TORRES A. SALVADOR SEVILLA
El alto cargo del que dependía el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía declaró ayer ante la Guardia Civil que nunca tomó «decisiones personales» sino «codecisiones compartidas» en el reparto de ayudas y prejubilaciones.
Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía de septiembre de 1999 a abril de 2008, compareció por segunda vez ante los investigadores del caso, puesto que en diciembre de 2010 ya lo hizo ante la Unidad de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, donde reveló que el dinero para las prejubilaciones era un fondo de reptiles.
Al igual que ha venido manteniendo desde entonces, ayer señaló que las ayudas que su departamento pagó a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, hoy Agencia Idea) fueron siempre «codecisiones compartidas», según informa Europa Press.Según señaló, las ayudas que él autorizó recibieron después la aprobación del consejo rector del IFA o la Agencia Idea, por lo que apunta directamente a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, presentes en dicho órgano.
Si hace 13 meses, en su declaración ante la Policía Nacional, Guerrero definió el programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo como un «fondo de reptiles para empresas en crisis», ayer fue algo más concreto al señalar que su misión consistió en «dar cumplimiento a un mandato» para garantizar «la paz social».
Este periódico ya publicó un documento interno de la Consejería de Empleo en el que se aludía a la necesidad de ampliar las cuantías del fondo de reptiles para poder garantizar esa paz social en Andalucía. En la práctica, se trataba de apaciguar a los trabajadores y sindicatos con prejubilaciones que se concedían sin control.
Guerrero estuvo declarando durante seis horas, desde las 9.30 hasta las 15.30 horas, aproximadamente, ante la Guardia Civil del cuartel de Eritaña, según señalaron a este periódico fuentes del caso. Es la primera vez que el Instituto Armado le toma declaración desde que el pasado mes de junio se hizo cargo de la investigación, tras la decisión de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, de relevar a la Policía Nacional.
Esta declaración se produce después de que el chófer de Guerrero en la Consejería de Empleo, Juan Francisco Trujillo, declarase ante la Policía Nacional en la localidad jienense de Andújar que creó dos empresas fantasmas a las que su antiguo jefe concedió 900.000 euros en ayudas y que destinaron la «mayor parte» del dinero a «comprar cocaína» y a «ir de fiesta y copas».
No obstante, la comparecencia de ayer de Guerrero ante la Guardia Civil habría tratado exclusivamente sobre la concesión de ayudas directas a empresas y el pago de prejubilaciones con cargo a ese fondo de reptiles. De algunas de ellas se beneficiaron como falsos ex trabajadores militantes y ex cargos públicos socialistas y amigos o familiares de dirigentes del PSOE como el propio Guerrero o el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
La trama de los ERE está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La juez Mercedes Alaya investiga una supuesta trama de tráfico de influencias, organizada para saquear los fondos públicos de la Junta de Andalucía mediante el pago de ayudas a empresas supuestamente en crisis.
El modus operandi consistía en conceder ayudas a empresas, bien para planes de viabilidad o proyectos concretos, bien para pagar las prejubilaciones de sus empleados. Además de haber concedido estas ayudas al margen de la ley y «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido», según recalcó la propia Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía en informes sucesivos que no fueron atendidos, muchos de los proyectos subvencionados nunca se realizaron o las empresas, incluso, ni siquiera llegaron a operar. En cambio, la Junta de Andalucía nunca les reclamó el dinero.
La Fiscalía e Iván Chaves
>La Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia presentada por Iván Chaves Iborra, hijo del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, por el supuesto robo de documentos en su despacho, aunque deja abierta la posibilidad de investigar en otra causa si aparecen nuevos indicios.
En un escrito dirigido al juzgado, la Fiscalía dice que la investigación muestra que la denuncia de Chaves Iborra «obedecía a la realidad», si bien no han aparecido «indicios razonables» para imputar al periodista Melchor Miralles su participación
Siguen las corruptelas en el cortijo de andalucía, por parte de los que dicen ser socialistas, que no lo son. Vamos, están todos pringaos, hasta las trancas, que dirían por allí.
ResponderEliminar