocimiento de que su confidente traficaba con dinamita lo que le debería haber llevado a extremar su vigilancia sobre Suárez Trashorras en vez de desentenderse de él como había declarado en su comparecencia. Por cierto, a su regreso a Asturias “Manolón” fue objeto de un gran homenaje por parte de sus compañeros. Hoy es el director de seguridad del aeropuerto de Oviedo.
Por otra parte, otros confidentes policiales habían informado tanto a la Policía como a la Guardia Civil de que Antonio Toro y su cuñado traficaban con dinamita e, incluso, trataban de vender a ETA explosivos robados. Hubo también otra denuncia de un tal “Nayo” (que después huyó a Hispanoamérica) al actual fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Asturias informándole de este extremo, sin que la investigación por él ordenada diera ningún resultado porque se conformó con el informe que le proporcionó la Guardia Civil de que en el monte al que les llevó el confidente no se encontró el zulo porque “no iban a registrar todo el monte”.
Otro hecho no investigado es que el confidente de la UCO, Zouhier, proporcionó una muestra del explosivo robado a la UCO, que fue destruida sin cumplir los protocolos establecidos. No sabemos por tanto si era Goma 2 o Goma 2 ECO.
En mis declaraciones hice también expresa referencia a las contradicciones detectadas en las comparecencias del general Laguna, por aquel entonces jefe de la Guardia Civil de Asturias, y del coronel Hernando, que desempeñaba la jefatura de la UCO, y que posteriormente fue ascendido al generalato, y en las que pudo haberse cometido falso testimonio, pues la verdad no puede tener dos caras.
Por todo ello, en mi opinión –querido Don Luis- en Asturias pudo haber una clamorosa negligencia de los servicios de seguridad que debiera ser investigada. Nunca he entendido por qué quieres cubrir lo que allí pasó con un manto de silencio. Y eso no tiene nada que ver con seguir investigando sobre qué explosivo estalló y quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del atentado. Si vuelves a repasar la información de Europa Press comprobarás que las frases entrecomilladas que me atribuyes no se corresponden con las palabras que yo pronuncié. Lo que dije – o quise decir - fue que “si” fueron confidentes de la Policía quienes proporcionaron los explosivos a los terroristas (insisto, según la propia “versión oficial”) en tal caso “deberían depurar la responsabilidad del famoso policía «Manolón» (el inspector Manuel García), que tuvo como confidente a Suárez Trashorras, y averiguar qué pasó en la UCO de la Guardia Civil cuando Zouhier les entregó una muestra de dinamita y la destruyeron alegando que estaba caducada”.
No comparto, por todo esto, sus comentarios finales donde dice que “lo que no se puede, a estas alturas, es seguir mareando la perdiz, don Jaime Ignacio. Para hacer esas declaraciones, mejor no haga ninguna”. Me parece que tu apreciación es manifiestamente injusta. Me limité a valorar la actuación del SUP sin que de mis palabras pueda sacarse la conclusión de que doy por válida la “versión oficial” contenida en una sentencia que hace aguas por todas partes. Pero eso no impide que reclame, como he venido haciendo desde que se cerró en falso la Comisión de Investigación (véase mi libro “11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta”), que se lleve a cabo una investigación rigurosa sobre lo que ocurrió en Asturias.
Tampoco comparto tu opinión sobre lo que calificas como “vergonzoso silencio” del PP “en el tema del 11-M”. El partido, al que no en estos momentos ya no represento pues me encuentro como sabe apartado de toda actuación política y no soy más que un militante “de base”, ha dejado bien claro que si algún día llega al poder utilizará todos los medios a su alcance para conocer la verdad de lo ocurrido para lo que resulta condición “sine qua non” asumir la responsabilidad de la dirección del ministerio del Interior y del CNI.
Por último, conoces perfectamente mi admiración por la labor de investigación que vienes llevando a cabo, con un tesón digno del mayor elogio, para que se conozca la verdad sobre la trágica masacre del 11-M, que cambió – para ma l- el rumbo de la historia de España.
Un fuerte abrazo,
Jaime Ignacio del Burgo
viernes, 25 de junio de 2010
Dos reacciones desafortunadas
La decisión del SUP de personarse como acusación en la causa contra el ex-jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, ha provocado dos curiosas reacciones.
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La primera es la del SPP, el sindicato al que está afiliado el propio Sánchez Manzano y que le ha venido prestando asistencia jurídica. Su reacción, como cabía esperar, ha sido cerrar filas con el ex-jefe de los Tedax, aunque hay dos aspectos sorprendentes en la nota de prensa del sindicato.
La primera es el tipo de argumentación elegida. Por supuesto, el SPP no puede negar (porque es innegable) que las muestras de los trenes desaparecieron, ni tampoco puede negar que esas muestras no se enviaron a la Policía Científica. Pero al menos podían haber intentado decir que el responsable de esas irregularidades no es Sánchez Manzano. Sin embargo, la nota de prensa del SPP elude sorprendentemente defender al comisario de esa manera. En lugar de ello, recurre a un previsible victimismo (Sánchez Manzano estaría siendo objeto, según el SPP, de un linchamiento moral) y al consabido recurso de envolverse en la bandera de la Policía (los que atacan a Sánchez Manzano pretenden insinuar que en la Policía existían "grupos, unidades, brigadas enteras que trabajaban por su cuenta, que pretendían objetivos diferentes de aquellos que constitucionalmente tenemos marcados"). Tan sólo en una ocasión alude la nota del SPP a la cuestión de fondo, y no para afirmar que Sánchez Manzano cumplió escrupulosamente con los protocolos, sino para decir que Sánchez Manzano tiene "la absoluta convicción de haber obrado de acuerdo con los protocolos establecidos". Sutil diferencia, que permite al SPP no mojarse en absoluto emitiendo su propia opinión al respecto. Con defensores así, no sé para qué necesita enemigos Sánchez Manzano.
El segundo aspecto sorprendente de la nota del SPP son las crípticas alusiones al SUP y a las motivaciones (aparentemente espurias) que el SUP tendría para personarse en la causa contra Sánchez Manzano. Pregunta el SPP, a este respecto, "¿Es que ha tenido conocimiento el Comité Ejecutivo del SUP de datos nuevos que permiten una evaluación diferente de la realidad, una participación distinta de determinadas personas en los luctuosos acontecimientos que se produjeron hace ahora algo más de seis años? ¿Quizás aparecerán actores que pudieron tener algún tipo de intervención en momentos inmediatamente posteriores a los atentados y también en días, semanas, meses más tarde, hoy en la cúpula policial?".
La doble pregunta tiene todo el aspecto de "recadito" entre famiglias, lo cual no dice mucho en favor del SPP. Si ese sindicato tiene datos relevantes sobre " algún tipo de intervención en momentos inmediatamente posteriores a los atentados y también en días, semanas, meses más tarde", su obligación moral, profesional y legal es poner dichos datos en conocimiento de la opinión pública y del juez. Y si no, señores del SPP, déjense de recaditos, porque las víctimas de la masacre - y muchos españoles - están hartos de acertijos en lo que al 11-M respecta.
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La segunda reacción que quería comentar me entristece un poco más, por venir de alguien a quien tengo cariño. Jaime Ignacio del Burgo, ex-diputado del PP que formó parte de la Comisión de Investigación del 11-M y que es, probablemente, la persona del Partido Popular que más ha escrito sobre la masacre de Madrid, efectuaba ayer unas desafortunadas declaraciones a La Nueva España, comentando la decisión del SUP:
El ex diputado de UPN y miembro de la Comisión de Investigación de los atentados del 11 de marzo Jaime Ignacio del Burgo saludó ayer que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se haya sumado a la acusación contra el ex responsable de los TEDAX Juan Jesús Sánchez Manzano, pero instó a esta organización, «en la órbita del PSOE», a investigar las «graves negligencias que tuvieron lugar en Asturias años antes».
Del Burgo indicó que el SUP aún tiene «mucho trabajo» y podría «empezar por verificar las graves negligencias que se sucedieron en Asturias». Según dijo, fueron confidentes de la Policía quienes proporcionaron los explosivos a los terroristas. «Deberían depurar la responsabilidad del famoso policía «Manolón» (el inspector Manuel García), que tuvo como confidente de Suárez Trashorras, y averiguar qué pasó en la UCO de la Guardia Civil cuando Zouhier les entregó una muestra de dinamita y la destruyeron alegando que estaba caducada», enfatizó.
Creo que no se me ocurre ninguna manera peor de responder que la que ha elegido el ex-diputado popular. ¿Cómo que "fueron confidentes de la Policía quienes proporcionaron los explosivos a los terroristas"? ¿Entonces usted cree que la versión oficial es cierta, don Jaime Ignacio? Y si no es así, ¿por qué responde usted con unas declaraciones que no hacen sino avalar indirectamente la veracidad de esa infumable mentira llamada "versión oficial del 11-M"?
Permítame don Jaime Ignacio que le haga varias preguntas muy concretas:
- ¿Cree usted que se utilizó Goma2-ECO para volar los trenes? Si la respuesta es sí, entonces ¿a qué achaca usted la aparición en los análisis de componentes que no forman parte de la composición de la Goma2-ECO, como por ejemplo el dinitrotolueno o la nitroglicerina? Si la respuesta es no, ¿por qué dice usted que "los confidentes policiales asturianos proporcionaron el explosivo a los terroristas", si con lo que traficaban esos confidentes es con Goma2-ECO?
- ¿Qué credibilidad concede usted a la historia de esos tres marroquíes que, en mitad de la noche, bajan 200 kilos de explosivos de una mina cuya ubicación exacta desconocen y luego - sin dormir en 40 horas - vuelven a Madrid a toda velocidad, atravesando la mayor nevada del siglo, sin que les estorben los puertos de montaña cerrados y sin que el coche se les manche siquiera?
- ¿Cree usted que se deberían haber enviado las muestras de los trenes al laboratorio de la Policía Científica, para analizarlas? En caso negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, ¿a quién cree usted que habría que pedirle responsabilidades por no haber hecho ese envío?
- ¿Cree usted que habría que pedir a alguien responsabilidades por la destrucción de los trenes? ¿A quién?
- ¿Cree usted que la mochila de Vallecas es una prueba cierta o que fue colocada a posteriori de los atentados?
- Por último: ¿qué opinión exacta le merecen la actuación profesional del señor Sánchez Manzano en los días inmediatamente posteriores a la masacre y la querella que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha presentado contra él y contra su jefa de laboratorio?
Si tiene usted a bien enviarme su respuesta, con mucho gusto se la publico en este mismo blog. O, si lo prefiere, le ofrezco los micrófonos de mi programa.
Lo que no se puede, a estas alturas, es seguir mareando la perdiz, don Jaime Ignacio. Para hacer esas declaraciones, mejor no haga ninguna.
Ya sólo faltaba que el PP dejara su vergonzoso silencio en el tema del 11-M para pasar a alinearse con los defensores de la versión oficial.
martes, 22 de junio de 2010
El SPP se pregunta si el SUP quiere ocultar algo con su querella contra Manzano
El Sindicato Profesional de Policía ha emitido una nota informativa en la que critica al SUP por sumarse a la querella de las víctimas del 11-M contra el ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano.
- El SUP mantiene las querellas contra periodistas
- El SUP se suma ahora a la querella contra Sánchez Manzano
El cambio del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha sorpendido a sus colegas del Sindicato Profesional de Policía (SPP). Y es que el SUP ha pasado de defender de la versión oficial y demandar a los periodistas y medios que trataban de averiguar la verdad del 11-M – entre ellos Jiménez Losantos y Luis del Pino o Libertad Digital– a sumarse a la querella de las víctimas contra el antiguo jefe de los Tedax, Sánchez Manzano.
En una nota informativa publicada en su web bajo el título El SPP busca la verdad, pero ¡la verdad!, este sindicato dice que es "legítima" la posición del SUP aunque critica que "una organización sindical democrática y con una trayectoria de lucha comprometida por los derechos de los policías" se sume a la "presión" y "el linchamiento moral" contra Sánchez Manzano.
Pero lo más llamativo del comunicado del SPP son las preguntas que se hacen para explicar el giro del SUP. Lo reproducimos de forma íntegra:
¿O es que esto ha cambiado en los últimos meses, quizás desde que, cuando aún actuábamos en unidad sindical, abandonaron la querella contra Conde Pumpido promovida por el SPP por sus palabras contra el Cuerpo Nacional de Policía o invitaron al ministro del Interior a su Congreso celebrado en Toledo? ¿O es que ha tenido conocimiento el Comité Ejecutivo del SUP de datos nuevos que permiten una evaluación diferente de la realidad, una participación distinta de determinadas personas en los luctuosos acontecimientos que se produjeron hace ahora algo más de seis años? ¿Quizás aparecerán actores que pudieron tener algún tipo de intervención en momentos inmediatamente posteriores a los atentados y también en días, semanas, meses más tarde, hoy en la cúpula policial?
Si así fuere, ojalá la verdad encuentre su camino más pronto que tarde. Pero, atención, desde el conocimiento cierto de la legalidad de la reivindicación judicial que efectúa el SUP, el Sindicato Profesional de Policía exige respeto a las personas y máximo cuidado en la proyección de datos no verificados que pueden causar, como pasó hace años, un grave daño al honor de miles de hombres y mujeres que queremos seguir sirviendo con honor la libertad de millones de compatriotas.
La investigación del 11-M, al banquillo
EL MUNDO / Madrid
El Juzgado número 5 de lo Penal de Madrid sentará este jueves en su banquillo a un periodista. Y por extensión, a toda la investigación periodística del 11-M. La Fiscalía pide tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio, acusado de «descubrimiento y revelación de secretos» por desvelar que un confidente a sueldo de la Policía apodado Cartagena y cuyo nombre real es Abdelkader el Farssaoui estuvo infiltrado en la célula islamista de Serhane El Tunecino, responsable de la matanza, hasta fechas muy próximas al atentado. El colaborador policial reclama una indemnización de 512.738 euros.
Esa información permitió descubrir al propio juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, que ese confidente había relatado con todo detalle que ese grupo terrorista pretendía «hacer la yihad» en España y que, con los datos que él ofreció, la Unidad Central de Información Exterior (Ucie) de la Policía elaboró 12 notas informativas que facilitaron el control de la célula hasta las vísperas de los atentados. La acusación fiscal no sólo se extiende a la revelación de la identidad real del testigo protegido, sino también a la publicación de esos documentos, «elaborados con carácter reservado».
Las investigaciones periodísticas de Rubio pusieron de manifiesto que algunos de los actores más destacados de la matanza se encontraban controlados en las fechas anteriores al 11-M por la Policía, la Guardia Civil y el CNI; que esa vigilancia llegó a ser tan cercana que algunos de los miembros de la célula islamista tenían el teléfono pinchado, y que existían confidentes que fueron informando de cada paso que daban hacia la comisión de los atentados quienes ya eran considerados como elementos peligrosos por las Fuerzas de Seguridad.
De hecho, el juez Del Olmo supo de la existencia de Cartagena en octubre de 2004, después de que EL MUNDO publicase su detención, su condición de testigo protegido y el trabajo que había desempeñado para que se llevase a cabo la operación Nova. Un mes después, el 23 de noviembre de ese año, el juez pidió al Juzgado Central de Instrucción número 5 que se le informara sobre «el paradero del testigo protegido por ese juzgado Cartagena [...] a los efectos de su urgente citación para que preste declaración como testigo en el presente procedimiento», según aparece en el sumario del 11-M.
En ese escrito se detallan todas las circunstancias personales del confidente, cuya identidad real -Abdelkader el Farssaoui- e incluso su imagen ya habían sido desveladas por otros medios de comunicación nacionales, como Canal Sur.
A partir de su arresto, Cartagena se puso en contacto con Antonio Rubio para pedirle ayuda. El periodista, tras investigar la veracidad de su testimonio, publicó el 31 de mayo de 2005 las 12 notas informativas de la Ucie y todos los detalles que había ofrecido el confidente a la Policía, además de su identidad real y su fotografía con su consentimiento. En ningún caso se ofreció ningún dato que permitiese averiguar el nombre ficticio ni el domicilio que, por razones de seguridad, le había proporcionado la Secretaría de Estado de Interior.
Ni la fiscal Dolores Gimeno ni la acusación particular que representa al colaborador policial cuestionan la veracidad y la relevancia pública de esa noticia. Esos puntos fueron defendidos ya en 2005 por la Asociación de la Prensa, que respaldó la información de Rubio y destacó que «el secreto de sumario no significa que determinados hechos y circunstancias de la realidad social puedan ser arrebatados a la libertad de información».
«Lejos de proceder de forma innecesaria proporcionando los datos obtenidos sin ninguna finalidad lícita y constitucional, y conociendo que los mismos estaban siendo omitidos policialmente, [Rubio] actuó en la creencia y voluntad de estar contribuyendo a la acción de la Justicia, al conocimiento público de hechos absolutamente relevantes ante la opinión pública, como era la real existencia de un confidente policial, la real coincidencia de un apodo con una identidad real y la realidad de unas confidencias omitidas judicialmente y absolutamente conectadas con la investigación del 11-M», señala el escrito de defensa del periodista.
Así, el juez Del Olmo, tras descubrir a través de EL MUNDO que existía una serie de fichas policiales que documentaban y acreditaban que Cartagena avisó a la Policía de que una célula islamista quería atentar en España, reclamó esa documentación. La Ucie se la entregó el 29 de diciembre de 2005: todas las notas, menos dos, que fueron destruidas por orden del juez Fernando Grande-Marlaska.
Con posterioridad a esa información, Cartagena presentó en diciembre de 2006 un escrito en la Audiencia Nacional en el que denunciaba presiones de la Ucie. Iba firmado con su nombre real: Abdelkader el Farssaoui; el mismo que utilizó en todas sus actuaciones. Durante el juicio del 11-M, declaró a cara descubierta y la propia Fiscalía empleó esa identidad para referirse a él durante su informe de conclusiones.
Finalmente, en junio de 2008, la Audiencia Nacional le retiró la condición de testigo protegido por su «uso indebido» y la «inobservancia del protocolo de seguridad». Para entonces, ya se había querellado contra Antonio Rubio. Lo hizo en marzo de 2007, dos años después de aquella información. El confidente, que también colaboró con el CNI y los servicios secretos marroquíes, acusa al periodista de causarle «graves secuelas psíquicas». Y las valora en 512.738 euros.
Camino de Damasco
21 de Junio de 2010 - 19:03:02 - Luis del Pino
Independientemente de cuáles sean las razones de fondo que han llevado al SUP a decidir querellarse contra Sánchez Manzano, lo cierto es que dicha querella constituye, desde todos los puntos de vista, un reconocimiento de que teníamos razón aquellos que tanto tiempo llevamos denunciando irregularidades en la investigación de los atentados del 11-M.
El mismo sindicato policial que tanto cargó en su día contra quienes investigamos la masacre reconoce ahora que existe una actuación "cuando menos poco profesional o negligente respecto al control de los restos de los explosivos del 11-M".
Ese cambio de postura deja a los pies de los caballos al ex-jefe de los Tedax en la causa que se sigue contra él a instancias de las víctimas de la masacre, como también deja con el culo al aire a algunos que, desde determinadas instancias mediáticas, no dudaron en jalear los intentos de amedrentar a los escasos periodistas que nos hemos atrevido a plantar cara a una versión oficial infumable.
Porque no estamos hablando de supuestas negligencias menores que pudieran afectar a tal o cual prueba más o menos periférica, sino que hablamos de la desaparición de más de 90 toneladas de restos de los trenes, es decir, de la desaparición del propio escenario del crimen. Y hablamos también de que se rompieron todos los protocolos y no se realizaron los análisis preceptivos, en los laboratorios que para tal fin tiene habilitados la Policía Científica.
Como resultado, seguimos sin saber, seis años después de la masacre, ni siquiera qué explosivo se utilizó en los trenes o cómo estaban confeccionadas las bombas que sirvieron para asesinar a 193 personas y torcer el rumbo de la Historia de España. Cuestionar, como ha decidido hacer ahora el SUP, la actuación de quien tenía la obligación de custodiar las pruebas fundamentales del caso, es un reconocimiento implícito de que la investigación del 11-M estuvo viciada desde el principio. Todo ello, como digo, con independencia de si las intenciones del SUP al personarse en la causa contra Sánchez Manzano son loables o torticeras.
Pero es nuestra obligación, por supuesto, entrar a analizar cuáles pueden ser esas intenciones. Y, teniendo en cuenta que el SUP no ha retirado aún las denuncias contra los periodistas que señalamos en su día esas irregularidades que ahora el SUP repudia, cabe sospechar que algún tipo de gato hay encerrado en esa sorprendente decisión del sindicato policial.
¿Qué puede haber llevado al SUP a protagonizar esa aparente caída del caballo? Por supuesto, una posibilidad sería que dicho sindicato quisiera hacerse presente en una causa que cada vez se le está complicando más a Sánchez Manzano, con el fin de controlar daños y "marcar" procesalmente a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que fue quien en su día presentó la querella.
La segunda posible razón sería el deseo de desvincularse de ese Sánchez Manzano por quien el SUP sacó la cara en su momento, ante la certeza, cada vez mayor, de que la juez podría decidir procesarle. En caso de que se procesara al ex-jefe de los Tedax, el SUP - del que Sánchez Manzano ni siquiera es afiliado - podría verse salpicado mediáticamente; de ahí, quizá, el deseo de marcar distancias, personándose como acusación popular.
Una tercera razón podría ser que el movimiento táctico del SUP responda a una jugada estratégica de más calado, impulsada desde instancias próximas al Gobierno y destinada a utilizar a Sánchez Manzano como cortafuegos: "hubo negligencias, sí" - nos estarían diciendo - "y ahí tenéis al responsable. Pero la versión oficial es cierta en su mayor parte, haya muestras de los trenes o no las haya".
Me resulta muy triste, la verdad, tener que analizar de ese modo una decisión de un sindicato policial y buscarle las vueltas a algo que, en principio, no tendría por qué tener segundas lecturas, pero es que la historia pasada no nos deja, por desgracia, demasiado margen para la ingenuidad.
Reconozco que por algo se empieza siempre. Y estoy dispuesto a creerme que el SUP ha visto de repente la luz. Estoy dispuesto a creerme que ha decidido de pronto escuchar el clamor de tantas víctimas de la masacre y exigir toda la verdad sobre ese atentado monstruoso.
Pero, a la luz del comportamiento pasado de ese sindicato, mucho me temo que hacen falta gestos adicionales para convencernos a todos de que realmente han emprendido su particular camino de Damasco.
Para convencernos de que de verdad están dispuestos a no olvidar lo inolvidable. Y a ayudar a que la sociedad tampoco lo olvide.