ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid / El Mundo
Es una pretensión que han establecido en las reuniones conjuntas que estas formaciones mantienen para diseñar su estrategia más inmediata y en las que el nombre de Solana ha sido mencionado como un facilitador, como un político que dado su vínculo con el Gobierno puede cumplir con absoluta discreción -dada la repercusión que podría alcanzar tan delicado asunto- con las funciones de puente que necesitan la izquierda abertzale y el resto de sus socios.
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No en vano, cuando dejó su cargo como Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común para Europa y se incorporó a la Fundación, se especuló con que el nombramiento tenía como verdadero objetivo el control de una eventual segunda fase de negociación entre ETA y el Gobierno.
La Fundación Henry Dunant fue la elegida por ETA, y aceptada por el Gobierno, para intermediar en el anterior proceso de negociación. Con sede en Ginebra, sus mediadores demostraron tener poco conocimiento de la situación del País Vasco y una marcada tendencia a mostrar su comprensión ante los intereses de la izquierda abertzale.
Los asistentes a las reuniones conjuntas entre la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar suelen aclarar que no se están produciendo negociaciones en estos momentos; no como las habidas entre 2006 y 2007. Suelen referirse más bien a la existencia de un proceso abierto que jueces como Grande-Marlaska estarían poniendo en peligro con detenciones como la del hijo del dirigente de la izquierda abertzale en Navarra Txelui Moreno; o que el Gobierno estaría colapsando con operaciones como la desarticulación del comando Otazua, cuyos miembros asesinaron al policía Eduardo Puelles y al brigada Luis Conde.
Batasuna entiende por Proceso Democrático, como ETA, la creación de un polo soberanista que se reincorpore a las instituciones y cuya pretensión es adquirir la fuerza suficiente para provocar una negociación entre las fuerzas políticas vascas sobre autodeterminación y territorialidad cuyo resultado sea impuesto al Gobierno. Simultáneamente, el Ejecutivo -entre otras cosas- tendría que abordar escalonadamente la cuestión de los presos.
Por el momento, de lo que queda constancia es de la capacidad demostrada por la izquierda abertzale para construir la sociedad de las fuerzas soberanistas sin que el Gobierno haya puesto impedimento alguno. Mientras tanto, ha habido encuentros entre los dirigentes de Batasuna y Jesús Eguiguren, el presidente del PSE; se han producido reuniones entre José Antonio Pastor y otros representantes de los socialistas vascos con miembros de la formación ilegalizada; viajes de Eguiguren a Burdeos a través de los cuales tanto éste como ETA obtenían información interesante para ambos; una vía de comunicación a través de la cual las pretensiones de la izquierda abertzale le han ido llegando al ministro del Interior, y la constatación de que un intermediario internacional logró reunirse con la dirección de ETA antes de Navidad y anunció en privado que iba a intentar contactar con el Gobierno.
El camino que está recorriendo la izquierda abertzale en su objetivo más inmediato dentro de su propia estrategia está encontrando, no obstante, algunos inconvenientes inesperados. Y, en este caso, no por los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, sino por la respuesta de una parte de sus bases.
Batasuna aseguró a principios de 2010 que había ganado el debate interno a ETA y que iba a poder establecer la asunción de medidas «exclusivamente políticas». Pero, ahora, una parte de sus bases considera que Sortu es una claudicación.
Es decir, los dirigentes de Batasuna han encontrado una fórmula para intentar burlar la Ley de Partidos con la que no se condenan los atentados pasados de ETA, no se condena a la propia ETA (ni la del pasado, ni la del presente, ni la venidera) y, respecto a los atentados del futuro, se dice sólo -sin mencionar la palabra atentado- que se rechazará la violencia de la banda en tanto en cuanto constituya una vulneración de los derechos y libertades. Y esto resulta inaceptable para sus simpatizantes más radicales.
En algunas asambleas locales los dirigentes que han ido a explicar la situación de Sortu han sido expulsados. Han escuchado reproches como «¿Estáis locos? ¿Me pedís que condene lo que ha hecho mi hijo?». Han comprobado la existencia de una corriente que solicita que nadie se afilie a Sortu. Y han recibido críticas por haber modificado los estatutos sin comunicarlo a las bases, que incluso desconocían el nombre del partido hasta que fue presentado.
A la espera de calibrar la entidad de esta resistencia, los dirigentes de Batasuna continúan con su plan: presentarán Sortu; si no lo consiguen, colarán independientes en EA y presentarán plataformas en los municipios donde esa asociación no sea posible; y si allí alguna plataforma es ilegalizada, pedirán el voto para EA.
Es otra vuelta más de tuerca, para oligar al gobierno, aunque poco le cuesta a este, y mantener en vivo el tema de la legalización. De todos modos, estarán de una manera u otra.
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