martes, 14 de diciembre de 2010

Los magistrados de Canarias acuerdan remitir el caso de la juez Rosell al CGPJ


FERNANDO LÁZARO / Madrid/El Mundo

Rechazan apoyar a la instructora que intervino en la elaboración del 'caso Salmón'

Zapatero embustero

El caso Rosell llegará a Madrid. Así lo acordaron ayer los integrantes de la Sala de Gobierno de los magistrados de Canarias. Los integrantes, por 11 votos a favor y tres en contra, acordaron remitir al Consejo General del Poder Judicial las actuaciones de la juez Victoria Rosell.

Se trata de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas y portavoz de Jueces para la Democracia. EL MUNDO desveló que esta juez había participado en la concepción de una denuncia contra el líder de los populares canarios, José Manuel Soria. La denuncia dio origen al caso Salmón, que, finalmente, fue archivado.

La denuncia fue presentada ante los tribunales por el periodista Carlos Sosa, compañero sentimental de la juez Rosell. Tras la publicación de estas informaciones, la afectada buscó el arropo de sus compañeros en Canarias. En un primer momento no lo consiguió. La semana pasada, la Sala de Gobierno únicamente emitió una nota mostrando su «preocupación» por las informaciones que se estaban publicando.

Ayer volvió a la carga y tampoco consiguió el respaldo de los magistrados de la comunidad canaria. Sobre la mesa se presentaron dos documentos; uno que partió de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas y otro de la Presidencia de la Audiencia Provincial.

En ninguno se daba el respaldo a la juez. Se entendía que el caso estaba sub iudice. Y es que la juez Rosell aseguró, tras las informaciones de EL MUNDO, que su ordenador había sido manipulado y el disco duro estaba afectado.

Y explicó que, presuntamente, esta «manipulación» se produjo el fin de semana del 13 y 14 de noviembre. La juez presentó una denuncia en el juzgado de guardia. Y ante estos hechos, la Consejería de Justicia decidió trasladar el ordenador de la juez a la Fiscalía. La denuncia de Rosell generó un fuerte malestar en el Gobierno canario, ya que lanzaba insinuaciones sobre la protección de las dependencias judiciales.

Estas dos actuaciones judiciales, tanto la del juzgado de guardia como la de la Fiscalía, han dado pie a los magistrados de la Sala de Gobierno para entender que no deben pronunciarse con una nota de apoyo a Rosell cuando el asunto está ya bajo investigación judicial. Un pronunciamiento previo puede provocar que los firmantes de cualquier nota, a favor o en contra, queden contaminados ante futuras actuaciones.

La nota aprobada finalmente, además de no dar el apoyo a la juez que lo pedía, aseguraba que el asunto que había puesto Rosell sobre la mesa era «personal». Asimismo, han decidido en votación secreta remitir al Consejo General del Poder Judicial todo lo referente al conocido ya como caso Rosell. La Sala sólo puede entender de faltas leves. En el caso de existir faltas graves o muy graves, deben estudiarse y analizarse en el Consejo General del Poder Judicial.

Y es que hay quien entiende que, si la juez definitivamente intervino en la confección de la querella contra Soria, sería, cuanto menos, una falta grave. Rosell intentó, también sin éxito, participar ayer en la reunión del órgano de los jueces.

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