La empresa Onde 2000, propiedad de El Pocero y constructora de esta urbanización, adeuda a la Hacienda Pública 82.819.749,12 euros. Cuando se agotó el plazo legal para ingresar ese dinero sin que el empresario y constructor lo hiciera, la Agencia Tributaria actuó con él de la misma manera que con cualquier ciudadano que no cumple sus obligaciones fiscales en el tiempo previsto: le comunicó que iniciaba un expediente administrativo de apremio para cobrar la deuda con el correspondiente recargo incluido.
En la actualidad, la deuda se ha incrementado, porque a esos casi 83 millones de euros hay que sumar otros 4.379,628,15 euros por intereses de demora, más 18.360,00 euros de las costas del procedimiento.
En total, El Pocero debe actualmente a la Hacienda Pública española 87.217.737,27 euros.
Los responsables de la Agencia Tributaria saben que durante los últimos años varios miles de personas han comprados pisos al constructor Francisco Hernando en la polémica urbanización de la citada localidad toledana.
Y saben, porque Hacienda tiene registrados todos los datos, que esos compradores, para pagar las casas, han suscrito créditos a favor de El Pocero, a través de distintos entidades bancarias y cajas de ahorros.
La Agencia Tributaria ha enviado cartas a cada uno de esos compradores en las que les explica que la empresa Onde 2000 no ha pagado lo que le debe a la Hacienda Pública y que tiene constancia «de la relación comercial que mantiene» el receptor de la misiva con la citada compañía, que es el sujeto obligado a efectuar el pago de esa deuda.
Por ese motivo, en esas comunicaciones de diligencias de embargo, a las que ha tenido acceso este periódico, se añade: «Se declaran embargados los créditos a favor del mismo [Onde 2000] que tenga pendientes de pago a la fecha en que reciba esta diligencia, ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquellos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago», en referencia a la empresa de El Pocero.
El embargo de esos créditos se realizará hasta alcanzar el total de la deuda citada. Para llevarlo a cabo, la Agencia Tributaria ha enviado a cada comprador de pisos un impreso en el que deberá concretar el importe del crédito que tiene suscrito, la periodicidad con que realiza los pagos y otra serie de datos.
En el caso de que algún banco o caja de ahorros se sienta perjudicado por este embargo, deberá reclamar la cantidad correspondiente a El Pocero. Para los compradores de pisos, lo único que va a cambiar es que el crédito que estaban pagando en la actualidad al constructor Francisco Hernando va a ir directamente a la Agencia Tributaria.
Las entidades financieras ya han tenido problemas relacionados con la urbanización de Seseña. Francisco Hernando tenía previsto construir allí 13.803 viviendas. Pero una denuncia interpuesta por el alcalde de esa localidad, Manuel Fuentes (Izquierda Unida), hizo que este caso saliera públicamente a la luz y el ritmo de construcción y de ventas disminuyó considerablemente.
Eso, unido a la crisis económica general, y a la del sector inmobiliario en particular, hizo que El Pocero sólo pudiera construir unas 5.500 viviendas. De ellas, las 2.300 de la segunda fase han ido a parar al menos a siete bancos y cajas de ahorros, que se han visto obligados a aceptarlas para cobrar los créditos que habían concedido a Hernando para que las construyera.
Se trata del Banco Santander, el Banco Popular, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajaduero, Cajacantabria, Caixanova y Caja España.
Este último incidente con la Agencia Tributaria le ha llegado a El Pocero cuando acaba de finalizar otro pleito por una cuestión técnica, que se ha prolongado durante muchos años y en el que finalmente le ha dado la razón el Tribunal Constitucional, pese a reconocer en la sentencia que no actuó de manera correcta.
En ese pleito fue condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales cometidos porque una de sus empresas, Patrimonio 2000, no pagó el IVA ni el Impuesto de Sociedades entre los años 1992 y 1994.
El Tribunal Constitucional ha reconocido que esa compañía era «una simple fachada» y «una sociedad reflejo» de otra empresa de El Pocero que construyó varios proyectos urbanísticos en Villaviciosa de Odón (Madrid). Pero el alto tribunal ha explicado que Hacienda debió reclamar el pago del IRPF y no del Impuesto de Sociedades, porque estaba exento, por lo que ha absuelto al promotor y ya no puede pedirle ese dinero debido a que el delito ha prescrito.
La sentencia ha contado con tres votos a favor y tres en contra, pero el voto de calidad del presidente de la sala hará posible que la Justicia tenga que devolver a El Pocero casi cuatro millones de euros y la Agencia Tributaria, 1,9 millones de euros más los intereses.
Vaya cuadrilla, entre unos y otros, España atracada vilmente.
ResponderEliminar