Mañana comienza la vista del ‘caso Faisán’ con dos policías como únicos
acusados
Sólo dos acusados se sentarán en el banquillo. Son dos los que responderán de
las acusaciones de colaborar con ETA y de revelarle secretos. Son dos y los dos,
uniformados, los dos, policías. El caso del chivatazo policial a la banda en el
bar Faisán llega a su primer puerto judicial.
La Audiencia Nacional juzgará desde mañana lunes por esa delación del 4 de
mayo de 2006, hace más de siete años, al que fuera jefe superior de Policía del
País Vasco en aquellas fechas, el comisario Enrique Pamies, y al inspector de
Policía entonces destinado en Vitoria en la lucha contra el terrorismo islamista
José María Ballesteros. Pero no habrá más. Nadie se sentará junto a ellos. De
momento, el caso queda reducido a un asunto puramente policial.
Pero la gran pregunta quedará en el aire. Es poco probable que la X de la
ecuación quede despejada. Poco, muy poco probable. Muchas serán las sospechas.
Muchas han sido durante estos años. Pero certezas y, en muchos casos, afán por
investigarlas y aclararlas en cuanto a las claves políticas del caso, ninguno. Y
el eco resuena desde hace años en los palacios de la Justicia: ¿Quién dio la
orden?
Las víctimas del terrorismo, todas, reclaman una respuesta a lo que
consideran que ha sido una de las mayores traiciones a la democracia. La demanda
la abandera ahora Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Quieren
saber quién y por qué ordenó a dos policías que alertaran al dueño del bar
Faisán, a Joseba Elosua, uno de los presuntos implicados en la trama de
extorsión de ETA, de que se iba a producir una gran operación policial
hispano-francesa, dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska contra todo el
aparato de financiación de la banda.
Porque Elosua fue alertado. Fue avisado el mismo día en que el presidente del
Gobierno, entonces José Luis Rodríguez Zapatero, iba a recibir en La Moncloa a
Josu Jon Imaz. El dirigente del PNV iba a trasladarle su apoyo al mal llamado
proceso de paz con ETA.
¿Problema? En la operación que se iba a llevar a cabo bajo la dirección de la
Audiencia Nacional estaba previsto detener también, por su presunta implicación
en la trama, al dirigente del PNV Gorka Aguirre, encargado de las relaciones
internacionales de la formación nacionalista. Aguirre, que falleció durante la
investigación debido a una enfermedad, había sido detectado en contacto con los
implicados.
El caso es que alguien entendió que esa operación «podía perjudicar el
proceso de paz» (así se recoge en diferentes escritos del sumario) y puso en
marcha un improvisado dispositivo con la presunta participación de los dos
mandos procesados.
En aquellos momentos, el control policial sobre el bar Faisán era intenso.
Los dispositivos de grabación de vídeo estaban en plena actividad.
Ballesteros, según el auto de procesamiento, entró al bar Faisán de Irún y le
entregó un teléfono móvil a Elosua. Al otro lado, siempre según la acusación,
Pamies, que fue quien presuntamente le alertó de que iba a ser detenido y de que
se iba a llevar a cabo una redada.
La entrada y salida de Ballesteros del bar Faisán, en la franja horaria en
que se presume que se llevó a cabo la delación, quedó recogida en las cámaras
policiales y es una de las principales pruebas de cargo, además de las
secuencias telefónicas de los procesados en la mañana de ese 4 de mayo de 2006.
En aquellas fechas, los mandos policiales recibían órdenes de un Ministerio
del Interior que tenía como máximo responsable a Alfredo Pérez Rubalcaba. Su
número dos era el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y Víctor
García Hidalgo, el director general de la Policía.
Este último estuvo en el punto de mira durante muchos meses. El intercambio
de llamadas con Pamies durante el día y las horas en que se produjo el chivatazo
era muy sospechoso. Pero la investigación judicial no profundizó en esa vía y,
pese a la insistencia de las acusaciones, faltó el último empujón.
Y es que el proceso fue muy complejo. El sumario pasó por manos de tres
jueces. Inicialmente, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, que ocupaba de
forma circunstancial el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional, del que era titular Baltasar Garzón, era quien llevaba las riendas.
Era él quien ultimaba la operación Urogallo contra el entramado de extorsión y
fue quien detectó el chivatazo.
Grande-Marlaska estaba dispuesto a resolver este caso por la vía rápida y
tirar hacia arriba, hacia quien dio la orden. Tuvo que aguantar todo tipo de
presiones. Incluso, sutilmente, sobre la mesa le dejaron un suculenta oferta
laboral con el fin de apartarle de la causa. También la rechazó.
Así, tuvo que ser el propio Garzón, el titular de la plaza, quien regresara
antes de tiempo de sus cursos en Estados Unidos para hacerse cargo del caso, que
estaba muy avanzado con la investigación ya caliente para determinar quién fue
el mando político que dio la orden de ayudar a ETA.
Pero, al llegar el juez, condenado después por prevaricación, el sumario
acabó en el cajón del olvido. Llegó la ralentización. La información se
acumulaba. Las partes complicadas y que podían llevar a investigaciones con
implicaciones políticas (como el caso del etarra Yurrebaso con el número de
móvil de García Hidalgo) iban a piezas separadas que, poco a poco, pasaban
a
mejor vida, al olvido judicial.
Y así hasta que llegó la condena de Garzón, que propició la llegada al
juzgado de Pablo Ruz, que dio el último empujón al caso pero tampoco trató de
averiguar en el plano político quien era la X del chivatazo. Tuvo que soportar y
sortear las maniobras del juez Gómez Bermúdez, que de manera alambicada trató de
tumbar toda la instrucción del sumario sin, finalmente, conseguirlo.
Por el camino se queda sin incorporar a la causa un informe elaborado por
Asuntos Internos y que pone sobre la mesa las múltiples maniobras dirigidas
desde estamentos político-policiales (durante el último Gobierno de Zapatero)
encaminadas a torpedear la investigación.
Llega a su primer puerto judicial pero parece que de momento cojea, que le
falta la pata política. ¿Habrá que dejar tiempo al tiempo?
>Vea hoy en Orbyt el vídeoanálisis de Fernando Lázaro.
Los policías se enfrentan a 10 años de cárcel
El fiscal general ordenó al encargado del caso que les acusara de colaborar
con ETA
Enrique Pamies y José María Ballesteros podrían salir del juicio del Faisán
con condenas de hasta 10 años de cárcel. Ésa es la solicitud de prisión más
elevada de los cuatro escritos de acusación que están sobre la mesa de Sección
Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional: los de la Fiscalía, Dignidad y
Justicia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular.
Todos ellos recogen una calificación jurídica coincidente para el relato de
lo sucedido la mañana del 4 de mayo de 2006: un acto de colaboración con
organización terrorista. Sin embargo, el escrito de la Fiscalía lo califica de
esa manera únicamente de manera subsidiaria y por orden expresa de la Fiscalía
General del Estado.
Hasta hace cinco meses, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza, y en
particular el fiscal del caso, Carlos Bautista, planteaban únicamente que los
hechos se consideraran «un delito de revelación de secretos con grave daño para
la causa pública». Finalmente, el pasado mes de abril, Eduardo Torres Dulce
ordenó que el escrito de acusación incluyera expresamente, aunque fuera como
calificación alternativa, la posibilidad de que se tratara de un delito de
colaboración terrorista. Un factor clave para dar esa orden fue una reciente
sentencia del Supremo que deslindaba con precisión los requisitos de ese delito
y a cuya luz el caso Faisán sí era un caso de colaboración terrorista.
El escrito del Ministerio Público, siempre de particular relevancia para
cualquier tribunal, reclama para el ex jefe superior de Policía del País Vasco
dos años de prisión por revelación de secretos. Esa eventual condena, de llegar
a ser firme, no supondría su ingreso efectivo en prisión al no superar los dos
años. Lo que sí conllevaría es la expulsión del Cuerpo de Policía de quien hoy
es el máximo responsable provincial de Huesca, ya que el fiscal añade la
petición de inhabilitación para formar parte de cualquier fuerza o cuerpo de la
seguridad del Estado o de otra fuerza de seguridad autonómica o local. En el
caso de Ballesteros, la petición se atempera: año y medio de prisión y tres años
de inhabilitación por idéntico delito.
Ésa es la opción que la Fiscalía prefiere y la que el fiscal Bautista tiene
previsto defender en su informe final a la Sala. Pero, alternativamente,
propondrá las condenas a ambos de cinco años de cárcel por colaborar con ETA –el
mínimo posible para ese delito–, además de 11 años de inhabilitación.
La acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia, la asociación que
preside Daniel Portero, reclama las penas más altas: 10 años de cárcel para
Pamies –el máximo legal por colaboración– y nueve para Ballesteros, ambos por un
delito de colaboración terrorista en concurso ideal (es decir, que no conlleva
su propia pena sino que eleva la del delito de terrorismo) con otro de
revelación de secretos.
Esa misma fórmula del concurso de delitos es la empleada por la AVT, que
reclama penas prácticamente iguales: ocho años y medio para Pamies por dar el
soplo a la banda y ocho para Ballesteros por participar en él.
Los dos policías tendrán enfrente a una cuarta acusación nada habitual. El
Partido Popular pide para los policías de Rubalcaba ocho años y medio por
colaboración terrorista, en el caso de Pamies, y siete años y medio por el mismo
delito para Ballesteros.
La penúltima palabra –la última la tendrá el Tribunal Supremo– sobre si se
cometió un delito, sobre si los acusados fueron los autores y sobre cuál es la
calificación jurídica correcta– corresponde a la Sección Tercera de lo Penal,
presidida por Alfonso Guevara. La ponencia de la decisión correrá a cargo del
magistrado Antonio Díaz Delgado. El tribunal lo completa el magistrado Guillermo
Ruiz Polanco.
El juicio contará con una importante particularidad. La Sala ha dado luz
verde a que comparezca como testigo protegido un miembro de ETA que ha sido
confidente de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La declaración de El Romano
ha despertado cierta controversia. Hubo quien, inicialmente, se planteó cómo
podía acudir a dependencias judiciales una persona que pertenecía a ETA y que
seguramente estaba siendo buscada. La duda quedó despejada cuando se supo que El
Romano, la coartada de Pamies para el juicio, tenía prescrita la orden de busca
y captura casualmente desde el pasado mes de mayo.
La Policía detectó maniobras para
ocultarlo
La Policía ha puesto en marcha una nueva actuación encaminada a revisar
casos, detectar errores y tratar de mejorar, a partir de ellos, las
investigaciones policiales.Y para ello, ha organizado nuevo grupo de análisis,
de especialistas, que revisan los casos más significativos que la Policía ha
tenido entre manos o, incluso, casos históricos que no han podido ser resueltos.
Ese nuevo equipo de analistas está integrado en la Unidad de Asuntos
Internos. Y entre los casos que han caído en sus manos está el chivatazo del
Faisán.
Durante varios meses, este grupo de analistas ha estado revisando, con un
«ojo puro», con una «mirada sin contaminación», todas las actuaciones llevadas a
cabo desde 2006. Se trataba de auditar las indagaciones realizadas hasta ese
momento y conocer si el grupo de analistas llegaba a las mismas conclusiones que
los investigadores, que el grupo que, bajo la batuta de la autoridad judicial,
estuvo dirigido por el ya comisario Carlos Germán.
Los especialistas, como ya adelantó EL MUNDO, han concluido que las sospechas
sobre la autoría del chivatazo se centran en las mismas personas que señaló el
equipo policial de Carlos Germán y que están procesadas por el juez Ruz.
Revisaron todo el sumario y analizaron y cruzaron de nuevo datos sobre los
movimientos telefónicos que se produjeron en la zona del bar Faisán, en Irún,
aquella mañana del 4 de mayo de 2006. También estudiaron las conversaciones
intervenidas.
Según estas fuentes, los expertos policiales han detectado, tras estudiar
toda la documentación, maniobras por parte de responsables policiales de aquella
etapa (2006) para tratar de evitar el esclarecimiento de los hechos.
Bruscos frenazos
Y también advierten de que, viendo el comportamiento judicial durante toda la
instrucción, se detectan unas aceleraciones y unos bruscos frenazos en las
pesquisas, como si alguno de los tres magistrados no hubiera sido lo profesional
que se debiera a la hora de afrontar uno de los mayores escándalos de los
últimos años. Y donde advierten este comportamiento es durante la instrucción de
Baltasar Garzón, aunque en ningún momento lo citan expresamente ni le acusan
claramente de bloquear el caso. Pero sí comparan su actividad con la de los
otros dos instructores, Fernando Grande Marlaska y Pablo Ruz.
