MANUEL MARRACO MADRID
11/09/2012 PORTADA/El Mundo
La sección de Enrique López, candidato del PP al Constitucional, inclinará la balanza
.Al
menos ocho magistrados de la Audiencia Nacional se habían mostrado ayer
partidarios de que sea el Pleno del tribunal, y no sólo una de sus
secciones, el que resuelva el recurso del caso Bolinaga. Para ello hará
falta que, al concluir la jornada de hoy, los apoyos hayan alcanzado la
decena, es decir, la mayoría del tribunal. La Sección Segunda, de la que
forma parte el candidato del PP al Constitucional Enrique López, será
clave para inclinar la balanza.
El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, abrió
ayer un plazo para que, entre el lunes y el martes, los magistrados que
lo consideraran necesario solicitaran la celebración del Pleno. Parte de
la Sala respondió ayer, pero aún faltaban magistrados por pronunciarse.
O, más exactamente, por guardar silencio, ya que si un magistrado no
responde se interpreta que «no estima razonable» la avocación a Pleno.
Entre quienes ayer aún no se habían pronunciado se encontraban
magistrados de la Sección Segunda, presidida por Fernando García Nicolás
y de la que forma parte Enrique López, candidato del PP al Tribunal
Constitucional. En junio del año que viene el magistrado podría ocupar
una de las dos plazas de libre designación que corresponden a un
Gobierno para el que el caso Bolinaga se ha convertido en un quebradero
de cabeza. Según fuentes del tribunal, la Sección Segunda se inclinaba
por no estimar necesaria la avocación, aunque la decisión no estaba
cerrada.
La confirmación de la libertad condicional para Josu Uribetxeberria
Bolinaga sería un alivio para el Ministerio del Interior. Y según
fuentes jurídicas esa confirmación sería más factible si el caso se
mantiene en los límites de la Sección Primera.
La Sala de lo Penal de la Audiencia está compuesta por 19 magistrados
con derecho a voto, aunque una jueza se cae de la lista al encontrarse
de licencia de vacaciones. Ayer la avocación a Pleno contaba al menos
con los cuatro votos de la Sección Cuarta, dos de la Tercera y otros dos
de la Primera, según varias fuentes de la Sala.
Sería esta Sección Primera, presidida por Grande-Marlaska, la que
resolvería el caso Bolinaga si finalmente no va a Pleno, ya que es la
encargada de revisar todos los recursos de vigilancia penitenciaria.
Según fuentes judiciales, entre los partidarios de ir a Pleno se
encuentra el ponente del asunto, Nicolás Poveda. En circunstancias
normales, eso bastaría para que el asunto fuera estudiado en grupo. No
hay norma que lo establezca, pero así se ha venido actuando siempre en
la Audiencia Nacional.
Frente al criterio del ponente, otros dos magistrados que se
pronunciarán sobre el asunto en cualquier caso al ser miembros de la
Sección Primera se oponen a la avocación. Se trata de Ramón Sáez y
Javier Martínez Lázaro, cuyo criterio compartían ayer al menos otros dos
magistrados de la Audiencia.
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto
acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde,
aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la
doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces
que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de
manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución
podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así
lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande
Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime
necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el
fiscal ante la relevancia del caso
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto
acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde,
aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la
doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces
que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de
manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución
podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así
lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande
Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime
necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el
fiscal ante la relevancia del caso
Al menos ocho magistrados de la Audiencia Nacional se habían mostrado
ayer partidarios de que sea el Pleno del tribunal, y no sólo una de sus
secciones, el que resuelva el recurso del caso Bolinaga. Para ello hará
falta que, al concluir la jornada de hoy, los apoyos hayan alcanzado la
decena, es decir, la mayoría del tribunal. La Sección Segunda, de la que
forma parte el candidato del PP al Constitucional Enrique López, será
clave para inclinar la balanza.
El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, abrió
ayer un plazo para que, entre el lunes y el martes, los magistrados que
lo consideraran necesario solicitaran la celebración del Pleno. Parte de
la Sala respondió ayer, pero aún faltaban magistrados por pronunciarse.
O, más exactamente, por guardar silencio, ya que si un magistrado no
responde se interpreta que «no estima razonable» la avocación a Pleno.
Entre quienes ayer aún no se habían pronunciado se encontraban
magistrados de la Sección Segunda, presidida por Fernando García Nicolás
y de la que forma parte Enrique López, candidato del PP al Tribunal
Constitucional. En junio del año que viene el magistrado podría ocupar
una de las dos plazas de libre designación que corresponden a un
Gobierno para el que el caso Bolinaga se ha convertido en un quebradero
de cabeza. Según fuentes del tribunal, la Sección Segunda se inclinaba
por no estimar necesaria la avocación, aunque la decisión no estaba
cerrada.
La confirmación de la libertad condicional para Josu Uribetxeberria
Bolinaga sería un alivio para el Ministerio del Interior. Y según
fuentes jurídicas esa confirmación sería más factible si el caso se
mantiene en los límites de la Sección Primera.
La Sala de lo Penal de la Audiencia está compuesta por 19 magistrados
con derecho a voto, aunque una jueza se cae de la lista al encontrarse
de licencia de vacaciones. Ayer la avocación a Pleno contaba al menos
con los cuatro votos de la Sección Cuarta, dos de la Tercera y otros dos
de la Primera, según varias fuentes de la Sala.
Sería esta Sección Primera, presidida por Grande-Marlaska, la que
resolvería el caso Bolinaga si finalmente no va a Pleno, ya que es la
encargada de revisar todos los recursos de vigilancia penitenciaria.
Según fuentes judiciales, entre los partidarios de ir a Pleno se
encuentra el ponente del asunto, Nicolás Poveda. En circunstancias
normales, eso bastaría para que el asunto fuera estudiado en grupo. No
hay norma que lo establezca, pero así se ha venido actuando siempre en
la Audiencia Nacional.
Frente al criterio del ponente, otros dos magistrados que se
pronunciarán sobre el asunto en cualquier caso al ser miembros de la
Sección Primera se oponen a la avocación. Se trata de Ramón Sáez y
Javier Martínez Lázaro, cuyo criterio compartían ayer al menos otros dos
magistrados de la Audiencia.
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto
acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde,
aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la
doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces
que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de
manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución
podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así
lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande
Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime
necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el
fiscal ante la relevancia del caso
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto
acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde,
aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la
doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces
que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de
manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución
podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así
lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande
Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime
necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el
fiscal ante la relevancia del caso
MIKEL SEGOVIA BILBAO
11/09/2012 ESPAÑA
Estrenan el filme sobre presos de ETA tras burlar al fiscal
El Ejecutivo había instado al Ministerio Público a impedirlo
La productora de la película Ventanas al interior -en la que se narra
la historia de cinco presos de ETA- burló ayer los intentos de la
Delegación del Gobierno para impedir su estreno, previsto inicialmente
para hoy, al adelantar su exhibición a la tarde de ayer en el Teatro
Victoria Eugenia de San Sebastián. Al pase de la cinta acudieron cientos
de personas, entre ellas algunos representantes de la izquierda
abertzale, como Joseba Permach o Joseba Álvarez, así como Jon Garai, el
portavoz de la plataforma de apoyo a los presos de ETA. Entre los
presentes también estuvo la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la
capital guipuzcoana, Nerea Txapartegi.
Precisamente hoy el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos
Urquijo, remitirá un nuevo escrito al fiscal de la Audiencia Nacional,
Javier Zaragoza, para comunicarle el adelanto de los dos pases del
estreno con la intención de burlar una posible suspensión por vulnerar
la ley de protección a las víctimas.
A primera hora de ayer, Urquijo envió un escrito al alcalde de la
capital guipuzcoana, Juan Karlos Izagirre, exigiéndole que prohibiese la
exhibición en el citado teatro municipal, que había sido alquilado por
la productora Zinez. El delegado le recordó que su exhibición podría
vulnerar la ley 4/2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas
del terrorismo, así como la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección
integral de las víctimas. Urquijo apuntó a Izagirre que las dos leyes
encomiendan a los poderes públicos a evitar actos que puedan suponer un
«menosprecio o humillación de las víctimas» o un posible «enaltecimiento
del terrorismo». Junto a ello, le comunicaba que podía incurrir en
responsabilidades administrativas y penales, así como que la petición de
suspensión había sido remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En la cinta, que firman cinco directores, se relatan las historias de
otros tantos miembros de ETA, entre ellos el que fuera dirigente de la
banda, Mikel Albisu, Antza. En el trailer se muestran varias reflexiones
de presos de ETA en la cárcel. Junto a ello, se ve a dos personas que
relatan cómo, a su entender, tanto en Madrid como en París se habla del
terrorismo en Euskadi con «ideas erróneas» o con posiciones que «no
reflejan la realidad».
En otro fragmento se escucha la voz de la actual candidata a lehendakari
de EH Bildu, Laura Mintegi, en la que se refiere a los procesos de
encarcelamiento de miembros de la izquierda abertzale ilegalizada, que
define como un intento por «criminalizar una idea» y en la que las
detenciones supusieron «una lotería macabra» que a unos les tocó «y a
otros no».
MANUEL MARRACO MADRID
11/09/2012 ESPAÑA
Acusados de loar a etarras alegan que eran enfermos
El estado de salud de un preso etarra lo mismo vale para montar
campañas públicas contra la política penitenciaria como para esgrimir
una coartada en la Audiencia Nacional. Así lo hicieron ayer cuatro
acusados de enaltecimiento del terrorismo, que explicaron que habían
pegado un cartel del Txus Martín Hernando en Basauri (Vizcaya) porque se
trata de un preso de la localidad que estaba «enfermo» y que tiene el
derecho a estar en su casa. Martín Hernando, recientemente condenado por
asesinato, se encuentra en una prisión del País Vasco por razones de
salud. El fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, pide para los acusados un
año de prisión y señala en su escrito que se colocaron fotos de 14
terroristas.
En otro juicio simultáneo en la Audiencia, también
por enaltecimiento del terrorismo, el fiscal Carlos Bautista criticó a
la Ertzaintza por tener como principio no desplazarse físicamente a
testificar en la Audiencia y hacerlo por videoconferencia. Normalmente
no resulta relevante, pero ayer surgieron discrepancias entre lo que
constaba en los atestados policiales y lo que declaraban los ertzainas, y
el fiscal no pudo exhibir los atestados para seguir adelante con el
interrogatorio e intentar aclarar esas discrepancias. En este caso, el
fiscal solicita para cada uno de los dos acusados un año y medio de
cárcel por colgar fotos de etarras en Portugalete
La Fiscalía de la Audiencia Nacional golpeó ayer de nuevo en la herida que le
duele al Ministerio del Interior. Aprovechó que Instituciones Penitenciarias le
ha dado traslado del reciente informe del Servicio Vasco de Salud acerca del
estado del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga –en libertad condicional a
iniciativa del Gobierno desde el verano pasado, con el argumento de que padece
un cáncer y su muerte es inminente– para enviar por iniciativa propia un
durísimo escrito al juez de Vigilancia Penitenciaria en el que echa en cara «la
evidencia, entonces y ahora», de que «ni era un enfermo en situación terminal»
ni «la excarcelación total estaba justificada». 
