La sentencia de Estrasburgo da a ETA su mayor victoria en los tribunales
El fallo adverso a España emitido por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –que el Gobierno preveía– desestima el recurso promovido por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada el 10 de julio de 2012 por la Sección Tercera del TEDH, sentencia que resulta avalada de forma rotunda.
El juez español que forma parte del tribunal, Luis López Guerra, ha intervenido en las dos instancias y ha votado contra España siempre y en todos los pronunciamientos sometidos a votación de la Corte: que la aplicación de la doctrina Parot a la etarra Inés de Río vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (principio de legalidad de las penas) y también el artículo 5 (derecho a la libertad); que el Estado español debe poner en libertad a la terrorista «en el más breve plazo»; que el Estado debe indemnizarla con 30.000 euros por «daño moral», y que le tiene que abonar otros 1.500 euros por gastos procesales.
Mahoney ha sido el único que se ha opuesto a que el TEDH ordene la libertad de la etarra, una medida que la sentencia justifica por la «necesidad urgente de poner fin a las constatadas violaciones del Convenio».
La indemnización de 30.000 euros por «daño moral» (Del Río reclamaba 60.000) ha sido el pronunciamiento más controvertido: siete de los 17 jueces la consideraban improcedente «a la vista de las particularidades» del asunto, referido a una delincuente «culpable de haber perpetrado crímenes terroristas –muertes, tentativas de muerte y lesiones corporales graves– que causaron numerosas víctimas».
Ha habido unanimidad en dos de los pronunciamientos, los relativos al pago de 1.500 euros por gastos de defensa y a la violación del derecho a la libertad, vulneración que se produjo «por el aplazamiento en la puesta en libertad» de la terrorista desde el 3 de julio de 2008 (incluidos, por tanto, los cuatro años que ha tardado en resolver el asunto el propio Tribunal Europeo, aunque tanto la indemnización por el «daño moral» como el abono de los gastos procesales corren íntegramente a cargo del Estado español).
El 3 de julio de 2008 es la fecha que la Administración penitenciaria propuso en su día para la excarcelación de la etarra. La Corte de Estrasburgo la da por buena pese a que las autoridades penitenciarias sólo tienen capacidad de propuesta, de manera que esa fecha nunca ha sido refrendada por la Audiencia Nacional. De hecho, ésta decidió el 15 de febrero de 2001 retrasar la puesta en libertad de la terrorista hasta el 27 de junio de 2017 en aplicación de la doctrina Parot, decisión que el TEDH considera contraria al Convenio de Derechos Humanos.
La convalidación de lo que, de acuerdo con el derecho interno, no es más que una propuesta penitenciaria de excarcelación no es el único argumento llamativo. El tribunal europeo también da por buenos los 3.282 días de redención de penas por trabajos realizados en prisión por Inés del Río y afirma que «el derecho a la redención de penas por trabajos no estaba [en el antiguo Código Penal] subordinado a una apreciación discrecional del juez», que «se limita a aplicar la ley sobre la base de la propuesta de las autoridades de la prisión». En realidad, los jueces tienen facultades para rechazar la aplicación de las redenciones de pena que contemplaba el Código de 1973, aplicable a los cerca de 80 terroristas que ahora pueden verse beneficiados por el fallo de Estrasburgo.
Fuentes de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional consultadas por EL MUNDO no ven margen para la inaplicación de la sentencia de la Gran Sala que, aunque referida al caso de Inés del Río, contiene pronunciamientos de alcance general sobre la doctrina Parot.
La Fiscalía, que cree que la cifra de afectados estará finalmente alrededor de un centenar, pedirá hoy la puesta en libertad de la etarra, pero retrasará su criterio sobre los demás casos hasta estudiarlos «uno a uno».
Por su parte, en el TC hay 18 demandas de amparo totalmente tramitadas y sólo pendientes de sentencia, y otros cinco recursos en fase de admisión. La aplicación de la doctrina del TEDH es obligada dado que España suscribió el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en el Constitucional no hay una postura unánime sobre cómo actuar a partir de ahora. Hay magistrados que abogan por llevar las demandas al Pleno para corregir el aval que el TC dio a la doctrina Parot, pero otros consideran que, si la Audiencia Nacional resuelve antes las peticiones de excarcelación, los recursos de amparo decaerían.
La Gran Sala se ha basado en la sentencia de la Sección Tercera el TEDH, en los votos discrepantes de los tres magistrados de la Sala Penal del Supremo que en 2006 se opusieron a la doctrina Parot (Joaquín Giménez, Perfecto Andrés y José Antonio Martín Pallín) y en la opinión discrepante de los tres miembros del TC que se apartaron en 2012 del respaldo dado a esa doctrina (Luis Ortega, Adela Asúa y Elisa Pérez Vera).
La sentencia afirma que, pese a la «ambigüedad» del Código de 1973, la «constante» práctica de las autoridades penitenciarias y judiciales antes de 2006 españolas era restar las redenciones de pena del tiempo máximo de cumplimiento establecido en el Código Penal de 1973 (30 años de prisión). Por ello, Del Río «pudo creer –en particular, después de la decisión de acumularle las condenas el 30 de noviembre de 2000 por la Audiencia Nacional– que la pena impuesta era la resultante de la duración máxima de 30 años, de la que se descontarían las redenciones».
En el momento en que cometió sus delitos, Del Río «no podía esperar» el «viraje» operado por el Supremo, que, pese a haber respaldado en 1994 el cómputo de las redenciones respecto al tiempo máximo de cumplimiento, estableció en febrero de 2006 que esas redenciones debían ser descontadas de la suma total de las penas.
La aplicación de ese nuevo criterio –bautizado con el nombre del etarra que planteó la cuestión al Supremo, Henri Parot– «privó de todo efecto útil» las redenciones, modificando de forma retroactiva y en perjuicio de la condenada «el alcance» de la pena impuesta.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Casimiro García-Abadillo.
El fallo adverso a España emitido por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –que el Gobierno preveía– desestima el recurso promovido por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada el 10 de julio de 2012 por la Sección Tercera del TEDH, sentencia que resulta avalada de forma rotunda.
El juez español que forma parte del tribunal, Luis López Guerra, ha intervenido en las dos instancias y ha votado contra España siempre y en todos los pronunciamientos sometidos a votación de la Corte: que la aplicación de la doctrina Parot a la etarra Inés de Río vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (principio de legalidad de las penas) y también el artículo 5 (derecho a la libertad); que el Estado español debe poner en libertad a la terrorista «en el más breve plazo»; que el Estado debe indemnizarla con 30.000 euros por «daño moral», y que le tiene que abonar otros 1.500 euros por gastos procesales.
De los 17 miembros de la Gran Sala, sólo dos, Paul Mahoney y Faris Vehabovic, han apoyado que no se vulneró la legalidad penal. El primero es del Reino Unido, la misma nacionalidad que tenían los abogados contratados por Del Río. El segundo procede de Bosnia-Herzegovina.
Mahoney ha sido el único que se ha opuesto a que el TEDH ordene la libertad de la etarra, una medida que la sentencia justifica por la «necesidad urgente de poner fin a las constatadas violaciones del Convenio».
La indemnización de 30.000 euros por «daño moral» (Del Río reclamaba 60.000) ha sido el pronunciamiento más controvertido: siete de los 17 jueces la consideraban improcedente «a la vista de las particularidades» del asunto, referido a una delincuente «culpable de haber perpetrado crímenes terroristas –muertes, tentativas de muerte y lesiones corporales graves– que causaron numerosas víctimas».
Ha habido unanimidad en dos de los pronunciamientos, los relativos al pago de 1.500 euros por gastos de defensa y a la violación del derecho a la libertad, vulneración que se produjo «por el aplazamiento en la puesta en libertad» de la terrorista desde el 3 de julio de 2008 (incluidos, por tanto, los cuatro años que ha tardado en resolver el asunto el propio Tribunal Europeo, aunque tanto la indemnización por el «daño moral» como el abono de los gastos procesales corren íntegramente a cargo del Estado español).
El 3 de julio de 2008 es la fecha que la Administración penitenciaria propuso en su día para la excarcelación de la etarra. La Corte de Estrasburgo la da por buena pese a que las autoridades penitenciarias sólo tienen capacidad de propuesta, de manera que esa fecha nunca ha sido refrendada por la Audiencia Nacional. De hecho, ésta decidió el 15 de febrero de 2001 retrasar la puesta en libertad de la terrorista hasta el 27 de junio de 2017 en aplicación de la doctrina Parot, decisión que el TEDH considera contraria al Convenio de Derechos Humanos.
La convalidación de lo que, de acuerdo con el derecho interno, no es más que una propuesta penitenciaria de excarcelación no es el único argumento llamativo. El tribunal europeo también da por buenos los 3.282 días de redención de penas por trabajos realizados en prisión por Inés del Río y afirma que «el derecho a la redención de penas por trabajos no estaba [en el antiguo Código Penal] subordinado a una apreciación discrecional del juez», que «se limita a aplicar la ley sobre la base de la propuesta de las autoridades de la prisión». En realidad, los jueces tienen facultades para rechazar la aplicación de las redenciones de pena que contemplaba el Código de 1973, aplicable a los cerca de 80 terroristas que ahora pueden verse beneficiados por el fallo de Estrasburgo.
Fuentes de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional consultadas por EL MUNDO no ven margen para la inaplicación de la sentencia de la Gran Sala que, aunque referida al caso de Inés del Río, contiene pronunciamientos de alcance general sobre la doctrina Parot.
La Fiscalía, que cree que la cifra de afectados estará finalmente alrededor de un centenar, pedirá hoy la puesta en libertad de la etarra, pero retrasará su criterio sobre los demás casos hasta estudiarlos «uno a uno».
Por su parte, en el TC hay 18 demandas de amparo totalmente tramitadas y sólo pendientes de sentencia, y otros cinco recursos en fase de admisión. La aplicación de la doctrina del TEDH es obligada dado que España suscribió el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en el Constitucional no hay una postura unánime sobre cómo actuar a partir de ahora. Hay magistrados que abogan por llevar las demandas al Pleno para corregir el aval que el TC dio a la doctrina Parot, pero otros consideran que, si la Audiencia Nacional resuelve antes las peticiones de excarcelación, los recursos de amparo decaerían.
La Gran Sala se ha basado en la sentencia de la Sección Tercera el TEDH, en los votos discrepantes de los tres magistrados de la Sala Penal del Supremo que en 2006 se opusieron a la doctrina Parot (Joaquín Giménez, Perfecto Andrés y José Antonio Martín Pallín) y en la opinión discrepante de los tres miembros del TC que se apartaron en 2012 del respaldo dado a esa doctrina (Luis Ortega, Adela Asúa y Elisa Pérez Vera).
La sentencia afirma que, pese a la «ambigüedad» del Código de 1973, la «constante» práctica de las autoridades penitenciarias y judiciales antes de 2006 españolas era restar las redenciones de pena del tiempo máximo de cumplimiento establecido en el Código Penal de 1973 (30 años de prisión). Por ello, Del Río «pudo creer –en particular, después de la decisión de acumularle las condenas el 30 de noviembre de 2000 por la Audiencia Nacional– que la pena impuesta era la resultante de la duración máxima de 30 años, de la que se descontarían las redenciones».
En el momento en que cometió sus delitos, Del Río «no podía esperar» el «viraje» operado por el Supremo, que, pese a haber respaldado en 1994 el cómputo de las redenciones respecto al tiempo máximo de cumplimiento, estableció en febrero de 2006 que esas redenciones debían ser descontadas de la suma total de las penas.
La aplicación de ese nuevo criterio –bautizado con el nombre del etarra que planteó la cuestión al Supremo, Henri Parot– «privó de todo efecto útil» las redenciones, modificando de forma retroactiva y en perjuicio de la condenada «el alcance» de la pena impuesta.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Casimiro García-Abadillo.
Regalo a ETA
Ayer, un responsable de la lucha antiterrorista confesaba que «la sentencia ha dado una inyección de moral a ETA». El frente carcelario, en el que se empezaban a percibir algunas grietas, queda a partir de ahora solidificado con esta decisión, que demuestra, en opinión de los terroristas, lo acertado de su estrategia de resistencia.
Es verdad que, según las mismas fuentes, no se adivina en el horizonte una posibilidad de vuelta a la violencia. La dirección de ETA mantiene los mismos postulados que hace meses. Sin embargo, la victoria lograda en Estrasburgo va a dar impulso a la lucha conjunta con Sortu para pedir el acercamiento de presos.
Sólo había que ver las caras de los líderes abertzales ayer, tras conocer la sentencia, para darse cuenta de su significado.
Aunque el Gobierno va a mantener firme su posición de no modificar la política penitenciaria, está claro que ahora lo va a tener más complicado, porque a la presión de Sortu se le va a unir la del PNV, que también se felicitó por la decisión del Alto Tribunal Europeo.
No es descartable que, en las próximas semanas, veamos actos de homenaje o recibimientos masivos a los presos excarcelados en sus pueblos y ciudades. Interior se ha comprometido a evitar esa humillación añadida a las víctimas, pero seguramente habrá numerosas movilizaciones, caldeadas por este ambiente de euforia.
¿Qué van a hacer ahora los presos? Evidentemente, los que lleven años de condena con el Código Penal anterior a la reforma de 1995 seguirán el mismo camino que Inés del Río.
¿Y el resto? Hasta el momento, la política de ETA consistía en imponer a sus reclusos no solicitar los beneficios penitenciarios a los que podrían tener derecho, como una forma de deslegitimar el sistema.
Sin embargo, ahora eso puede cambiar. Aunque parezca contradictorio, ETA podría abrir la mano para que los presos más quemados soliciten esos beneficios, toda vez que ya se actuaría desde la fortaleza y no desde la derrota, según las tesis etarras.
Lo que ETA no puede ocultar es que su derrota sigue siendo inapelable, a pesar del balón de oxígeno de Estrasburgo.
15 minutos en una sala vacía
El tribunal emitió el fallo sin la presencia de las víctimas ni de la izquierda ‘abertzale’
Un cuarto de hora le bastó al presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, para derogar de un plumazo una jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo español y refrendada por el Constitucional, que, como recordó días atrás Mariano Rajoy, ha sido «muy útil para luchar contra ETA», ya que obligaba a los asesinos múltiples a cumplir al menos los 30 años máximos de encarcelamiento que marca la ley.
Ni los abogados del Estado españoles, ni las víctimas ni ningún representante del carísimo bufete británico contratado por la izquierda abertzale para defender a la integrante del comando Madrid se molestaron en acudir a la capital alsaciana para escuchar un fallo que ya se intuía desfavorable a los intereses de España. Así que le tocó al embajador español en el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález San Martín, representar a nuestro país durante la lectura del veredicto.
No hubo declaraciones por su parte al final del acto, ni tampoco del lado abertzale, que no envió ni a un solo emisario. Tan sólo Michael O’Boyle, subsecretario general del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se avino posteriormente a realizar algunos comentarios para la web del Consejo de Europa.
«Aconsejo a las autoridades españolas que se lean la sentencia cuidadosamente para entender los fundamentos en que se basa el fallo y ver lo que debe hacerse», advirtió.
«En cuanto a otros presos, su situación puede ser similar a la de Inés del Río, o tal vez no. No corresponde a este tribunal hacer comentarios sobre casos que todavía no se han estudiado. Pero sí diré que hay cerca de 30 sumarios de la misma naturaleza pendientes y cada uno será examinado por separado a su debido tiempo», añadió.
«La justicia criminal es competencia de cada país miembro», habían sentenciado anteriormente los jueces de Estrasburgo en los sumarios de Kafkaris contra Chipre o de Hogben contra el Reino Unido. Y a esa aplicación de la propia jurisprudencia se aferraban en marzo los representantes legales españoles, cuando la gran sala escuchó durante dos horas a ambas partes.
Diecisiete magistrados de las más variadas nacionalidades –incluyendo el español Luis López Guerra, como es preceptivo en estos casos– han debatido durante todo este tiempo un fallo que afecta gravemente al sistema penitenciario español. Y cuando más se postergaba su decisión, menos optimismo había.
Esta primavera llegó a anunciarse la lectura del fallo en julio y luego en septiembre, pero al final se ha retrasado a octubre. Lo cual, según expertos familiarizados con el modus operandi de la Corte Europea, no era en absoluto buena señal. Al final, el TEDH dio la razón a la etarra y, aunque no lo hizo por unanimidad, como en el juicio ordinario de 2012, los votos particulares discrepantes y el concurrente emitidos son un vano consuelo.
Los colectivos vascos, que han desarrollado una ingente labor de lobby durante los últimos años en la capital alsaciana, ya se lo debían de oler, porque tampoco nadie de los suyos acudió a la vista. En vez de eso, habían convocado ayer manifestaciones callejeras en las principales ciudades del País Vasco y Navarra.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Josean Izarra.
Un Pleno especial de la Audiencia da comienzo a las excarcelaciones
Hoy analiza el caso de Inés del Río, al que seguirá el de una etarra de Hipercor
El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, no tenía prevista la semana pasada la celebración de un pleno especial, sino que lo convocó después de que varios magistrados se lo reclamaran al estimar que no podía dilatarse la resolución. El tribunal ya tenía en su agenda un pleno ordinario para el viernes en el que, entre otros asuntos, se examinarán dos casos de la doctrina Parot. Se trata de las peticiones de libertad de Josefa Mercedes Ernaga y Juan Manuel Piriz López. Ernaga perteneció al comando Barcelona y fue condenada por la matanza de Hipercor, mientras que Piriz cumple condena por asesinato. Tras Inés del Río, ellos podrían ser los primeros beneficiados de la decisión de Estrasburgo.
En esa lista podría colarse también el fugado Antonio Troitiño. El tribunal de Reino Unido que debe resolver su extradición ha anunciado que hoy se pronunciará sobre el caso. Su defensa y la de Del Río explicaron ayer que ya habían presentado en la Audiencia sendas reclamaciones de libertad.
El Pleno contará para su resolución con un escrito de la Fiscalía que respalda la excarcelación de la etarra. El texto podría contener otras consideraciones sobre el resto de casos y la petición de que se examinen uno a uno. La Sala de lo Penal tenía ayer encima de la mesa un listado de 56 etarras a los que ha mantenido en prisión en aplicación de la doctrina Parot.
Las cuatro secciones de lo Penal han sido las encargadas de dictar todas las condenas de terrorismo y, por tanto, serán las responsables de ordenar las excarcelaciones. El tribunal tiene previsto examinar caso por caso, ya que no existe la posibilidad legal de dictar una orden general de puesta en libertad. Sí podrían resolverse simultáneamente varias solicitudes y ordenarse múltiples excarcelaciones.
La noticia de Estrasburgo llegó a la sala especial de la Audiencia mientras se celebraba la tercera sesión del macrojuicio de las herriko tabernas. Eran las 11.37 horas y comenzaron las sonrisas, los guiños y los apretones de manos entre los acusados y el público. «De los 15 que han votado a favor, uno es español», se oyó desde el público. Los comentarios que surgieron inmediatamente llevaron al presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, a llamar la atención y pedir a los presentes que aguardaran al receso para comentar lo sucedido, según informa Europa Press.
ANÁLISIS
Cuestión de estrategia
«No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina»,
le dijo el enviado del Gobierno al jefe etarra. Obviamente se refería a
la doctrina Parot, admitía que estaban haciendo lo posible por anularla
y que si el proceso de negociación se pusiera realmente en marcha el
porcentaje de 70 a 30 de jueces contrarios que había en esos momentos
cambiaría a un 5-95. En varias de las conversaciones había salido el
caso de Ignacio de Juana y se les prometió a los etarras que sería
ingresado en un centro de Madrid, trasladado a San Sebastián y que
quedaría libre. También se habló de Bolinaga. ETA exigió su libertad y
el interlocutor del Ejecutivo preguntó alarmado: ¿No es el secuestrador
de Ortega Lara? La respuesta fue: «No, es el que tiene cáncer».
Hay muchos asuntos que fueron tratados en aquellas negociaciones. También el de los presos. Hay varios motivos por los que los gobiernos socialistas mantuvieron el Código Penal de 1973. Uno, sin duda, es el concepto de una progresía mal entendida que también pesó como un lastre en los primeros años de Gobierno de Aznar. Otro, la convicción de que el Estado no podía derrotar a ETA. Como ese objetivo se antojaba imposible y parecíamos estar condenados a vivir en un empate infinito, se pensó que la única salida era negociar. Y si se negociaba con ETA, era necesario tener unas leyes poco estrictas para poder aplicar una política penitenciaria flexible.
Tantas veces salieron los terroristas de prisión con un cumplimiento ínfimo de condenas que la sentencia de Estrasburgo parece antigua. En realidad, las cosas cambiaron, ETA fue derrotada y la doctrina Parot ayudó aumentando la presión sobre los presos y rectificando un error indecente de décadas. Algunos de los acuerdos de las últimas negociaciones no fructificaron porque ETA puso fin a la tregua, pero otros se colaron como una mala herencia. Una herencia que, en algunas ocasiones, el Gobierno de Rajoy asumió sin demasiado disgusto –de ahí, la bienvenida al cese definitivo «sin coste político»–. Y otras que le pillaron sin estrategia (y con un aliado de Zapatero en el tribunal y en otros lugares), como es el caso. Los etarras lo venderán como un triunfo, pero lo cierto es que han tenido que cumplir la ley para salir y eso jamás lo quisieron. Ahora aspiran al acercamiento y a la salida escalonada que les prometió el Gobierno de Zapatero y piensan que la derogación de la doctrina puede ayudarles, por lo menos con una inyección de euforia.
El ministro ha asegurado que no permitirá que los presos beneficiados salgan como héroes. Esa batalla, la del relato y la deslegitimación del terrorismo, el Gobierno la va perdiendo. Y las víctimas se lo recordaron ayer con las decenas de denuncias por enaltecimiento a las que nadie ha hecho caso. Y se lo recuerda la sonrisa de Garitano recibiendo a los suyos en la Diputación. Estrategia y convicción.
ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
22/10/2013
6
ESPAÑA
Hay muchos asuntos que fueron tratados en aquellas negociaciones. También el de los presos. Hay varios motivos por los que los gobiernos socialistas mantuvieron el Código Penal de 1973. Uno, sin duda, es el concepto de una progresía mal entendida que también pesó como un lastre en los primeros años de Gobierno de Aznar. Otro, la convicción de que el Estado no podía derrotar a ETA. Como ese objetivo se antojaba imposible y parecíamos estar condenados a vivir en un empate infinito, se pensó que la única salida era negociar. Y si se negociaba con ETA, era necesario tener unas leyes poco estrictas para poder aplicar una política penitenciaria flexible.
Tantas veces salieron los terroristas de prisión con un cumplimiento ínfimo de condenas que la sentencia de Estrasburgo parece antigua. En realidad, las cosas cambiaron, ETA fue derrotada y la doctrina Parot ayudó aumentando la presión sobre los presos y rectificando un error indecente de décadas. Algunos de los acuerdos de las últimas negociaciones no fructificaron porque ETA puso fin a la tregua, pero otros se colaron como una mala herencia. Una herencia que, en algunas ocasiones, el Gobierno de Rajoy asumió sin demasiado disgusto –de ahí, la bienvenida al cese definitivo «sin coste político»–. Y otras que le pillaron sin estrategia (y con un aliado de Zapatero en el tribunal y en otros lugares), como es el caso. Los etarras lo venderán como un triunfo, pero lo cierto es que han tenido que cumplir la ley para salir y eso jamás lo quisieron. Ahora aspiran al acercamiento y a la salida escalonada que les prometió el Gobierno de Zapatero y piensan que la derogación de la doctrina puede ayudarles, por lo menos con una inyección de euforia.
El ministro ha asegurado que no permitirá que los presos beneficiados salgan como héroes. Esa batalla, la del relato y la deslegitimación del terrorismo, el Gobierno la va perdiendo. Y las víctimas se lo recordaron ayer con las decenas de denuncias por enaltecimiento a las que nadie ha hecho caso. Y se lo recuerda la sonrisa de Garitano recibiendo a los suyos en la Diputación. Estrategia y convicción.
ANÁLISIS
Cuestión de estrategia
«No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina»,
le dijo el enviado del Gobierno al jefe etarra. Obviamente se refería a
la doctrina Parot, admitía que estaban haciendo lo posible por anularla
y que si el proceso de negociación se pusiera realmente en marcha el
porcentaje de 70 a 30 de jueces contrarios que había en esos momentos
cambiaría a un 5-95. En varias de las conversaciones había salido el
caso de Ignacio de Juana y se les prometió a los etarras que sería
ingresado en un centro de Madrid, trasladado a San Sebastián y que
quedaría libre. También se habló de Bolinaga. ETA exigió su libertad y
el interlocutor del Ejecutivo preguntó alarmado: ¿No es el secuestrador
de Ortega Lara? La respuesta fue: «No, es el que tiene cáncer».
Hay muchos asuntos que fueron tratados en aquellas negociaciones. También el de los presos. Hay varios motivos por los que los gobiernos socialistas mantuvieron el Código Penal de 1973. Uno, sin duda, es el concepto de una progresía mal entendida que también pesó como un lastre en los primeros años de Gobierno de Aznar. Otro, la convicción de que el Estado no podía derrotar a ETA. Como ese objetivo se antojaba imposible y parecíamos estar condenados a vivir en un empate infinito, se pensó que la única salida era negociar. Y si se negociaba con ETA, era necesario tener unas leyes poco estrictas para poder aplicar una política penitenciaria flexible.
Tantas veces salieron los terroristas de prisión con un cumplimiento ínfimo de condenas que la sentencia de Estrasburgo parece antigua. En realidad, las cosas cambiaron, ETA fue derrotada y la doctrina Parot ayudó aumentando la presión sobre los presos y rectificando un error indecente de décadas. Algunos de los acuerdos de las últimas negociaciones no fructificaron porque ETA puso fin a la tregua, pero otros se colaron como una mala herencia. Una herencia que, en algunas ocasiones, el Gobierno de Rajoy asumió sin demasiado disgusto –de ahí, la bienvenida al cese definitivo «sin coste político»–. Y otras que le pillaron sin estrategia (y con un aliado de Zapatero en el tribunal y en otros lugares), como es el caso. Los etarras lo venderán como un triunfo, pero lo cierto es que han tenido que cumplir la ley para salir y eso jamás lo quisieron. Ahora aspiran al acercamiento y a la salida escalonada que les prometió el Gobierno de Zapatero y piensan que la derogación de la doctrina puede ayudarles, por lo menos con una inyección de euforia.
El ministro ha asegurado que no permitirá que los presos beneficiados salgan como héroes. Esa batalla, la del relato y la deslegitimación del terrorismo, el Gobierno la va perdiendo. Y las víctimas se lo recordaron ayer con las decenas de denuncias por enaltecimiento a las que nadie ha hecho caso. Y se lo recuerda la sonrisa de Garitano recibiendo a los suyos en la Diputación. Estrategia y convicción.
FERNANDO LÁZARO MADRID
22/10/2013
8
ESPAÑA
Dolor, ansiedad, rabia... Los puños de todas las víctimas de ETA se
volvieron ayer a apretar con la misma fuerza que aquella vez en que la
organización terrorista les cambió la vida. No daban crédito. No
entienden que Europa haya parido una sentencia que favorece a los
terroristas. «¿Y nuestros derechos humanos?», lanzaban sus gritos hacia
la melancolía.
Fueron las presidentas de la Fundación de Víctimas, Mari Mar Blanco, y de la AVT, Ángeles Pedraza, las que pusieron el principal dedo acusador y responsabilizaron de esta maniobra final al que fuera presidente el Gobierno anterior, José Luis Rodríguez Zapatero.
Blanco fue muy explícita: «Esto es un coste más de aquel mal llamado proceso de paz de Zapatero con ETA». Y Pedraza no se quedó atrás: «Fue quien inició este camino de rosas para los etarras; junto a Rubalcaba, que era su ministro del Interior».
Ambas comparecieron después de reunirse con los titulares de Justicia e Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández. Les pidieron que hicieran todo lo posible para que el daño de la aplicación de esta ley fuera el mínimo para las víctimas, y que evitaran la excarcelación masiva de etarras, que «eviten la imagen del autobús».
Horas antes, Pedraza había comparecido en su sede arropada por casi medio centenar de víctimas, de afectados directos por atentados cometidos por algunos de los terroristas que se pueden ver beneficiados por la aplicación de la decisión de Estrasburgo, por la derogación de la doctrina Parot.
Porque en la pequeña sala sobresalía, entre todas, la voz de una víctima, un hombre que en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza perdió a su padre, perdió a su madre, perdió a su hermano. Él y otro de sus hermanos quedaron seriamente heridos. Eso era ETA. Eso hacían los que ahora pueden salir de la cárcel. Y por estos motivos, desde la AVT se le pidió al Gobierno de Rajoy que evitara aplicar esta resolución. «Hoy ha perdido el Estado de Derecho. Hoy ha perdido la democracia», aseguró la presidenta de la asociación, quien culpó de la actuación situación «a los políticos». «Es como si hoy ETA hubiera asesinado de nuevo a mi padre», aseguró una de las víctimas.
La asociación Dignidad y Justicia cree que esta sentencia no es vinculante para España. Su presidente, Daniel Portero, considera que la resolución es de cumplimiento para una única persona, la citada terrorista. Sin embargo, considera que no es vinculante para anular la doctrina Parot, ya que cuando España firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos lo hizo conforme al artículo 94 de la Constitución Española y no respecto al 93, de tal forma que el Tribunal Constitucional es la última instancia nacional.
El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, exigió al Gobierno que no cumpla la sentencia y avisó de que, en caso de que lo haga, dará «una respuesta contundente» convocando a los ciudadanos a mostrar su repulsa en la calle.
La mayoría de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo suscribieron un comunicado conjunto en el que denuncian que este fallo «curiosamente» haya sido apoyado por el magistrado español en Estrasburgo, José Luis López Guerra, ex secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, en el Gobierno de Zapatero.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo recuerdan que la doctrina Parot ha sido avalada en España tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo y denuncian que su derogación supone «un retroceso» en su derecho a ser resarcidas mediante el cumplimiento íntegro de las penas.
ANA VELASCO VIDAL-ABARCA
22/10/2013
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ESPAÑA
Hay muchos asuntos que fueron tratados en aquellas negociaciones. También el de los presos. Hay varios motivos por los que los gobiernos socialistas mantuvieron el Código Penal de 1973. Uno, sin duda, es el concepto de una progresía mal entendida que también pesó como un lastre en los primeros años de Gobierno de Aznar. Otro, la convicción de que el Estado no podía derrotar a ETA. Como ese objetivo se antojaba imposible y parecíamos estar condenados a vivir en un empate infinito, se pensó que la única salida era negociar. Y si se negociaba con ETA, era necesario tener unas leyes poco estrictas para poder aplicar una política penitenciaria flexible.
Tantas veces salieron los terroristas de prisión con un cumplimiento ínfimo de condenas que la sentencia de Estrasburgo parece antigua. En realidad, las cosas cambiaron, ETA fue derrotada y la doctrina Parot ayudó aumentando la presión sobre los presos y rectificando un error indecente de décadas. Algunos de los acuerdos de las últimas negociaciones no fructificaron porque ETA puso fin a la tregua, pero otros se colaron como una mala herencia. Una herencia que, en algunas ocasiones, el Gobierno de Rajoy asumió sin demasiado disgusto –de ahí, la bienvenida al cese definitivo «sin coste político»–. Y otras que le pillaron sin estrategia (y con un aliado de Zapatero en el tribunal y en otros lugares), como es el caso. Los etarras lo venderán como un triunfo, pero lo cierto es que han tenido que cumplir la ley para salir y eso jamás lo quisieron. Ahora aspiran al acercamiento y a la salida escalonada que les prometió el Gobierno de Zapatero y piensan que la derogación de la doctrina puede ayudarles, por lo menos con una inyección de euforia.
El ministro ha asegurado que no permitirá que los presos beneficiados salgan como héroes. Esa batalla, la del relato y la deslegitimación del terrorismo, el Gobierno la va perdiendo. Y las víctimas se lo recordaron ayer con las decenas de denuncias por enaltecimiento a las que nadie ha hecho caso. Y se lo recuerda la sonrisa de Garitano recibiendo a los suyos en la Diputación. Estrategia y convicción.
Las víctimas señalan a Zapatero
Desoladas, piden al Gobierno que evite el «autobús», la excarcelación masiva
Fueron las presidentas de la Fundación de Víctimas, Mari Mar Blanco, y de la AVT, Ángeles Pedraza, las que pusieron el principal dedo acusador y responsabilizaron de esta maniobra final al que fuera presidente el Gobierno anterior, José Luis Rodríguez Zapatero.
Blanco fue muy explícita: «Esto es un coste más de aquel mal llamado proceso de paz de Zapatero con ETA». Y Pedraza no se quedó atrás: «Fue quien inició este camino de rosas para los etarras; junto a Rubalcaba, que era su ministro del Interior».
Ambas comparecieron después de reunirse con los titulares de Justicia e Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández. Les pidieron que hicieran todo lo posible para que el daño de la aplicación de esta ley fuera el mínimo para las víctimas, y que evitaran la excarcelación masiva de etarras, que «eviten la imagen del autobús».
Horas antes, Pedraza había comparecido en su sede arropada por casi medio centenar de víctimas, de afectados directos por atentados cometidos por algunos de los terroristas que se pueden ver beneficiados por la aplicación de la decisión de Estrasburgo, por la derogación de la doctrina Parot.
Porque en la pequeña sala sobresalía, entre todas, la voz de una víctima, un hombre que en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza perdió a su padre, perdió a su madre, perdió a su hermano. Él y otro de sus hermanos quedaron seriamente heridos. Eso era ETA. Eso hacían los que ahora pueden salir de la cárcel. Y por estos motivos, desde la AVT se le pidió al Gobierno de Rajoy que evitara aplicar esta resolución. «Hoy ha perdido el Estado de Derecho. Hoy ha perdido la democracia», aseguró la presidenta de la asociación, quien culpó de la actuación situación «a los políticos». «Es como si hoy ETA hubiera asesinado de nuevo a mi padre», aseguró una de las víctimas.
La asociación Dignidad y Justicia cree que esta sentencia no es vinculante para España. Su presidente, Daniel Portero, considera que la resolución es de cumplimiento para una única persona, la citada terrorista. Sin embargo, considera que no es vinculante para anular la doctrina Parot, ya que cuando España firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos lo hizo conforme al artículo 94 de la Constitución Española y no respecto al 93, de tal forma que el Tribunal Constitucional es la última instancia nacional.
El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, exigió al Gobierno que no cumpla la sentencia y avisó de que, en caso de que lo haga, dará «una respuesta contundente» convocando a los ciudadanos a mostrar su repulsa en la calle.
La mayoría de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo suscribieron un comunicado conjunto en el que denuncian que este fallo «curiosamente» haya sido apoyado por el magistrado español en Estrasburgo, José Luis López Guerra, ex secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, en el Gobierno de Zapatero.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo recuerdan que la doctrina Parot ha sido avalada en España tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo y denuncian que su derogación supone «un retroceso» en su derecho a ser resarcidas mediante el cumplimiento íntegro de las penas.
La coartada
Al final ha caído la doctrina Parot. Era de esperar. ETA y sus secuaces
están de enhorabuena. Otra de sus exigencias para dejar de matar se ha
visto satisfecha. No ha sido difícil, sólo había que aprovechar los
resquicios legales que el Estado no fue capaz de subsanar. La dejación y
abandono durante años cruciales, el inexplicable retraso en la
modificación del Código Penal de 1973, la pasividad ante la primera
demanda presentada en Estrasburgo por ETA, la falta de anticipación ante
lo previsible nos han conducido a esta situación. Como en tantas otras
ocasiones, se ha reaccionado tarde y mal. Mientras ETA asesinaba
salvajemente tras verse beneficiada por la amnistía de 1977, el Poder
Legislativo no consideró prioritaria hasta 1995 la modificación del
Código Penal para adecuar las penas a la gravedad de los delitos y
toleró que los terroristas cumplieran un máximo de 18 años de condena
efectiva, aunque hubiesen sido sentenciados a miles de años. Al margen
de la aberración que supone que un organismo internacional ampare
judicialmente a una asesina en serie para que cumpla menos de un año por
cada uno de sus crímenes, España ha actuado de forma sobrevenida, a
rebufo de las iniciativas del entorno de los terroristas, sin previsión,
sin anticipación, sin rigor. Y éstas son las consecuencias.
De cualquier modo, hay que felicitar al Gobierno porque, en esta ocasión, ha sabido posicionarse para no ser acusado como el responsable de lo ocurrido en Estrasburgo. Durante unos días, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos será centro de atención, los españoles nos escandalizaremos y lamentaremos su injusta decisión, pero todas las culpas recaerán en ese tribunal, en Europa. El temido efecto Bolinaga de desafección pública hacia el Gobierno no se producirá, porque esta vez ha tomado la iniciativa y es, aparentemente, el primer afectado, el primer indignado. Ha sabido adelantarse a las posibles acusaciones de abandono, de dejación de unas posiciones que fueron más firmes en el pasado, y ha neutralizado eficazmente una reacción popular en su contra.
Pero, tras unos días de máxima atención –muy pocos–, nuevamente volverá el silencio oficial, el perfil bajo. Se hará lo posible para que no trascienda el goteo de excarcelaciones de sanguinarios terroristas y se continuarán normalizando las relaciones con sus representantes políticos. En todo caso, la ya de facto derogada doctrina Parot se convertirá en una herramienta propagandística en contra de la Justicia española, a la que los amigos de ETA acusarán de haber atentado contra los derechos de los indefensos presos políticos vascos, con el oportuno aval del TEDH. Y las víctimas veremos con impotencia cómo el derecho a una justicia proporcional al daño causado se desvanece, porque nuestra democracia no ha sido capaz de adecuar a tiempo nuestras leyes para garantizarlo y para impedir el éxito de las maniobras de los promotores de la impunidad.
Y me pregunto: ¿realmente tiene la culpa Europa o es Europa la coartada?
Ana Velasco Vidal-Abarca es hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la AVT.
LEYRE IGLESIAS BILBAO
22/10/2013
9
ESPAÑA
Una «oportunidad» para que el Gobierno de Mariano Rajoy dé un vuelco a
su política con los presos de ETA. Así ven la sentencia europea sobre la
doctrina Parot tanto el partido de los reclusos, Sortu, como quien
lidera el Gobierno vasco, el PNV, que acogieron ayer con satisfacción la
decisión de Estrasburgo.
La antigua Batasuna había reunido a medio millar de simpatizantes en la plaza Moyúa de Bilbao. Cuando se anunció, estallaron en aplausos y gritos de «vuelta a casa» de los terroristas. «Es el momento de aprovechar esta sentencia para dar un giro positivo a la política penitenciaria, es el momento de dar una oportunidad a la paz», decía después un sonriente Pernando Barrena. Como es natural, el portavoz de Sortu reclamó la «puesta en libertad inmediata de todos los presos» que han visto alargada su condena por la doctrina 197/2006. Llegó a decir: «Es un logro de todos los que creemos en el respeto a los derechos humanos». No supone «un triunfo de la izquierda abertzale», precisó, porque ellos no creen «en esquemas de vencedores y vencidos».
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu convocó una rueda de prensa en la que Josu Erkoreka expuso, contenido, su visión «positiva» del fallo. «Debe entenderse como una oportunidad para una nueva política de paz», tecleó más tarde el lehendakari Urkullu.
Pero el Gobierno vasco no se quedó en el llamamiento al Ejecutivo popular, a quien Erkoreka solicitó una política penitenciaria «compartida», basada en «legalidad, realidad y consenso». El portavoz lanzó en primer lugar una «propuesta» al mundo de ETA: que gestione esto «con responsabilidad», haciendo una «revisión crítica» de su pasado y fomentando que sus presos empleen las vías para la reinserción que ofrece «el marco legal».
El PNV lo detalló más. Tras recordar que los etarras que se verán beneficiados cometieron «execrables crímenes y atentados», subrayó que éstos «no pueden combatirse sino desde los instrumentos legales del Estado de Derecho», y exigióla aplicación «urgente» y «sin reservas» del fallo a todos los concernidos. Su mensaje a los presos: que reconozcan «el daño causado» e «individualmente», como lo harán los de la doctrina Parot, se acojan a las posibilidades legales para la «resocialización».
ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
22/10/2013
10
ESPAÑA
El golpetazo inmediato, las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo
contra la doctrina Parot a corto y a medio plazo son tan difíciles de
tragar que las verdades como puños –sobre la ETA vencida – esgrimidas
ayer por los ministros de Justicia e Interior, «lamentando» la decisión
del Tribunal, supieron a poco. De modo que el equilibrio de la situación
quedó fiado a una frase pronunciada por el titular de Interior: «Nunca
voy a permitir que personas que no han pedido perdón y no se han
arrepentido sean recibidos como héroes». «Eso la ley lo impide»,
concluyó. Quedó fiado a esa promesa, y a la voluntad de no pagar un duro
a los etarras que aleguen haber sido perjudicados por el Estado.
Una hora después de que se supiera que la Corte Europea había dado la razón a Inés del Río, abriendo la puerta para que salgan de prisión 137 asesinos en serie, Jorge Fernández Díaz recordó que esa sentencia «no cambia el estado de la cuestión, que la ETA que hemos sufrido ya no existe, ha sido derrotada y ya no volverá»; y Alberto Ruiz-Gallardón le secundó argumentando que «los demócratas hemos ganado y nunca volverá a ocurrir que un asesinato tenga un año de reproche penal».
Recordaba así el titular de Justicia que las leyes cambiaron para
endurecerse en 1995 y reivindicaba la pertinencia de la última reforma
del Código Penal, en la que ha introducido la prisión permanente
revisable, que tanta controversia ha generado. Pero ambas cosas iban
unidas en su reflexión a una división terrible: la realizada entre el
número de asesinatos realizados por la terrorista Del Río Prada y los
años que ha pasado en prisión. Y ni siquiera le sale un año por muerto.
De hecho, Gallardón quiso resaltar que la sentencia «únicamente» afecta
a los que fueron juzgados con el Código Penal de 1973. Pero lo cierto
es que ese «únicamente» abarca a decenas de los peores etarras.
La solución para mitigar esta realidad «del pasado» aunque con «dolorosos» efectos en el presente fue, por una parte, anunciar que «las posibles excarcelaciones no supondrán impunidad». El ministro del Interior se refería con ello a que no se permitirán actos que enaltezcan el terrorismo y humillen a las víctimas. Puso como ejemplo la operación policial realizada recientemente contra Herrira, la organizadora de hasta 112 homenajes para recibir a los etarras que iban cumpliendo condena. No explicó qué pasará si el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, agasaja como una gudari a Inés del Río como hizo, sin consecuencias, con los miembros de Herrira.
Por otra parte, Gallardón anunció que no pagarán a la terrorista los 31.000 euros de indemnización por haber estado seis años más en prisión. Inés del Río se declaró insolvente desde un primer momento y nunca pagó a sus víctimas. Esa carga fue «adelantada» por el Estado y, según el ministro, «todavía no se ha producido una prescripción del derecho del Estado para reclamar».
Los dos aseguraron que el Gobierno había utilizado «todos los recursos de los que disponía» y hablaron de «repugnancia» e insistieron en que la doctrina les sigue pareciendo «justa y útil». Sobre el acatamiento a la sentencia, quisieron dejar claro que se trataba de un «recurso personal». Pero en todo momento quedó claro que eran conscientes de su repercusión y también de la función que les corresponde. Resaltaron que «las consecuencias prácticas han de ser aplicadas por la Audiencia Nacional». Y que el Constitucional y el Supremo ya han establecido «cómo han de aplicarse las sentencias definitivas de Estrasburgo».
Se les preguntó si creían que la sentencia hubiese sido la misma hace dos años, cuando ETA todavía no había anunciado el cese definitivo. Y Gallardón recordó que no hay ni una línea en la sentencia que haga referencia a la coyuntura. Tampoco quisieron realizar un análisis de cuáles pueden ser sus efectos dentro del proceso para el fin definitivo de la banda. Díaz aseguró que la política penitenciaria no va a cambiar y que el Gobierno va a «seguir actuando hasta la disolución» de ETA.
De cualquier modo, hay que felicitar al Gobierno porque, en esta ocasión, ha sabido posicionarse para no ser acusado como el responsable de lo ocurrido en Estrasburgo. Durante unos días, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos será centro de atención, los españoles nos escandalizaremos y lamentaremos su injusta decisión, pero todas las culpas recaerán en ese tribunal, en Europa. El temido efecto Bolinaga de desafección pública hacia el Gobierno no se producirá, porque esta vez ha tomado la iniciativa y es, aparentemente, el primer afectado, el primer indignado. Ha sabido adelantarse a las posibles acusaciones de abandono, de dejación de unas posiciones que fueron más firmes en el pasado, y ha neutralizado eficazmente una reacción popular en su contra.
Pero, tras unos días de máxima atención –muy pocos–, nuevamente volverá el silencio oficial, el perfil bajo. Se hará lo posible para que no trascienda el goteo de excarcelaciones de sanguinarios terroristas y se continuarán normalizando las relaciones con sus representantes políticos. En todo caso, la ya de facto derogada doctrina Parot se convertirá en una herramienta propagandística en contra de la Justicia española, a la que los amigos de ETA acusarán de haber atentado contra los derechos de los indefensos presos políticos vascos, con el oportuno aval del TEDH. Y las víctimas veremos con impotencia cómo el derecho a una justicia proporcional al daño causado se desvanece, porque nuestra democracia no ha sido capaz de adecuar a tiempo nuestras leyes para garantizarlo y para impedir el éxito de las maniobras de los promotores de la impunidad.
Y me pregunto: ¿realmente tiene la culpa Europa o es Europa la coartada?
Ana Velasco Vidal-Abarca es hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la AVT.
Sortu y PNV exigen cambios en las cárceles
Piden al presidente Rajoy que aproveche la «oportunidad» que le brinda Estrasburgo
La antigua Batasuna había reunido a medio millar de simpatizantes en la plaza Moyúa de Bilbao. Cuando se anunció, estallaron en aplausos y gritos de «vuelta a casa» de los terroristas. «Es el momento de aprovechar esta sentencia para dar un giro positivo a la política penitenciaria, es el momento de dar una oportunidad a la paz», decía después un sonriente Pernando Barrena. Como es natural, el portavoz de Sortu reclamó la «puesta en libertad inmediata de todos los presos» que han visto alargada su condena por la doctrina 197/2006. Llegó a decir: «Es un logro de todos los que creemos en el respeto a los derechos humanos». No supone «un triunfo de la izquierda abertzale», precisó, porque ellos no creen «en esquemas de vencedores y vencidos».
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu convocó una rueda de prensa en la que Josu Erkoreka expuso, contenido, su visión «positiva» del fallo. «Debe entenderse como una oportunidad para una nueva política de paz», tecleó más tarde el lehendakari Urkullu.
Pero el Gobierno vasco no se quedó en el llamamiento al Ejecutivo popular, a quien Erkoreka solicitó una política penitenciaria «compartida», basada en «legalidad, realidad y consenso». El portavoz lanzó en primer lugar una «propuesta» al mundo de ETA: que gestione esto «con responsabilidad», haciendo una «revisión crítica» de su pasado y fomentando que sus presos empleen las vías para la reinserción que ofrece «el marco legal».
El PNV lo detalló más. Tras recordar que los etarras que se verán beneficiados cometieron «execrables crímenes y atentados», subrayó que éstos «no pueden combatirse sino desde los instrumentos legales del Estado de Derecho», y exigióla aplicación «urgente» y «sin reservas» del fallo a todos los concernidos. Su mensaje a los presos: que reconozcan «el daño causado» e «individualmente», como lo harán los de la doctrina Parot, se acojan a las posibilidades legales para la «resocialización».
El Gobierno asegura que no dejará que los etarras salgan como héroes
Fernández Díaz dice que la sentencia no cambia el hecho de que ETA ha sido derrotada
Una hora después de que se supiera que la Corte Europea había dado la razón a Inés del Río, abriendo la puerta para que salgan de prisión 137 asesinos en serie, Jorge Fernández Díaz recordó que esa sentencia «no cambia el estado de la cuestión, que la ETA que hemos sufrido ya no existe, ha sido derrotada y ya no volverá»; y Alberto Ruiz-Gallardón le secundó argumentando que «los demócratas hemos ganado y nunca volverá a ocurrir que un asesinato tenga un año de reproche penal».
La solución para mitigar esta realidad «del pasado» aunque con «dolorosos» efectos en el presente fue, por una parte, anunciar que «las posibles excarcelaciones no supondrán impunidad». El ministro del Interior se refería con ello a que no se permitirán actos que enaltezcan el terrorismo y humillen a las víctimas. Puso como ejemplo la operación policial realizada recientemente contra Herrira, la organizadora de hasta 112 homenajes para recibir a los etarras que iban cumpliendo condena. No explicó qué pasará si el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, agasaja como una gudari a Inés del Río como hizo, sin consecuencias, con los miembros de Herrira.
Por otra parte, Gallardón anunció que no pagarán a la terrorista los 31.000 euros de indemnización por haber estado seis años más en prisión. Inés del Río se declaró insolvente desde un primer momento y nunca pagó a sus víctimas. Esa carga fue «adelantada» por el Estado y, según el ministro, «todavía no se ha producido una prescripción del derecho del Estado para reclamar».
Los dos aseguraron que el Gobierno había utilizado «todos los recursos de los que disponía» y hablaron de «repugnancia» e insistieron en que la doctrina les sigue pareciendo «justa y útil». Sobre el acatamiento a la sentencia, quisieron dejar claro que se trataba de un «recurso personal». Pero en todo momento quedó claro que eran conscientes de su repercusión y también de la función que les corresponde. Resaltaron que «las consecuencias prácticas han de ser aplicadas por la Audiencia Nacional». Y que el Constitucional y el Supremo ya han establecido «cómo han de aplicarse las sentencias definitivas de Estrasburgo».
Se les preguntó si creían que la sentencia hubiese sido la misma hace dos años, cuando ETA todavía no había anunciado el cese definitivo. Y Gallardón recordó que no hay ni una línea en la sentencia que haga referencia a la coyuntura. Tampoco quisieron realizar un análisis de cuáles pueden ser sus efectos dentro del proceso para el fin definitivo de la banda. Díaz aseguró que la política penitenciaria no va a cambiar y que el Gobierno va a «seguir actuando hasta la disolución» de ETA.
Expulsado del PP por insultar
El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón recibió ayer más de 10
«amenazas de muerte» contra él o de «violaciones» a miembros de su
familia por alabar el fallo del TEDH en la red social Twitter. Como
anunció anoche, Garzón las va a denunciar a la Policía. Entre ellas,
recibió las amenazas de un militante de Nuevas Generaciones (NNGG),
Jaime Mora, que le dijo: «Matarte a ti o a todos los de tu calaña nos va
a salir igual de caro. Igual no va a ser tan malo... Payaso». NNGG
inició ayer el procedimiento para su expulsión.
L. Á. S. MADRID
22/10/2013
10
ESPAÑA
El PSOE «acata» el fallo aunque «le repugne» .-)
El número tres del PSOE, Óscar López, fue duro con la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aunque afirmó «como no
puede ser de otra manera», que su partido «la acata porque vivimos en un
Estado de Derecho».
A partir de ahí, López aseguró que a los socialistas «nos repugnan las consecuencias» que pueda tener el fallo y lamentó «el dolor que puede producir a las víctimas». «Consideramos», explicó, «que no puede ser lo mismo matar a una persona que a 24». Y concluyó haciendo un «llamamiento a la unidad de los demócratas», que no se puede romper por esta sentencia concreta, aunque no le guste a la mayoría.
IU: «VARAPALO LEGAL».Gaspar Llamazares pidió ayer al Gobierno que acate el fallo y que no busque «subterfugios» que puedan llevar a futuras condenas. Llamazares consideró que la decisión era «esperada» y «ajustada a derecho». Y que avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y el Constitucional, que han sufrido «un gran varapalo», informa Efe.
UPyD: «CON LAS VÍCTIMAS».Rosa Díez lamentó el fallo e instó al Gobierno a «amparar» a las víctimas y a no aplicar «el derecho contra la justicia». En declaraciones a Europa Press, Díez consideró que si «los enemigos de la democracia encuentran amparo en Estrasburgo», sus víctimas deben encontrarlo en el Gobierno, «como antes ocurrió con el Tribunal Supremo y el Constitucional».
CiU: «CUESTA ENTENDERLA». Josep Antoni Duran Lleida defendió acatar el fallo, aunque advirtió que no será entendido por muchos. «Hay sentencias que hay que acatar, pero no necesariamente hay que entenderlas. Esta cuesta y le costará a mucha gente entenderla», afirmó.
APLAUSO DE ERC.Su portavoz, Anna Simó, aplaudió la sentencia y recordó que «siempre» han rechazado la doctrina Parot, por lo que valoró muy positivamente el fallo.
JOAQUÍN MANSO MADRID
22/10/2013
11
ESPAÑA
Nadie puede decir que se sorprenda de la posición adoptada por el
magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el
socialista Luis López Guerra, favorable, como otros 16 miembros de la
Gran Sala, a excarcelar a la etarra Inés del Río Prada, y coherente con
su trayectoria académica y política. Lo que se le reprocha desde el
Gobierno es un activismo entusiasta para convencer a sus colegas de que
un fallo contrario a la doctrina Parot sería muy bien recibido entre la
comunidad jurídica en España, algo que rechaza el entorno de López
Guerra.
Entre las funciones que tienen asignadas los jueces de la Corte de Estrasburgo está la de participar en la resolución de todas las demandas que se presenten contra el Estado al que representa, pero ni están sometidos a las órdenes del Ejecutivo de turno ni pueden hacer proselitismo, más allá de la natural influencia que tenga la postura que adopten respecto de los asuntos que afectan a su propio país. El Tribunal presume su neutralidad y recoge la posibilidad de su sustitución para un caso específico cuando respecto del mismo incurran en causa de abstención.
López Guerra ya se había manifestado en 2000, cuando él era vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ni siquiera existía la doctrina Parot, en contra de la propuesta del PP de modificar la ley para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas. «El problema vasco no es penal, creo que todos estamos de acuerdo, es un problema político muy complicado», argumentó entonces. Pero quienes le afean una supuesta laxitud contra ETA deben recordar también que formó parte de las salas que sucesivamente avalaron en los términos más contundentes la Ley de Partidos y la ilegalización de la organización terrorista Batasuna y de sus marcas sucesoras.
López Guerra llegó a Estrasburgo en 2008, a propuesta del Ministerio de Justicia que entonces dirigía Mariano Fernández Bermejo y en sustitución del respetadísimo abogado del Estado Francisco Javier Borrego, a quien el Gobierno del PSOE no permitió agotar su mandato. Allí seguirá hasta 2017. Su designación, interpretada en medios jurídicos como una compensación por no haberlo nombrado ministro, fue recurrida ante el Supremo por la asociación mayoritaria en la carrera judicial, la APM, por entender que respondía exclusivamente al criterio de oportunidad de colocar a un juez afín.
Efectivamente, López Guerra fue abandonando una muy prometedora carrera académica –jovencísimo ya era catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Extremadura– por cargos vinculados a su militancia en el PSOE. El Gobierno de Felipe González lo llevó en 1986 al Constitucional, del que era letrado desde cuatro años antes, y alcanzó la vicepresidencia en 1991. Después, pasó por el CGPJ, fue diputado autonómico en Madrid y, en 2004, secretario de Estado de Justicia con su amigo Juan Fernando López Aguilar.
Hijo, nieto y bisnieto de militares, su padre fue el poeta falangista Luis López Anglada. Durante el franquismo fue sin embargo un activo militante por las libertades en el PCE, lo que le llevó a sufrir persecución y exilio en Michigan (EEUU), donde completó su tesis doctoral y conoció a su esposa. Junto a su inseparable Santiago Varela, fue quizá el más brillante discípulo de la escuela de Jorge de Esteban –presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO–, con el que participó en 1973 en la obra Desarrollo Político y Constitución Española, de decisiva influencia en el proceso de la Transición.
A partir de ahí, López aseguró que a los socialistas «nos repugnan las consecuencias» que pueda tener el fallo y lamentó «el dolor que puede producir a las víctimas». «Consideramos», explicó, «que no puede ser lo mismo matar a una persona que a 24». Y concluyó haciendo un «llamamiento a la unidad de los demócratas», que no se puede romper por esta sentencia concreta, aunque no le guste a la mayoría.
IU: «VARAPALO LEGAL».Gaspar Llamazares pidió ayer al Gobierno que acate el fallo y que no busque «subterfugios» que puedan llevar a futuras condenas. Llamazares consideró que la decisión era «esperada» y «ajustada a derecho». Y que avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y el Constitucional, que han sufrido «un gran varapalo», informa Efe.
UPyD: «CON LAS VÍCTIMAS».Rosa Díez lamentó el fallo e instó al Gobierno a «amparar» a las víctimas y a no aplicar «el derecho contra la justicia». En declaraciones a Europa Press, Díez consideró que si «los enemigos de la democracia encuentran amparo en Estrasburgo», sus víctimas deben encontrarlo en el Gobierno, «como antes ocurrió con el Tribunal Supremo y el Constitucional».
CiU: «CUESTA ENTENDERLA». Josep Antoni Duran Lleida defendió acatar el fallo, aunque advirtió que no será entendido por muchos. «Hay sentencias que hay que acatar, pero no necesariamente hay que entenderlas. Esta cuesta y le costará a mucha gente entenderla», afirmó.
APLAUSO DE ERC.Su portavoz, Anna Simó, aplaudió la sentencia y recordó que «siempre» han rechazado la doctrina Parot, por lo que valoró muy positivamente el fallo.
LUIS LÓPEZ GUERRAMagistrado español en el TEDH
Militante del PSOE contrario al cumplimiento íntegro de las penas
Entre las funciones que tienen asignadas los jueces de la Corte de Estrasburgo está la de participar en la resolución de todas las demandas que se presenten contra el Estado al que representa, pero ni están sometidos a las órdenes del Ejecutivo de turno ni pueden hacer proselitismo, más allá de la natural influencia que tenga la postura que adopten respecto de los asuntos que afectan a su propio país. El Tribunal presume su neutralidad y recoge la posibilidad de su sustitución para un caso específico cuando respecto del mismo incurran en causa de abstención.
López Guerra ya se había manifestado en 2000, cuando él era vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ni siquiera existía la doctrina Parot, en contra de la propuesta del PP de modificar la ley para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas. «El problema vasco no es penal, creo que todos estamos de acuerdo, es un problema político muy complicado», argumentó entonces. Pero quienes le afean una supuesta laxitud contra ETA deben recordar también que formó parte de las salas que sucesivamente avalaron en los términos más contundentes la Ley de Partidos y la ilegalización de la organización terrorista Batasuna y de sus marcas sucesoras.
López Guerra llegó a Estrasburgo en 2008, a propuesta del Ministerio de Justicia que entonces dirigía Mariano Fernández Bermejo y en sustitución del respetadísimo abogado del Estado Francisco Javier Borrego, a quien el Gobierno del PSOE no permitió agotar su mandato. Allí seguirá hasta 2017. Su designación, interpretada en medios jurídicos como una compensación por no haberlo nombrado ministro, fue recurrida ante el Supremo por la asociación mayoritaria en la carrera judicial, la APM, por entender que respondía exclusivamente al criterio de oportunidad de colocar a un juez afín.
Efectivamente, López Guerra fue abandonando una muy prometedora carrera académica –jovencísimo ya era catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Extremadura– por cargos vinculados a su militancia en el PSOE. El Gobierno de Felipe González lo llevó en 1986 al Constitucional, del que era letrado desde cuatro años antes, y alcanzó la vicepresidencia en 1991. Después, pasó por el CGPJ, fue diputado autonómico en Madrid y, en 2004, secretario de Estado de Justicia con su amigo Juan Fernando López Aguilar.
Hijo, nieto y bisnieto de militares, su padre fue el poeta falangista Luis López Anglada. Durante el franquismo fue sin embargo un activo militante por las libertades en el PCE, lo que le llevó a sufrir persecución y exilio en Michigan (EEUU), donde completó su tesis doctoral y conoció a su esposa. Junto a su inseparable Santiago Varela, fue quizá el más brillante discípulo de la escuela de Jorge de Esteban –presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO–, con el que participó en 1973 en la obra Desarrollo Político y Constitución Española, de decisiva influencia en el proceso de la Transición.
