domingo, 31 de marzo de 2013

ETA presiona a Maduro para que no desmonte su oasis venezolano


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 30/03/2013 PORTADA/El Mundo


  • Una delegación 'abertzale' se reúne en Caracas con un ex ministro, un diputado, el equipo de la vicepresidenta del Parlamento y empresarios

     Dios nos libre del socialismo, de sus monarquías hereditarias y de su partido únicoEl entorno de ETA ha reaccionado a la muerte de Hugo Chávez emprendiendo una ofensiva diplomática en Venezuela para tratar de influir en cargos políticos y empresarios cercanos al nuevo presidente y candidato a la sucesión, Nicolás Maduro, con el fin de perpetuar la protección del régimen bolivariano, un auténtico oasis caribeño donde permanecen prófugos de la Justicia al menos unos 30 etarras.

    Venezuela ha sido uno de los últimos paraísos para la banda terrorista y para sus organizaciones satélite de la izquierda abertzale; uno de esos lugares donde se sienten seguros y donde siempre encuentran respaldo para sus iniciativas políticas y propagandísticas.
    Los radicales están tratando de blindar esa situación y han puesto en marcha maniobras internacionales en los centros donde encuentran asideros a su discurso, con el fin de que el cambio de presidente no suponga una pérdida de su actual estatus de privilegio.

    Las organizaciones de la izquierda abertzale no creen que vaya a variar mucho su cómoda situación pero, por si se produce algún imprevisto, han activado su aparato diplomático. De hecho, el contacto con Nicolás Maduro no era igual de solvente que el que tenían con Chávez, según explicaron fuentes cercanas al entorno radical.

    Esperando a Cubillas
    España espera en vano desde hace dos años y medio que Venezuela le entregue al etarra Arturo Cubillas para poder juzgarlo. El juez Eloy Velasco lo reclama porque lo considera el jefe de la colonia de la banda en el país caribeño y cicerone de los contactos, bajo el amparo de Hugo Chávez, entre ETA y las FARC para fabricar armas, organizar cursillos y preparar atentados. A la vista de la altura política de las acusaciones, ni era probable que el fallecido presidente lo extraditase ni en absoluto lo es que lo haga Nicolás Maduro. El Gobierno de Zapatero acordó en octubre de 2010 pedir a Venezuela la entrega de Cubillas, entonces como colaborador de ETA, aunque un auto posterior de procesamiento lo ascendió a dirigente de la banda, junto a los 'números uno' 'Thierry' y 'Atta'. La fiscalía bolivariana defendió el argumento de que Cubillas no puede ser extraditado porque obtuvo la nacionalidad venezolana. De hecho, trabaja como director de Bienes y Servicios del Instituto Nacional de Tierras, encargado de ejecutar las expropiaciones

    Los radicales

    Los analistas lo tienen claro: la izquierda radical teme que se produzca un cambio político en Venezuela tras la muerte de Chávez que pueda dar al traste con las especiales relaciones que hasta ahora ha mantenido con ese régimen. Y el posible cambio podría afectar al colectivo de miembros de la organización terrorista que se refugia allí. Las estimaciones policiales apuntan que en aquel país se encuentra más de una treintena de miembros de ETA prófugos de la Justicia.

    El vínculo que ha logrado el entorno de la banda con el empresariado venezolano cercano al poder ha provocado incluso que se esté produciendo un hecho curioso: los inversores vascos que pretenden entrar en Venezuela buscan el apoyo de la izquierda abertzale, que está sustituyendo la actuación de las instituciones diplomáticas y del comercio exterior españolas.

    Así, la izquierda abertzale está haciendo «un gran esfuerzo» para mantener e incluso intensificar sus relaciones con el régimen chavista y trata de potenciar sus vínculos con dirigentes e instituciones de Venezuela. Los radicales quieren rentabilizar la situación iniciada tras el alto el fuego de ETA y explotar el argumento de que la banda ha dado el paso y ya no está por la violencia, especialmente en aquellos países, como es Venezuela, donde existe mayor afinidad ideológica. Según explicaron las mismas fuentes, el pasado mes de febrero representantes de las organizaciones afines a ETA viajaron a Venezuela y mantuvieron contactos con todo aquél que tuviera cierto nivel político y al que pudieran acceder. También lo hicieron en el mundo empresarial y el cultural (singularmente, con profesores y responsables universitarios). Entre los políticos con los que los representantes abertzales lograron reunirse está Vladimir Castillo, asesor personal de Blanca Eekhout, vicepresidenta segunda del Parlamento venezolano. Inicialmente, iba a asistir a la cita también ella pero no pudo acudir por «problemas de agenda». No habría sido, en todo caso, su primer encuentro con la izquierda radical. Los comisionados del entorno de ETA también se encontraron en febrero, en ese mismo viaje, con Amílcar Figueroa, antiguo guerrillero, ahora diputado y ex presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Éste les trasladó su «preocupación» porque el nuevo Ejecutivo de Maduro trate de avanzar hacia posiciones más «socialdemócratas». Incluso les avanzó que es un político más partidario de la «vía brasileña». Los radicales vascos se reunieron también con Miguel Ángel Rodríguez, ex ministro de Medio Ambiente y actual presidente de Petróleos y Gas de Venezuela. Según explicaron estas fuentes, el ahora empresario se interesó por la situación actual que atraviesa el País Vasco, después del alto el fuego. Pero las gestiones no se limitaron al mundo político. También aprovecharon su estancia en Venezuela para tratar de estrechar lazos con empresarios para poner en marcha cooperativas en aquel país. Estas fuentes precisaron que los radicales también realizaron contactos para buscar la implantación de una franquicia de tabernas vascas. En cuanto al ámbito cultural y educativo, un sector donde los abertzales siempre han centrado sus esfuerzos, la delegación mantuvo reuniones con profesores y representantes del ámbito universitario. quieren impulsar un máster sobre Euskal Herria . Su proyecto es realizar también, en reciprocidad, otro curso similar en la Universidad del País Vasco sobre la República Bolivariana. La vinculación de la izquierda abertzale con el actual régimen chavista de Venezuela es grande. A los actos tras la muerte de Hugo Chávez acudió una comisión encabezada por el diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, y el responsable de Sortu para Iberoamérica, Asier Altuna. Además, diferentes organizaciones realizaron homenajes póstumos en diversas ciudades vascas, con la asistencia de dirigentes, en recuerdo del presidente fallecido. 
  • JOSEAN IZARRA BILBAO
  • 30/03/2013 ESPAÑA
  • Sortu utiliza a 'Thierry' contra España y Francia

    Pide su libertad por enfermedad, de la que culpa a la «criminal» política penitenciaria
     Dios nos libre del socialismo, de sus monarquías hereditarias y de su partido único
    Sortu reactivó ayer su presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoy para que modifique la política penitenciaria con los presos de ETA al utilizar la hospitalización del ex número uno de la banda Francisco Javier López Peña, Thierry. Según la organización de apoyo a los reclusos etarras Herrira, Thierry sufrió el pasado jueves un derrame cerebral que le impide levantarse y su situación se agravó durante la tarde de ayer.

    El portavoz de Sortu Pernando Barrena vinculó ayer la situación clínica de Thierry con una «política penitenciaria criminal» por parte de Francia y España e hizo pública la «solidaridad y apoyo» de la formación política abertzale con el preso y sus familiares. López Peña, de 54 años, era el responsable político de ETA cuando fue detenido en mayo de 2008. Fue el último interlocutor con el que el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, negoció en los contactos que, con el conocimiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero, mantuvo hasta el mes mayo de 2007.

    Barrena arremetió ayer contra la política penitenciaria de los gobiernos español y francés horas después de confirmarse que López Peña continúa estable dentro de la gravedad en el hospital Pitié-Salpêtriere de París. Thierry, encarcelado en la prisión de Fleury-Merogis, fue trasladado el 11 de marzo al hospital Corbeil-Essonne al sufrir, supuestamente, un infarto. Dos días después, al ex jefe de ETA se le cambió al hospital Pitié-Salpêtriere, donde permanece, pero el centro hospitalario no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la presencia y estado de salud del preso etarra.

    Sortu se sumó ayer a la denuncia formulada unas horas antes por Herrira y su portavoz Pernando Barrena acusó a «Madrid y París de jugar a la ruleta rusa con los presos políticos vascos y sus familiares». El dirigente de la izquierda abertzale hizo pública, a través de un comunicado, la «preocupación» por el estado de salud de uno de los últimos jefes de la banda terrorista ETA, que adquirió un significativo protagonismo tras su detención por efectivos de la policía francesa en mayo de 2008.

    Un año antes, Thierry se convirtió primero en el acompañante y posteriormente en el sustituto de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en las conversaciones que mantuvo la dirección de la banda con el dirigente socialista vasco Jesús Eguiguren en Ginebra y Oslo.

    El portavoz de Sortu y la plataforma de apoyo a los presos etarras Herrira vincularon la situación de López Peña con el fallecimiento, el pasado día 14, de Ángel Figueroa, un miembro de ETA con una condena de cárcel de 67 años, pero que desde 2008 se encontraba en tercer grado por sufrir una enfermedad incurable.

    Barrena también se refirió a un accidente sin daños personales de dos amigos de un preso encarcelado en Jaén, mientras que Herrira añadió en su denuncia pública presuntos malos tratos sufridos por presos en la cárcel francesa de Muret y en las prisiones de Puerto III y Sevilla.

  • E. M. MADRID
  • 30/03/2013 ESPAÑA
  • El duro que advirtió al Gobierno que comprase «corbatas negras»

    ETA voló la T-4 bajo su mando para chantajear a Zapatero


    El etarra Francisco Javier López Peña, 'Thierry', se resiste durante un registro tras ser detenido en Burdeos. / JUSTY
    El nombre de Francisco Javier López Peña, Thierry, quedará asociado siempre al fracaso de las negociaciones con ETA que fueron la gran apuesta política del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue él quien, como jefe de la banda, decidió poner fin al «alto el fuego permanente» en la víspera de la Nochevieja de 2006, cuando los terroristas volaron por los aires el aparcamiento de la T-4 de Barajas, asesinando a dos jóvenes ecuatorianos.

    Thierry había ascendido a la cúpula de ETA durante la segunda mitad de ese año, al frente de un sector duro que era partidario de poner muertos encima de la mesa de negociación, y desplazó a Josu Ternera como portavoz de la banda. Los enviados de Zapatero se encontraron con él, a quien inicialmente no fueron capaces de identificar, en una reunión a mediados de diciembre en Suiza y se sorprendieron con su tono amenazante. Meses más tarde, cuando a pesar del atentado de la T-4 se retomaron los contactos, Thierry les advirtió de que fuesen comprando «corbatas negras». Con Thierry como número uno , ETA asesinó, además de a los dos ecuatorianos, a dos guardias civiles en Capbreton, al ex concejal del PSOE Isaías Carrasco y al agente del Instituto Armado Juan Manuel Piñuel. Fue arrestado en mayo de 2008 en Burdeos y se le incautó abundante documentación que sirvió para descabezar sucesivamente a la banda y para desvelar la trama que vincula a ETA al régimen de Hugo Chávez. Por esos contactos con Venezuela está procesado. Thierry es un veterano -tiene ahora 54 años- que ingresó en 1980 en ETA (p-m) y ya entonces se opuso a una negociación con el Gobierno: la que impulsó UCD con los polimilis . En 1983, fue arrestado en Bayona junto a Arnaldo Otegi y, tras pasar por la cárcel, huyó a Suramérica. Volvió a Francia en los 90 y se hizo cargo de los zulos y de los cursillos hasta su ascenso definitivo

    Libertad para Ion Kepa Parot
     
    Bilbao
    El Tribunal de Apelación de Penas de Francia comunicó ayer que acepta la petición de libertad condicional para el preso de ETA Ion Kepa Parot, hermano mayor del también recluso etarra Unai Parot.
     
    La puesta en libertad de Ion Kepa Parot no se producirá de manera inmediata porque la Fiscalía presentó un recurso y éste no será resuelto hasta dentro de dos meses, como mínimo.
    Francia ha decidido conceder la libertad de Ion Kepa Parot, que ya ha cumplido 22 años de cárcel y que fue acusado de formar parte de la organiza ción terrorista ETA en el país vecino. Los abogados del preso ya habían reclamado su excarcelación en otras tres ocasiones anteriores.

    Parot deberá llevar un brazalete electrónico de seguimiento, tendrá que residir en la región de Picardie, situada al norte de Francia, y durante cinco años no podrá desplazarse a otros lugares.
    Los jueces franceses se habían opuesto en anteriores ocasiones a la petición de puesta en libertad, al considerar que Parot «mantenía contacto con otros presos vascos» y continuaba «vinculado» con el entorno 'abertzale'.
     
    El Tribunal de Apelac ión también constató en los argumentos para denegar con anterioridad esta petición que el hermano de Unai Parot, «pese a haber tomado conciencia de la gravedad y los efectos de la lucha armada, no reniega de sus convicciones». Ahora, sin embargo, ha ordenado su excarcelación.

    miércoles, 27 de marzo de 2013

    Implican a dos comisarios en el espionaje de Rubio



  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 27/03/2013/El Mundo
  • 12
  • ESPAÑA


  • La Justicia investiga quién le facilitó datos reservados al que fuera jefe anti ETA de Zapatero y si le puso una baliza a su ex mujer


    El comisario Telesforo Rubio. / J. M.
    El que fuera jefe policial de la lucha antiterrorista durante el primer mandato de Zapatero en el Gobierno no dudó en extender todos los tentáculos de su influencia para acosar y espiar a su ex mujer. Al menos es lo que se desprende de la documentación interna aportada por la Policía a los juzgados sobre el caso del comisario Telesforo Rubio.
    Y es que en esta trama de espionaje a su ex mujer, en la que ya están imputados cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía, también podrían estar relacionados otros dos comisarios.

    Rubio se pudo servir de sus influencias y contactos en la Policía, donde ocupó puestos de altísimo nivel, para obtener datos confidenciales y reservados sobre los amigos de su ex mujer. En concreto, habría accedido a bases de datos para obtener información sobre un ciudadano amigo de la ex mujer del que fue comisario general de Información.

    Los cuatro agentes que han declarado como imputados por facilitarle datos reservados a Rubio no han tratado de esconder nada. Bien al contrario, han dejado claro que les requirieron datos y que los facilitaron, y que las solicitudes vinieron o bien de sus superiores o bien directamente del propio Rubio. Pero uno de ellos llegó a implicar en el caso, en las peticiones, directamente a dos comisarios.

    En concreto, el pasado 14 de marzo el jefe de uno de los grupos de la Udyco de Madrid prestó declaración como imputado por su relación con estos hechos. Aseguró que la nota en la que internamente se requerían datos sobre el amigo de la ex mujer de Telesforo Rubio se la pasó «el comisario jefe de la Udyco a los efectos de comprobar el contenido». Aseguró que la nota se la pasó «en mano su jefe diciéndole: 'Me ha pasado esta nota la comisaria'», indicó este imputado en su declaración. A preguntas de la acusación, este testigo insistió en que fue su comisario jefe el que le dio la nota y que venía de parte de otra comisaria.

    La Joint Venture de un juez desacreditado, casado con una tertuliana visceral contra el PP, con un partido comunista con ansias golpista contra la derecha. El hambre con las ganas de comerAhora, según las fuentes consultadas por este periódico, es muy probable que ambos comisarios tengan que comparecer también para aclarar su nexo con este asunto, para que declaren si la solicitud de información sobre el investigado provenía de Telesforo Rubio.

    Otro de los imputados aseguró que él facilitó datos sobre esa persona porque se le requirió por vía oficial, mediante un correo electrónico, desde la Agregaduría de Interior en la embajada de España en Moscú, destino que en aquellas fechas ocupaba Telesforo Rubio.

    Rubio, tras el 11-M y la victoria electoral de Zapatero, a las órdenes primero de José Antonio Alonso y y después de Rubalcaba en Interior, lideró la Comisaría General de Información. Posteriormente fue destinado a la embajada de España en Moscú. Actualmente ocupa una silla en el consejo asesor de la Policía.

    Otro de los imputados, tras conocer que había sido citado a declarar, elaboró un informe interno que elevó a sus superiores narrando su participación en los hechos. Este inspector jefe, destinado en la Udyco central, elevó un escrito de apenas folio y medio en el que comunicó su imputación en un sumario y explicó los pasos que dio: «A las 8.12 horas del pasado 23-2-2012 recibo un correo electrónico desde la dirección de correo [facilita la dirección profesional de Telesforo Rubio], quien entonces era consejero de Interior en la Federación Rusa. En dicho correo, el cual se adjunta al presente, así como los posteriores a que dieron lugar, se solicita 'antecedentes policiales y/o si existen investigaciones sobre el ciudadano siguiente [y aporta la identidad del amigo de la ex mujer de Rubio], también cual de los DNI siguientes le corresponde, así como datos de filiación'».

    Según este mando policial, contesta a la petición de Rubio, «pero da lugar a más peticiones y se llega a remitirle copia de un atestado policial». «Tiempo después, que no puedo precisar, Telesforo me cita en un bar pues tenía interés en conocerme y agradecerme el apoyo y las informaciones que periódicamente se remiten a consejeros y agregados». Al mes siguiente, «me cita en el mismo bar y me comenta que está en trámites de separación y que los datos que consultó eran de un amigo de su ex mujer y que al consultar su DNI y antecedentes, la Brigada de Asuntos Internos sabía que había sido yo, mostrándome un escrito en el que figuraba el día y la hora de la consulta realizada, así como mi número de carné profesional, destino, nombre y dos apellidos, por lo que me dijo que seguramente sería llamado a declarar por Asuntos Internos».

    Este mando explica otras conversaciones posteriores con Rubio por teléfono en las que siempre le pregunta si ha sido citado por Internos. Cuando le llega la notificación judicial, «le hice ver mi enfado y preocupación por el particular», porque siempre había entendido que «las consultas eran profesionales y no particulares».

    En las pesquisas también se está investigando la procedencia de una baliza colocada en el coche de la ex mujer de Rubio y que emitía señales cada tres minutos que permitían su constante localización.

    PP: los etarras no son «presos políticos»


  • JOSEAN IZARRA BILBAO
  • 27/03/2013 ESPAÑA/El Mundo

  • Quiere que el Parlamento vasco rechace la forma con que Bildu se refiere a los terroristas

    La Joint Venture de un juez desacreditado, casado con una tertuliana visceral contra el PP, con un partido comunista con ansias golpista contra la derecha. El hambre con las ganas de comerEl PP vasco convertirá su agria queja por el uso del término «presos políticos» referido a los miembros de ETA en un debate parlamentario en el que, de nuevo, EH Bildu tendrá que posicionarse después de haber sufrido en dos plenos consecutivos las críticas del resto de partidos de la Cámara vasca.

    El parlamentario Borja Semper ha registrado una proposición no de ley en la que plantea que se declare «con total rotundidad que en España no existen presos políticos». El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, impulsor de esta iniciativa, pretende además conocer con detalle las estrategias del PNV y del PSE antes de decidir su participación en la ponencia de Paz y Convivencia que comenzará sus trabajos el próximo 11 de abril.

    El PP vasco mantendrá la presión política sobre el grupo de EH Bildu que lidera Laura Mintegi y ha decidido transformar en una iniciativa parlamentaria la protesta que el pasado día 14 de marzo trasladaron a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, tanto la portavoz popular, Arantza Quiroga, como su compañero Nerea Llanos. Las dos parlamentarias del PP reclamaron la intervención de la presidenta de la Cámara por la utilización por los portavoces de EH Bildu Laura Mintegi y Julen Arzuaga del término «presos políticos» para referirse a los miembros de la banda encarcelados.

    Semper plantea una escueta pero contundente proposición no de ley que justifica a partir de la defensa de los Derechos Fundamentales que se recogen en los 30 primeros artículos de la Constitución. «Aunque para la inmensa mayoría de la población vasca y el conjunto de la española resulta una obviedad, en nuestro país es imposible que alguien pueda ser encarcelado por defender una opción religiosa, ideológica o política», señala la iniciativa parlamentaria impulsada por el PP vasco.

    El parlamentario guipuzcoano denuncia que «la autodenominada izquierda abertzale, en sus múltiples marcas, se empeña una y otra vez en denominar a los miembros detenidos, juzgados y encarcelados de la banda terrorista como 'presos políticos', pretendiendo justificar o restar gravedad con ello a cientos de asesinatos y crímenes».

    El texto que será objeto de debate parlamentario también incide en que «tampoco podemos permitir que quienes, desde una soberbia intolerable, persigan blanquear la crueldad de ETA y que sus crímenes queden en parte redimidos». La iniciativa volverá a generar un tenso debate entre los portavoces del PP vasco y EH Bildu, aunque será la posición que adopten PNV y PSE la que determine el éxito de la propuesta.

    El PP vasco pretende resaltar en la Cámara autonómica las contradicciones de una EH Bildu que contextualiza los crímenes de ETA como consecuencias de un «conflicto político».

  • LEYRE IGLESIAS BILBAO
  • 27/03/2013 ESPAÑA
  • Urkullu pide a la banda que «termine lo que empezó»

    El lehendakari Iñigo Urkullu acusó ayer a ETA de «poner en entredicho» a los verificadores internacionales -que ella misma auspició- al «negar cualquier posibilidad de desarme», le culpó de «perjudicar» a sus presos y le recriminó que adopte «un papel de víctima» cuando es la «principal responsable».

    El dirigente criticó que la banda terrorista «pretenda erigirse en un agente que condiciona la vida en paz» de la ciudadanía, e insistió en que si el paso anunciado por ETA ha sido «unilateral», es ella quien «debe terminar lo que empezó».

    El lehendakarino sabía que ETA iba a enviar un comunicado y aseguró en la entrevista de ETB2 grabada a las 17.00 horas que no esperaba «nada» de ETA, ningún gesto ni comunicado, con motivo del Aberri Eguna (día de la patria) que se celebra este fin de semana.

    Cuando salía de la sede del ente supo la noticia y regresó al plató para que la televisión pública incluyera una nueva pregunta al respecto. Sus declaraciones fueron facilitadas a este diario por su equipo de comunicación, antes de que la entrevista íntegra se emitiera por la noche.

    En la primera grabación, Urkullu también consideró «difícil» que la banda se disuelva cuando tiene a un importante colectivo de terroristas entre rejas. El lehendakari reclamó además la «modificación» de la política penitenciaria, como viene haciendo el PNV desde la década de los 80, dijo. Si esta área fuera competencia del Gobierno vasco -como prevé el Estatuto de Guernica-, su Ejecutivo traería a todos los reclusos a las cárceles de Euskadi, porque el alejamiento de los presos de ETA «no tiene sentido», como tampoco la legislación excepcional diseñada para ellos. El objetivo de su gabinete sería la «resocialización» de los penados.

  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
  • 27/03/2013 ESPAÑA
  • ETA alaba a sus miembros por evitar 'accidentes y enfrentamientos'

    Advierte al Gobierno de las «consecuencias negativas» de no haber negociado en Oslo

    Probablemente la frase más característica del comunicado que ETA hizo público ayer fue aquella en la que dice: «ETA quiere destacar la responsabilidad y el nivel de compromiso de todos sus miembros, decisiva para evitar accidentes y enfrentamientos ante la irresponsabilidad del Estado». La organización terrorista sintió la necesidad de advertir de que su salida de Oslo sin poder negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy va a tener «consecuencias negativas» en general y de precisar, no obstante, que «seguirá trabajando para construir una decisión definitiva», es decir, que como viene diciendo desde el cese definitivo, no va a volver atentar, pero no pudo evitar deslizar una amenaza subrepticia.

    Quiso dejar claro el mensaje de que si no está pasando nada -y en ese nada incluye también alguna eventual división interna- es gracias a ella, porque a cualquiera de sus miembros se le puede escapar un mal gesto (involuntario, naturalmente); puede haber un accidente si alguien tropieza con uno de sus arsenales o puede escaparse alguna bala en alguna detención.

    El presidente del Gobierno, precisamente desde París, recordó ante Françoise Hollande -también interpelado por la banda- que todo eso se puede evitar si hace lo único que debe. Mariano Rajoy alegó que prefiere «pensar en positivo» y que «las consecuencias positivas para todos los españoles serán cuando ETA anuncie su disolución definitiva».

    El comunicado, que se produce en una de las tradicionales fechas elegidas por los terroristas para sus comunicados -el Aberri Eguna-, trata de intensificar la presión sobre el Gobierno español para que negocie, trata de acusarle de haber incumplido sus compromisos, pretende inducir al PNV también a este hostigamiento y es emitido en plena campaña de presión sobre el Tribunal de Estrasburgo, que ha de decidir sobre la vigencia de la doctrina Parot, de cuya aplicación depende el destino de 60 presos. No en vano, la izquierda abertzale se adelantó antes de la última vista para advertir a Europa de que «el proceso de paz» estará en peligro si la doctrina no es eliminada.

    ETA reconoce lo que publicó este periódico hace un año: que los dirigentes de la banda se encontraban en Oslo desde que Rajoy llegó al Gobierno, que han recibido a representantes políticos e internacionales, que se han quedado esperando al Ejecutivo para negociar la hoja de ruta pactada por Rodríguez Zapatero y presentada en la Declaración de Ayete y que se han tenido que ir.

    ETA advierte de las «consecuencias negativas» que pueden generarse de la decisión de «deshacer el espacio de diálogo y de negociación». Dicen que así «se atrasa y dificulta la resolución del conflicto», que para ellos estará resuelto cuando negocie con el Gobierno sobre presos y huidos, desarme y desmilitarización, y se alcance un acuerdo político. Asegura que ha cumplido su parte del acuerdo. Lo que oculta es que, aunque responsabiliza al Gobierno, hasta los verificadores internacionales dieron por perdidas por intransigentes las posiciones de Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal, a quienes ETA confirma en la interlocución. Los terroristas les recordaron, como ahora revelan, que ellos estaban allí sólo para constatar que no atentaban porque el asunto de darles las armas pertenecía a otra fase. Y los verificadores se fueron.

    Una cosa no aclara: dice que ha sido constructiva «cuando el Gobierno ha pedido tiempo para la reflexión y cuando surgió la ocasión de una relación discreta y estable». No precisa a qué Gobierno se refiere

    domingo, 24 de marzo de 2013

    La Justicia investiga a Telesforo Rubio por espionaje a su ex mujer


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 24/03/2013 ESPAÑA/El Mundo


  • Junto al hombre fuerte de la Policía tras el 11-M están imputados otros cuatro mandos


    Telesforo Rubio, en el centro, junto a Rubalcaba, cuando aún dirigía la Comisaría General de Información. / JAIME VILLANUEVA

    El que fuera el jefe de la lucha antiterrorista de la Policía con Rubalcaba, el comisario Telesforo Rubio, y otros cuatro miembros de la Policía Nacional están imputados por la Justicia: acoso, delitos de violencia de género y revelación de secretos. Un sudoku que tratan de resolver desde tres juzgados diferentes.

    Todo arranca después de que su ex mujer le denunciara por acosarle, tras haberse separado. Ya Rubio había abandonado la Comisaría de Información y ocupaba la plaza de agregado de Interior en la Embajada de Moscú. Su ex mujer acudió a la Policía y a los juzgados. Siempre le acusaba de estar siguiéndola, acosándola, cada vez que volvía de Moscú. Telesforo Rubio negó absolutamente todo.
    Su ex esposa compareció ante la Unidad de Asuntos Internos. Y esta unidad se puso las pilas porque había una serie de indicios claros de que Rubio podía estar sirviéndose de compañeros para obtener información policial de las personas del entorno de su ex mujer. Y fue en esa comparecencia ante Asuntos Internos cuando denunció el hallazgo de «un objeto electrónico con carcasa negra adosado a un compartimento ubicado encima de la parte superior del tubo de escape de su vehículo», según se detalla en el informe policial.

    Ese dispositivo, que llevaba una tarjeta SIM, resultó ser una «baliza». El dispositivo estaba adosado a los bajos del coche utilizado habitualmente por la mujer de Rubio. «Expuestos en dicho atestado los motivos que apuntan la existencia de un presunto control sobre su ex mujer que pudiera determinar la existencia de un delito de violencia de género y de coacciones por parte del funcionario policial reseñado, y teniendo por objeto el total esclarecimiento de los hechos, se orientó la investigación hacia la averiguación del origen y control del dispositivo mencionado», indicaba Asuntos Internos. Las pesquisas siguen vivas porque los especialistas se han encontrado con una larga lista de personas que han sido usuarias de la tarjeta SIM.

    El caso ERE, la mayor trama de corrupción de la Historia de EspañaLa ex mujer del ex jefe de la lucha antiterrorista de Rubalcaba también puso sobre la mesa otra serie de datos ante Asuntos Internos que ha abierto la caja de los truenos policiales. Una relación esporádica que mantuvo con un hombre durante apenas dos meses estuvo sobre la lupa policial, de forma claramente irregular. La ex mujer relató que en una ocasión, cuando estaba junto a esta persona en su vehículo detectó la presencia de su ex marido y que les estuvo siguiendo con su coche. «Pasada una semana», relata el informe de Asuntos Internos remitido al juzgado, «recibió una llamada de su ex marido manifestándole que quería hablar con ella en persona porque tenía que decirle algo importante. Quedaron a la salida del trabajo. Su ex marido llevaba un dossier en el que figuraba información [sobre la persona con la que su ex mujer tenía en ese momento una relación] y le dijo que era peligroso, que tenía antecedentes por tráfico de drogas y que no le podía enseñar más datos porque son confidenciales dado que hay abierta una investigación, y que tuviera mucho cuidado con quien se junta porque se puede meter en un lío». La Unidad de Asuntos Internos rastreó la consultas informáticas realizadas por la Policía sobre el amigo de la ex mujer de Rubio. En un primer momento ya identificó a cuatro funcionarios que las habían realizado: un inspector jefe destinado en la Comisaría General de Policía Judicial (UDYCO), un oficial destinado en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, una inspectora del mismo grupo y otro inspector de la misma Brigada.

    La Unidad de Asuntos Internos consultó si había alguna investigación abierta sobre el amigo de la ex mujer de Rubio, contestándole la Comisaría General de Policía Judicial que no tenía nada abierto. Constataron también los investigadores que la mayoría de estas consultas se realizaron cuando «el dispositivo GPS o de balizamiento» estaba colocado en el coche de la mujer de Rubio.

    Este amigo de la ex mujer había tenido problemas hacía años con un asunto de tráfico de drogas, pero ya estaban resueltos judicial y penalmente. No está inmerso en ningún asunto más. Según la auditoría, hasta en nueve ocasiones se realizaron consultas en las bases policiales. Asuntos Internos concluye en uno de sus informes remitidos al juez: «Los datos obtenidos del posible dossier antes descrito han sido de forma fraudulenta, no estando vinculados a ninguna investigación en curso». Así, el juzgado ha llamado a declarar a todos los funcionarios, en calidad de imputados por un delito de revelación de secretos. Y también acudió a declarar el propio Telesforo Rubio, que negó absolutamente todo: haber pedido datos, habérselos mostrado a su mujer, estar en cualquier campaña de acoso... Aseguró que fue ella la que le dijo que ese hombre tenía antecedentes por tráfico de drogas, que él no le enseñó dossier alguno y que no había obtenido datos sobre esa persona de los archivos policiales

    viernes, 15 de marzo de 2013

    El TS cierra la vía para saber qué explosivo estalló el 11-M


  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 15/03/2013 PORTADA/El Mundo


  • Falla que la decisión de la Audiencia Provincial que archivó la causa contra Manzano por ser cosa juzgada no es recurrible

    El comando terrorista Bildu se quita la caretaEl Tribunal Supremo ha puesto fin al intento de las víctimas del 11-M de investigar la actuación del ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y, con ella, lo sucedido en torno a los explosivos de la masacre.

    El Alto Tribunal notificó ayer a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y a la AVT la sentencia en la que inadmite sus recursos contra la decisión de la Audiencia de Madrid de cerrar el caso Manzano. La resolución obedece a una cuestión procesal, ya que el Supremo no llega a examinar el fondo del asunto. Sólo dice que aquella resolución no era recurrible en casación y que la decisión de la audiencia provincial era la última palabra.

    En la sentencia notificada ayer, el Supremo no llega a pronunciarse sobre si la Audiencia de Madrid tenía o no razón cuando dijo que Manzano ya había sido investigado anteriormente y que, por tanto, se trataba de un caso de cosa juzgada. El Alto Tribunal se limita a explicar que, para poder recurrir el archivo en casación, habría sido necesario que la investigación hubiera estado más avanzada. En concreto, que la titular del Juzgado de Instrucción 43, Coro Cillán, ya hubiera dictado un auto formal de imputación de Manzano -equivalente al procesamiento-, algo que no había sucedido cuando el ex jefe de los Tedax recurrió ante la Audiencia la negativa de la juez a cerrar el caso.

    «No solamente no había recaído resolución de imputación equivalente a la de procesamiento», dice el Supremo, «es que la propia instructora proclamaba con insistencia que el estado de la investigación no había reportado información suficiente para adoptarla».

    El comando terrorista Bildu se quita la caretaPara archivar la causa en enero del año pasado, la Audiencia se basó en que, antes de que Cillán abriera unas diligencias, otro juez de Madrid ya había archivado una denuncia previa que incluía a Manzano, lo que impedía una segunda investigación contra el ex jefe de los Tedax. Frente a ese criterio, las víctimas siempre han mantenido que no se trata en absoluto de un caso de bis in idem, porque las coincidencias respecto a los hechos denunciados y las personas afectadas en ambos casos contenían enormes diferencias.

    En el recurso ahora rechazado, las víctimas pidieron al Supremo que no dejara en nada la investigación contra Manzano por la existencia de una previa denuncia genérica que ni siquiera se admitió. Si se optara por un criterio contrario, explicaban, los autores de un delito podrían urdir una denuncia en su contra lo suficientemente mal fundada como para garantizar su archivo y, con ello, la imposibilidad de investigarles en el futuro.

    El antecedente esgrimido por la defensa de Manzano y la Audiencia de Madrid es la denuncia que el partido Alternativa Española presentó en 2009 contra el tedax, su perito químico y otros 10 mandos. El escrito se apoyaba en el libro Titadyn (La Esfera de los Libros), que «desmontaría la tesis» de la sentencia del 11-M sobre los explosivos. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 6, cuyo titular, Ramiro García de Dios, cerró el asunto decretando su archivo definitivo sin practicar diligencia alguna.

    Un mes más tarde, en julio de 2009, se abrió la causa que ahora se cierra a raíz de una querella presentada contra Manzano y la perito de los Tedax por la Asociación de Ayuda a las Víctimas. La juez Cillán la admitió a trámite e imputó a ambos por los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio. En aquel escrito, y todavía hoy, las víctimas sostenían que la destrucción por parte de Manzano de la inmensa mayoría de los restos recogidos en los focos del 11-M entorpeció gravemente la investigación del atentado.

    Tras el archivo del Supremo, las víctimas tiene abierta una posibilidad que apuntaba la Audiencia Provincial de Madrid en su auto de archivo del caso Manzano. Puesto que se trataba de víctimas del atentado, como tales el Juzgado número 6 de Madrid debería haberles notificado la decisión de cerrar la investigación. Esa previsión legal no se cumplió, lo que supone que las víctimas puedan ahora pedir que se les notifique o bien darse por enteradas de aquel archivo, lo que les abriría la puerta a un recurso contra el mismo. Si éste fuera rechazado por el juez, aún cabría una apelación ante la Audiencia de Madrid.

    La intención de las víctimas -al menos de la Asociación de Ayuda presidida por Ángeles Domínguez- es presentar ese recurso y pedir que se incorpore al Juzgado 6 la investigación que ya se llevó a cabo en el Juzgado 43. Es decir, que el material acumulado en más de dos años de instrucción vuelva a tener validez.

    A la espera de que las víctimas inicien esa vía, la decisión del Supremo pone fin a un año de discusiones que se puso en marcha cuando la Audiencia cerró su auto de archivo afirmando que la decisión era recurrible en casación ante el Supremo. Aunque no estaba de acuerdo con el archivo, la Fiscalía no recurrió porque, según explicó el propio fiscal general del Estado, no cabía recurso. Pero cuando el caso llegó al Supremo de mano de las víctimas, el fiscal asignado dijo lo contrario: que sí era recurrible. Finalmente, el Supremo ha dicho no, convalidando así la decisión de la Audiencia, que a su vez convalidaba el archivo de un juzgado que nunca llegó a investigar.

  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 15/03/2013
  • 8
  • ESPAÑA

  • Una investigación que desenmascaró al jefe de los Tedax

    La instrucción ahora cerrada puso en evidencia su actuación en la masacre
     
    La mayor parte de los restos de los focos del 11-M acabó en la basura. Así lo reconoció el propio Juan Jesús Sánchez Manzano en su larga declaración como imputado ante la juez Coro Cillán. Porque el archivo puesto en marcha por la Audiencia de Madrid hace un año y concluido ayer en el Supremo no pone fin a una investigación recién iniciada, sino a unas pesquisas de años que habían sacado a la luz multitud de datos sobre las muestras de los explosivos. Unas revelaciones que ahora quedan sin trascendencia judicial.

    En esa misma declaración, el ex jefe de los Tedax negó que el material recogido por los artificieros tuviera siquiera la consideración de «muestras». A su juicio, se trataba de simples «objetos» que sólo tras una criba posterior en la sede de la unidad que él dirigía adquirían la categoría de «muestras», «restos» o «vestigios» que debían quedar a disposición judicial. Todo lo demás se convertía en material desechable y, como tal, era destruido. Manzano intentó explicar así por qué los peritos designados por el tribunal del 11-M sólo dispusieron de 23 muestras de los focos, pese a que todos los artificieros declararon en el juicio por la masacre que habían recogido cantidades ingentes de vestigios.

    Sus palabras fueron desmentidas decenas de veces por las declaraciones como testigos de otros tedax. Todos coincidieron en que muchas de las muestras desaparecidas jamás debían haberse eliminado, ya que su valor para los análisis era incuestionable. Por ejemplo, las numerosas impregnaciones de algodón que tomaron los especialistas. Ninguna llegó a manos de los peritos en el juicio del 11-M.
    Si no bastaba con las acusaciones de sus subalternos, a Manzano también lo puso en evidencia su superior. En su declaración como testigo, el entonces subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, declaró que los vestigios que se encuentran en los lugares de un atentado son «pruebas» que deben quedar a disposición judicial. A lo largo de su carrera, explicó, siempre había sido así... hasta el 11-M.

    Otro de los testigos que puso en duda la actuación de Manzano fue el experto de la Policía Científica al que hubiera correspondido analizar los restos de la explosión. El día de los atentados tenía todo a punto e incluso Manzano le indicó que le iba a mandar los restos... pero éstos nunca llegaron, en contra del protocolo habitual para analizar los explosivos.

    Otros muchos testimonios recogidos en la causa reflejan que el día de los atentados no se siguieron los protocolos. Así lo dijeron los tedax de Madrid, que declararon que Manzano les ordenó que le dieran a él todos los restos, saltándose el procedimiento y sin darles tiempo de que anotaran correctamente los datos de cada muestra, algo imprescindible para darle validez judicial

    jueves, 14 de marzo de 2013

    «La doctrina Parot, ejemplo de Justicia»


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 14/03/2013 ESPAÑA/El Mundo

  • Víctimas francesas, italianas y británicas apoyan la campaña de las españolas

    El mejor favor que el PSOe podría hacer a España es disolverse y dejar su espacio a otros partidos españoles, socialistas y con principios, por ejemplo, UPyDEstán dispuestas a dar la batalla hasta el último minuto. Quieren que toda Europa tenga claro quién es Inés del Río Prada, quiénes son todos los integrantes de ETA, qué han hecho, que son responsables de casi un millar de asesinatos, y que en España, hasta los terroristas son juzgados y condenados con Justicia y con todas las garantías.

    Las víctimas quieren Justicia y defenderán a capa y espada la vigencia de la doctrina Parot. Y ayer dieron un nuevo paso. La presidenta de la Fundación de Víctimas, Mari Mar Blanco, compareció junto a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Expusieron a los medios su posición clara y nítida ante el recurso que debatirá la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.

    Las víctimas del terrorismo facilitaron un comunicado firmado por todas las asociaciones de España y respaldado a nivel internacional por potentes colectivos de Francia, Italia y Reino Unido. «La doctrina Parot cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española en su conjunto y es considerada por las víctimas del terrorismo como un ejemplo de Justicia», reza el comunicado conjunto de las asociaciones de víctimas españolas avalado por otras europeas.

    «La opinión pública europea debe ser informada de que la Justicia ha sido el arma principal esgrimida contra ETA y que esta banda terrorista, a día de hoy, no ha desaparecido ni se ha arrepentido de los cerca de 1.000 asesinatos que ha cometido en España a lo largo de su macabra existencia. La verdad es que ETA sigue presente como amenaza y como condicionante de la vida política en el País Vasco. Y para derrotarla es imprescindible que se continúe aplicando la Justicia».
    Las víctimas advierten al Tribunal de Estrasburgo que si falla contra la doctrina Parot «va a provocar una liberación en cascada de más de 60 terroristas que saldrán de la cárcel antes de lo fijado por nuestros tribunales en aplicación de nuestra Justicia y con el respaldo de nuestro Tribunal Constitucional». «No permitan que los asesinos terroristas de ETA salgan ganando con sus decisiones».

    Los representantes de las asociaciones españolas mostraron también su indignación por la noticia adelantada por EL MUNDO de que Sortu se ha hecho cargo de los pagos a los nuevos abogados escoceses de la etarra Inés del Río Prada, condenada a más de 3.000 años por 23 asesinatos. Consideraron que este dato es clave para poder instar a una ilegalización de esta formación abertzale.
    De hecho, Portero explicó que, tal y como está redactada la ley de partidos, es más fácil actuar contra Sortu, que sí es un partido, que contra Amaiur y Bildu, que son coaliciones.

    Eso sí, coincidieron los tres representantes de las víctimas en que si el Estado da el paso tiene que ser para ganarlo, y que es mejor seguir acumulando datos e indicios sobre los vínculos entre las formaciones de la izquierda abertzale y ETA para ganar en los tribunales la batalla de la ilegalización. No se puede dar el paso para perderlo. Eso sí, concretaron que ya existen 121 datos, indicios o pruebas sobre estos vínculos.

    El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco Covite pidió ayer la ilegalización de Sortu por ser «brazo político de ETA», con la cual su relación es «evidente». En un comunicado, denunció «los vínculos de Sortu con la línea dura de ETA».

    En cualquier caso, denunciaron que este hecho deja muy clara la relación directa entre las formaciones abertzales y ETA y sus presos.

    Mari Mar Blanco no evitó referirse a las declaraciones de los dirigentes abertzales reclamando libertad para los presos de ETA. «¿Acaso pedían libertad cuando ETA tuvo secuestrado a mi hermano [Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA]?», se lamentó. Asegura que el tono que están alcanzando estros dirigentes radicales está rozando claramente la amenaza: en el Congreso, el pasado martes, en la Comisión de Interior, el representante de Amaiur llegó a decir que si el Gobierno no rectifica su política antiterrorista todo se puede dar la vuelta. Y el portavoz de los presos también habló de que si finalmente Europa avala la doctrina Parot «sería muy peligroso».

    miércoles, 13 de marzo de 2013

    La Audiencia ordena citar al cónsul de Rumanía en el 'caso Zougam'


  • JOAQUÍN MANSO MADRID
  • 13/03/2013 ESPAÑA/El Mundo


  • Cree que «no hay duda» de que llamarlo es «trascendental» y rechaza el veto de las testigos

    Pepiño Blanco se aferra al escaño para retrasar la que se le viene encima por chorizoLa Audiencia de Madrid ha ordenado a la juez Belén Sánchez que cite ya como testigo al cónsul de Rumanía en España en 2004 para que aclare las circunstancias en que llegaron a declarar en el procedimiento del 11-M las dos mujeres imputadas por un posible falso testimonio contra Jamal Zougam.
    En un auto notificado el lunes, la Sección Penal Cuarta sigue así el criterio de la Fiscalía y descarta el veto que, significativamente, querían imponer las dos testigos protegidos sobre la comparecencia de su representante consular: esa pretensión «carece de todo fundamento», afirma la Sala.
    Antes al contrario, el tribunal considera que «no hay duda de que debe practicarse dicha prueba» -cuidando de cumplir los convenios internacionales para estos casos- y recuerda que ya se pronunció sobre su especial «relevancia y trascendencia» en el contundente auto en el que acordó la admisión de la querella que prepararon los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar.
    En aquella resolución, de junio de 2012, la Audiencia destacaba la importancia que tuvieron los testimonios de las dos mujeres, identificadas como C-65 y J-70, porque Jamal Zougam -decía- recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena.
    A ese respecto, mencionaba un reportaje que publicó EL MUNDO el 7 de diciembre de 2011, resaltaba que no ha sido desmentido y contenía datos que no fueron conocidos por el tribunal del 11-M, y señalaba que «debe ser singularmente investigado».
    Lo que reveló este diario es que, según el relato detallado que hicieron fuentes cercanas a la investigación, la testigo C-65 fue remitida a la Policía el 1 de abril de 2004 desde el Consulado, adonde había acudido acompañada de otra mujer para cobrar las indemnizaciones establecidas por el Gobierno de Bucarest.
    A esa segunda persona se le denegó el dinero porque no acreditó ser víctima de los atentados y, en ese momento, ella y C-65 habrían manifestado al cónsul que el 11-M viajaban juntas y que habían visto a un terrorista. En habitaciones separadas, identificaron a Zougam en la foto que llevaba 10 días siendo difundida tras ser detenido porque en su tienda se vendieron las tarjetas que se usaron en las bombas.
    Lo llamativo es que, según las fuentes, el nombre de esa mujer que acompañaba a C-65 en el Consulado no coincide con la de la testigo J-70, que fue la que dijo en el juicio que viajaba con ella y reconoció también a Zougam.
    Este diario publicó asimismo que la testigo J-70 no acudió a declarar contra Zougam hasta 11 meses después del atentado y lo hizo sólo 15 días después de que Interior le cerrase las puertas a las indemnizaciones, ya que los técnicos oficiales no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. La mujer había llevado a cabo durante 2004 media docena de trámites ante la Policía y el Ministerio, e incluso se entrevistó con un abogado para personarse como perjudicada en el sumario. En ningún caso dijo que hubiese visto a un posible terrorista en el vagón. Testificó por primera vez en febrero de 2005 y terminó cobrando 48.000 euros.
    Pues bien, en otra resolución, la Audiencia entiende que no procede todavía levantar la protección a las testigos pero, aunque no se le preguntaba por las diligencias que han solicitado los abogados de Zougam para confirmar las informaciones de este diario, los magistrados afirman que «adelantamos ya que deben llevarse a cabo». En ese sentido, recuerdan a la juez que hay herramientas procesales para pedir la documentación a Interior y la Audiencia Nacional sin vulnerar ese sigilo.
    Estas decisiones mantienen la línea del auto en el que se admitió la querella, en el que se ordena practicar «cuantas diligencias de prueba fueran necesarias para investigar» si las dos rumanas «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos, faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».

    La «vergüenza» de la división
     
    El secretario general del PSM, Tomás Gómez, dijo ayer que le da «vergüenza» que las instituciones «no sean capaces de entenderse» para organizar un solo acto de recuerdo de las víctimas y heridos del 11-M. Durante una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, Gómez opinó también que es una «vergüenza» que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «en vez de estar en los actos en recuerdo del dolor de las víctimas, estuviese en un desayuno arropando a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o a quien fuese». Además, el secretario general del PSM aseveró que el homenaje institucional en la Comunidad de Madrid se adelantó una hora con el fin de que el presidente regional, Ignacio González, estuviese en ese «acto partidista» con Cospedal

    martes, 12 de marzo de 2013

    El incomprensible caso de Francisco Javier Torronteras

    • El policía fallecido en la explosión de Leganés
      La Gaceta
        J.J.E
      Fue enterrado mucho antes de que se cumplieran las 24 horas de su defunción. No hubo autopsia. Su tumba fue profanada y el cadáver, mutilado. 

    • Uno de los sucesos más extraños de los atentados del 11-M fue la profanación de la tumba del miembro de los GEO de la Policía Francisco Javier Torronteras.
      Como se recordará, Torronteras falleció en la explosión que costó la vida a los terroristas refugiados en un piso de Leganés. Su propia muerte llamó la atención porque, en principio, un policía con su experiencia no podía haber cometido lo que a todas luces fue un error de novato. Pero lo más extraño vendría justo después. Torronteras fue enterrado de manera completamente inusual: mucho antes de que se cumplieran las 24 horas de su defunción y, según parece, sin que se le practicara la autopsia. Después, como se sabe, la tumba fue profanada y el cadáver, mutilado, deformado y quemado hasta quedar irreconocible. Incluso se le amputó una mano. La versión oficial de los hechos asegura que a este cadáver quemado y mutilado se le aplicó la prueba del ADN y así se determinó que era Torronteras. Lo que algunos dudan es que el cadáver hallado de tal guisa, tan horriblemente profanado, fuera el mismo que estaba enterrado en el nicho.
      ¿Quién y por qué?
      La pregunta es quién y por qué profanó la tumba. Nadie ha averiguado nada jamás. Se ha hablado de islamistas radicales en busca de venganza, pero sería la primera vez que hacían algo así, y desde luego fue la última. También se habló de simple gamberrismo, pero esta es una acción demasiado aventurada para simples vándalos. El hecho es que quienes profanaron la tumba de aquel valiente policía se tomaron la molestia de dejar el cadáver aún menos reconocible de lo que estaba. Teoría de la conspiración: alguien se llevó el cadáver original y puso en su lugar este otro. Y sin embargo, las pruebas de ADN verificaron que era Torronteras. Bien es cierto que a la opinión pública no trascendió cómo se hizo aquella prueba ni a partir de qué familiares directos.
      Lo último que se supo del cadáver de Torronteras fue que se procedió a su incineración. A partir de ahí, este hilo de la densa trama del 11-M quedó literalmente cegado. Lo único que sobrevivió al episodio fue el nombre de un buen policía que murió en acto de servicio. Uno de los héroes del 11-M. 

    Sortu paga al abogado estrella de la sanguinaria Inés del Río

  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 12/03/2013 PORTADA/El Mundo


  • Contrata por 68.000 euros a Marc Muller Stuart para que tumbe la doctrina Parot en el Tribunal de Estrasburgo

    ¿Qué pretende Gómez Bermúdez intentando la irregularidad de arrebatar la causa al juez Ruz?Inés del Río es una de las etarras más sanguinarias de la historia de la organización terrorista. Pese a ello, la nueva marca de la izquierda abertzale -Sortu-, se está encargando de pagar la minuta del nuevo despacho de abogados que lleva la defensa de la terrorista, condenada a más de 3.000 años de prisión. Según han explicado a este periódico fuentes de la lucha antiterrorista, Sortu ha contratado por 60.000 libras (más de 68.000 euros) al abogado estrella escocés Marc Muller Stuart para tratar de tumbar la doctrina Parot.

    Con ello, Sortu ha dejado en evidencia su vínculo con ETA, pese a intentar por todos los medios que no se le asocie directamente con la estructura de la banda.

    Según explicaron las fuentes citadas, la terrorista, con el visto bueno del habitual equipo de abogados del colectivo de presos de ETA, ha contratado los servicios de un bufete escocés especializado en pleitear con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Su nada barata minuta, que se acerca a los 70.000 euros, será costeada por Sortu. Este despacho de juristas ha sido fichado por la izquierda abertzale para que trate de sacar adelante una sentencia europea que tumbe definitivamente la doctrina Parot, la interpretación más rigurosa de la aplicación de los beneficios penitenciarios a los delincuentes más peligrosos, no sólo a los etarras sino a cualquier preso que esté cumpliendo pena por delitos especialmente duros: terroristas de ETA, asesinos múltiples, violadores en serie...
    Inés del Río Prada llevó a Estrasburgo la doctrina Parot, al entender que no se le podía aplicar a ella con carácter retroactivo. Inicialmente, Europa, en una primera sentencia ahora recurrida por el Gobierno, le dio la razón. Deberá ser a partir del próximo día 20 cuando la Gran Sala comience a resolver el recurso del Ejecutivo, que entiende que no hay retroactividad porque la doctrina Parot no es una ley sino una interpretación que cada país tiene derecho a hacer de cómo se aplica la política penitenciaria y el cumplimiento de las penas, nada que ver con la retroactividad de una ley.

    Sortu se ha hecho cargo de la factura de la etarra. Ha contratado al bufete liderado por Mark Muller Stuart, que pertenece a Beyond Borders y tiene sede en Edimburgo (Escocia). Se autodefine como una organización sin ánimo de lucro dedicada a facilitar el diálogo y el intercambio cultural entre pequeñas nacionales.

    Según explicaron estas mismas fuentes, la contratación de este despacho ha sido impulsada por la izquierda abertzale pero previamente fue consultada con el colectivo de abogados de ETA, que dio el visto bueno. Miembros de este colectivo han participado en las reuniones previas de coordinación, celebradas en Londres.

    Los conocedores de los laberintos y estrategias de la izquierda abertzale interpretan esta contratación en el marco de una estrategia técnica y política. En primer lugar, el dominio del idioma por parte de este gabinete, considerado fundamental para que no haya malas interpretaciones en las traducciones. Pero también destacan la relación de Mark Muller con otros actores internacionales de derechos humanos sobre los que la izquierda abertzale quiere influir; es decir, que lo ficha también para que les vaya abriendo puertas y aumentando el lobby de presión europeo con el que lograr que el tribunal acabe con la doctrina Parot.

    Sortu ha sufragado directamente los gastos de este equipo jurídico escocés, además de haber impulsado su contratación. En los conceptos que incluye la minuta de 60.000 libras esterlinas que cobra el bufete está la representación jurídica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las reuniones previas con los abogados de ETA y con la izquierda abertzale para preparar el caso, convertirse en enlace con otros actores internacionales como la International Comision of Jurist o el Relator Especial para la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, y también la atención a los medios de comunicación en todos los asuntos jurídicos relacionados con el caso.
    Los analistas de la lucha antiterrorista consultados por este periódico entienden que la implicación directa de Sortu en la defensa de presos de ETA se une a otras iniciativas políticas y ejecutivas que viene realizando para reafirmar su carácter de izquierda abertzale clásica. Entre ellas recuerdan estas fuentes el simbólico envío de sus ponencias al colectivo de presos de ETA. Las fuentes consultadas por EL MUNDO recuerdan que este bufete contratado ahora por Sortu ha participado en diversos litigios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado por la Unión Europea como una organización terrorista.

    El más mediático de ellos fue el caso de Abdullah Ocalan contra Turquía. Desde 2005 es senior advisor en el Centre for Humanitarian Dialogue de Ginebra. Está considerado un experto en mediación internacional y resolución de conflictos, ha participado en numerosos foros internacionales sobre este campo, en muchos de ellos coincidiendo con Brian Currin, el también mediador contratado por la izquierda abertzale a raíz del alto el fuego permanente emprendido por ETA.
    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Fernando Lázaro

  • LEYRE IGLESIAS BILBAO
  • 12/03/2013 ESPAÑA
  • Las titulaciones de etarras, a juicio

    Los profesores imputados se escudan en que «era un acto reglado» para deportados

    El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia (izda), y su antecesor, Juan Ignacio Pérez, flanquean a los dos imputados. / EFE

    Era cosa conocida en sus pasillos y despachos que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) estaba matriculando y concediendo títulos a miembros de ETA deportados, como Ángel Lete Echániz -matriculado desde la República Dominicana- y Belén González Peñalva -desde Cabo Verde-, que como tales no podían acogerse al sistema de alumnos especiales acordado con la UNED e Instituciones Penitenciarias para atender a los reclusos en España.

    Pero nadie hizo nada por cambiarlo. Así se desprendió ayer de la primera sesión del juicio contra los profesores Xabier Aierdi y Enrique Antolín, para quienes la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.

    Los dos imputados dijeron que sólo obedecían una encomienda de sus superiores y que los criterios de matriculación dependían del rectorado; la Fiscalía sostiene que el vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales (Antolín) y el tutor de los dos etarras (Aierdi) los «incluyeron y mantuvieron» en este sistema pese a que «no reunían los requisitos» y «sin la autorización de los máximos responsables» de la UPV, «Pello Salaburu [rector] y Manuel Montero [decano y después rector]».
    «Era un acto reglado, me guste o no me guste», se defendió Antolín, que coincidió con Aierdi en que Montero conocía la situación. De hecho, Aierdi señaló que «todos los profesores y todas las estructuras de la facultad, y todas las estructuras de la Universidad» sabían que entre los alumnos especiales figuraban los deportados, aunque no aparecían distinguidos en las listas.

    Montero era el testigo de mayor rango, junto a su predecesor Salaburu, que no asistió. Al contrario que los imputados, afirmó que él «ignoraba que hubiera deportados» en la lista, que «nunca» supo nada y que se habría «opuesto» a ello «por irregular». Se escudó en que la práctica venía de una etapa «muy anterior» a la suya y en que no recibió la «denuncia» que hizo un grupo de profesores sobre estas irregularidades.

    Uno de sus autores, el decano en su etapa como rector, José Manuel Susperregui, se reafirmó en que él sí se quejó. «Fue una época muy dura y había presiones sobre profesores que abandonaron la propia UPV. Era una situación muy complicada porque teníamos un peligro y miedo», declaró.
    El administrativo que tramitaba el papeleo entre la Universidad y los deportados aportó algunos detalles sobre cómo se hacían las cosas. En el caso de Lete, la UPV encargó al «cónsul honorario» de España en Senegal que recibiera el material para el etarra y actuara como «maestro». Según añadió, de González se encargaba «un profesor de Santo Domingo».

    Jiménez Losantos vincula el 11-M a los servicios secretos

  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID/El Mundo
  • 12/03/2013 ESPAÑA


  • Dice que las «cloacas del Estado» cambiaron la Historia de España


    Federico Jiménez Losantos, anoche, en el Club Siglo XXI. / SERGIO ENRÍQUEZ
     
    No en vano, el presidente del Club Siglo XXI, Eduardo Zaplana, advirtió sobre su invitado de anoche que no iba a dejar «a nadie indiferente». Y así fue. Federico Jiménez Losantos repartió críticas durísimas, ironías y sarcasmos entre políticos, jueces y periodistas. Y realizó en la misma línea una enmienda a la totalidad contra el funcionamiento de las instituciones en España. Probablemente por ello, ningún representante político se avino a asistir al análisis que realizó sobre la «traumática» legislatura que transcurrió entre los años 2004 y 2008 -entre el atentado de Atocha y el asesinato del socialista Isaías Carrasco-, aunque el público, absolutamente incondicional, abarrotase la sala de conferencias hasta las escaleras y más allá.

    «Tal día como hoy», empezó, y recordó con esta coletilla lo imposible que parece que en 2004 España apareciese como uno de los países más solventes y prometedores del mundo y ahora se haya convertido en un país «en quiebra, sumido en la corrupción que empieza en los jueces y termina en los políticos» y en el que «no hay ni una sola institución, empezando por la Monarquía, que aparezca prestigiosa y prestigiada a los ojos de los ciudadanos».

    Pero, inevitablemente, tal día como ayer, la vista estaba intensamente centrada en lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004, el día en el que, a juicio del periodista, un atentado cambió la Historia de España y cuya única certeza entre tanto «embeleco» y «farsa» es, a su parecer, la muerte de casi 200 personas. Jiménez Losantos insistió en la tesis por la que sostiene que nadie sabe qué ocurrió realmente en aquella jornada, aunque él tenga claro que tras la masacre estuvieron «los servicios de inteligencia españoles». «Todo lo que se sabe es falso y ha sido inventado por las cloacas del Estado, desde la Policía hasta los servicios secretos», que gestaron «la manipulación pública más grande de Europa Occidental» y decidieron «el destino de un país».

    ¿Qué pretende Gómez Bermúdez intentando la irregularidad de arrebatar la causa al juez Ruz?A partir de ahí denunció la instrucción «oprobiosa» realizada por el juez Gómez Bermúdez, la «superchería» fabricada por jueces y fiscales, y la falta de interés demostrada en general por saber lo que ocurrió. Una falta de interés que atribuyó también a la dirigente del PP María Dolores de Cospedal, entonces en el Ministerio del Interior, y al «barrendero», Jorge Fernández Díaz.

    Para el periodista, en aquellos días está el origen de los males de hoy. La legislatura de Zapatero había empezado con el Pacto del Tinell; en la reunión de Perpiñán de Carod-Rovira con ETA «se fragua la gran trampa política del 11-M, sin la cual Rajoy habría ganado las elecciones»; el popular ni siquiera debatió con un «escombro intelectual» como Zapatero; los españoles votaron «a un señor del que no sabían nada»; con el Pacto por la Justicia, «el PP abdicó de la regeneración y se puso al frente de la casta política», y así hasta hoy. Un último punto: Jiménez Losantos afirmó ser partidario de la independencia de Cataluña, porque «cuando un miembro está engangrenado, lo mejor es extirparlo».

    «¿Acaso es normal que en el aniversario no estén aquí todos?»

    Las víctimas denuncian divididas la «soledad», el «olvido» y el «ninguneo» institucional


    María Dolores de Cospedal, Ignacio González, Ángeles Pedraza y Ana Botella, con Ángeles Domínguez y Cristina Cifuentes detrás, ayer. / A. DI LOLLI
    Nueve años después, los representantes de la sociedad española homenajearon a las víctimas del mayor ataque indiscriminado contra la población civil en más de seis décadas con la misma división cainita con la que reaccionaron entonces. Una vez más, el jefe del Gobierno no participó en ningún acto y sólo dos de sus ministros asistieron, con muchísima discreción y en un segundo plano, a una ofrenda solemne que encabezaron en la Puerta del Sol el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa, Ana Botella. Tampoco se vio a ningún dirigente nacional del principal partido de la oposición en ninguna de las actividades (Alfredo Pérez Rubalcaba envió un tuit). Y el resto de formaciones estuvieron, a lo sumo, representados por segundos espadas.

    Esto es lo que hay. Las asociaciones de víctimas honraron a los suyos por separado, arropadas en un caso por más o menos dirigentes de la derecha política y, en el otro, por más o menos de la izquierda y de los sindicatos. Los afectados, que también se intercambiaron reproches, coincidieron en una cosa: en denunciar la «soledad», el «olvido» y el «ninguneo» a los que les someten las instituciones.
    Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la mayor de España, acertó al lanzar al aire una pregunta retórica: «¿Acaso es normal que el día que conmemoramos la mayor masacre terrorista de la Historia de Europa no estén aquí todos?».

    Y, en una referencia implícita pero muy clara a la ausencia del presidente del Gobierno, reprochó ante la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que «aquéllos que han presumido de apoyar a las víctimas y de colocarlas en el lugar en el que se merecen no han considerado que hoy sea un día para honrar y acompañar a los que sufrieron la barbarie terrorista». «No se puede entender que hayan preferido estar en otros actos», añadió, en alusión evidente a la presencia de Mariano Rajoy en un desayuno informativo en el Hotel Ritz de Madrid a la misma hora que el acto de la Puerta del Sol.

    Este homenaje dio la medida: parece que el Gobierno del Estado considera que el homenaje a las víctimas del 11-M es cosa del Ejecutivo autonómico y del Ayuntamiento, como si la magnitud del acontecimiento estuviese limitada a la capital de España. La ofrenda bajo la placa que recuerda a las víctimas y los cinco minutos de silencio fueron presididos por González y Botella, a quienes acompañaban en el estrado los representantes de la oposición en la Asamblea de Madrid: Tomás Gómez (PSOE), Gregorio Gordo (IU) y Luis de Velasco (UPyD). En la tribuna de autoridades, como meros invitados, observaban el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Educación, José Ignacio Wert.

    Tras el acto de la Puerta del Sol, que organizaba la Comunidad, una comitiva se desplazó al monumento de la estación de Atocha para la ceremonia del Ayuntamiento, con la participación de los principales líderes municipales de la oposición.

    En esos dos homenajes institucionales estuvieron la presidenta de la AVT y la de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Ángeles Domínguez, pero no la otra gran representante de estos colectivos, Pilar Manjón, que preside la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo y que volvió a declinar las invitaciones.

    Precisamente cuando la comitiva oficial llegaba a Atocha, Manjón acababa de irse de la estación tras celebrar su propia ofrenda, acompañada por los secretarios generales de UGT y CCOO en Madrid y el portavoz de la Unión de Actores, y con la presencia de los líderes regionales de la izquierda: Tomás Gómez (PSOE) y Eddy Sánchez (IU).

    «Nueve años, nuevas elecciones, las mismas mentiras, el intento de olvido, los ninguneos, el llegar a ser víctimas de terceros, nuevos arañazos en nuestros corazones por ausencias añadidas a las que nos arrebataron hace nueve años», dijo Manjón, que se quejó asimismo de que el Ministerio del Interior haya rebajado la asignación a su asociación e incrementado la de la AVT.

    La representante de las víctimas estuvo después en el Ayuntamiento de Parla, donde gobierna el PSOE, y, por la tarde, en un homenaje en la estación de El Pozo en el que fue abucheada la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.

    La AVT celebró su homenaje en el Bosque del Recuerdo del parque del Retiro. Sólo Toni Cantó, de UPyD, rompió la monotonía popular de los líderes políticos que arroparon a Ángeles Pedraza: los mencionados Cospedal -cuya presencia no estaba prevista y se decidió a última hora-, González, Botella y Cifuentes, además del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

    Pedraza reclamó una investigación para «lograr el esclarecimiento total, hasta el último detalle, del peor atentado de la Historia de España». Ningún miembro del Gobierno la escuchaba.

  • CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID
  • 12/03/2013
  • 19
  • ESPAÑA

  • Cospedal reclama que se esclarezca «toda la verdad»

    Mariano Rajoy refrenda su «compromiso» con la erradicación del terrorismo

    «Yo no sé si se conoce toda la verdad», proclamó ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en relación con el 11-M.

    Con estas palabras, la número dos de Rajoy se alineó con la mayoría de las víctimas de los atentados, que no se declararon conformes en su día con la sentencia del juez Javier Gómez Bermúdez -luego avalada por el Tribunal Supremo- y que siguen pidiendo más investigaciones.

    Las palabras de Cospedal cayeron en medio de un nutrido foro de políticos populares, empresarios, embajadores y periodistas, reunidos en el hotel Ritz para escucharle. Se trataba de la misma persona que nueve años atrás, en el momento de los atentados, ocupaba la Subsecretaría del Ministerio del Interior y que hoy dirige el PP a su vuelta al Gobierno, tras dos legislaturas socialistas.

    «Fue espeluznante, dramático, criminal y horrendo», describió Cospedal en el aniversario de la masacre y momentos antes de participar en los actos oficiales de homenaje a las víctimas. Tanto énfasis puso Cospedal en la efeméride que, según subrayó, en relación al partido y a cualquier revés posterior como el caso Bárcenas, «es una fecha que nos ha señalado para siempre». «A mí me ha señalado para siempre, sobre cualquier cosa», personalizó.

    En este contexto, y preguntada sobre si está «todo aclarado» o, por el contrario, quedan «flecos sueltos», la secretaria general declaró: «Los tribunales actuaron, y lo que tienen que hacer los tribunales es que lleguemos al reconocimiento de toda la verdad». Junto a ello, según insistió, «el reconocimiento de las víctimas es una de las líneas de actuación, la primera, de la política antiterrorista del PP».

    Por su parte, y en el mismo acto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también tuvo unas palabras para referirse al 11-M: «Para los que fueron asesinados, nuestro recuerdo; para los familiares y allegados, nuestra solidaridad y afecto; y como presidente del Gobierno, nuestro compromiso con la erradicación del terrorismo»,afirmó. «La vida, la libertad, tienen enemigos feroces, pero deben saber que nunca podrán vencernos», añadió
    POLÍTICA / JAIME IGNACIO DEL BURGO

    11-M: preguntas sin respuesta

    El autor sostiene que existen numerosas incógnitas sin aclarar sobre la masacre
    Recuerda los graves fallos en la Seguridad del Estado que han quedado sin castigo


    JAVIER OLIVARES
    EL MUNDO es el único periódico español que no ha tirado la toalla en el intento de llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación del 11-M. He seguido con atención sus últimas revelaciones. Por de pronto ya no se puede afirmar que el explosivo utilizado en la criminal masacre fuera Goma 2 Eco, como afirma la sentencia de la Audiencia Nacional. Y esto hace tambalear todo el armazón de la «verdad» oficial.

    La referida sentencia comienza atribuyendo la autoría de los atentados -eso sí, sin justificar por qué lo hace- a los miembros de una célula de musulmanes islamistas espontáneamente organizada para sumarse a la Yihad y castigar a los españoles por su intervención en Afganistán e Irak. Siete de ellos saltaron por los aires en un piso de Leganés el 3 de abril de 2004. El octavo, Jamal Zougam, está vivo y cumple una condena de 35.000 años de cárcel como autor material de los atentados. Dos testigos declararon haberle visto en los trenes. De las revelaciones de EL MUNDO se desprende que podrían haber incurrido en falso testimonio y la Justicia está sobre el asunto. Por otra parte, siempre me pareció extraño que Zougam fuera visto en los trenes y nadie testificara en cambio haberse topado con algún otro miembro de la célula islamista.

    Pero hay otro aspecto inquietante del 11-M que parece haber quedado definitivamente enterrado. Resulta que todos cuantos tuvieron algo que ver en el atentado, según la versión oficial, o eran confidentes de los cuerpos de Seguridad o estaban estrechamente vigilados. Y eso plantea la cuestión de saber qué es lo que falló en el funcionamiento de los servicios del Estado para que los terroristas pudieran conseguir su criminal objetivo. No se trata de poner en cuestión el papel de la judicatura, de la Fiscalía, del CNI, de la Guardia Civil o de la Policía. Pero sí la actuación de algunos de sus miembros.

    Resulta que Suárez Trashorras, el asturiano condenado a 38.000 años de cárcel como cooperador necesario de los autores de la masacre al haberles proporcionado los explosivos, venía siendo denunciado por distintas fuentes como traficante de dinamita desde bastante antes del 11-M. La Guardia Civil de Asturias y la Unidad Central Operativa (UCO) del benemérito cuerpo tuvieron noticias fidedignas de que el narcotraficante de Avilés había organizado un negocio clandestino de venta de dinamita robada.

    Por si fuera poco, resulta que el propio Suárez Trashorras era confidente del jefe de Estupefacientes de Avilés. Recuerdo la impresión que me produjo su declaración en la comisión del 11-M, donde le interrogué en nombre del Grupo Popular. Dijo que unos meses antes del atentado le habían informado desde la Policía de Gijón que su confidente podía estar involucrado en tráfico de explosivos, razón por la que después de hacerle una severa admonición decidió apartarse de él. Su testimonio me impactó. Acabábamos de saber poco antes en la Comisión que la UCO había llegado a tener en sus manos una muestra de la dinamita robada, proporcionada por su confidente Rafá Zouhier, y ahora conocíamos que Suárez Trashorras era colaborador e incluso amigo del jefe de Estupefacientes de Avilés, que sabía de la existencia de El Chino y sus compinches. Entonces no pude menos que decir que me sentía entristecido, porque a pesar de haber estado tan cerca de Suárez Trashorras y de sus amigos los «moritos», como él compareciente llamó a El Chino y compañía, bien por negligencia o porque aquellos habían sido más inteligentes, la dinamita llegó a sus manos. Al término de su comparecencia, el mando policial se derrumbó y pidió perdón a las víctimas. Eso sí, a su regreso a casa fue recibido como un héroe por sus compañeros, que me acusaron de haberle sometido a un interrogatorio durísimo y hasta algún sindicato policial consideró la posibilidad de querellarse contra mí.

    Luego vinieron las contradicciones de algunos de los responsables de los cuerpos de Seguridad del Estado. El coronel jefe de la UCO declaró que habían informado de todo cuanto sabían a sus compañeros de Asturias, dejando después la investigación en sus manos. Esto fue rotundamente negado por el general de la Guardia Civil de Asturias, que declaró que siguieron trabajando conjuntamente durante un año, si bien unos meses antes del atentado cesó dicha colaboración por considerar que no se llegaba a ningún resultado. La posibilidad de que en estas declaraciones y en otras se hubiera podido cometer falso testimonio movió al presidente del tribunal, Gómez Bermúdez, a prometer a las víctimas del 11-M que mandaría a algunos «caminito de Jerez», promesa que no llegó a cumplir.

    Un año antes de los atentados, el abogado de José Ignacio Fernández, un narcotraficante a quien llaman Nayo, que se hallaba en prisión preventiva, se entrevistó con el entonces fiscal jefe para informarle en nombre de su cliente de la existencia de un zulo en un monte asturiano donde Suárez Trashorras guardaba la dinamita robada. El fiscal trasladó a la Guardia Civil la denuncia y se llevó a cabo la inspección ocular del lugar. Pero el intento fracasó porque «no iban a registrar todo el monte». Nayo, condenado por tráfico de drogas, huyó de España y se oculta en la República Dominicana, donde fue localizado por EL MUNDO. De manera sorprendente ninguna autoridad judicial se ha preocupado hasta el momento de pedir a las autoridades de aquel país su extradición a España.

    Otro penoso episodio ocurrió también en Avilés. Un capitán de la Guardia Civil de Oviedo se entrevistó con alguno de los fiscales de la localidad con el fin de judicializar la investigación sobre Suárez Trashorras, comenzando por la intervención telefónica del presunto vendedor de dinamita. El capitán informó después que había proporcionado a los fiscales datos suficientes como para instar el pinchazo de los teléfonos, pero éstos replicaron que se trató de una conversación informal en un café de Avilés y que no se les proporcionaron datos relevantes.

    En cuanto a la judicatura, diré tan sólo que el juez Baltasar Garzón que, según declaró ante la Comisión parlamentaria, llevaba en su juzgado el peso de la lucha contra el terrorismo islámico, tenía controlados a casi todos los miembros de la célula terrorista. No sirvió de nada sin que ni él ni nadie haya explicado el porqué del fracaso.

    Como miembro de la Comisión del 11-M y con el pleno respaldo del PP declaré más de una vez que mientras no pudiéramos acceder a las entrañas del Ministerio del Interior muchas de las preguntas inquietantes del 11-M quedarían sin respuesta. Comprendo que todos los esfuerzos gubernamentales estén concentrados en resolver lo que en estos momentos nos angustia a todos. Pero algo habrá que hacer para que esta promesa popular no se desvanezca para siempre.
     
    Jaime Ignacio del Burgo es autor del libro 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta (La Esfera de los Libros).