M. M. /Madrid/ El Mundo
La secretaría de Gobierno de la Audiencia ya ha ordenado que la comisión rogatoria sea traducida «a la mayor brevedad posible». Una vez que examine la información, el juez deberá resolver si su contenido requiere nuevas diligencias de investigación, que también podrán ser propuestas por las partes personadas.
La solicitud de colaboración a la Justicia francesa pretende arrojar luz sobre algunos puntos de la investigación. El principal, qué es lo que llevó el 4 de mayo de 2006 a la juez antiterrorista a negarse a practicar las detenciones, acordadas con el juez Grande-Marlaska, del etarra Antonio Cau y del dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, cuando éste le entregaba lo que podía ser dinero de la extorsión. La negativa se produjo poco después de que, en el lado español de la frontera, Elosua recibiera el chivatazo.
La comisión rogatoria reclamaba a Le Vert todos los datos de tráfico telefónico que la Policía francesa hubiera obtenido en su investigación. El juez Garzón se negó en un primer momento a pedir esas explicaciones, que consideró «innecesarias». La Sección Segunda de la Audiencia Nacional le corrigió afirmando que «no está aclarado [...] el motivo por el que se tomó esta decisión y si, efectivamente, la filtración tuvo algo que ver con aquélla».
La Fiscalía ha pedido el archivo provisional del caso, en el que están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector.
El diputado del PP Ignacio Gil Lázaro consideró ayer una «buena noticia» la respuesta francesa, pero lamentó que llegara «en la última semana del curso político, cuando no hay sesión de control», lo que le impedirá preguntar al Gobierno sobre el asunto en las próximas semanas.
Vamos haber que ocurre, ahora que ya está todo el sumario. Esperemos que si no hay zancadillas, se resuelva este nefasto asunto.
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