Por un gran pacto contra el independentismo

ROSA DÍEZ 29/10/2012 ESPAÑA /El Mundo

La portavoz de UPyD exige a PP y PSOE que emprendan juntos de nuevo un viaje al Parlamento Europeo y a la Comisión para denunciar el delirio secesionista catalán y dejar claro que no consentirán que se vulnere la ley
Hubo un tiempo en que en España se sabía que fuera de la ley no hay democracia; además, funcionaban los pactos de Estado y las cosas serias -la política antiterrorista, el modelo territorial del Estado, la política europea o la política exterior- no estaban sometidas al albur del resultado electoral.

Aprendimos en la Transición que el triunfo de la tercera España dependía de que las dos primeras se entendieran. Nuestros padres, que sufrieron las consecuencias de la guerra fratricida, apostaron por que no se repitiera la historia en sus hijos o en sus nietos. Y eso nos enseñó a buscar el acuerdo sin señalar vencedores o vencidos. Y supimos entender que todos los proyectos políticos son respetables y discutibles, con dos únicas condiciones: que son ilegítimos todos aquellos proyectos que, para triunfar, requieran eliminar al adversario o situarse fuera de la ley.
Conozco las consecuencias de dar la batalla contra el totalitarismo nacionalista. Como se ha explicado en muchas ocasiones, no es el método empleado por los terroristas lo que resulta ilegítimo; lo ilegítimo es el propio objetivo, en la medida en que sólo puede triunfar aplicando métodos fascistas.
La segunda causa de ilegitimidad de un proyecto político es la falta de respeto a la ley. Si, para que triunfe una idea en una comunidad política, ha de prescindirse del respeto a las reglas del juego, es la idea misma la que no merece ser respetada ni contrapuesta como una más en el juego democrático.
Esto segundo es lo que está ocurriendo en Cataluña con el mal llamado debate abierto por los nacionalistas alrededor de la independencia. A estas alturas nadie se engaña sobre los verdaderos objetivos del viaje de Mas a La Moncloa; nadie puede pensar que Mas acariciara la idea de que Rajoy fuera a ceder a la primera al chantaje. No estamos en esa época de vacas gordas en la que Mas fue a Moncloa para escuchar atónito cómo el presidente Zapatero le animaba a seguir adelante con un Estatuto que era, en sí mismo, la ruptura del pacto constitucional. Tampoco está Rajoy en situación de hacerlo, con todos los ojos europeos fijos en nosotros, en nuestro desastre de modelo territorial, en la ruptura de nuestro mercado interior, en los diversos modelos fiscales que pueblan nuestro país, en las dificultades para cumplir el déficit… Ni queriendo -que no sé si quería- podía Rajoy darle el plácet a Mas.
Mas sabía -y quería- la respuesta de Rajoy: venga, vamos a hablarlo… No esperaba, ni obtuvo, una respuesta tajante, ésa que ha tardado más de un mes en darle a través de los medios de comunicación. Deseaba distraer al presidente, provocar cábalas: «Se va a estrellar»; «Va a ser el siguiente Ibarretxe»; «Está superado por los acontecimientos»… Y mientras la ingeniería de comunicación monclovita se apañaba en dar ese mensaje tranquilizador: «No llegará la sangre al río», «Cataluña no es un problema…», la bola seguía creciendo y nos encontramos con la convocatoria de unas elecciones que son cualquier cosa menos unas elecciones autonómicas.
En Cataluña han convocado un plebiscito, y sería un enorme error abordar ese reto como si se tratara de una campaña electoral de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Ni la economía, ni los recortes, ni el funcionamiento de la sanidad, la educación o las infraestructuras… van a motivar que uno solo de los ciudadanos llamados a la urnas se mueva de su casa. La pregunta que nadie querrá hacer explícitamente durante la campaña es la única que todos interpretarán cuando el recuento de las papeletas esté finalizado: ¿Está usted a favor o en contra de la independencia?
Quienes creemos en el imperio de la ley y sabemos que todo lo que afecta a una parte de España nos afecta en primera persona y tenemos, por tanto, la obligación de pronunciarnos, hemos de dar la batalla contra el silencio cómplice o cobarde; contra el determinismo, contra la mentira y contra el miedo. No deberemos consentir que los nacionalistas -como en una versión catalana de Psicosis- saquen la muerta a pasear cuando les venga en gana. Lo que hemos de hacer es abrir el desván y que se vea el espectro. Enseñárselo a todos los catalanes y a todos los españoles. Y llevarlo a Bruselas y airearlo bien para que todos nuestros socios lo vean, lo palpen y lo huelan de cerca. Y para que se pronuncien sobre la conveniencia o no de meter ese espectro en su desván.
Formamos parte de la UE. No debiéramos consentir que en el Parlamento y en otras instancias europeas la iniciativa la tomen quienes quieren romper el vínculo de ciudadanía, quienes quieren excluir a una parte de los españoles de esta comunidad democrática llamada España. No es la primera vez que los que quieren romper la convivencia entre españoles llevan a las instancias europeas lo que llaman la «internacionalización del conflicto». Y no sería tampoco la primera vez que la respuesta de quienes han de defender la legitimidad y la verdad en nombre de todos los españoles se haga de esperar. Ha llegado la hora de reaccionar ante la campaña de desprestigio de España llevada a cabo por el Gobierno de Cataluña y por diversos diputados del Parlamento Europeo, que, por cierto, han sido elegidos en circunscripción única nacional, por todos los españoles.
Esta batalla por la legitimidad democrática supera la acción de cualquier partido, incluso la del propio Gobierno de la Nación. Más allá de las legítimas aspiraciones partidarias, de la lucha electoral en que cada cual intentará obtener los mejores resultados, creo que, por patriotismo constitucional -y por pura supervivencia-, debemos concertar una respuesta europea entre todos los partidos políticos que no estamos dispuestos a que, en nombre de sentimientos tribales superados por el derecho de ciudadanía, nos quieran obligar a renunciar a una parte de lo que somos.
El 31 de enero de 2001, sendas delegaciones del PSOE y el PP, encabezadas por Luis de Grandes, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba (sí, como lo oyen), viajaron a Bruselas a defender ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Ambos partidos, juntos, hablaron no sólo con Prodi y Fontaine, sino que explicaron el acuerdo a los grupos parlamentarios europeos. El acuerdo, consecuencia de un gran pacto para acabar con ETA y excluir de la vida política a todos sus cómplices, había sido duramente criticado por los partidos nacionalistas, que siempre encuentran acogida en las almas cándidas del Parlamento Europeo. Por eso, los dos partidos que pugnan en España por la alternancia quisieron que los socios europeos vieran que en esta materia no había disputa, sino grandeza y sentido de Estado.
Ha llegado la hora de que PP y PSOE hagan un nuevo viaje al Parlamento Europeo y a la Comisión. Que vayan y expliquen, por si hubiera alguna duda, que España es un miembro de la Unión comprometido con la defensa de los valores proclamados en nuestra Constitución y también en la europea. Que preservaremos el derecho al libre albedrío de nuestros ciudadanos y que no consentiremos que dentro de nuestras fronteras se vulnere la ley.
Cuanto antes lo hagamos, antes se frenará este delirio que nos distrae de lo importante para exacerbar los más bajos sentimientos humanos. Los millones de españoles parados, desahuciados, sin esperanza… están impotentes. Hagan política con mayúsculas, pónganse por delante y actúen. Demuestren que aún pueden ser útiles para los ciudadanos.
Y, si quieren, aquí nos tienen, para lo que haga falta.
Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión, Progreso y Democracia.