lunes, 11 de agosto de 2014

Camacho y Rubalcaba, las caras políticas del Faisán y la negociación con ETA, se despiden en septiembre

DEJAN SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

Libertad digital



Volverán a sus actividades profesionales anteriores a la política. Rubalcaba a la universidad, Camacho a su carrera como fiscal.
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Rubalcaba cede la cartera de Interior a Camacho en julio de 2011. | Archivo



2014-08-11
Fueron los hombres fuertes del Ministerio del Interior. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena convulsión nacional por la negociación política con los terroristas de ETA y por el chivatazo a la banda en el bar Faisán, eran los encargados de dirigir uno de los ministerios más importantes con auténtica mano de hierro. Los dos abandonarán la política en activo en el mes de septiembre, cuando está previsto que dejen el escaño que ocupan en el Congreso de los Diputados.
Tras las elecciones generales de 2004, Alfredo Pérez Rubalcaba fue designado portavoz del PSOE en la Cámara Baja mientras que Antonio Camacho entró desde el principio en el Gobierno, tomando posesión como secretario de Estado de Seguridad, el segundo cargo en importancia dentro del departamento. El destino les unió en abril de 2006, cuando Zapatero puso al frente de Interior al primero de ellos para que controlase la negociación con los terroristas.
Sólo un mes después de que el dúo comenzase a trabajar mano a mano en la sede del Paseo de la Castellana, dos agentes de la Policía Nacional advertían a dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), lugar de referencia para el aparato de extorsión de ETA, de una operación antiterrorista que estaba preparada ese mismo día y que podía acabar con varios terroristas de ETA, el dueño del negocio y el veterano dirigente del PNV Gorka Aguirre con los huesos en la cárcel.
El propio Camacho, por indicación de Rubalcaba, fue el encargado de desplazarse hasta París, donde intentó apaciguar los ánimos de la juez antiterrorista francesa Laurent Le Vert, que clamaba contra el Gobierno español por haber filtrado una operación contra una de las estructuras más importantes de la banda terrorista, y que llevaba siendo preparada desde hacía meses.
Ya con la maquinaria engrasada, el Gobierno empezó a hacer públicos los supuestos informes de verificación de la ausencia de actividad criminal por parte de ETA, unos informes elaborados desde el Ministerio del Interior en los que se ponía de manifiesto que la banda ya no tenía ningún tipo de actividad y en los que se ocultaban que las cartas de extorsión seguían llegando a los empresarios y se omitía los robos que ETA perpetraba en Francia para rearmarse.
Pérez Rubalcaba Camacho relajaron a las Fuerzas de Seguridad, que pese a las instrucciones políticas que recibían continuaron desarrollando operaciones contra ETA, aunque eso sí, en número mucho menor a las que se desarrollaban de manera habitual antes del proceso de negociación. El objetivo era que Policía y Guardia Civil no entorpecieran la apuesta personal del presidente del Gobierno: un final negociado del terrorismo.
Público ya en los medios de comunicación el chivatazo a ETA, los dos hombres fuertes del Ministerio del Interior negaron una y otra vez la evidencia, aprovechándose de que la investigación judicial estaba prácticamente paralizada debido a que saltaba de juez en juez en laAudiencia Nacional. Cuando la oposición o los medios les preguntaban por el caso utilizaban a las Fuerzas de Seguridad y a sus asesinados por ETA como parapeto.
La investigación judicial terminó sacudiendo al Ministerio del Interiorcuando el juez imputó a dos policías y al entonces director general de la Policía por la delación, y el teléfono móvil profesional de Antonio Camacho se entremezcló en el juego de llamadas clave del caso. Su68674XXXX aparecía dentro del tráfico de llamadas registrado por los investigadores policiales antes, durante y después del soplo a los etarras.
Por si fuera poco, el teléfono móvil que había utilizado el entonces máximo responsable de la Policía, Víctor García Hidalgo, para comunicarse con Camacho y al que éste había respondido no era ninguno de sus teléfonos móviles habituales, sino una línea prepago, con número 648XXX190, que para colmo había sido facilitada como salvoconducto a Jon Iurrebaso, uno de los etarras encargados de negociar con el Gobierno, y que este había intentado utilizar en Francia para evitar su detención en marzo de 2007, pero que no le sirvió de nada.
En julio de 2011, Rubalcaba abandonó el Ministerio del Interior para convertirse en candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en unas elecciones que los socialistas terminarían perdiendo el 20 de noviembre de ese año. Camacho, tras siete años como número dos del Ministerio del Interior, fue premiado con una cartera de ministro que apenas le duró cinco meses.
Una inexplicable decisión judicial desimputó al exdirector de la Policía en la causa del chivatazo a ETA y dejó sólo en el banquillo de los acusados a los dos policías nacionales acusados con él inicialmente. Ambos mandos del Cuero Nacional de Policía negaron el soplo a ETA durante el juicio en la Audiencia Nacional, y lo reconocieron, aunque dijeron que fue una orden política, durante su defensa en el Tribunal Supremo.
Los dos policías han sido condenados a penas de prisión, aunque no ingresarán, y serán expulsados del cuerpo salgo indulto del Gobierno. Los dos máximos responsables del Ministerio del Interior se retiran de la vida política este mes de septiembre y podrán volver a sus trabajos anteriores a su entrada en política: Rubalcaba volverá a dar clases en la universidad, Camacho continuará su carrera profesional como fiscal.

miércoles, 6 de agosto de 2014


La Justicia restituye la imagen de Sánchez Manzano, el comisario criticado por los que plantearon teorías alternativas del 11M

Lainformación.com“El estudio de las sentencias no permite apreciar ni una línea ni un párrafo ni un apartado que supusiese un cuestionamiento de su actuación”El 


Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid cierra el último fleco judicial de los atentados de 2004 con una reprimenda a las víctimas (AVT y AAV11M) por tratar de "imponer su autodefinida verdad sobre la verdad judicial"
Han tenido que pasar diez años de los atentados del 11 de marzo de 2004 para que la Justicia cierre definitivamente cualquier fleco que tuviera que ver con la masacre más devastadora de la historia de España. Lo ha hecho el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid a través de un auto, emitido el pasado 11 de julio, que rechaza la personación de las víctimas en un caso que además ya estaba cerrado y que había sido calificado como cosa juzgada. Era un pequeño fleco, pero era el último que quedaba.El recorrido judicial de todo lo relacionado con el 11M está, por lo tanto, finiquitado. Las resoluciones han sido consideradas firmes por elTribunal Supremo y no hay más campos para plantear recursos, más allá de que en algún momento se encontraran pruebas no halladas hasta el momento, cosa poco probable teniendo en cuenta el esfuerzo judicial y policial, así como el detallado seguimiento mediático que ha habido durante todo el proceso.El auto del Juzgado número 6 con el que se cierra definitivamente el camino judicial sirve también para rehabilitar la imagen de una de las figuras que ha ocupado más titulares de periódicos y portadas de informativos durante los últimos diez años, el que fuera comisario jefe de los Tedax cuando se produjeron los atentados, Juan Jesús Sánchez Manzano, cuya labor pretendía ser puesta en duda durante este último fleco judicial tanto por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M (AAV11M) como por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).La resolución judicial despeja cualquier duda sobre la profesionalidad de Sánchez Manzano. “El estudio de la sentencia de la Sala de lo Penal que enjuició los atentados (…) y de la sentencia del Tribunal Supremo (…) no permite apreciar ni una línea ni un párrafo ni un apartado que supusiese un cuestionamiento de la actuación de Juan Jesús Sánchez Manzano y de la perito Tedax 17.632”, aclara el auto, que vuelca todo su malestar con las asociaciones denunciantes (AVT y AAV11M), a quienes obliga a abonar las costas judiciales y los honorarios de la defensa por apreciar que han mostrado “temeridad manifiesta” en sus pretensiones.“Los demandantes incurren en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley y procesal” al tratar de personarse en una causa que ya ha sido juzgada y considerada firme por el Tribunal Supremo. No corresponde al juzgado, señala el auto, “la tarea de desvelar bulos y teorías sobre conspiraciones, máxime cuando la verdad judicial ya quedó establecida en la sentencia de la Audiencia Nacional”."Pretensión de apariencia delictiva"El Juzgado número 6 argumenta que “los querellantes (…), para vulnerar la cosa juzgada, articularon artificialmente, y con pretensión de apariencia delictiva”, las demandas que interpusieron inicialmente ante el Juzgado número 43 de Madrid, que finalmente archivó la causa.“Mediante juicios de valor interesados y meras conjeturas, elucubraciones, hipótesis y artificiales lecturas de un libro (Tytadine) y artificiosas y parcializadas lecturas fragmentadas, descontextualizadas, del resultado del juicio oral seguido en la Audiencia Nacional (…) se pretende sostener la existencia de hechos nuevos”, razona el auto, que entiende que el “análisis de restos de explosivos, de recogida de vestigios, no solo ya fueron por el tribunal sentenciador (…) y por el Tribunal Supremo, sino que (…) el Juzgado Central número 6 y la Sección Tercera de la Audiencia Nacional zanjaron también las cuestiones”.El escrito judicial califica las supuestas nuevas pruebas que aportaron las asociaciones de víctimas con base en el citado libro de “inutilidad total a efectos de descubrimiento de hechos nuevos”. “Nada, absolutamente nada de lo denunciado en el Juzgado número 43 añade nada nuevo a lo conocido y resuelto en el Juzgado número 6”.Asegura que los demandantes no tuvieron en cuenta la sentencia de la Audiencia Nacional ni la posterior ratificación del Supremo y olvidaron que “las interpretaciones discordantes de parte no pueden imponerse sobre resoluciones judiciales firmes”. Quieren actuar, continúa, “comoPolicía Judicial, Científica, Tedax, Ministerio Fiscal, jueces de instrucción, salas de recursos, salas de enjuiciamiento de la Audiencia Nacional e incluso de Sala de lo Penal del Supremo”.“En suma, pretenden imponer su autodefinida verdad sobre la verdad judicial”, añade el auto, que tacha de “devastador ataque al derecho constitucional y a la seguridad jurídica” la intención de volver a abrir el caso si elementos novedosos, ya que se trata de un “derecho fundamental” el que “impide castigar dos veces por el mismo delito”. “No se puede seguir otro procedimiento de semejante orden penal sobre los mismos hechos y respecto de las mismas personas cuando la causa criminal ya fue resuelta por sentencia firme”, concluye.