domingo, 28 de julio de 2013

ETA prohíbe pedir perdón a cambio de la libertad

Rechaza las «salidas políticas personales» y el arrepentimiento

El relato de la Joint Venture del bribón Bárcenas, el gánster Pedro J. y el montaraz RubalcabaLos presos de ETA no podrán arrepentirse, buscar salidas individuales, pedir perdón o «ubicarse fuera de la línea del colectivo». Así lo establece una circular de la dirección del colectivo de presos de ETA enviada a las cárceles para establecer el marco del debate iniciado entre los reclusos. La circular está elaborada por los 20 miembros que forman la dirección del colectivo de presos, entre los que se encuentran antiguos miembros de la cúpula de la banda como Mikel Albisu, Antza; Jon Olarra Guridi, Otsagi; Soledad Iparragire, Anboto; José Javier Arizkuren, Kantauri; Ignacio Esparza Luri; Peio Eskisabel, Xerpa, o Félix Alberto López de la Calle.

El debate se activó en junio, a raíz de la presentación de las recomendaciones del Foro Social organizado por Lokarri y celebrado en marzo en Pamplona y Bilbao. El calendario fijado por la dirección del colectivo de presos prevé dedicar julio y agosto a que los presos puedan hacer aportaciones. Con esas aportaciones, en septiembre, se elaboraría un documento. Las conclusiones se darían a conocer en octubre o noviembre. Diciembre se ha reservado para poner en marcha diversas iniciativas de las recogidas, informa Vasco Press.

El documento habla de tener actitudes flexibles, pero también subraya la necesidad de «establecer líneas rojas» para reforzar su posición política. «No serán aceptadas las salidas políticas personales», señala la primera de las líneas rojas marcadas por los jefes de los presos etarras, que también expresan el rechazo al arrepentimiento acompañado de «denuncias de los compañeros». La circular señala igualmente el rechazo a las peticiones de perdón y señala que «se tomarán siempre decisiones colectivas».

La circular del grupo que dirige a los presos de ETA ratifica «el compromiso respecto al nuevo escenario», añadiendo: «En adelante nos comprometemos a rechazar los caminos del pasado», en alusión al uso del terrorismo. En este punto precisan el concepto indicando que «no se plantea la negación del pasado», es decir condenar el uso que han realizado de la violencia, como han hecho, por ejemplo, los reclusos de la vía Nanclares.

El colectivo de presos rechazará «en adelante» las herramientas «de las que», dice, «nos valíamos en el pasado». Precisa esta afirmación encuadrándola «en el sentido lógico de la estrategia de la izquierda abertzale, manifestando el compromiso con el nuevo escenario».

El escrito propone el reconocimiento del daño causado por el terrorismo y lo hace indicando: «Como consecuencia de nuestra actividad política aceptamos la responsabilidad que tenemos en el conflicto político, también la preocupación de los daños que las actividades han ocasionado». Añade ETA que «el conflicto ha ocasionado daños y ha producido sufrimiento en todos los lados, es una realidad innegable que», asegura, «no tenemos problemas en aceptar».

El documento plantea la amnistía «como una solución completa», aunque indica que no es contradictoria con una «salida escalonada» de los presos «dentro de un plan de excarcelación completo».

viernes, 26 de julio de 2013

Felipe González sostuvo que el 11-M fue un "trabajo por encargo de ETA", según Zapatero

"TENEMOS GENTE DENTRO" DE LA POLICÍA, LE CONFIÓ EL ENTONCES CANDIDATO DEL PSOE A PEDRO J. RAMÍREZ
Libertad Digital

El ex presidente Felipe González sostuvo que el 11-M fue "un trabajo por encargo de ETA", según contó José Luis Rodríguez Zapatero al director de El Mundo el mismo día de los atentados. Lo revela este domingo Pedro J. Ramírez en su Carta del Director, titulada La joint venture. "Es lo que dice Felipe, que ha sido un trabajo por encargo de ETA. Sería la primera vez que pasa algo así", le transmitió el entonces candidato, Zapatero, al periodista durante una conversación telefónica a las 10 de la noche, que Ramírez reconstruye en su ensayo dominical, a partir de las notas que, "con bastante detalle", tomó "sobre la marcha" y que ha decidido hacer públicas al darse cuenta de "su enorme relevancia informativa" tras el último comunicado de ETA, en el que la banda terrorista reconoce el papel del 11-M como una de las condiciones que propiciaron el llamado "proceso de paz".

Felipe González. (LD)


(Libertad Digital) El presidente del Gobierno –entonces, el 11 de marzo de 2004, candidato a la Presidencia por el PSOE– y el director de El Mundo mantuvieron una conversación telefónica –la tercera, en aquella jornada– a las 10 de la noche del día de los atentados de Madrid.
 
José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo ante Pedro J. Ramírez que había terroristas suicidas en los trenes y que la información procedía "de dentro".
 
"Oye, hemos gobernado durante 13 años y tenemos gente dentro", subrayó el entonces candidato socialista, probablemente intentando conferir credibilidad a sus palabras, según se desprende del contexto del diálogo reconstruido por el director de El Mundo.
 
Zapatero también presumió ante Ramírez de contar con fuentes de la Casa Blanca por intercesión del entonces candidato Demócrata John Kerry. "Tienen topos en la Casa Blanca", intrigó. De esos supuestos "topos" procedía, según confió entonces Zapatero a Ramírez, la certeza de la Casa Blanca, contraída la misma tarde del 11-M, de que había sido Al Qaeda la autora de los atentados.
 
El periodista le interrogó sobre "una faena a medias, una especie de joint venture" con ETA.
 
La respuesta de Zapatero fue: "Eso es lo que dice Felipe, que ha sido un trabajo por encargo de ETA. Sería la primera vez que pasa algo así".
 
Pedro J. Ramírez reconstruye este diálogo en su Carta del Director de este domingo, titulada La joint venture, al considerar "su enorme relevancia informativa" a la luz del último desafío de ETA, reconociendo el pasado 8 de abril en Gara que el 11-M lanzó –entre otras condiciones favorables– el llamado "proceso de paz".
 
La intoxicación de la existencia de terroristas suicidas en los trenes –una información difundida por la SER y que se ha demostrado falsa– y la atribución del origen de ese bulo a fuentes "de dentro" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según las identificó el entonces candidato socialista en esa versión lleva al periodista a deducir que "alguien en el seno de las Fuerzas de Seguridad conocía un guión según el cual entre la furgoneta de Alcalá y la mochila de Vallecas debía aparecer los restos de terroristas suicidas como definitiva marca de la casa del integrismo islamista. Mi única duda es si, además de conocer el guión, ese alguien había contribuido también a pergeñarlo".
 
Ramírez explica, en su artículo que "lo que de verdad me ha impulsado" a publicar su conversación telefónica con Zapatero "ha sido la parte final de la charla, puesta en combinación con las referencias que ETA hizo al 11-M el pasado fin de semana en la entrevista publicada en Gara y con los últimos avatares de la vista oral por la matanza".
 
"La del domingo", subraya Pedro J. Ramírez, "fue la primera vez que ETA estableció una relación de causa a efecto entre la masacre –dice que fue uno de los "factores" desencadenantes– y lo que define como proceso para la resolución del conflicto vasco".
 
El periodista concluye su pieza dominical con la conjetura de una broma del destino: "Tendría gracia –si no se tratara de algo tan trágico– que un día se comprobara que las dos primeras personas en intuir lo sucedido, o al menos en contárselo a Zapatero, hubiéramos sido Felipe González y yo", escribe el director de El Mundo.
 

miércoles, 24 de julio de 2013

El nuevo juez del ‘caso Manzano’ revisará toda la documentación

El nuevo juez del caso Manzano ha pedido una copia completa de la investigación sobre el jefe de los Tedaxen el 11-M antes de decidir si reabre la causa.
El nuevo juez del caso Manzano del 11-M, Ramiro García de Dios Ferreiro aunque es muy estricto con la Policía, tiene la mácula de que es del sindicato socialista de Jueces para la DemocraciaEl titular del Juzgado de Instrucción número 6, Ramiro de Dios, ha notificado a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y a la Fiscalía de Madrid una providencia en la que considera que, antes de resolver sobre las peticiones de las víctimas y reactivar el caso Manzano, resulta «imprescindible» examinar la totalidad de las actuaciones.
La Asociación de Ayuda pide al juez que retome la investigación sobre la recogida de muestras de los focos de las explosiones del 11-M y su tratamiento posterior bajo la dirección de Sánchez Manzano. La instrucción abierta por la juez Coro Cillán en el juzgado número 43 de Madrid fue archivada por la Audiencia de Madrid y luego por el Tribunal Supremo cuando ya estaba prácticamente concluida.
El archivo no se produjo por un motivo de fondo, sino por una cuestión procesal: que unos días antes de que se pusiera en marcha la investigación en el juzgado 43, el juzgado 6 ya había archivado una denuncia por hechos similares contra un grupo de mandos policiales que incluía a Sánchez Manzano. Aplicando el principio de non bis in idem, no cabía abrir una nueva investigación contra él por los mismos hechos.
En la misma resolución en la que ordenó el archivo del asunto, la Audiencia de Madrid ofreció una vía a las víctimas para seguir investigando: que se dirigieran al juzgado que había recibido y archivado la primera denuncia contra Manzano y reclamaran que, como afectados, se les notificara la decisión de archivo. Luego ese sobreseimiento podría ser recurrido.
El nuevo juez del caso Manzano del 11-M, Ramiro García de Dios Ferreiro aunque es muy estricto con la Policía, tiene la mácula de que es del sindicato socialista de Jueces para la DemocraciaLa asociación que preside Ángeles Domínguez hizo esa petición al juzgado número 6 y, tras unos meses de espera, el juez Ramiro de Dios notificó recientemente a las víctimas el auto de archivo que había dictado en 2009, sin practicar prueba alguna, sobre la causa de Manzano y otros policías.
Inmediatamente, el abogado de la Asociación de Ayuda, José María de Pablo, presentó un escrito reuniendo todos los indicios de los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio recopilados contra Sánchez Manzano en la investigación que durante dos años había llevado a cabo el juzgado número 43 de Madrid.
Entre el material aportado por las víctimas estaba el reconocimiento del propio Manzano de que ordenó destruir la mayor parte del material recogido en los focos de las explosiones porque consideró que ni siquiera tenía el valor de muestra. Esa afirmación fue desmentida ante la juez Coro Cillán por numerosos tedax, que mantuvieron que entre el material destruido había restos de valor incuestionable. El resultado de la actuación de Manzano fue que los peritos del 11-M contaron sólo con 23 muestras de un total de 12 focos de explosión, una cantidad exigua que entorpeció sus tareas para identificar el explosivo.
Además de exponer todos esos datos al nuevo juez del caso, las víctimas le pedían que, tras la reapertura, practicase las tres únicas diligencias con las que consideran que podría darse por concluida la instrucción: un nuevo interrogatorio a Manzano y a la perito tedax a su cargo y la petición de documentación la Audiencia Nacional.
El juez, que advierte a la asociación de que aunque les haya notificado el archivo no la tiene formalmente como personada en la causa, considera que antes de pronunciarse debe recibir el testimonio íntegro de la investigación. Una investigación que, según las víctimas y a falta de esas tres únicas diligencias, bastaría para mandar ya al banquillo al jefe de los Tedax en el 11-M.

martes, 16 de julio de 2013

Las pruebas de Bárcenas

Confiesa al juez Ruz que durante dos décadas mantuvo una contabilidad B en el PP y que pagó sobresueldos a la cúpula del partido / Aporta documentos para avalar sus acusaciones

La Joint Venture de Pedro J. con el bribón de Bárcenas, estructura el asalto al poder de la izquierda y el secesionismoLos papeles de Bárcenas dieron ayer paso a las pruebas de Bárcenas. Ya no se trata de meros documentos atribuidos a él: son, según su propia declaración, anotaciones de su puño y letra elaboradas durante las dos décadas en las que ejerció como gerente o tesorero del Partido Popular. En esos documentos aportados al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quedó reflejada la contabilidad B de la formación, tanto la financiación irregular a través de donaciones de empresarios de la construcción como los pagos regulares de sobresueldos a la cúpula del partido. En las más de cuatro horas de declaración, Luis Bárcenas sostuvo la veracidad de todos los apuntes y aseguró que los sucesivos presidentes, secretarios y vicesecretarios del PP estuvieron al tanto de que se llevaba una contabilidad paralela.

La de ayer fue la décima declaración de Bárcenas ante la Justicia desde que estalló el caso Gürtel. Ocho de ellas fueron para responder por los supuestos pagos de la trama y sus cuentas en Suiza, pero hasta ahora sólo una vez había comparecido para responder por las cuentas del partido. En esa ocasión se negó a declarar, y añadió que nunca más lo haría. Ayer, sin embargo, cumpliendo el 19º día de prisión, decidió hacerlo, y hacerlo pertrechado de decenas de documentos y un pendrive con las cuentas opacas del partido.

La Joint Venture de Pedro J. con el bribón de Bárcenas, estructura el asalto al poder de la izquierda y el secesionismoNUEVOS DOCUMENTOS. La comparecencia de Bárcenas, acordada de manera fulminante la semana pasada tras las revelaciones de este diario, comenzó con la entrega al juzgado de abundante documentación. Parte estaba contenida en una memoria digital portátil que Bárcenas, antes de abandonar Génova, copió de uno de los ordenadores que había empleado en su etapa de tesorero. Fue uno de los ordenadores que el PP no le permitió retirar de la sede central cuando estalló el conflicto laboral. Ese pendrive incluye las anotaciones de los cuatro años que hasta ahora le faltaban total o parcialmente al juzgado (1993 a 1996), cuyo contenido de ingresos y gastos sigue el patrón del resto de ejercicios. Según fuentes jurídicas, el ex tesorero ha entregado a Ruz toda la contabilidad que elaboró hasta marzo de 2010. Bárcenas también aportó decenas de documentos originales de ingresos bancarios en cuentas del partido.

DONACIONES DE EMPRESARIOS.En un extenso interrogatorio, el juez Pablo Ruz fue preguntando al imputado por cada apunte contable que consta en la contabilidad B reconocida como suya. Los confirmó todos. En el apartado de ingresos, Bárcenas explicó que los grandes empresarios de la construcción cuyos nombres aparecen en los papeles se presentaban personalmente en la sede de la calle Génova tras haber contactado con el presidente o secretario general del partido. El dinero se ingresaba en la caja fuerte de la sede central y la operación se remataba con una comida con Lapuerta o Bárcenas.

Lo que no hizo el ex tesorero fue vincular esas entregas de los empresarios a la adjudicación de obras o contratas, ni señalar a los funcionarios a los que iban dirigidas las cantidades, precisiones necesarias para establecer la comisión de delitos de cohecho o de tráfico de influencias. Las entregas no eran finalistas, insistió Bárcenas, sino que los empresarios buscaban apoyar al partido. Los pagos, que se hacían en billetes de 500 euros, superaban las cuantías máximas legales y en la inmensa mayoría de los casos los efectuaban empresarios que contrataban con la Administración y que, por lo tanto, tenían vetadas por ley las donaciones.

200.000 A CASTILLA-LA MANCHA. El relato más completo de Bárcenas fue el relativo a una entrega de 200.000 euros por parte de la constructora Sacyr para ayudar al PP castellano-manchego en 2007. Por entonces ya estaba al frente del PP regional María Dolores de Cospedal, a la que Bárcenas tiene como furibunda enemiga. A preguntas de la defensa del ex presidente de Sacyr Luis del Rivero, Bárcenas no afirmó tajantemente que el pago tuviera como contraprestación la adjudicación del servicio de limpiezas de Toledo para una filial de Sacyr (más información en página 6).

SOBRESUELDOS. Bárcenas dijo al juez que los recibieron todos los miembros de la cúpula del partido. El encargado de hacer las entregas de los sobresueldos era el tesorero –es decir, Álvaro Lapuerta–, y cuando éste se retiró, él mismo. Bárcenas explicó que en dos ocasiones, en 2009 y 2010, entregó en mano sobres con dinero a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. En uno de los episodios, la sede central recibió del PP de Pontevedra 50.000 euros como devolución de un préstamo. Según el relato de Bárcenas, 25.000 fueron para Rajoy, entregados en la calle Génova, y 25.000 para la secretaria general, entregados en el Senado.

La otra entrega se sitúa en el momento en el que Bárcenas abandona su despacho de tesorero. Entonces le quedaban en la caja fuerte dedicada a la contabilidad B algo más de 40.000 euros. Él quería dejarlo todo saldado, así que preparó sendas entregas de 20.000 euros para Rajoy y Cospedal, dejando solo unos miles de euros de remanente. Como en el resto de los casos, Bárcenas dijo no conservar ningún recibí de los sobresueldos.

En cuanto a los posibles pagos al ex presidente José María Aznar, Bárcenas lo incluyó de manera genérica entre los receptores –por su cargo en el partido– pero no lo mencionó expresamente. Cuando se le preguntó por la identidad tras las siglas «JM» que aparecen en los papeles junto a salidas de dinero, explicó que no lo recordaba bien y que podía tratarse de Jaime Mayor Oreja.

Entre los sobresueldos que sí precisó están los del Federico Trillo. Según Bárcenas, Trillo no quiso perder ingresos cuando pasó de del cargo de presidente del Congreso, magníficamente remunerado, al de ministro de Defensa. El PP acabó pagándole la diferencia de sueldos.

TRAJES A RAJOY. Además de los sobresueldos, entre los múltiples usos del dinero opaco guardado en la caja fuerte estuvo el de adecentar el ropero del hoy presidente del Gobierno, un imperativo según sus asesores de imagen. La contabilidad refleja apuntes como «Trajes Mariano» o «Corbatas presidente» y similares por valor de algo más de 30.000 euros. Según Bárcenas, llevó a Rajoy al sastre que él mismo usaba.

GENERALES DE 2011. Bárcenas describió un episodio particularmente reciente del que ya había informado este diario. Según su relato, antes de las elecciones generales de 2011 el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, contactó con Lapuerta, con el que tiene una amistad personal, para entregar 300.000 euros al partido, precisando que deseaba que Rajoy estuviera al tanto de la entrega. Lapuerta se lo transmitió al presidente del partido, que ordenó que se le remitiera al tesorero, entonces ya Juan Manuel Romay Beccaria. Bárcenas dijo al juez que, aunque él no participó en la entrega, llamadas posteriores sobre el asunto le hacen pensar que ésta se produjo. En su declaración en la Audiencia Nacional, Villar Mir negó haber hecho donaciones de ese tipo al PP.

TODO CONFIRMADO. En su larguísima declaración, Bárcenas confirmó todas las informaciones publicadas por EL MUNDO en los últimos días, incluyendo sus negociaciones con dirigentes del partido sobre su futuro, el cruce de mensajes con Rajoy a través del móvil y las amenazas recibidas en prisión para que no hiciera lo que hizo ayer.

>Veael videoanálisis de Manuel Marraco.

Confirma al juez Ruz haber recibido «presiones» del PP


Interpretó así la visita de dos letrados cuyos nombres no facilitó
 
El ex tesorero del PP confirmó ayer durante su comparecencia ante el juez Ruz que dos letrados –cuya identidad no facilitó por indicación de su defensa– le visitaron en prisión para transmitirle mensajes que él entendió que procedían del PP y que consideró una «presión» para que guardara silencio.
Bárcenas fue preguntado por esas visitas por la acusación popular que ejercen Los Verdes y por su propio abogado, Javier Gómez de Liaño. Al contestar a éste desveló otras maniobras supuestamente procedentes del Partido Popular y que se habrían producido tras la publicación por El país de las fotocopias con la contabilidad B.
Bárcenas se refirió a una reunión a la que habrían asistido un abogado y Ana Gutiérrez (a ella sí la identificó), esposa del ex diputado Jesús Merino, también imputado en el caso Gürtel . Durante el encuentro se le «sugirió» hacer una modificación de esas fotocopias y él trasladó la idea a su defensor, Alfonso Trallero, que dijo que era «una barbaridad».
También aseguró que en otra ocasión se le hizo el ofrecimiento de 500.000 euros en dinero negro como indemnización por su despido como empleado del PP a cambio de que retirara la demanda que ha presentado contra Alberto Durán, asesor jurídico del PP, y contra el propio partido.
Respecto a las visitas al centro penitenciario, señaló que uno de los letrados le dijo que la Audiencia Nacional podría decretar la nulidad del procedimiento en septiembre u octubre próximos; le recordó los casos de Mario Conde y Luis Roldán y le manifestó que, si hablaba, su mujer podría acabar también en la cárcel. No afirmó que el letrado le hubiera asegurado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, va a ser destituido.
Según Bárcenas, esta entrevista se celebró después de que el subdirector de la prisión le avisara de que este letrado quería verle, lo que le extrañó.
La segunda visita estuvo protagonizada por otro letrado que le habría ofrecido «quedarse con el 25 por 100» del dinero descubierto a Luis Bárcenas en el extranjero. El ex tesorero, según declaró ayer, le contestó que no renunciaba al 100 por 100 de su fortuna porque es de procedencia legal.
El abogado Miguel Durán, defensor del número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, negó ayer en un comunicado haber transmitido a Bárcenas un «supuesto mensaje» en nombre de Mariano Rajoy, con el que asegura que no habla desde «hace más de dos años», informa Efe. Durán mantiene que fue a ver a Bárcenas a petición de éste y de su familia con la única intención de «prestarle apoyo profesional y humanitario».
Por su parte, Javier Iglesias, abogado de Álvaro Lapuerta (antecesor de Bárcenas como tesorero del PP), negó «rotundamente» haber visitado a Bárcenas «en nombre del Partido Popular» o haberle transmitido «mensaje alguno» de esa formación. Añadió que en sus reuniones con Bárcenas no ha existido «conflicto procesal o profesional alguno» y señaló que se ha regido «siempre con el más estricto rigor profesional y deontológico».
El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, también manifestó que es «radicalmente falso» que su partido haya enviado mensajes a Bárcenas a través de abogados.
 

Apaños y montajes


El hecho de que Luis Bárcenas reconociera ayer ante el juez la autoría de la contabilidad B del PP adquiere una relevancia extraordinaria.

El ex tesorero, quintaesencia de Génova desde los tiempos de Aznar, asume que el partido se financió irregularmente durante años y que una parte del dinero que entregaban los empresarios en el despacho de Álvaro Lapuerta, con él como testigo y fedatario, iba después a engrosar los bolsillos de los máximos dirigentes del partido (en B, por supuesto).

Ahora le toca a Ruz investigar cuánto de cierto hay en todo ello, incluida la acusación a María Dolores de Cospedal de ser la muñidora de la única comisión finalista (pagada por Luis del Rivero) que dice recordar. Ella misma lo negó ayer con rotundidad.

Pero, en definitiva, la bomba Bárcenas ha estallado y su onda expansiva ha llegado con toda su capacidad destructiva hasta La Moncloa.

Si el presidente del Gobierno quiere que los ciudadanos sigan pensando que es una persona digna de ocupar ese cargo, no puede ampararse en el silencio (o las preguntas pactadas). Tiene que dar explicaciones en el Congreso.
La estrategia respecto a Bárcenas por parte del Gobierno y del PP ha sido torpe desde que se conoció su implicación en el caso Gürtel. Entonces tenían que haberse cortado de raíz las relaciones, en lugar de ofrecerle acomodo en Génova, sueldo y secretaria. Por no hablar de los contactos personales del presidente, que ahora le dejan en muy mal lugar.

La razón de la torpeza fue pensar que se podía llegar a un apaño. Bárcenas ha declarado que, a primeros del mes de febrero (tras la publicaciones de las fotocopias de sus papeles en El País), mantuvo una reunión con Javier Iglesias, abogado de Álvaro Lapuerta, en la que estuvo presente Ana Gutiérrez (esposa del imputado Jesús Merino). Según esta versión, Iglesias le ofreció a Bárcenas la reescritura de sus papeles. Es decir, mantener algunas cosas y quitar otras, con el fin de desacreditar al periódico y acusarle de haber urdido un montaje. Por su parte, Iglesias, que admite la reunión, afirma que el que propuso el corta y pega fue el propio Bárcenas.

Ese mismo día por la tarde se volvieron a reunir en el despacho del abogado del ex tesorero del PP Alfonso Trallero. Éste se negó a la chapuza y argumentó que era muy peligroso hacerlo, como demostró, dijo, «la carta falsa de los Albertos».

Durante esos días, recordarán, en el PP se manejó la hipótesis del montaje. Si Bárcenas hubiera seguido adelante, esa tesis habría sido corroborada por los hechos (naturalmente, manipulados).
Ni el PP ni el Gobierno valoraron en su justa medida las repercusiones del caso. Pensaron que el tiempo acabaría por desactivarlo.

Pero Bárcenas subió el tono de su enfrentamiento con el partido. Demandó al abogado del PP, Alberto Durán, y llevó al partido ante la jurisdicción laboral por un supuesto «despido improcedente» (recordemos que estuvo cobrando sueldo y que incluso el PP pagó sus cuotas a la seguridad social durante más de dos años).

Fue –de nuevo, según Bárcenas– el propio Iglesias el que le propuso ya en el mes de marzo la retirada de las denuncias a cambio de 500.000 euros, a modo de compensación.

Según esa versión, Iglesias (que también es abogado de Alfonso García Pozuelo) coordinaba la defensa de los empresarios implicados en el pago de donaciones ilegales al PP.
La estrategia era negarlo todo. Si, por su parte, Bárcenas se mantenía firme en no reconocer la autoría de la contabilidad B, el asunto acabaría por archivarse.

Pero, en esto, llegó la cárcel y Bárcenas ha terminado contando todo lo que sabe (ya veremos si todo lo que dice es cierto). El PP y el Gobierno no pueden seguir insistiendo en el error. Recuperar la confianza requiere una rectificación.

Bárcenas prueba la financiación ilegal del PP

Entrega a Ruz un recibí de la presunta comisión de 200.000 euros pagada al partido en Castilla-La Mancha / Aporta un documento de los cobros de Rajoy, Cascos, Rato y Trillo

La Joint Venture de Pedro J. con el bribón de Bárcenas, estructura el asalto al poder de la izquierda y el secesionismoEl PP de Castilla-La Mancha habría percibido una comisión de 200.000 euros por la adjudicación de una contrata en la ciudad de Toledo en 2007, siendo ya presidenta regional Cospedal, tal y como atestigua el «recibí» que Bárcenas entregó ayer al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y que EL MUNDO reproduce a la derecha de estas líneas.

El ex tesorero puso en manos de Ruz éste y otros cientos de elementos probatorios de la financiación ilegal del partido que sostiene al Gobierno –este periódico ha podido acceder a cinco de ellos–. El recibí está firmado de su puño y letra por José Ángel Cañas Cañada, entonces y ahora gerente del PP en la comunidad castellano-manchega.

«He recibido de Luis Bárcenas con fecha 12/02/2007 #100.000#(cien mil euros) y con fecha 28/3/2007#100.000#cien mil euros). Madrid, 28 de marzo de 2007. Firmado: José A. Cañas Cañada», reza el documento.

Al pie del recibí figura otra anotación manuscrita: «Luis del R. / Manuel Manrique», que se referiría al empresario y constructor Luis del Rivero, entonces presidente del conglomerado de la construcción y los servicios Sacyr, y a su sucesor, que en aquel momento era el consejero delegado.
¿Y por qué aparecen con letra de Bárcenas los nombres de Del Rivero y Manrique? Pues porque estos 200.000 euros de mordida los habría abonado Sufisa, una de las filiales de Sacyr, a cambio de la concesión de una contrata de recogida de basuras en el Ayuntamiento de la capital castellano-manchega, gobernado por el también popular José Manuel Molina.

La adjudicación a Sufisa por parte del Consistorio que presidía Molina se formalizó el 15 de enero de 2007. No era precisamente un contrato menor, sino la concesión de las basuras por un periodo de 14 años y un presupuesto total que finalmente superó los 100 millones de euros. Es decir, a razón de casi ocho millones anuales.

El Ayuntamiento de Toledo decidió agraciar a Sacyr-Sufisa, al concluir la Mesa de Contratación que la oferta que pusieron encima de la mesa era «la más competitiva». Pero el análisis de las ofertas no lo efectuaron los técnicos municipales, a los que se puenteó, sino una miniempresa externa contratada ad hoc por el equipo de gobierno de José Manuel Molina.

José Ángel Cañas Cañada es una persona de la más absoluta confianza de la dirigente castellanomanchega. De hecho, aterrizó en enero de 2007, siete meses después de que María Dolores de Cospedal sustituyera a Molina al frente del PP regional. Cañas continúa siendo el hombre que maneja las cuentas de la formación de centroderecha en la comunidad. Fuentes solventes aseguran que su poder orgánico es «total». «Todo el mundo sabe que es el hombre de María Dolores en el partido, su extensión, su delegado con mando en plaza. Nadie le discute nada porque saben que toserle a él es toser a la presidenta», relata muy gráficamente uno de los gerifaltes de la dirección castellano-manchega, antaño crítico, hoy cospedalista.

Este recibí confirma lo manifestado por el protagonista a Pedro J. Ramírez, relato recogido en su carta del domingo 7 titulada Cuatro horas con Bárcenas. En esta conversación, el ex tesorero rememoró la frase que pronunció en una cita con Rajoy y Arenas, cuando salió a relucir el nombre de la secretaria general, de cuyo trato se queja amargamente. «La única irregularidad que yo he cometido en estos años, en esta casa, ha sido por esta señora», enfatizó en voz alta en presencia del presidente del Gobierno, del vicesecretario general y también de su esposa, Rosalía.

«Ante el estupor de Arenas y Rajoy, Bárcenas describió entonces el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha a cambio de una adjudicación de una contrata municipal en Toledo a una empresa de construcción y servicios, cuyo polémico presidente aparece en la lista de donantes del partido», escribía Pedro J. Ramírez. El siguiente párrafo es expresivo: «Cuando Bárcenas les mostró documentos acreditativos de la operación, Rajoy se echó las manos a la cabeza y –siempre según los recuerdos del ex tesorero– exclamó: ‘¡Por Dios, Luis, cómo puedes tener estos papeles!’».

La aludida, María Dolores de Cospedal, desmintió ayer la versión de Bárcenas basándose en tres contraargumentos: «Esos 200.000 euros es dinero que Bárcenas dio al PP de Castilla La Mancha para la campaña de 2007, como hizo con los otros gerentes regionales. Además, todo el mundo sabe que mi relación con Molina no es precisamente buena. Y, por si fuera poco, creo que todo el mundo entenderá que nadie es tan tonto como para firmar que ha recibido una comisión ilegal. Bárcenas engañó a Cañas diciéndole ‘firma esto’ y el chaval lo firmó».

Entre la documentación facilitada ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hay también un tarjetón redactado a ambos lados por Bárcenas. Es más, el nombre del ex tesorero figura en el anverso.

En la cara A se puede leer textualmente, en una caligrafía fácilmente legible, varias cosas: «Semestre Mariano [Rajoy]: 12.620 euros/pagado. Semestre Rodrigo [Rato]: 13.700 euros. Semestre Paco [Álvarez-Cascos]: 19.350 euros». A continuación aparecen sumadas las tres cantidades, que hacen un total de 46.150 euros.

Un poco más abajo figura otra nota: «Pte. Federico [Trillo] 2001: 19.470, anotar pagado». Nuevamente, vuelve a sumar esta cifra a las tres anteriores y sintetiza: «Total: 65.623 euros».

En la cara B aparecen precisados los pagos satisfechos a Trillo en 2000 y 2001, entonces ministro. Hay que recordar que tanto éste como Rajoy, Rato y Cascos eran en aquellos momentos miembros del Ejecutivo de Aznar. En consecuencia, no podían recibir un solo euro que no fuera el correspondiente a su sueldo como ministro, so pena de vulnerar la Ley de Incompatibilidades.
Esta norma de 1995 establece que si un ministro cobra un salario público o privado que no sea el propio del cargo, incurrirá en una infracción muy grave, grave o leve.

Entre los cientos de documentos hay otro mucho más antiguo, de 1990 concretamente, que es perfecto reflejo de cómo se engrasaba económicamente en aquella época el rebautizado partido, que unos meses antes había pasado de llamarse Alianza Popular a adquirir su actual denominación. Se trata de un cheque «al portador» expedido por Ginés Navarro, que era una de las constructoras más potentes de España. La cantidad es elevadísima, teniendo en cuenta que hablamos de hace casi 23 años: «Diez millones de pesetas». O, lo que es lo mismo, 60.000 euros al cambio.

El cuarto elemento probatorio es un recibí suscrito en 1992 por el entonces todopoderoso director de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Un total de 175.000 pesetas que, según él, iba a entregar a la presentadora de televisión Isabel Tenaille.

Torres-Dulce niega que la F iscalía esté «presionada»

 
Imparcial e independiente antes, ahora y en el futuro. Así es, según aseveró ayer rotundo el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la actuación de la Fiscalía. Es decir, tal y como se encargó de manifestar el jefe de los fiscales, «ni nos hemos encontrado ni nos vamos a encontrar en ningún momento presionados por ninguno de los partícipes en el proceso [del caso Bárcenas], ni mucho menos por cualquier medio de comunicación». En referencia a EL MUNDO, aseguró que lo único que hace es «ejercer su derecho a la información».
Unas presiones que se intuían a la luz de la oferta que los abogados Javier Iglesias y Miguel Durán habrían transmitido a Luis Bárcenas a cambio de su silencio: la caída de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia para poder controlar mejor a la Fiscalía. Sin embargo, Torres-Dulce aseguró que tanto desde dicho Ministerio como desde Presidencia del Gobierno, lo que siempre le han pedido es «trabajar con la más completa y absoluta autonomía e independencia de la política del Ejecutivo».
Por eso, lo único que espera es que las últimas informaciones sobre pactos y conversaciones «se vuelquen de manera procesal, porque nosotros vivimos de los procesos, no fuera de ellos».
El nombre de Mariano Rajoy también salió a la palestra. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente fuese llamado a declarar, Torres-Dulce dijo que esa decisión corresponde a los fiscales «atendiendo objetivos realistas dentro del proceso» porque, apostilló, la Fiscalía «sólo estudia posibilidades de hechos delictivos, y actitudes de ámbito moral o político quedan fuera de nuestro campo».
Una relación fluida
El fiscal general reconoció que tiene una «comunicación fluida con el ministro de Justicia», pero negó que hablen del proceso abierto contra Bárcenas ni de ningún otro porque «la competencia del Gobierno es la política, y la de la Fiscalía, hacer su trabajo con imparcialidad».
Antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Torres-Dulce negó la capacidad de cualquier ejecutivo para dominar a la Fiscalía por el mero hecho de cambiar al titular de Justicia, como parece desprenderse de la reunión de Bárcenas con los abogados de Álvaro Lapuerta y Pablo Crespo. Así, aseguró que esa era una pregunta «constitucionalmente improcedente porque, si eso se hiciese así, se estaría cometiendo un delito».


El presidente lo niega todo y se identifica con la ‘estabilidad’

Cospedal: ‘Son mentiras y calumnias’

Mariano Rajoy lo niega todo pero ni argumenta ni explica. La palabra de un presidente debe servir sin más, máxime cuando se posee mayoría absoluta en el Parlamento y el líder se identifica con la «estabilidad» y el futuro del país.

El presidente descarta así cualquier posibilidad de comparecer en sede parlamentaria para dar respuesta a las graves revelaciones de Luis Bárcenas y, por supuesto, no ha considerado ni por un momento que deba dimitir.
Ayer, en su declaración ante los medios, forzada por la presencia en Moncloa del primer ministro polaco, Donald Tusk, se limitó a la afirmación solemne de que «el Estado de Derecho no se somete a chantaje», que él velará porque en el curso del proceso sobre el caso Bárcenas las instituciones «actúen con independencia y sujeción exclusiva a la Constitución y a las leyes» y, por último, rechazó frontalmente la posibilidad de presentar la dimisión, como le reclaman los grupos de la oposición.
«Yo», aseguró Rajoy, «le voy a dar la garantía a los españoles de que aquí hay un Gobierno estable y que va a cumplir con su obligación; si otros quieren jugar a otras cosas por unas u otras razones, ésa es su responsabilidad».
Con estas palabras, el presidente daba respuesta a la posibilidad de que finalmente el PSOE, acompañado por otros grupos, decida presentar contra él una moción de censura. «Voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles», recalcó, antes de añadir que no «consentirá» que los dos pilares más importantes de la política española –el programa de reformas para superar la crisis y la estabilidad– «sufran daño».

La Joint Venture de Pedro J. con el bribón de Bárcenas, estructura el asalto al poder de la izquierda y el secesionismoEn definitiva, el presidente vino a identificarse como el garante de ambos objetivos y, en consecuencia, cualquier acusación contra él implica un ataque a los mismos.
La intervención de Rajoy coincidió en el tiempo con el tramo final de la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz del hombre al que él elevó al cargo de tesorero del PP, Luis Bárcenas.
No hubo en sus palabras atisbo alguno de explicación que contrarrestara las graves revelaciones que hizo el ex tesorero a EL MUNDO unos días antes de ingresar en la prisión de Soto del Real y que ayer mismo ratificó y amplió ante la Justicia.

En su opinión, tal y como ya habían transmitido días antes portavoces autorizados de La Moncloa, Mariano Rajoy considera que ya dio todas las explicaciones oportunas cuando pronunció un discurso el pasado 3 de febrero ante la dirección de su partido y que, incluso, las amplió cuando las fuerzas parlamentarias de oposición sacaron a relucir el escándalo de corrupción que afecta a su partido durante el Debate sobre el estado de la Nación.

«Un presidente del Gobierno», señaló ayer Rajoy, «no puede estar saliendo cada día al paso de todas y cada una de las insinuaciones, rumores o informaciones interesadas de todo tipo que se vayan publicando». Él cree que no tiene sentido pedirle eso a un jefe de Gobierno y por eso da por zanjada cualquier posibilidad de acudir a la Cámara para someterse a las preguntas y al debate con el resto de los grupos.

«No voy a entrar en detalles ni a polemizar con nadie. Siempre que tenga algo que decir lo diré. Cuando considere que tenga algo que decir, lo diré exactamente igual que hoy», aseguró, pese a que, en realidad, ayer no dijo prácticamente nada.

Incluso cuando se refirió al cruce de mensajes telefónicos que durante meses mantuvo con Bárcenas –ya imputado y sobre el que recaían graves sospechas–, en los que le daba ánimos, le pedía resistir y le enviaba abrazos, el presidente optó por la versión que se cocinó en Moncloa a lo largo del domingo.

A saber: lo único que demuestran los citados SMS divulgados por este periódico es que él no cedió a ninguna presión. «No ha habido ni va a haber», dijo, «ninguna presión a la Justicia, ni a la administración tributaria, ni a la Policía Judicial ni a ningún otro escalón administrativo».
Y la mejor prueba de ello es, en su opinión, que las personas encargadas de dilucidar sobre el caso de supuesta financiación irregular del PP y sus ramificaciones–fiscales, juez, policías y personal de la administración tributaria– son las mismas que había antes de que el Partido Popular ganara las elecciones. «Esto es una democracia seria», reiteró, «y las instituciones no se someten al chantaje. A las pruebas me remito».

Cospedal se revuelve contra las «calumnias»

Pide al juez que la cite para desmentirlas en sede judicial y se reserva querellarse

No hubo excusas ni digresiones. Ni se perdió en críticas al PSOE, como hizo por la mañana Carlos Floriano, ni omitió referencias explícitas a Luis Bárcenas, como Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal compareció ayer ante la prensa –ante la que abrió un amplio turno de preguntas– con el único objeto de desmentir las acusaciones del ex tesorero del partido y de acusarle de calumniador: «Son calumnias y mentiras», afirmó.

Y las dos cosas las hizo con vehemencia. Si bien no aportó ningún dato que contradijera las nuevas aportaciones del declarante, Cospedal se mostró tajante al negar que hubiera recibido dinero en sobres, de su mano y en su propio despacho. «Nunca», enfatizó. Tildó de «rotundamente falsa» la comisión presuntamente cobrada por el PP de Castilla-La Mancha a cambio de un contrato del Ayuntamiento de Toledo, y dio «cero credibilidad» a la donación de 300.000 euros al PP por parte del empresario Juan Miguel Villar Mir, para la campaña electoral de 2011.

Tan vehemente se mostró Cospedal –que también negó «presiones» a Bárcenas a través de sus abogados–, que llegó a pedir al juez Ruz que se decida a citarla como testigo, tal como pidió el fiscal. «Me daría pie a desmentir estas calumnias en sede judicial», afirmó, tras admitir que no le había gustado, en su momento, que el Ministerio Público se hubiera olvidado de anteriores secretarios generales, como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Ángel Acebes: «Permítame que esos pensamientos se quedan para mí», dijo.

En el mismo contexto de firmeza, la secretaria explicó que si no se querella ahora contra Bárcenas o no amplía su demanda civil contra él, tal como hizo días atrás, es porque jurídicamente no es factible, dado que sus declaraciones se han realizado en sede judicial. Pero sí se reservó ejercer futuras acciones.

Sobre el recibí entregado por Bárcenas al juez firmado por el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, la presidenta del PP regional –que, según subrayó, sólo llevaba «seis meses» al frente– señaló que el «documento» sólo se refería a la percepción de la «asignación» por la campaña electoral, de la que «Bárcenas», como tesorero, «era responsable». «De ninguna manera indica una comisión previa supuestamente cobrada por el entonces alcalde para que éste se la diera a Bárcenas, y éste, al gerente regional, para que financiara la campaña, porque es una historia disparatada y mentirosa. Y además de mentira, es una gran ignorancia», afirmó

Preguntada por si reconocía la presunta entrega de 300.000 euros al PP por parte del empresario Juan Antonio Villar Mir (OHL) al PP en la campaña de 2001 –sobre la que no había hecho expresa mención–, Cospedal fue algo menos rotunda. Eso sí, le concedió «cero credibilidad».

De manera muy significada, la autora de la frase «que cada palo aguante su vela» no sólo puso ayer la mano en el fuego por sí misma y por el presidente del Gobierno, sino también por todos los dirigentes del partido en relación con los sobresueldos, que ayer confirmó Bárcenas. «Todos nuestros ingresos están declarados y justificados debidamente», dijo, si bien admitió que el partido no tiene intención de hacer públicas las declaraciones de la renta reunidas en los últimos meses, «hasta que se llegue a un acuerdo con el PSOE». Cospedal tampoco vio la necesidad de que Rajoy comparezca en el Parlamento, y se negó por dos veces a pedir perdón en nombre del partido por la confianza depositada en su ex tesorero.

Rubalcaba no logra una fórmula de acción conjunta de la oposición

Unos piden moción de censura, otros elecciones y el resto sólo explicaciones a Rajoy

La Joint Venture de Pedro J. con el bribón de Bárcenas, estructura el asalto al poder de la izquierda y el secesionismoEl secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contactado con los grupos parlamentarios más importantes del Congreso para intentar buscar una acción conjunta de la oposición, bien para pedir la dimisión del presidente del Gobierno por el escándalo del caso Bárcenas, bien para conseguir que comparezca y dé explicaciones en la Cámara Baja.

Fue un primer encuentro exploratorio que Rubalcaba lideró personalmente con los portavoces de CiU, PNV, IU y UPyD, mientras que la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, negoció con el resto del Grupo Mixto.

Sin embargo, Rubalcaba no explicitó qué postura quería el PSOE defender en esta iniciativa política, por lo que encontró respuestas muy diversas.

Se encontró con grupos que querían la moción de censura ya; otros que optan por una petición inmediata de elecciones anticipadas, y por último con los nacionalistas, más proclives a hacer un frente común sólo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Pleno del Congreso y dé explicaciones sobre este caso.

Fuentes de la dirección del PSOE indicaron a EL MUNDO que los contactos se reanudarán hoy, y que se está buscando una fórmula intermedia y rápida para dar respuesta política a la actitud del Gobierno del Partido Popular, dejándose otras iniciativas para cuando empiece en septiembre el próximo periodo de sesiones.

La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, que ha mantenido varios contactos con Rubalcaba, insistió ayer en su oferta a toda la oposición de presentar una moción de censura para la que sólo son necesarios 35 diputados, como ya detalló el sábado desde las páginas de EL MUNDO.

La moción serviría para obligar a Rajoy a dar explicaciones en el Congreso sobre el caso Bárcenas–que Díez llamó el caso Rajoy–, y ese sería su «único objetivo», ya que la mayoría absoluta del PP tumbará cualquier candidato alternativo de la oposición.

La investigación judicial en marcha sobre los papeles de Bárcenas y las últimas revelaciones de este diario han provocado «la peor crisis de la democracia española», según sentenció ayer Rosa Díez en rueda de prensa en el Congreso.

La líder de UPyD acusó al presidente de haber asestado «un golpe a la democracia desde dentro» por mantener un «silencio cómplice» y negarse a comparecer ante las Cortes para dar explicaciones de un caso que está «agravando la profunda crisis de las instituciones».

«En España hemos sufrido golpes desde fuera, pero esto es un golpe desde dentro a la democracia, porque el Gobierno y el PP tienen secuestrado al Parlamento y no le permiten controlar al Ejecutivo. ¿Se puede hacer un chantaje mayor que impedir al Parlamento que haga su función?», se preguntó.

El líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, convocó por su parte y celebró ayer una Comisión Ejecutiva Federal extraordinaria por este caso. En un receso del cónclave, Lara anunció que su formación convocará en los próximos días en toda España movilizaciones ciudadanas de protesta por la actitud del presidente del Gobierno en el caso Bárcenas, que incluirán también «algún tipo de protesta institucional».

«Queremos hacer presión en la calle ante este ataque al Estado de Derecho», avanzó Lara.

El también presidente del grupo parlamentario La Izquierda Plural explicó que, además de las movilizaciones ciudadanas –que convocará junto a los sindicatos y el tejido social–, su intención es protagonizar algún tipo de acción institucional de protesta «porque no nos vamos a quedar callados ante el secuestro de la soberanía nacional», dijo, según informa Efe.

Desde CiU y el PNV la respuesta al caso está siendo mucho más tibia. Ambos grupos parlamentarios anunciaron ayer que tienen previsto registrar hoy en el Congreso una nueva solicitud de comparecencia de Rajoy.

Desde ERC fueron más duros. Su portavoz, Anna Simó, exigió la dimisión «en bloque» del Gobierno y que se anticipen las elecciones. «Mientras seamos españoles, aquí se tiene que ser absolutamente beligerante contra la corrupción», aseguró en Barcelona.

>‘Indignación pero nada de urnas’. Videoanálisis de Alberto Prieto.



Lo peor soy yo


Lo peor de Bárcenas es Rajoy y lo peor de Rajoy es Artur Mas dándole consejos o Rubalcaba pidiendo su dimisión. Lo peor de todos ellos soy yo, que no tengo por qué molestarme en cumplir la ley si quien me fuerza a hacerlo es el primero que se la salta. Lo peor es el círculo vicioso de la mentira y de la deslealtad, el fracaso de la política y de la democracia, el desprestigio de la idea del bien común, el hoyo que le han hecho cavar a la libertad antes de meterla allí para asesinarla y enterrarla.

Lo peor de cualquier escándalo de corrupción no son los billetes de 500 ni el sobre marrón, sino el próximo escándalo que vendrá, la sensación de vacío moral y el absoluto descrédito de la clase política en su totalidad, cuando es evidente, de un lado, que no todos los políticos han robado y, del otro, que necesitamos a los políticos para conservar la democracia y fortalecer la libertad.

Rubalcaba, Rajoy o Mas, entre otros tantos, pertenecen a una generación de políticos manchados por la corrupción directa o indirectamente. Ninguno de ellos puede alegar que no sabe cómo se pagó su última campaña electoral, porque ninguno de ellos es tan imbécil. Claro que lo saben, y claro que saben también que si intentan tomar medidas valientes y arriesgadas fenecerán en manos de los que conocen sus miserias y les podrán chantajear.

Los políticos no tienen que ser virtuosos por una cuestión estrictamente ética o estética, sino porque las tramas te debilitan y cuando estás en el ajo vives más pendiente de protegerte y de disimular que de servir a los ciudadanos y entregarte sin límite ni hipoteca a este empeño fundamental. Los políticos tienen que ser virtuosos porque siempre hay quien sabe hacer negocio con tu necesidad.

Rubalcaba, Mas y Rajoy saben que no tienen la camisa limpia porque han ordenado o tolerado prácticas en su partido que no sólo son irregulares, sino muy probablemente delictivas. Lo saben ellos, lo saben sus cuadros, lo saben los chantajistas profesionales y lo sabe cualquiera que siga con un poco de interés la actualidad política. Si de verdad fueran valientes, si de verdad fueran generosos, si de verdad tuvieran la mitad del sentido de Estado del que presumen se marcharían y se llevarían con ellos a sus respectivas manzanas podridas, de las que ellos mejor que nadie conocen los rostros y los nombres.

El PP, con mayoría absoluta, podría investir sin problema a un presidente nuevo. El PSOE, que se desmorona en las encuestas, tendría la ocasión de acabar con las tinieblas de su pasado y con su personaje más siniestro. A los convergentes tampoco les vendría mal que Mas lo dejara, porque si no lo hace van a tener que echarle el año que viene. A él y a su tropa de ineptos.

Los tres son perfectamente prescindibles y ninguno de ellos está aguantando para defender nada que vaya más allá de sus ansias y vanidades, y del afán de retener el poder. Han sido mediocres y están manchados. La mentira sistemática ha sido su estrategia y la incompetencia, su característica. Es muy pobre su bagaje.

Los tres son unos fracasados y caerán con deshonor. El mayor servicio que nos podrían prestar es marcharse. Y callarse. Y no volver nunca más. Que les olvidemos es lo mejor que les podría pasar.

Moncloa amaña con ‘ABC’ las preguntas a Rajoy sobre Bárcenas (Desdeña a El Mundo y da la palabra al ABC)

Rompe el turno de la prensa para incluir una cuestión precocinada

Esto no había sucedido nunca. Ni con Felipe González acorralado por el caso de los GAL o el escándalo Filesa; ni con José María Aznar atenazado por Gescartera o la Guerra de Irak; ni con José Luis Rodríguez Zapatero azuzado por las negociaciones con ETA.

En el Palacio de la Moncloa, los periodistas siempre han preguntado libremente, sin consignas ni sugerencias, acordando ellos mismos el contenido de las cuestiones y las personas –dos como máximo por imposición gubernamental cuando se recibe la visita de un mandatario extranjero– que en cada ocasión ejercen como portavoces de todos ellos. Así han sido las cosas siempre, durante años... hasta el día de ayer.

No era una rueda de prensa fácil para Rajoy, empeñado en evitar cualquier mención al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Pero como el protocolo manda, la comparecencia ante la prensa con su homólogo polaco, Donald Tusk, era obligada.

La prensa, reunida en corrillos, había decidido las preguntas que quería plantear al presidente. En esta ocasión, no hubo dudas. Todo el interés se concentraba en Bárcenas. Se acordó que los medios que formularían las cuestiones serían EL MUNDO y la agencia Efe.

Los interrogantes incluidos en la primera pregunta –que debía ser formulada por quien escribe– se referían a los pasos que pretende dar el Gobierno para hacer frente a la situación de desconcierto político que se ha generado tras las revelaciones del ex tesorero; a la posibilidad de dimisión del presidente del Gobierno; al trato amistoso que mantuvo con Bárcenas antes y después de que se descubrieran sus cuentas suizas, y a la sospecha de que con el mismo se intentara comprar su silencio.

No hubo posibilidad de formularla. Rompiendo el protocolo establecido desde hace años, el propio Rajoy optó por dar la palabra a otro periodista, representante de ABC, que leyó una pregunta plana dictada previamente por su director, Bieito Rubido, tal y como él mismo argumentó después ante sus compañeros.

La cuestión precocinada fue como un colchón sobre el que el presidente se tumbó cómodamente para leer una declaración que traía preparada y que le permitía sortear cualquier arista peligrosa.

Igualmente, ayer por la mañana, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, evitó la pregunta de otra periodista de EL MUNDO. Sólo la secretaria general, Dolores de Cospedal, ya por la tarde, admitió una amplia ronda de preguntas de los medios de comunicación, incluido este periódico.


CiU apoyaría una moción a cambio del la consulta independentista

La Joint Venture de Pedro J. con el bribón de Bárcenas, estructura el asalto al poder de la izquierda y el secesionismoNi siquiera el escándalo suscitado con el caso Bárcenas ha logrado que CiU se aparte de su único objetivo para esta legislatura: la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ayer, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ejerció de portavoz de la formación nacionalista y afirmó que sólo se plantearían apoyar una moción de censura contra Mariano Rajoy si el promotor de esa iniciativa acepta que se convoque una consulta soberanista en Cataluña.

Trias dijo que, de hecho, CiU ya ha recibido llamadas de otros partidos tanteando a la federación en cuanto a la posibilidad de plantear una moción de censura en el Congreso de los Diputados. «La presente quien la presente debe saber que queremos que [la moción] vaya ligada al derecho a poder hacer esta consulta. Si la alternativa a Rajoy no está de acuerdo con el derecho a decidir no daremos apoyo», dijo ayer tras la ejecutiva nacionalista.

En cualquier caso, Trias insistió en lo que dijeron ayer tanto Artur Mas como Josep Antoni Duran Lleida: «Queremos que Rajoy se explique porque no podemos juzgar sólo por lo que leemos en los medios».

lunes, 15 de julio de 2013

El juez permite a víctimas del 11-M intentar la reapertura del ‘caso Manzano’

¡El dato irrefutable es que el chantajista está en la cárcel sin haber logrado su propósito de impunidad!El caso Manzano revive. El juez que provocó la declaración de cosa juzgada –al archivar una denuncia sobre el 11-M días antes de la querella contra el ex jefe Tedax por ocultar pruebas– ha permitido a las víctimas recurrir a través de una vía reservada a afectados.
Así pues, pese a la decisión de la Audiencia de Madrid de despachar el caso por una cuestión técnica, sin entrar a valorar los posibles indicios de delito –resolución que a su vez el Tribunal Supremo consideró que no era recurrible–, queda todavía un camino procesal por explorar: precisamente el sugerido por la propia Audiencia en su auto de archivo.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que preside Ángeles Domínguez, recibió el pasado miércoles la notificación que había solicitado hace más de tres meses del sobreseimiento decidido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid el 19 de junio de 2009. Y el viernes, el abogado de los afectados, José María de Pablo, presentó un escrito en el que recoge una minuciosa relación de posibles indicios de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio en el juicio por la matanza contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y su perito químico.
El juzgado número 6, que dirige el juez Ramiro García de Dios, sobreseyó en 2009, sin practicar ninguna diligencia, un escrito genérico sobre el 11-M del partido marginal Alternativa Española dirigido contra una docena de mandos de la Policía, incluyendo al ex jefe de los Tedax. El denunciante decía apoyarse en el libro Titadyn, pero luego ni siquiera se personó para recurrir, dejando morir la causa.
Quince días después, sin tener conocimiento de ese archivo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó una querella centrada específicamente en la desaparición de los restos de los focos de las explosiones, de la que responsabiliza a Sánchez Manzano y su perito. El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que dirige Coro Cillán, la admitió, imputó a los dos mandos y desarrolló durante dos años y medio la investigación con el apoyo del fiscal, que argumentaba que las muestras de explosivo que llegaron a las instalaciones de los Tedax «en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino».
Sin embargo, en febrero de 2012, la Audiencia de Madrid decidió, en contra del criterio del Ministerio Público, que aquella primera denuncia de Alternativa Española contenía hechos idénticos a los relatados en la querella de las víctimas, por lo que, en aplicación del principio de cosa juzgada –nadie puede ser investigado dos veces por lo mismo–, obligó a archivar la causa abierta por Coro Cillán. En marzo de este año, el Supremo concluyó que esa resolución de la Audiencia no puede recurrirse.
No obstante, la propia Audiencia había dejado claro que su decisión «no impide» que quienes se consideren perjudicados por los posibles delitos que se imputaban a Manzano puedan solicitar que se les notifique aquel primer sobreseimiento y personarse para intentar reabrirlo. Ese planteamiento incluiría exclusivamente a las víctimas del 11-M –en concreto, la Asociación de Ayuda y la AVT–, que sostienen que la destrucción de los restos de explosivos recogidos en los focos entorpeció gravemente la investigación del atentado. El juzgado que archivó la primera denuncia, el número 6, ha cumplido ahora esa previsión.
El escrito del abogado José María de Pablo incorpora a esa primera causa los hallazgos más relevantes obtenidos durante la instrucción de Coro Cillán –que en ningún caso es nula– y el juez Ramiro García de Dios tendrá ahora que valorar si aprecia en ellos indicios de delito suficientes para reabrir la causa. Tenrá un enorme peso el informe fiscal. Si se inadmite el recurso, quedaría aún un último paso: la apelación de nuevo ante la Audiencia de Madrid, que ahora sí tendría que pronunciarse sobre el fondo de los hechos.
El recurso de las víctimas hace mención a multitud de datos que vieron la luz durante los dos años y medio de investigación judicial: principalmente, el reconocimiento por el propio Manzano de que destruyó casi todos los materiales –al tribunal del 11-M apenas llegaron 23 mínimos restos casi inservibles de cientos de kilos recogidos– porque consideró que ni siquiera tenían valor como «muestras», palabras que fueron desmentidas decenas de veces por las declaraciones de otros testigos de los tedax, incluso por los citados por su propia defensa.
También el subdirector general operativo en el 11-M, Pedro Díaz Pintado, declaró que los vestigios que se encuentran en los lugares de un atentado son «pruebas» que deben quedar a disposición judicial. A lo largo de su carrera, explicó, siempre había sido así, hasta el 11-M.
Por razones como éstas, los sindicatos policiales criticaron unánimemente la labor del jefe de los Tedax –todos, excepto el que le representa, el Sindicato Profesional de la Policía– y pidieron su destitución, lo que ocurrió en diciembre de 2006.
«La actuación del señor Sánchez Manzano y la perito tedax (y de quienes les ordenaron actuar como actuaron), evitando primero que la Policía Científica pudiera analizar los vestigios de los focos de las explosiones, y haciendo desaparecer después la inmensa mayoría de esas piezas de convicción antes de que los peritos designados por el tribunal pudieran analizarlos, impidió que la Policía Científica determinara con exactitud los componentes del explosivo empleado en los atentados», resume el recurso de las víctimas.
La pretensión del abogado De Pablo es reabrir la causa «para completar la instrucción» y que se decida la apertura de juicio oral, para lo que considera que quedan únicamente tres diligencias pendientes: dos nuevas declaraciones como imputados de Sánchez Manzano y de su perito y la solicitud de documentos a la Audiencia Nacional para acreditar que los mandos «faltaron a la verdad al tribunal [del 11-M] cuando afirmaron que ocultar los vestigios explosionados a la Policía Científica era lo habitual en todos los atentados».

sábado, 13 de julio de 2013

Recuerdo a Miguel Ángel Blanco sin Bildu


El alcalde de Ermua pide a la coalición que «reconozca el sufrimiento producido» por ETA

Un tenso secuestro, un país clamando libertad y dos tiros en la cabeza construyeron una historia con final dramático. Todo el mundo recuerda aquel fatídico 13 de julio de 1997 en el que Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ETA y se convirtió en el mártir de la brutalidad terrorista. 16 años después, el joven edil del PP de Ermua es una figura que permanece en la memoria colectiva. Ayer, el Ayuntamiento del que formaba parte se reunió, un año más, ante su busto de piedra para rendirle un sencillo homenaje a base de flores que sirvió para evocar su recuerdo. Bildu volvió a faltar a la cita.

El socialismo catalán quiere la secesión del voto en el CongresoLa coalición abertzale ha estado presente en la vida política de Ermua durante los dos últimos años, pero nunca ha asistido a este tipo de actos. Y aunque estos desplantes ya se han hecho habituales en la práctica totalidad de los homenajes a víctimas de ETA, el alcalde de la localidad, Carlos Totorica, no evitó el reproche. Exigió a la coalición abertzale que «madure» y «reconozca que el fin de ETA requiere de la condena a la violencia, el terror y el sufrimiento producidos durante tantos años» a la sociedad vasca.

El acto contó con la presencia de representantes de la corporación municipal y del coordinador de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, Txema Urkijo. Las flores fueron colocadas por el alcalde y el portavoz del PP en Ermua, Fernando Lecumberri. La ceremonia apenas duró tres minutos, pero se alimentó de símbolos, como que las cuatro banderas del Consistorio lucieran a media asta.

Con este acto «sencillo», el Ayuntamiento pretendía recordar a Blanco, pero también a quienes «tuvieron esperanza» y lucharon «por su vida y su libertad». Según resaltó Totorica, «ETA nos amenazó a todos» con el secuestro y asesinato del edil.

La situación en la que se encontraba la banda terrorista era opuesta a la que vive hoy en día. Como precisó el alcalde, el de ayer fue «un día para el recuerdo histórico» porque la ETA fortalecida de entonces ya no existe ya que la sociedad vasca ha logrado «ganar» la batalla para que no impusiese «su modelo de sociedad». El regidor volvió a pedir a la banda que se «disuelva inmediatamente» y pida perdón. «Que no pretendan venir de héroes, ni se escuden en excusas como el conflicto vasco u otras razones que justifiquen los muchos asesinatos, y el sufrimiento y la amargura que produjeron durante tanto tiempo», dijo.

El alcalde apreció que en este país se «esté avanzando» sin la violencia de ETA, y por eso pidió a la banda y a la propia izquierda abertzale «cerrar esa persiana».

Los homenajes a Blanco, que arrancaron el miércoles con el acto que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, dedicó al edil, continuarán hoy con la ofrenda floral del PP en el monumento de recuerdo a las víctimas ubicado en la plaza San Pelayo.

viernes, 12 de julio de 2013

Juez y fiscal ven ‘determinante’ el original de la contabilidad B


Pedro J. ya controla al bribón de Bárcenas, a su mujer y a las defensas de ambos. Sus bocas sólo se abrirán cuando diga PedroJ. y para decir lo que mande Pedro J. Si existe, el poder de extorsionar está en manos de Pedro J.Pablo Ruz centra su minucioso interrogatorio al director de EL MUNDO en el manuscrito de Bárcenas / Romeral: «Son documentos buscados con ahínco en los últimos meses»

El juez Pablo Ruz y el fiscal Antonio Romeral justificaron ayer la inusual premura con la que fue citado para testificar el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, en «la relevancia» de la «nueva documentación» aportada por el periodista y en su «evidente incidencia» en la investigación del caso Bárcenas.

Los dos consideran de una importancia determinante para la causa el manuscrito del ex tesorero en el que se reflejaría la financiación ilegal del PP. Se trata de «los documentos originales buscados con ahínco en los últimos meses», según el fiscal.

El director de EL MUNDO compareció ayer durante dos horas y Ruz centró su minucioso interrogatorio en ese escrito.

Pedro J. ya controla al bribón de Bárcenas, a su mujer y a las defensas de ambos. Sus bocas sólo se abrirán cuando diga PedroJ. y para decir lo que mande Pedro J. Si existe, el poder de extorsionar está en manos de Pedro J.Los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero –que anunciaron su renuncia a seguir defendiendo al ex tesorero encarcelado al día siguiente de que este periódico publicase una entrevista en la que revelaba una presunta trama de financiación ilegal, cohechos y sobresueldos en dinero negro en la cúpula del PP– enviaron en la mañana de ayer una nota al juzgado en la que informaban de que no tenían intención de acudir a la declaración testifical del director de EL MUNDO.

Al mismo tiempo, entregaron en el registro de la Audiencia un recurso contra la providencia del juez en la que acordaba citar a Pedro J. Ramírez en menos de 24 horas y solicitaban su suspensión, con el argumento de que la diligencia no era urgente y podía provocar indefensión al imputado Luis Bárcenas –lo que conllevaría su eventual nulidad– si se celebraba sin que ningún abogado le representase.

El juez concedió la palabra a las partes para que se manifestaran al respecto y el fiscal anticorrupción fue así de contundente: «La celeridad está justificada por una circunstancia que desencadena la futura tramitación del procedimiento y diligencias que haya que practicar». A saber: «La aportación de los documentos originales buscados con ahínco en los últimos meses determina la condición futura en cuanto a la posición procesal del imputado y las diligencias a practicar», por lo que es «necesaria la ratificación inmediata por el testigo en este acto». Esto es: que el original de Bárcenas tiene una importancia determinante para la propia supervivencia del procedimiento y para decidir las pruebas que deban llevarse a cabo.

El abogado del también ex tesorero Álvaro Lapuerta, Javier Iglesias, fue quien defendió con más vehemencia que la declaración no tuviera lugar e incluso protagonizó un incidente al pedir al juez, sin éxito, que expulsara al periodista de la sala.

Finalmente, Ruz tomó la decisión. La declaración de Ramírez, dijo, «es acordada con carácter de urgencia ante la relevancia de la nueva documentación puesta a disposición del juzgado en orden a la investigación de los hechos en curso y su evidente incidencia», al tratarse, «en apariencia, de un documento original entregado por el imputado señor Bárcenas al diario EL MUNDO» de cuya presentación puede derivarse «la eventual necesidad de acordar otras diligencias urgentes».

Ya durante el interrogatorio, de hecho, dedicó al menos una veintena de preguntas a aclarar las circunstancias en las que llegó el manuscrito a este diario y cuántas personas tuvieron acceso a él y cómo.

Esa hoja original a la que el juez y el fiscal dan la máxima importancia, arrancada de uno de los cuadernos de Bárcenas, refleja anotaciones de una presunta contabilidad B del PP que revelaría una financiación ilegal sostenida sobre entradas masivas de dinero en efectivo por parte de empresarios adjudicatarios de obra pública. Al mismo tiempo, expresaría salidas en metálico para pagar sobresueldos a la cúpula dirigente. Uno de los apuntes sería un cobro del actual presidente, Mariano Rajoy, que sería irregular, pues entonces ocupaba el cargo de ministro de Administraciones Públicas.

El director de EL MUNDO señaló durante su declaración que interpretó que el ex tesorero le hiciese llegar ese documento después de la entrevista publicada el pasado domingo como una muestra de que el próximo lunes no va a desmentir las informaciones publicadas por este diario y de que está dispuesto a «colaborar con la Justicia». Bárcenas saldrá de la cárcel de Soto del Real para declarar ante el mismo juez que le envió a prisión tras descubrir que ocultaba 48 millones en Suiza y lo hará acompañado ya por su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño.

Ramírez también ratificó todos los detalles de su entrevista con Luis Bárcenas publicada el pasado domingo, en la que el ex tesorero del PP, días antes de su ingreso en prisión, le relató la financiación ilegal durante dos décadas del partido en el Gobierno y admitió que había negado hasta ahora la autoría de los documentos fotocopiados –llegó incluso a intentar en vano disimular su letra– debido a un pacto que alcanzó con el PP.

El periodista aportó un detalle novedoso que no se incluyó en esa entrevista. Se trata del relato de una entrega en efectivo de 300.000 euros que pretendía hacer uno de los donantes habituales del PP, «con mucho interés en que Rajoy lo supiera», en uno de los recientes periodos electorales de 2011, cuando ni Luis Bárcenas ni Álvaro Lapuerta eran ya tesoreros del partido. Por esa razón, le remitieron a José Manuel Romay Beccaria. Fuentes jurídicas aseguraron que ese donante sería un empresario de la construcción que ya está imputado en este procedimiento, aunque el director de EL MUNDO no dio su nombre.

Las acusaciones preguntaron de forma insistente acerca del presunto cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, a cambio de la adjudicación de una contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo. Significativamente, el fiscal también se interesó por ello.
Gómez de Liaño asume la defensa de Bárcenas y su mujer, la defensa de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas

 
FOTO: Javier Gómez de Liaño y su mujer María Dolores Márquez de Prado, ambos abogados y amigos íntimos y de cenorras de Pedro J. El ex juez y abogado Javier Gómez de Liaño es también columnista del diario El Mundo y escribe bajo el seudónimo SECONDAT
El abogado y ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño asumió ayer la defensa de Luis Bárcenas, después de que los letrados Miguel Bajo y Alfonso Trallero renunciaran a representarle tras la entrevista en EL MUNDO al ex tesorero del PP. La mujer de Gómez de Liaño, la abogada y ex fiscal María Dolores Márquez de Prado, asumirá la defensa de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

 Gómez de Liaño visitó a Bárcenas durante casi dos horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde aseguró que no hará «cócteles entre justicia y política».

«Que nadie vea por parte de estos abogados que esto es una acción pública o una estrategia de atacar a un Gobierno. Eso no ha estado nunca en mi ánimo», afirmó el letrado, que dijo que nunca le han gustado «los tribunales de tumulto».

«Sé muchísimas cosas de las cuentas suizas»

Bárcenas rechazó revelar a Ruz las personas «honorables» con las que ha hecho negocios

El ex tesorero del Partido Popular se negó a desvelar al juez Pablo Ruz el pasado 27 de junio la identidad de las personas que están detrás de las cuentas suizas descubiertas gracias a la documentación enviada por las autoridades helvéticas sobre las posiciones bancarias del propio Luis Bárcenas en ese país. El imputado, que tras esa última declaración judicial sería conducido a prisión, tampoco concretó las «operaciones comerciales» que, según él, explicarían la fortuna que tiene en el extranjero y no fue capaz de individualizar de dónde salieron los 3,3 millones que fueron el origen de su cuenta en el Lombard Odier (LO) de Ginebra.

El interés del juez instructor se centró, precisamente, en esa cuenta del LO llamada Novis, que se sumó a la inicialmente hallada en el Dresdner Bank con un saldo conjunto entre ambas que llegó a alcanzar los 48 millones de euros.

Según Bárcenas, el origen de su dinero en Suiza está en una antigua cuenta que abrió en 1988 en el Private Bank con unos 100 millones de pesetas de la época (en su declaración del 25 de febrero la cifra que mencionó era inferior, 80 millones de pesetas). Millón arriba, millón abajo, los fondos procederían de los beneficios obtenidos como socio de una empresa alemana llamada Innova, beneficios que invirtió en Bolsa «con importantes plusvalías».

En 1994, Private Bank cambió de dueño y Bárcenas se llevó el dinero a otras dos entidades: el Dresdner Bank y la Banca della Svizzera Italiana. Esta última es cerrada en 1999 y los fondos transferidos a la cuenta Novis, del LO. «¿Puede individualizar de dónde salen los 3,389.716 euros con los que se abre la cuenta Novis?», preguntó Ruz a Bárcenas. El ex tesorero contestó que no podía citar «operaciones concretas».

En la documentación remitida por Suiza respecto a Novis existen referencias a otras cuentas, también abiertas en LO, bajo los nombres Obispado, Ranke, Alejando, Ignacio, M....«Yo de las cuentas que figuran ahí conozco muchísimas cosas», contestó Bárcenas cuando el instructor le preguntó. Pero tampoco en este punto facilitó información porque, dijo, «prefiero que sean las autoridades suizas» las que desvelen esas identidades. Aseguró que entonces «se verificará» que son personas «espléndidas», «honorabilísimas», que «no tienen ninguna relación con Gürtel ni con ningún tema ilícito».

Ruz pinchó en hueso cada vez que intentó obtener información sobre transferencias concretas. Preguntó, por ejemplo, por dos ingresos recibidos en Novis en mayo y julio de 2007 por importe de 200.000 euros procedentes de una cuenta del LO en Nassau (Bahamas). «No puedo identificarlo», señaló Bárcenas, que añadió que esas transferencias respondieron a «operaciones comerciales». «¿Cuáles?», insistió el instructor. «Una intermediación agro-forestal», contestó un impreciso Bárcenas.

Tampoco fue muy explícito respecto a la transferencia que hizo a favor de la cuenta Obispado de todos los activos que ubicados en la cuenta Rosalía, abierta «para gastos» en LO y cuya propiedad se atribuyó Bárcenas, desvinculando a su esposa, Rosalía Iglesias. Esa transferencia, de 175.000 euros, se produjo el 12 de febrero de 2009, justo cuando estalló el caso Gürtel. Pero Bárcenas manifestó que simplemente quería cerrar la cuenta Rosalía y que su saldo coincidía con una cantidad que él adeudaba al titular de Obispado.

La Policía cree que la cuenta Obispado pertenece a Francisco Yáñez, ex trabajador del PP y padre de Iván Yáñez, gestor de las cuentas de Bárcenas tras el caso Gürtel. El ex tesorero no quiso confirmarlo, pero durante su declaración tuvo un lapsus al manifestar que las transferencias desde la cuenta Rosalía eran «para devolver la deuda a Francisco...». Y ahí se quedó.

Para su desgracia, Iván Yáñez declaró después que él y la fiscal le preguntó si Bárcenas le debía dinero a su padre. «Lo dudo», contestó.

«No pude ir a Baffin porque usted me retiró el pasaporte»

De los pocos datos concretos que Bárcenas proporcionó al juez Pablo Ruz en su última declaración judicial, uno fue el relativo a un viaje que pensaba realizar a la isla de Baffin, al norte de Canadá, el pasado marzo. «No pude ir porque usted me retiró el pasaporte», recordó el ex tesorero del PP.
El instructor le estaba preguntando por dos transferencias realizadas el 6 de noviembre de 2012 y el 11 de enero de 2013 desde su cuenta en Lombard Odier a la entidad BBI Beyond Boundaries Heliski International Trust, con sede en Liechtenstein, por un importe total de 22.000 euros. Esas transferencias han sido utilizadas por la Fiscalía para poner de manifestó que, en fechas muy recientes, el imputado ha estado realizando disposiciones de dinero cuya procedencia es supuestamente ilícita.

Bárcenas, que niega la mayor (el origen ilícito de su fortuna), señaló que ese dinero «era para un viaje que tenía contratado para marzo y que, como usted me retiró el pasaporte, no pude realizar».
Ruz impuso a Bárcenas las primeras medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, el 25 de febrero pasado, ocho días después de que el imputado regresara de otro viaje, también a Canadá, donde estuvo esquiando. Fue a su llegada al aeropuerto de Barajas cuando se captó al imputado haciendo una peineta a los fotógrafos que le esperaban.

Luis Bárcenas puso especial empeño en desvincular a su esposa, Rosalía Iglesias, de las cuentas de Suiza, incluso la que puso a su nombre. «Mi esposa jamás supo nada», dijo el imputado, que añadió que las tarjetas de crédito sacadas a su nombre y al de su esposa sólo fueron utilizadas en el extranjero y nunca en España «por elementales criterios de prudencia».

– «¿Prudencia por qué?», quiso sabe el instructor.
– «Si los fondos están en el extranjero y no se conocen en España, son ganas de que por usar las tarjetas en un cajero...», dijo Bárcenas. «Si el dinero está oculto al fisco la prudencia.... Es lo que hace todo el mundo, como usted sabe perfectamente».
– «Yo no lo sé», zanjó Ruz.

Rosalía Iglesias, que compareció tras su marido, ratificó que quien manejaba los asuntos económicos era Bárcenas. «No soy tonta, ni mucho menos. Pero en mi casa, en mi familia, hay una distribución de papeles», dijo Iglesias, que añadió que «cuando a mi marido me dice que firme algo, como todos los temas económicos, mover el patrimonio, lo lleva él, tiene mi autorización, beneplácito, mi todo y por supuesto, mi firma».

Sorpresa en el PP por la petición del fiscal de que testifique Cospedal

Accedió a la Secretaría General un año después de ilegalizarse las donaciones anónimas

Pedro J. ya controla al bribón de Bárcenas, a su mujer y a las defensas de ambos. Sus bocas sólo se abrirán cuando diga PedroJ. y para decir lo que mande Pedro J. Si existe, el poder de extorsionar está en manos de Pedro J.El PP recibió ayer con una generalizada sorpresa la posibilidad de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, declare como testigo en el caso Bárcenas. Más aún, se debatía entre el desconcierto y el encono por el hecho de que la Fiscalía respaldara dicho testimonio, de entre los tres solicitados por la acusación particular de Izquierda Unida: Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.

«Es absurdo», «no tiene sentido», «no entendemos nada»... Así reaccionaron a la noticia en algunos despachos. Y no faltó, cerca de la cúpula, alguna alusión explícita a la teoría conspirativa que sitúa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como el responsable de una «operación política» para el desgaste de quien podría convertirse en su competidora por la sucesión de Rajoy.

Pero las razones que más alimentaban el desconcierto tenían que ver con el hecho de que Cospedal llegó al cargo en junio de 2008, cuando las donaciones anónimas objeto de la investigación judicial hacía un año que habían dejado de ser legales (cuando informó el fiscal todavía no había declarado Pedro J.Ramírez sobre un intento de donación de 300.000 euros en 2011).

Más aún, los populares se preguntaban qué podría aportar la secretaria general acerca de un periodo de investigación que, según el propio escrito del fiscal, culmina en diciembre de 2008; o sea, sólo seis meses después de haber accedido a la secretaría general «Es rocambolesco», corroboraba una diputada.

Sin embargo, no todos hacían reproches. «La Fiscalía no ha pedido citar a Cospedal», corregía un jurista del PP, «pero no podía negarse a una prueba –sobre la que en todo caso decidirá el juez– que persigue consultar sobre la mecánica de la financiación, bien a la actual secretaria general, bien al representante legal del partido, tal como puntualiza el informe». Pero «sí es verdad», admitía, «que esto tiene un morbo político fenomenal; sobre todo, porque un testigo tiene la obligación de decir la verdad, hasta el punto de que se le puede acusar de falso testimonio si opta por no contar lo que sabe, para proteger a otros».

En otras palabras, que aunque no conociera la época de las donaciones anónimas, ni siquiera los presuntos sobresueldos, la testigo podría verse comprometida con preguntas sobre si conocía la reunión entre Rajoy, Arenas, Bárcenas y su esposa, que reveló el ex tesorero a través de Pedro J. Ramírez; o sobre los detalles de aquella polémica «indemnización en diferido» por la que Bárcenas siguió cobrando del PP hasta este año.

Y a partir de ahí, el dilema, decían en el PP, está servido: o asume y defiende en bloque la historia del partido, lo que incluye a Javier Arenas o al propio Rajoy; o lleva a la práctica su vieja máxima de que «cada palo aguante su vela».

Ésta última era la hipótesis que ganaba en las apuestas de los populares. «Ella sólo puede responder de lo que ha vivido desde 2008. El problema lo tienen los de 1997,1998 y 1999», decían sus más partidarios, en relación con los que, precisamente, el fiscal ha informado que no deben declarar: Cascos y Arenas. «Ella está enfadada, pero muy, muy muy tranquila», decían los más próximos. «¡Qué va!, está encantada; lo que está deseando es declarar!», decían, significativamente, los menos partidarios.

«Los partidos deben mejorar la transparencia»

El Consejo de Europa denuncia financiación irregular en España a través de fundaciones

El Consejo de Europa publicó ayer un informe sobre la transparencia de los partidos políticos en España en el que les acusa de utilizar fundaciones y asociaciones paralelas como método irregular de financiación. El documento elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en francés) hace una evaluación de los progresos que ha hecho España para adoptar las recomendaciones de este organismo en materia de transparencia y concluye que el Gobierno ha adoptado sólo seis de las 15 propuestas dictadas.

Esta institución europea, que no forma parte de la UE, sostiene que la legislación española sobre financiación de partidos políticos es insuficiente y no cumple con los estándares que promueve el organismo. Tras analizar el sistema español, el informe concluye que «es esencial asegurar que las fundaciones y asociaciones políticas no son utilizadas como una forma paralela de financiación de las campañas electorales y la actividad de los partidos», y advierte de que esta práctica incumple las restricciones que establece la ley española. Los responsables de este grupo de vigilancia consideran que los partidos políticos españoles «deben dar pasos adicionales para poner en marcha mecanismos de control interno y mejorar la transparencia de las operaciones financieras», especialmente aquellas que tienen lugar a nivel local.

Sin citar ningún caso concreto de corrupción que afrontan varios grupos políticos españoles, el informe sí recalca la necesidad de que los ciudadanos «dispongan de información suficiente sobre las donaciones a los partidos políticos, sus marcas y empresas asociadas, para disponer de mejores herramientas para identificar posibles irregularidades».

Además, concluye que «el régimen de sanciones ante casos de financiación irregular de los partidos políticos debe ser endurecido». «Es crucial para la credibilidad del sistema que la legislación españolas no se quede en papel mojado. Greco urge a las autoridades española a tomar todos los pasos posibles en este asunto», añade.

El Consejo de Europa es, probablemente, la institución internacional que más empeño pone en luchar contra la corrupción en los países europeos. En 2011 ya emitió una primera evaluación del sistema español donde advertía de que el progreso mostrado a la hora de aplicar las recomendaciones era «muy modesto» y advertía de que los partidos políticos españoles eran «particularmente propensos a la negligencia».

De forma más pormenorizada, el organismo sostiene que España no ha regulado correctamente la concesión de créditos a partidos políticos por parte de entidades financieras y sostiene que «la ley española no profundiza en las obligaciones de los partidos de informar claramente sobre los créditos recibidos». También lamenta que el Tribunal de Cuentas sólo reciba información pormenorizada de la financiación de los partidos a nivel regional y nacional, pero no local, «donde se producen la mayoría de abusos».

«Dados los escándalos que han salido a la luz en los últimos años respecto a la financiación irregular, Greco considera que la implementación de sus recomendaciones es esencial para restaurar la credibilidad», añade.

Hablar de lo importante


El presidente del Gobierno dijo el miércoles algo de mucho interés: de vez en cuando, hay que hablar de «las cosas que son importantes» –el liderazgo de España en el sector del automóvil–, frente a la tendencia a «contar las cosas que no son las mejores». Una expresión para paladear. Como en la vieja anécdota del tipo que intentaba a toda costa franquear la barrera de una eficaz secretaria con el argumento de que tenía que comunicar a su jefe algo importante, habría que preguntar: «Importante, ¿para él o para mí?».

Uno se ha pasado las dos legislaturas anteriores admirando a un Gobierno que alcanzó la perfección en el arte de sustituir la responsabilidad por la exhibición de sus sentimientos. Éste ha desarrollado otra especialidad, también muy meritoria: soslayar la explicación de las propias responsabilidades para señalar en qué debemos fijarnos. Es inobjetable: para los intereses colectivos son mucho más positivas las noticias sobre la buena marcha del sector del automóvil reveladas por Rajoy en la factoría Ford de Figueruelas que las felonías practicadas por el ex tesorero del PP.

En otra planta de Ford, la de Almusafes, Teresa Fernández de la Vega explicó en febrero de 2008 a los trabajadores que no debían hacer «demasiado caso a los cantos apocalípticos de algunos sectores» sobre la situación económica en España, pues usan «algunos datos coyunturales» para intentar hacer creer que ésta «no va bien».

¿Qué es lo importante? Bárcenas no, ciertamente. De ahí que se haya borrado su nombre de la conversación entre personas decentes, salvando algunas excepciones como Aguirre y Cospedal. La importancia y la verdad, grandes asuntos. El antiguo tesorero del PP es para unos el oráculo de Delfos, mientras otros ven en él la Bocca della Verità, que atrapó la mano de Juliano el Apóstata y lo engañó. Algunos que ponen la suya por la veracidad de Bárcenas, eran más partidarios de comparar honorabilidades en versiones contradictorias: «¿A quién se va a creer, a una organización terrorista o a un Gobierno democrático?». Pues depende. No es lo mismo plantearse a quién prefieres para salir el sábado. Creer, creer, a quien diga la verdad, y tanto un Gobierno democrático como una banda terrorista pueden tener motivos para ser veraces o para mentir. Lo mismo cabría decir del ex tesorero y su ex partido, si no fuera porque el ex partido calla obstinadamente.

La oposición exige que el presidente se explique y tiene razón en ello, aunque lo haya reclamado con un plante parlamentario a todas luces inadecuado. Sin presuponer cuánta verdad hay en las revelaciones de Bárcenas, ni en cuál de ellas, mientras el juez Ruz deshilvana la madeja, Rajoy debe explicar su responsabilidad en el nombramiento de su tesorero, parcialmente desactivado su augurio: «Nadie podrá demostrar que no es inocente». Esperemos, confiando en que Bárcenas explique la verdad sobre sus cuentas suizas y que la oposición haga con los asuntos propios lo que exige al Gobierno con los suyos. Así sea.


Convivencia carcelaria

La entrada en la cárcel de personas conocidas ha hecho que muchos fijen la mirada en la manera de estar y convivir en nuestras prisiones. Se temía que en algunos casos se cumpliera pronto el aforismo que repiten los italianos: «El loro habla más cuando está enjaulado». Y sorprendentemente nos encontramos con que, según Emilio Monteserín y Diego Galán, especialistas en el asunto, el sistema carcelario español es bastante bueno, de más calidad que el de Estados Unidos de América, y que son muchos los países hispanoamericanos que lo toman como modelo. En España no se cumplen, al parecer, los temores de Concepción Arenal: «La prisión puede no corregir, sino depravar». En nuestras cárceles, además, y desde 2001, se están implantando con éxito ‘módulos de respeto’, nueva forma de convivencia inaugurada en la prisión de Mansilla de las Mulas (León). En esos módulos se practica el respeto a los demás como máximo valor. Se recuerda que Kant nos dejó escrito: «El respeto es el único e indudable motor de la moral».

El PP a los demás partidos: ‘Están ustedes apadrinando a un delincuente’

El portavoz Alfonso Alonso pierde los nervios al negarse a la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados
Afirma que el que fue durante 20 años gerente y tesorero del partido «ha hecho de la mentira su profesión»
Rubalcaba: «Bárcenas es un delincuente, pero es su delincuente»; UPyD: «La mayoría empieza a ser tiranía»

Pedro J. ya controla al bribón de Bárcenas, a su mujer y a las defensas de ambos. Sus bocas sólo se abrirán cuando diga PedroJ. y para decir lo que mande Pedro J. Si existe, el poder de extorsionar está en manos de Pedro J.El PP se revolvió acosado, dando zarpazos a su alrededor. Iracundos como nunca, dispuestos a levantar una muralla que preserve el silencio del presidente del Gobierno. El ex tesorero Luis Bárcenas seguirá siendo el innombrable para Rajoy. Ni una palabra, ni una explicación cabe esperar de su boca.

Toda la oposición clamó ayer contra el oscurantismo, pidió luz y exigió aclaraciones al jefe del Ejecutivo, pero lo que consiguió fue que el PP, a través de su portavoz Alfonso Alonso, le dedicara una acusación rotunda, desmesurada: «Están ustedes apadrinando a un delincuente».

La estrategia de los populares para conseguir por enésima vez vetar una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso en la que disipe dudas acerca de las graves sospechas de corrupción que se ciernen sobre su partido y que, incluso, apuntan hacia su propia persona, giró en torno a una idea que Alonso repitió en sus más variadas formas: culpar a las fuerzas políticas de dar más credibilidad al ex tesorero del PP encarcelado en Soto del Real –y que, según dijo, «ha hecho de la mentira su profesión»– que a Mariano Rajoy.

En el PP mantienen que el presidente, en su intervención ante la directiva de su partido –que no ante los representantes de la soberanía popular– el pasado mes de febrero, ya dijo todo lo que tenía que decir sobre este asunto, ya negó toda veracidad a las cuentas de Bárcenas –por entonces fotocopiadas– y rechazó cualquier acusación de trajín de dinero negro en las plantas nobles de Génova.

«Se han convertido ustedes en abogados defensores de la causa de Bárcenas», espetó un Alonso con los nervios desatados a los portavoces de los restantes grupos políticos. «A Bárcenas», insistió, «le han salido nuevos abogados. Todos ustedes. Él ha inspirado sus intervenciones y ustedes le siguen como autómatas». Los diputados de la oposición escuchaban atónitos, desde la representante del BNG, Rosana Pérez, hasta el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Antes de que el portavoz de los populares tomara la palabra, todos los demás enhebraron un discurso que podría haber sido único.

Ninguno entiende el empecinamiento del presidente y del grupo que le sostiene en no dirigirse a los españoles, en no limpiar su imagen de sospechas, en no disipar las dudas de financiación ilegal y pago de sobresueldos en negro. Tanto es así que la diputada Irene Lozano, de UPyD, llegó a reprocharles que en su caso «la mayoría absoluta empieza a convertirse en tiranía». «Tienen ustedes ahora la oportunidad de dejar de ser el partido de la sospecha; no la desaprovechen», dijo.

Todas las incógnitas, en opinión de la oposición, han aumentado exponencialmente en los últimos días, después de que Luis Bárcenas explicara desde las páginas de EL MUNDO el tinglado de dinero que, según él, ha existido en el PP durante dos décadas. Y apoyara todo ello, además, presentando una de las hojas originales de su libreta en la que figuran entregas sustanciosas a Mariano Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja cuando ocupaban puestos ministeriales en el Gobierno de Aznar y, en consecuencia, tenían prohibida por ley la recepción de cualesquiera cantidades al margen de su sueldo en el Ejecutivo.

Rubalcaba insistió en que desde que surgió hace casi cinco años el casoGürtel «el PP ha mentido sistemáticamente», y puso el dedo en la llaga al asegurar que «ahora, las acusaciones contra el propio presidente son gravísimas». En su opinión, a estas alturas «la suerte de Rajoy está ligada a la de Bárcenas» que es «una nube que descarga lluvia ácida y que, esta semana, ha soltado una auténtica granizada».

Para el líder del PSOE, el «sinfín de mentiras a los españoles» sólo puede solventarse en el Parlamento. Y añadió, frente a la tentación del PP de echar piedras sobre el tejado de la prensa: «Las acusaciones no las hace un insidioso medio de comunicación; las acusaciones las hace Bárcenas».

Rubalcaba recalcó que los ciudadanos piensan ya que «quien calla otorga», y alertó a los populares del «grave error» que cometen al impedir una comparecencia del presidente del Gobierno.

Después, cuando el portavoz del PP ya había arremetido contra tirios y troyanos, el líder de los socialistas le recordó: «Bárcenas es un delincuente sí, pero es su delincuente, no el nuestro». También el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, les avisó: «Sin hacer nada esto no se va a resolver. Bárcenas va a seguir hablando y Pedro J. va a seguir publicándolo, y otros medios».

Cayo Lara, de IU, resumió el sentir general trayendo a colación una frase de la mismísima vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando era portavoz de su grupo en la etapa de Zapatero: «Sólo quien tiene algo que ocultar en el Gobierno esconde cosas en el Parlamento».

Y al quinto día, Rubalcaba

Las críticas soterradas en el PSOE por la desaparición de su líder ante el escándalo se frenan tras su intervención en el Congreso

En teoría, la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en la Diputación Permanente de ayer se decidió el martes en la reunión extraordinaria de la Ejecutiva Permanente del PSOE para analizar el denominado caso Bárcenas. Y, según fuentes oficiales, se quiso mantener en secreto para no dar pistas al PP.

Pero lo cierto es que en el PSOE había un gran malestar por la ausencia del líder del partido durante más de cinco días, desde que se conocieron las nuevas revelaciones sobre el ex tesorero del Partido Popular, publicadas en los últimos días por EL MUNDO.

Nadie entendía que Rubalcaba estuviera escondido –«como si fuera él quien huyera de Bárcenas» llegó a decir un diputado–, cuando se publicaban acusaciones tan graves contra el presidente del Gobierno. Dirigentes del partido y diputados estaban de hecho a punto de levantar la voz y no comprendían la estrategia de la dirección socialista.

«Está bien que la primera reacción la haga Óscar López, que luego siga Elena Valenciano, pero Rubalcaba no puede estar escondido, dando la impresión de que ha pactado con el PP o que no quiere estar dando la cara», comentó una diputada del PSOE.

Las apuestas por la petición de elecciones anticipadas o ir a una moción de censura se oían entre las filas socialistas, ante el silencio de su líder frente a esta situación.

Sin embargo, las críticas se frenaron ayer con su intervención en la Diputación Permanente, que gustó y que calmó a sus diputados.

Algunos parlamentarios reconocieron que estuvo contundente y firme en su intervención, y que al PSOE le hacía falta esta reacción de su máximo dirigente.

Todo apunta a que en el Comité Federal de mañana sábado, Rubalcaba redoblará la crítica contra Rajoy ante este escándalo, sobre todo tras el rechazo del Partido Popular a que comparezca para dar explicaciones y que ni siquiera se someta a la sesión de control, la semana que viene, en el último pleno del actual periodo de sesiones.

A buen seguro también será un reclamo de los dirigentes del PSOE, que entienden que la dirección del partido no puede ser condescendiente con el Ejecutivo en este asunto, ante la gravedad de los hechos conocidos.

En Ferraz se espera como agua de mayo la declaración de Luis Bárcenas el próximo lunes, en su comparecencia en la Audiencia Nacional, pero está decidido a hacer batalla de este asunto, que puede poner contra las cuerdas al máximo dirigente del PP y actual presidente del Gobierno.

«Tenemos nuestras estrategias», dijo un dirigente del PSOE federal, «que nadie se impaciente y que nadie crea que vamos a estar pusilánimes en este asunto».

Lo cierto es que la intervención de ayer de Rubalcaba le salvó, en parte, de un malestar latente en el partido por su prudencia a la hora de pronunciarse sobre estos asuntos. Hasta enfada a los suyos.



Cohecho y reputación


Son dos cuestiones distintas las que ahora mismo están cargando el aire que tanto crispa al PP. Ambas de la máxima importancia pero de distinta naturaleza.

Una de ellas, la que parece que interesa especialmente al juez, es la de la presunta financiación irregular de ese partido. La extraordinaria importancia que tanto el juez Ruz como el fiscal Romeral han dado a ese manuscrito original de Bárcenas, tiene que ver con el rastreo de las donaciones, muy por encima de los límites que marca la ley, que el PP podría haber recibido.

La cuestión, en ese caso, estaría en comprobar quién aportó dinero, en qué cantidades y a cambio de qué concesiones. Y, por supuesto, descubrir también la dimensión de las comisiones que, por el camino, se hayan podido distraer hacia los bolsillos particulares de algunos. Hacia el de Luis Bárcenas desde luego, aunque esa siga siendo de momento una hipótesis.

Lo que los dirigentes populares no saben todavía es hasta dónde está dispuesto a llegar su ex tesorero en la denuncia, más allá del caso Gürtel, de esa supuesta financiación ilegal. Ni qué es lo que puede probar. Y no porque la financiación irregular sea un delito, que no lo es. Ojo a eso, no nos vayamos a equivocar. La financiación puede ser contraria a determinadas leyes pero no está contemplada como delito en el Código Penal. Lo que sí es un delito es el cohecho, que tiene pena de prisión. Y pudiera ser que Bárcenas estuviera dispuesto a hacer ante el juez nuevas aportaciones en ese sentido. De ahí la tensión que el portavoz del PP mostró ayer en el Congreso, llamando directamente delincuente al hombre que durante 20 años administró las cuentas de su partido y que, de momento, no ha sido condenado como tal.

Y luego está la segunda parte, que sólo tiene ribetes políticos pero que es de una enorme trascendencia: quién recibió dinero que, según la Ley de Incompatibilidades, no debía recibir. Y quién lo recibió pudiendo hacerlo, pero lo ocultó a Hacienda.

Y ahí es donde se hace foco en Mariano Rajoy porque es presidente del Gobierno de España. Los demás nombres tienen también su importancia, pero casi todos están ya fuera de las estructuras de poder del PP y, en todo caso, su falta habría prescrito.

De modo que lo que se dirime aquí es algo tan simple como trascendental: si Rajoy es, o no es, el hombre íntegro, transparente y estricto cumplidor de las normas que él siempre ha dicho que era y que, desde luego, parece. Él acuñó para la Historia una frase rotunda: «Es falso: nunca, repito, nunca, he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguno». Dicho queda.

De la documentación que pueda aportar Bárcenas depende ahora que su reputación se mantenga, e incluso se refuerce o, al contrario, salte hecha añicos. Pero si Rajoy está tranquilo, como dicen que está, aunque se empeña en seguir callado, lo que no se comprende es por qué los suyos se comportan como si llevaran los dedos metidos en un enchufe.
El lunes empezaremos a despejar dudas.

El PP rechaza todas las peticiones de comparecencias de sus ministros

Indignación en la oposición por el «rodillo» ‘popular’ en su actuación parlamentaria

El PP rechazó ayer en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados todas las peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno formuladas por la oposición, incluidas las dirigidas al presidente.

En 18 ocasiones el PP votó en contra de otras tantas peticiones defendidas por todos los demás grupos parlamentarios.

Varios puntos incluidos en el orden del día fueron retirados por los grupos proponentes para adelantar el debate sobre las peticiones relacionadas con el caso Bárcenas. Esas peticiones, al ser de las últimas en incluirse en el orden del día, habrían sido debatidas a una hora a la que hubieran tenido menor eco en los medios de comunicación, dado el rechazo del PP a cambiar el orden del debate.

Por ello, al comenzar la reunión de la Diputación Permanente varios grupos anunciaron la retirada de algunos puntos, para adelantar con ello el debate. Esa decisión provocó el enfado en las filas del PP y el presidente del Congreso, Jesús Posada, se vio obligado a recordar al diputado José Antonio Bermúdez de Castro que los grupos son los dueños de las iniciativas y pueden retirarlas siempre que lo consideren oportuno.

Después de cinco horas y media de debate, sólo dos puntos fueron aprobados: los dos que tenían acuerdo previo de todos los grupos parlamentarios. Uno para celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria en la que se apruebe la proposición no de ley firmada por todos para apoyar al sector naval, y otro para que una sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea aborde una propuesta de directiva del Parlamento y el Consejo europeos.

Todos los demás puntos que se mantuvieron en el orden del día fueron rechazados.

El PP tumbó también la petición de Izquierda Plural y Grupo Mixto para que una sesión extraordinaria del Pleno debatiera la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política. Se rechazaron también peticiones de comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato; de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo; de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; de Fomento, Ana Pastor, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

En la oposición, por primera vez en esta legislatura la indignación era importante, porque lo que llaman el «rodillo» del PP, con su mayoría absoluta, traspasó en la sesión de ayer todos los límites.