Control ‘manu militari’

21:44 (04-12-2010)La Gaceta

Las prisas y la urgencia le pudieron, y decidió tirar por lo alto y ejercer la amenaza más brutal.

Óscar Elía

La distinción entre lo civil y lo militar es lo que los filósofos llaman “primaria”. Lo civil señala la normalidad institucional, el orden político, el curso normal de los acontecimientos. Lo militar, por el contrario, representa la excepción, el paréntesis en el funcionamiento de las instituciones. Cuando el normal discurrir de las relaciones sociales se tambalea, el ejército es la solución excepcional a una situación excepcional en la que se pone en juego la existencia misma de la comunidad o del orden en que se basa. Utilizarlo en el interior es uno de los más terribles instrumentos que un gobierno tiene, y que debe usar con trascendental prudencia.

Pese a lo que se ha afirmado estos días, las medidas puestas en marcha por Rodríguez Zapatero no tienen nada que ver con las puestas en marcha por Ronald Reagan en 1981. Éste tomó la medida, legítima y normal, de despedir a los controladores que no cumplían su obligación y ponían en riesgo la seguridad. Para paliar su ausencia, hubo de utilizar controladores militares. Durante semanas, hubo que reducir el tráfico aéreo para adecuarlo a los medios, militares y civiles, disponibles. Al mismo tiempo, a los cabecillas de la huelga de controladores se les aplicaron las leyes laborales y el Código Penal –siempre civiles– y fueron condenados. Reagan nunca se salió de la normalidad institucional, en la que integró a los controladores militares.

No es eso lo que ha hecho el Gobierno, ni es eso lo que ha pretendido ante la salvaje huelga, justo antes de un puente, con cientos de miles de ciudadanos como rehenes. Con la imagen internacional rota y la economía maltrecha, políticamente acosado, eligió la solución más rápida y directa: obligar manu militari a los controladores a volver a sus puestos. He aquí el punto de mayor trascendencia de lo ocurrido: a diferencia de otros casos –el de Reagan–, el Gobierno no ha militarizado las torres ni el espacio aéreo ni AENA, que es lo que significaría haber puesto a los militares a suplir a los civiles. Las prisas y la urgencia le pudieron, y decidió tirar por lo alto y ejercer la amenaza más directa y brutal: el decreto del viernes puso bajo jurisdicción militar a todos los controladores aéreos españoles, sin excepción. Y esto, la puesta bajo jurisdicción militar, bajo las autoridades militares, y bajo el Código Penal Militar de un grupo entero de civiles, es un salto cualitativo no sólo en nuestra democracia, sino en las de nuestro entorno. Durante unas horas, los controladores españoles han dejado de tener los derechos y deberes de cualquier ciudadano para pasar al nivel legal de los miembros de la Legión, la Infantería de Marina o la Brigada Paracaidista.

Con el Código Penal Militar en la mano vigente para los controladores desde las 21.30 horas del viernes, cientos de ellos debieron ser detenidos durante las doce horas siguientes. Evidentemente, no fue así, y al error mayúsculo de emplear el Ejército para controlar a los trabajadores de AENA, el Gobierno sumó otro: no ser consecuente con el paréntesis jurídico que él mismo abrió para los controladores, acusarles de sedición y encarcelarlos durante seis años, en el mejor de los casos, que es lo que contempla el Código Penal Militar para este delito. Urgido por las circunstancias puso en marcha un mecanismo legítimamente muy discutible –poner por decreto bajo autoridad militar a una parte de ciudadanos–, y una vez en funcionamiento no lo utilizó correctamente.

El Gobierno pensó que la simple amenaza de descargar toda la Justicia militar contra los controladores los asustaría y obligaría a volver. Acertó, pero no es ésa la cuestión. Al Ejército y a la jurisdicción militar se las usa o no se las usa, Pero si se usa, no es admisible que el Código Penal Militar no se haga cumplir, porque se le vulnera. A este Gobierno parece darle igual, pero resulta gravísimo que las leyes, también las militares, se usen según a uno le interese o no. Dura lex, sed lex.

Operativamente, durante 12 horas el Ministerio de Defensa fue incapaz de obligar a los controladores, desde las 21.30 bajo su mando, a volver a las torres. Si se admite como legítimo el uso de militares para comandar a los civiles, la incapacidad del ministerio de Chacón para cumplir su cometido pone en el disparadero a los responsables militares: 12 horas son muchas horas para una situación de alarma nacional. Aterra pensar en su capacidad cuando haya en juego algo más grave que el tráfico aéreo.

No es que los controladores no hayan cometido un delito gravísimo y no tengan que ser despedidos y algunos quizá encarcelados, que lo tienen que ser. O que no haya que utilizar controladores militares para suplir su ausencia, si es necesario. Lo particular de este caso, en España y en nuestro entorno, es que un Gobierno ponga por decreto a un grupo de civiles bajo legislación militar sin aplicársela, simplemente como amenaza. Al hacerlo erosiona el normal funcionamiento de las instituciones, tanto de las civiles que pasan a estar bajo la sombra militar, como de las militares, que pasan a ser desvirtuadas.

*Óscar Elía es analista internacional.