MARÍA PERAL MADRID
20/06/2012 PORTADA/El Mundo
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La ponencia sobre la formación abertzale Sortu que debate el Tribunal
Constitucional sostiene que sus «claras, contundentes e inequívocas»
declaraciones estatutarias de rechazo a la violencia, incluida de forma
expresa la de ETA, son «suficientes» para contrarrestar «otros elementos
de convicción» contrarios a su legalización.
El texto, el segundo que elabora la ponente, Elisa Pérez Vera, examinado
ayer por el Pleno del TC, propone declarar que la resolución del
Tribunal Supremo vulneró el derecho fundamental de asociación al vetar a
Sortu y reconoce el derecho de esta formación a ser inscrita en el
registro de partidos, dependiente del Ministerio del Interior, «si se
satisfacen los demás requisitos legales establecidos» en la ley de
partidos.
De aprobarse la ponencia favorable a Sortu, sería el segundo varapalo
que el Tribunal Constitucional propina al Tribunal Supremo en el ámbito
de la legalización de formaciones abertzales tras la autorización de
Bildu en mayo de 2011 por el estrecho margen de seis votos frente a
cinco.
La ponencia sobre Sortu es, no obstante, distinta a la de Bildu en
aspectos notables, aunque a la postre el resultado sea el mismo.
La primera diferencia es que se ha abandonado la técnica de reexaminar
una a una las pruebas tenidas en cuenta por el Supremo. En el caso de
Bildu, ello llevó a los cinco jueces de la minoría (Javier Delgado,
Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando, Manuel Aragón y Francisco
Pérez de los Cobos) a denunciar la «extralimitación» del TC.
En un guiño a los entonces discrepantes, la ponencia sobre Sortu
debatida ayer parte del recuerdo de la doctrina del TC de que «no se
puede pretender de este tribunal la revisión de las pruebas practicadas
en el proceso, ni la de la valoración que las mismas han merecido del
Tribunal Supremo (...)».
Aun partiendo de ese principio, llamativamente el texto acaba restando
valor probatorio a documentos e indicios tenidos en cuenta por la Sala
del 61 del Supremo para considerar que Sortu era un instrumento de
ETA/Batasuna.
La segunda diferencia esencial que se propone es la cautela que la
ponencia introduce al reconocer el derecho de Sortu a ser inscrita en el
registro de partidos políticos «si se satisfacen los demás requisitos
legales establecidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos».
Aviso a navegantes
Esta reserva, de ambigua interpretación, se relaciona con un extenso
fundamento jurídico final en el que se hace un catálogo de las conductas
que pueden poner en marcha los mecanismos de ilegalización: cuando la
actividad del partido «vulnere los principios democráticos»; cuando se
justifique, apoye o colabore con el terrorismo; cuando se incurra en
acciones dirigidas a la exclusión y aislamiento social de ciertos
colectivos; cuando se ensalce a los terroristas, o cuando se menosprecie
o humille a las víctimas.
De todas esas conductas, el texto enfatiza que un partido vulnera los
principios democráticos cuando «supedita el rechazo de la violencia
terrorista a la consecución negociada de objetivos políticos que sólo
pueden alcanzarse en un Estado de Derecho mediante la utilización de
procedimientos democráticos».
También destaca que «implica una justificación implícita del terrorismo,
que no puede asumirse en democracia, todo intento de colocar en el
mismo plano el sufrimiento infringido a las víctimas de la violencia
terrorista y el eventual efecto aflictivo asociado al cumplimiento de la
pena impuesta precisamente por la responsabilidad en que incurrieron
quienes, recurriendo o justificando el terror, con su comportamiento
causaron graves daños no sólo a las víctimas sino a la esencia misma de
una sociedad democrática».
La argumentación central de la ponencia gira en torno a la «suficiencia»
de la condena del terrorismo contenida en los estatutos de Sortu «para
contrarrestar otros elementos de convicción».
Subraya que, a diferencia de supuestos anteriores, es «la primera vez»
que los estatutos de un partido que «en la práctica ha carecido de
actividad» contiene un «inequívoco rechazo a la violencia como medio de
acción, incluida la de ETA».
A partir de ahí, se retoma el argumento ya utilizado con Bildu de que
«la eficacia de la rotunda condena de la violencia en los estatutos y en
las declaraciones de los promotores del partido cuya inscripción se
pretende no puede estar sometida al dilema -insoluble para el Derecho-
de la mayor o menor sinceridad del sujeto (...)».
Según la ponencia, «las claras, contundentes e inequívocas
declaraciones» recogidas en los estatutos de Sortu y las manifestaciones
de sus promotores «a favor de las vías exclusivamente pacíficas» y el
rechazo a la violencia «incluida expresamente la de ETA» constituyen «un
contraindicio suficiente para entender, en principio, contrarrestada o
diluida la eficacia probatoria de otros elementos de convicción» de que
pretende suceder a la ilegal Batasuna.
«Ciertamente», se plantea, «la condena a la violencia pudiera ocultar
que la intención real de los promotores de Sortu fuera otra distinta a
la recogida en los estatutos del partido». Para dar una respuesta, se
remite a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la
necesidad de comparar los estatutos o los programas del partido con los
actos y tomas de postura de sus dirigentes. En el caso de Sortu
ponencia da valor a dos notas de prensa emitidas a raíz de actos de
violencia en las que la formación abertzale reiteraba su rechazo a ETA
«abiertamente y sin ambages».
«Salvo que se pretendan ilegalizaciones preventivas, habrá que estar al
contenido de los estatutos», señala la ponencia, que reproduce las
afirmaciones que sirvieron al TC para avalar a Bildu en el sentido de
que la «simple sospecha» no puede excluir el ejercicio de un derecho
fundamental y que la prohibición de Sortu sería «desproporcionada» a la
vista de los instrumentos legales que existen para su control a
posteriori
MARÍA PERAL MADRID
20/06/2012 4 ESPAÑA
Votar antes de la renovación
Fuentes del Constitucional aseguran que se les ha garantizado que esta
vez la renovación va en serio y que la Cámara designará a los nuevos
magistrados el próximo julio. Ello permitirá, por fin, la sustitución
del vicepresidente, Eugenio Gay, y de los magistrados Javier Delgado y
Elisa Pérez Vera, en prórroga de mandato desde diciembre de 2010. La
cuarta vacante se produjo hace aún más tiempo, en mayo de 2008, con el
fallecimiento de Roberto García-Calvo
La idea del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, es
tener resuelta la demanda de Sortu antes de que el Congreso nombre a los
cuatro magistrados del TC que deberían haber entrado en la institución
hace un año y medio. Las fuentes consultadas subrayaron que, si la
renovación se frustra de nuevo, las «medidas drásticas» anunciadas por
el Pleno del TC el 22 de mayo «se cumplirán a rajatabla». Aunque el
tribunal no precisó a qué iniciativas se refiere, puede tratarse de la
aceptación de las renuncias presentadas por Delgado, Pérez Vera y Gay,
lo que dejaría al Pleno en el quórum mínimo para funcionar. «Los asuntos
no pueden eternizarse», señalaron las mismas fuentes para justificar la
celeridad con que se está acometiendo el debate sobre Sortu. Aludieron
también a que esa demanda debe resolverse cuanto antes debido a la
eventualidad de que las elecciones vascas se adelanten al otoño. En este
momento la mayoría del TC es favorable a legalizar Sortu, aunque la
renovación podría variar el resultado o su proporción.
BARCELONA
20/06/2012 ESPAÑA
El 'lehendakari': «Si olvidamos, el asesino dejará de serlo»
Interior promete a las víctimas que no negociará «jamás» con ETA
En pleno homenaje por el 25º aniversario del atentado en Hipercor en
Barcelona, el lehendakari, Patxi López, elogió ayer el papel de las
víctimas del terrorismo y les pidió su colaboración para evitar que el
olvido suponga la absolución de las responsabilidades de los
terroristas.
En un emotivo acto ante el escenario del ataque más sangriento de ETA en
España, que se saldó con 21 víctimas mortales y 45 heridos, López
destacó que las víctimas se han convertido en un referente «moral» y de
«resistencia cívica contra el olvido» y las elogió por no caer en la
revancha ni en el «ojo por ojo», pese a que han tenido que soportar
«desprecios, silencios largos y olvidos eternos».
Por este motivo, el lehendakari subrayó la «superioridad moral» de las
víctimas frente a sus verdugos, ya que se han convertido en un
«referente moral y de resistencia cívica contra el olvido» y atesoran la
«dignidad de los justos». López destacó que, por primera vez en un
homenaje a las víctimas de Hipercor, este año pueden «por fin» hacer la
«mejor ofrenda» a las víctimas: haber ganado al terrorismo.
«Hemos cruzado la frontera del pasado. Ahora tenemos que hacerlo
irreversible [el fin del terrorismo] y ganar la convivencia», apuntó el
lehendakari. «Si olvidamos, no habrá sucedido y el asesino dejará de
serlo», advirtió López, que sentenció que la sociedad española no puede
renunciar a la justicia.
López también se refirió a algunos de los planteamientos del entorno de
ETA y rechazó que se pueda abordar una «salida colectiva» de presos de
las cárceles. «Éste no es ni será el camino», advirtió.
En su intervención, el lehendakari aseguró que ETA no ha dejado la
actividad armada por su propia voluntad, sino «empujada» por la
tolerancia cero de los gobiernos, por el Estado de Derecho, por la
actividad policial y judicial y por la cooperación internacional.
Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas (Acvot), José Vargas, destacó que ahora ETA
«languidece derrotada por la policía y la Justicia», aunque pidió que no
se olvide su «ferocidad y ensañamiento».
En otro acto, celebrado durante la mañana y durante el que entregó 17
grandes cruces a título póstumo y 40 encomiendas a víctimas de atentados
en toda España, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se
comprometió a que el Estado «jamás» negociará con ETA ni con sus presos,
ya que, una vez que la organización terrorista ha sido derrotada
policialmente, no le queda margen de negociación y su única salida es la
disolución.