S. TORRES / A. SALVADOR
Sevilla/ El Mundo
Rivas, alcalde de la localidad sevillana de Camas de 1991 a 2000 y delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla de 2000 a 2010, dimitió el pasado domingo de sus cargos en el PSOE -secretario general en Camas y miembro de la Ejecutiva provincial- después de que EL MUNDO desvelara que el dirigente socialista de la localidad José Antonio García Prieto estaba entre los intrusos de un expedientes de regulación de empleo (ERE) pagado con dinero público.
Finalmente, Ricardo M. B., vecino de Camas y destacado militante socialista, figura como intruso en el ERE de la sociedad Intersur, la misma en la que se incluyó a uno de los concuñados de Rivas y al dirigente socialista local García Prieto. Ricardo M. B. es, según distintas fuentes, algunas de ellas del propio PSOE, quien normalmente sale a la calle con su vehículo particular y la megafonía para anunciar los mítines y actos del Partido Socialista.
Los ERE de Intersur, una empresa textil de Morón de la Frontera ya extinguida, y Surcolor, un laboratorio fotográfico de Sevilla, fueron tramitados por la consultora Vitalia Vida, uno de los brokers a los que la Policía Judicial atribuye una «participación activa» en la «trama de los mediadores» de las prejubilaciones.
Como viene informando este periódico, la Junta de Andalucía ha utilizado entre los años 2000 y 2010 unos 700 millones de euros para pagar prejubilaciones en empresas de manera ilegal.
Con cargo a ese fondo hay al menos 47 falsos prejubilados en 16 empresas de Andalucía que recibieron dinero público para reestructurar sus plantillas.
C. R. DE GANUZA / Madrid
Chaves se «prejubila» en Madrid
Poco más puede hacer el PP con cada nueva revelación sobre el escándalo de los ERE en Andalucía que insistir en el cerco político a su ex presidente Manuel Chaves. Un cerco algo liviano en semanas de pleno en el Congreso, a la luz de las incomparecencias del vicepresidente tercero, y apenas declarativo en las que, como la presente, ni siquiera hay actividad parlamentaria.
Ayer, el día en que se conoció que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández figura como cotizante desde que nació, los 'populares' se aprestaron a anunciar para el próximo miércoles la correspondiente petición de explicaciones durante la sesión de control. Horas antes de que el Gobierno trasladara su habitual parte de ausencias -en el que por esta vez sólo figuraba la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia-, la portavoz 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, reclamaba a Manuel Chaves que responda del nombramiento que hizo en su día del consejero ahora implicado.
Para Sáenz de Santamaría, el vicepresidente «trata de escaquearse» de la sesión de control al Ejecutivo miércoles tras miércoles, ante «escándalos muy graves» como el 'caso Matsa', que le afecta familiarmente, y el caso de los ERE, que afecta su gestión en la Junta de Andalucía.
Además, con tanta carga política como ironía, la portavoz acusó al vicepresidente de que «haya venido a prejubilarse a la Vicepresidencia tercera del Gobierno».
La 'popular', que anunció para el próximo Pleno una proposición no de ley que incluye un paquete de 25 medidas de reforma del régimen de los entes locales, reprochó a Chaves su total falta de iniciativas en este sentido.
Sigue el cortijo de andalucía y sus señoritos dando que hablar. Esperemos que lo paguen esta cuadrilla de salteadores.
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