El Supremo rechaza el argumento del fiscal para no acusar por colaboración en el Faisán

M. MARRACO M. PERAL MADRID

04/10/2012 ESPAÑA/El Mundo

Afirma que para imputar por ese delito resulta indiferente la ideología o la finalidad

 El Tribunal Supremo echó ayer por tierra el razonamiento clave con que la Fiscalía se ha opuesto hasta ahora a procesar por colaboración terrorista a los imputados del caso Faisán. El Alto Tribunal afirma en una sentencia que para acusar por ese delito no es necesaria ni la adhesión ideológica a la banda terrorista ni que la intención del sospechoso sea favorecerla.Basta que sepa y asuma que la está ayudando.

La Fiscalía sostuvo ante el Pleno de la Audiencia Nacional que «la jurisprudencia del Supremo es unánime a la hora de exigir como requisitos del delito de colaboración con organización terrorista una cierta adhesión ideológica, y una intención específica de favorecer y beneficiar las actividades y finalidades de la banda terrorista, circunstancias que no se dan en el presente caso». Por ese motivo, calificó los hechos de revelación de secretos, lo que implicaba una acusación más leve y el envío del caso Faisán a un juzgado de Irún.

El Supremo dice ahora exactamente lo contrario, y de manera meridiana: «No es necesaria afinidad ideológica. [...] El dolo exige exclusivamente conocer y querer una acción que supone una colaboración con la organización terrorista, aunque no se compartan ni sus fines, ni sus métodos, ni sus componentes ideológicos».

También niega que la jurisprudencia fuera «unánime» exigiendo esos dos requisitos. «La jurisprudencia, no sin alguna excepción, descarta que el delito de colaboración con banda armada exija un ánimo especial [...]. Conociéndose que la conducta desplegada está favoreciendo a la banda y asumiéndose esa realidad concurre el dolo, más allá de móviles, finalidades o motivaciones».

«Incluso la enraizada convicción de la inmoralidad de los medios violentos y las acciones terroristas y su reprobación no excluyen necesariamente la responsabilidad de quien se aviene a colaborar», insiste.
La sentencia llega justo cuando la Fiscalía está a punto de presentar un escrito ante el juez Pablo Ruz sobre los indicios reunidos en los últimos meses contra los imputados. El año pasado, el juez del caso Faisán procesó por colaboración con ETA al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, al ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y al hoy inspector jefe José María Ballesteros. El Pleno puso objeciones a la investigación y revocó la decisión, pero el juez siguió adelante y ahora debe decidir si los vuelve a procesar.

La sentencia está firmada por los magistrados Carlos Granados, Joaquín Giménez, Miguel Colmenero, Luciano Varela y, como ponente, Antonio del Moral. Tal y como
adelantó EL MUNDO, el Supremo absuelve a las hermanas Blanca e Isabel Bruño, condenadas a un año y tres meses por colaboración terrorista, al entregar 6.000 euros a ETA.

El Supremo considera que se les debe aplicar la eximente completa de miedo insuperable, no sólo la incompleta. Afirma que, aunque lo que la sociedad espera del extorsionado es que se niegue a pagar, «no resulta soportable» que quien actúa de otra forma «temeroso» de las amenazas «haya de ser sometido, sin consideración y al margen de mayores matizaciones o modulaciones, a la más intensa de las censuras que el Estado dispensa: el reproche penal». El tribunal recuerda que las hermanas vivieron atemorizadas durante años, después de que su padre se atreviera a negarse públicamente a pagar la extorsión etarra

La mitad de los candidatos de Bildu son de Batasuna, advierte la Guardia Civil

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID

04/10/2012 PORTADA/El Mundo

. Un informe de la Guardia Civil para la Fiscalía y el Gobierno advierte de que el 45,8% de los candidatos de EH-Bildu son de Batasuna, la formación ilegalizada por el Supremo y el Constitucional. Los agentes han incluido un dossier en el que explican el perfil de los nombres presentados. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el número dos por Álava, Hasier Arraiz, en libertad bajo fianza.
Según los datos aportados, cuando Arraiz ya había sido candidato por la ilegalizada Euskal Herritarrok, fue arrestado, en 2001, llevando cohetes, lanzaderas y manuales para su uso. Se encuentra en libertad bajo fianza por su pertenencia a la Mesa Nacional de Batasuna. Fue uno de los selectos asistentes en septiembre de 2006, en plena tregua, a la celebración del Gudari Eguna en los montes de Aritxulegi, que acabó con los disparos al aire realizados por tres encapuchados de ETA.

El informe también sostiene que la aportación a EH Bildu de cada uno de los partidos que forman la coalición -independientes (Batasuna), Eusko Alkartasuna, Iniciatiba y Aralar- «revela un reparto previamente acordado entre las distintas formaciones políticas que integran la coalición, incluida Batasuna». De hecho, ese reparto se produjo en unos encuentros en los que cada formación, asistida por su abogado respectivo, propuso los nombres y el lugar que debían ocupar. La candidata Laura Mintegi acordó con Batasuna previamente la presencia de un porcentaje de personas de su confianza.

Los datos son muy indicativos. De un total de 75 candidatos, y suponiendo que Bildu pudiera obtener 24 representantes en el Parlamento Vasco, el 45,8% «pertenecería a Batasuna», el 25% a EA, el 12,5% a Aralar y el 8,3% a Alternatiba. Dos no tienen adscripción política.

Por provincias, de los 25 candidatos presentados por Álava, 14 son de Batasuna. En el supuesto de que Bildu consiga 6 escaños, «según las últimas estimaciones de voto», cuatro de ellos pertenecerán a la formación ilegal, es decir, un 66,6%. Un 32% de la lista vizcaína es de Batasuna, aunque sólo 2 de ellos ( 28,6%) podrán acceder a la Cámara. Y cinco de los 10 diputados por Guipúzcoa que pueden pisar el Parlamento han sido propuestos por los ilegalizados.

Ninguno ha pedido la disolución de ETA, ni ha lamentado la participación de Batasuna en las décadas de asesinatos de la banda. Al contrario, se resisten y el historial de la mayor parte de ellos indica su reivindicación de esa trayectoria. Algunos son hermanos de presos de la banda que exigen su excarcelación; otros han impulsado formaciones ilegalizadas; varios han participado en los actos de bienvenida a los etarras que han salido de prisión; los hay que eran miembros de las juventudes de ETA y han tenido órdenes de busca y captura internacional, y algunos vieron cómo los actos que programaban eran prohibidos por «ensalzar, enaltecer y glorificar» a asesinos.

No obstante, una vez aportados esos datos, los agentes realizan una apreciación más jurídica que operativa, inusual y extraña por cuanto los tribunales han advertido en circunstancias parecidas que su función es sólo la de aportar pruebas. Vienen a sugerir que la interpretación de la Ley hecha por el Constitucional limita las posibilidades de solicitar la ilegalización de EH Bildu. «Las vinculaciones de los candidatos con el entramado ilegal, si bien es muy evidente en algunos casos, no contienen elementos importantes o suficientes» dados «los requisitos restrictivos y progresivamente limitantes de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha ido marcando a lo largo de los últimos años».

Los expertos policiales estiman que hay que añadir a esta dificultad otros elementos (que normalmente son inferidos por la Fiscalía o la Abogacía del Estado) como que se trata de una coalición de partidos «que no podría ser ilegalizada sino instando a la ilegalización de cada uno de ellos». Dicen que aumenta el «plus» del reto que los candidatos de Batasuna se presenten como independientes y que el Constitucional, últimamente, ha exigido una demostración del vínculo de Batasuna con ETA, ardua de satisfacer.

Los jueces tendrán que escuchar a las víctimas antes de dar beneficios

RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID

01/10/2012 ESPAÑA/El Mundo

Ruiz-Gallardón llevará este mes al Consejo de Ministros el Estatuto de la Víctima
 

. A partir de este mes, los jueces tendrán que oír a las víctimas antes de conceder un cambio de grado penitenciario, excarcelar o incluso indultar al recluso que las dañó. Su testimonio, la opinión que les merezca el beneficio que se estudia para el preso, no será vinculante para el juez, pero sí preceptivo. Y este cambio histórico en la legislación española no se reducirá al universo del terrorismo, sino que abarcará otros tipos de delito, como podrían ser las agresiones sexuales, la violencia sobre los menores o los asesinatos comunes y no vinculados a la acción de ETA.

«De forma inminente, vamos a presentar el Estatuto de la Víctima para dar a las víctimas derechos que en estos momentos no tienen. Vamos a modificar la ley para que la víctima sea necesariamente oída por el juez», ha asegurado a EL MUNDO el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Tal «inminencia» significa que casi con toda seguridad esa reforma será aprobada por el Consejo de Ministros en un par de semanas, según fuentes del propio Ministerio, que ultima durante estos días un borrador.

El cambio legislativo puede condicionar las decisiones judiciales en función de la receptividad que cada magistrado muestre ante los testimonios de las víctimas, todo un mundo nuevo en el panorama penal español. El ejemplo más mediático y reciente tiene apenas unas semanas de vida: si la reforma que Ruiz-Gallardón está a punto de estrenar hubiera llegado en septiembre, los jueces que excarcelaron a Josu Uribetxeberria Bolinaga tendrían que haber escuchado a las familias de sus tres asesinados y al propio José Antonio Ortega Lara, a quien el etarra mantuvo encerrado en un zulo durante 532 días. Y quizá entonces la decisión hubiera sido otra. O no.

Lo central es que los jueces deberán oír los argumentos -o las emociones- de las víctimas una vez condenado su agresor, algo que no ocurre en el escenario legal patrio. Hasta ahora, esas víctimas intervienen antes o durante el proceso que juzga al imputado, pero una vez condenado éste, se esfuman de escena.

«En la legislación actual, la víctima desaparece del procedimiento en el momento en que se produce la condena. Nosotros vamos a seguir amparando a la víctima después, durante el cumplimiento de la condena, a efectos de responsabilidades civiles, para que ella manifieste sus criterios sobre la modificación de situaciones penitenciarias. La víctima va a estar mucho más presente y con muchos más derechos en la nueva regulación española», sostiene el ministro.

El asunto está en la cabeza de Ruiz-Gallardón desde el mismísimo día en que tomó posesión del cargo. El 22 de diciembre de 2011, pocos minutos después de que el socialista Francisco Caamaño le traspasara la cartera de Justicia, el ex alcalde de Madrid se comprometió públicamente a elaborar un Estatuto de la Víctima. No avanzó muchos detalles, pero sí dijo que en el texto se explicitarían las indemnizaciones y se establecería una tipología de víctimas. Pero no le puso fecha.
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, el ministro admitió que éstas tendrían un capítulo especial y singular dentro del Estatuto. Además de su parecer a la hora de los permisos o los cambios de grado, Ruiz-Gallardón dijo que las víctimas de ETA podrán ser oídas incluso ante la posibilidad de acercamientos de presos al País Vasco.

Así, el Estatuto indicará que los jueces deberán comunicar a las víctimas el planteamiento de esa aproximación geográfica y escuchar su opinión antes de decidir.

Tras la reunión de Ruiz-Gallardón con Pedraza se especuló con que el Estatuto estaría listo antes del verano. De hecho se llegó a hablar de junio. Sin embargo, el Ministerio no ha cerrado el texto de la reforma, que finalmente irá al Consejo de Ministros este mes, poniendo así en marcha el proceso de aprobación.

La idea de Ruiz-Gallardón no tiene antecedentes en la legislación española. Ni europea. Lo más cercano es la decisión marco tomada por el Consejo de Europa el 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal. Aunque aquel documento no hablaba de consulta alguna a la víctima, sí la mencionaba una vez condenado su agresor. En el artículo 4, la UE sostenía que los Estados miembros deberían garantizar que en el momento de la puesta en libertad de la persona condenada «se pueda decidir, al menos en el caso de que pueda existir un riesgo, informar de ello a la víctima». No era una consulta preceptiva. Sólo una mera información.

Pero eso ni siquiera se cumplió. Ocho años después, en una comunicación de 2009, la Comisión fue clara: «Ningún Estado miembro ha traspuesto la decisión marco en un único acto legislativo nacional».



Meses después, tras una reunión con la presidenta de la Asociación Víctimas del
A partir de este mes, los jueces tendrán que oír a las víctimas antes de conceder un cambio de grado penitenciario, excarcelar o incluso indultar al recluso que las dañó. Su testimonio, la opinión que les merezca el beneficio que se estudia para el preso, no será vinculante para el juez, pero sí preceptivo. Y este cambio histórico en la legislación española no se reducirá al universo del terrorismo, sino que abarcará otros tipos de delito, como podrían ser las agresiones sexuales, la violencia sobre los menores o los asesinatos comunes y no vinculados a la acción de ETA.

«De forma inminente, vamos a presentar el Estatuto de la Víctima para dar a las víctimas derechos que en estos momentos no tienen. Vamos a modificar la ley para que la víctima sea necesariamente oída por el juez», ha asegurado a EL MUNDO el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Tal «inminencia» significa que casi con toda seguridad esa reforma será aprobada por el Consejo de Ministros en un par de semanas, según fuentes del propio Ministerio, que ultima durante estos días un borrador.

El cambio legislativo puede condicionar las decisiones judiciales en función de la receptividad que cada magistrado muestre ante los testimonios de las víctimas, todo un mundo nuevo en el panorama penal español. El ejemplo más mediático y reciente tiene apenas unas semanas de vida: si la reforma que Ruiz-Gallardón está a punto de estrenar hubiera llegado en septiembre, los jueces que excarcelaron a Josu Uribetxeberria Bolinaga tendrían que haber escuchado a las familias de sus tres asesinados y al propio José Antonio Ortega Lara, a quien el etarra mantuvo encerrado en un zulo durante 532 días. Y quizá entonces la decisión hubiera sido otra. O no.

Lo central es que los jueces deberán oír los argumentos -o las emociones- de las víctimas una vez condenado su agresor, algo que no ocurre en el escenario legal patrio. Hasta ahora, esas víctimas intervienen antes o durante el proceso que juzga al imputado, pero una vez condenado éste, se esfuman de escena.

«En la legislación actual, la víctima desaparece del procedimiento en el momento en que se produce la condena. Nosotros vamos a seguir amparando a la víctima después, durante el cumplimiento de la condena, a efectos de responsabilidades civiles, para que ella manifieste sus criterios sobre la modificación de situaciones penitenciarias. La víctima va a estar mucho más presente y con muchos más derechos en la nueva regulación española», sostiene el ministro.

El asunto está en la cabeza de Ruiz-Gallardón desde el mismísimo día en que tomó posesión del cargo. El 22 de diciembre de 2011, pocos minutos después de que el socialista Francisco Caamaño le traspasara la cartera de Justicia, el ex alcalde de Madrid se comprometió públicamente a elaborar un Estatuto de la Víctima. No avanzó muchos detalles, pero sí dijo que en el texto se explicitarían las indemnizaciones y se establecería una tipología de víctimas. Pero no le puso fecha.
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, el ministro admitió que éstas tendrían un capítulo especial y singular dentro del Estatuto. Además de su parecer a la hora de los permisos o los cambios de grado, Ruiz-Gallardón dijo que las víctimas de ETA podrán ser oídas incluso ante la posibilidad de acercamientos de presos al País Vasco.

Así, el Estatuto indicará que los jueces deberán comunicar a las víctimas el planteamiento de esa aproximación geográfica y escuchar su opinión antes de decidir.

Tras la reunión de Ruiz-Gallardón con Pedraza se especuló con que el Estatuto estaría listo antes del verano. De hecho se llegó a hablar de junio. Sin embargo, el Ministerio no ha cerrado el texto de la reforma, que finalmente irá al Consejo de Ministros este mes, poniendo así en marcha el proceso de aprobación.

La idea de Ruiz-Gallardón no tiene antecedentes en la legislación española. Ni europea. Lo más cercano es la decisión marco tomada por el Consejo de Europa el 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal. Aunque aquel documento no hablaba de consulta alguna a la víctima, sí la mencionaba una vez condenado su agresor. En el artículo 4, la UE sostenía que los Estados miembros deberían garantizar que en el momento de la puesta en libertad de la persona condenada «se pueda decidir, al menos en el caso de que pueda existir un riesgo, informar de ello a la víctima». No era una consulta preceptiva. Sólo una mera información.

Pero eso ni siquiera se cumplió. Ocho años después, en una comunicación de 2009, la Comisión fue clara: «Ningún Estado miembro ha traspuesto la decisión marco en un único acto legislativo nacional».

Meses después, tras una reunión con la presidenta de la Asociación Víctimas del

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID

01/10/2012 ESPAÑA

La ofensa del lenguaje continúa

La Fundación de Víctimas del Terrorismo denuncia que medios y políticos 'abertzales' siguen hablando de «presos políticos vascos» sin que la Justicia intervenga

 La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado la frecuencia con la que el entorno abertzale sigue refiriéndose a los presos de ETA como «presos políticos vascos», sin que los tribunales tomen cartas en el asunto. La revista de esta institución ha realizado una encuesta entre los responsables de las diferentes asociaciones, que concluyen que tal expresión supone «una ofensa» para las víctimas y un «enaltecimiento de la figura de los terroristas».

La Fundación sostiene, por ejemplo, que el diario Gara ha utilizado más de 200 veces en los últimos seis meses la frase «presos políticos» para referirse a los etarras y que tanto el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, como el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, se refieren habitualmente a ellos como si estuvieran en prisión por expresar ideas políticas. La revista recoge intervenciones públicas de ambos suficientemente explícitas.

La Fundación considera que el uso de ese tipo de expresiones constituye una «manipulación perversa de la realidad», que suele ser apoyada con «la simbología, las pancartas y los gritos vertidos en el transcurso de las manifestaciones» que piden el acercamiento «como paso previo a una excarcelación infame».

Según la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, la intención de los términos es «justificar sus crímenes como si fuesen algo inevitable, consecuencia de un conflicto político imaginario». Francisco Zaragoza Lluch, de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, sostiene que «es una ofensa en doble sentido porque ahora están obteniendo beneficios mientras sus víctimas siguen sin ver atendidas sus demandas».

La portavocía de Covite alerta de que tal calificación «exime enteramente de gravedad penal a los crímenes de ETA y hace que sean considerados como un ejercicio de libertad de pensamiento, una expresión de la legítima dialéctica política». Para Cristina Cuesta, de la Fundación Miguel Ángel Blanco, «es pura propaganda terrorista». Y como tal debe ser tratada. Según Pedraza, la Audiencia Nacional ya ha argumentado que la fórmula «preso político vasco» constituye una expresión enaltecedora del terrorismo.

El informe final sobre el Faisán «refuerza» los indicios contra los tres mandos de Rubalcaba

MANUEL MARRACO MADRID

21/09/2012/El Mundo

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PORTADA

El último informe del caso Faisán «refuerza» la tesis de que los autores del chivatazo fueron los tres mandos policiales de Rubalcaba imputados. Se trata del informe ampliatorio de la Guardia Civil que el juez Pablo Ruz estaba esperando para dar por concluida la investigación sobre el soplo a la red de extorsión etarra.
En su nuevo informe, la Guardia Civil elimina la única objeción que había puesto al trabajo de la Policía y considera, aún más que antes, que la «hipótesis más consistente» es que los autores del soplo fueran el inspector José María Ballesteros, el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo.
El pasado 1 de junio, la Guardia Civil envió al juez un informe en el que validaba la investigación policial y refutaba los motivos aducidos por el Pleno de la Audiencia Nacional para revocar el procesamiento de Hidalgo, Pamies y Ballesteros y sospechar del equipo investigador.

Tres días más tarde, el magistrado pidió al Instituto Armado que ampliara su informe a la luz del nuevo material que le había llegado al juzgado. En particular, el reciente informe policial que profundizaba en la investigación sobre las llamadas recibidas en la zona del bar Faisán el día del soplo. Esas llamadas habían sido relegadas por la Policía en favor de las llamadas salientes -las enviadas desde el bar Faisán- al considerar que, por lógica, fue Ballesteros quien llamó a Pamies cuando estaba ante Joseba Elosua y podía pasarle el teléfono, y no al revés.

El Pleno de la Audiencia reprochó ese razonamiento y el juez ordenó investigar con igual profundidad las llamadas entrantes. Se investigaron 800, con el resultado de que ninguna resultaba sospechosa. Es decir, que la llamada del soplo seguía siendo la que Ballesteros hizo a Pamies a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006, cuando se encontraba ante el dueño del Faisán.

«Las carencias observadas y expuestas en el informe 19/2012 en relación a los procedimientos de identificación de las posibles llamadas sospechosas han sido subsanadas a través del estudio de las llamadas de sentido entrante elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía», concluye la Guardia Civil en su nuevo informe, borrando así la mácula que había visto en la actuación del equipo investigador.

«Como conclusión general, el nuevo análisis efectuado viene a reforzar las conclusiones», añade el Instituto Armado, en referencia a su afirmación de que lo más probable, con diferencia, era que los hechos sucedieran tal y como señalan los investigadores.

La Guardia Civil también valora que los nuevos informes periciales sobre el posible uso de teléfonos vía satélite para hacer la llamada del soplo «excluyen» esa posibilidad, esgrimida por las defensas.

Con la llegada del informe ampliatorio 24/12, Ruz da por concluidas las diligencias ordenadas después de la revocación de los procesamientos, todas ellas con un resultado claramente perjudicial para los imputados.
Esta misma semana, el magistrado ha emplazado a la Fiscalía a pronunciarse sobre los indicios contra los tres imputados, antes de resolver si vuelve a procesarles por colaboración terrorista. Hasta la fecha, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que hay indicios para proceder contra Ballesteros y Pamies, pero no contra García Hidalgo. En cuanto al delito cometido, el Ministerio Público considera que el chivatazo encaja en una revelación de secretos y no en una colaboración terrorista, por lo que respalda su remisión a un juzgado ordinario del País Vasco
El último informe del caso Faisán «refuerza» la tesis de que los autores del chivatazo fueron los tres mandos policiales de Rubalcaba imputados. Se trata del informe ampliatorio de la Guardia Civil que el juez Pablo Ruz estaba esperando para dar por concluida la investigación sobre el soplo a la red de extorsión etarra.
En su nuevo informe, la Guardia Civil elimina la única objeción que había puesto al trabajo de la Policía y considera, aún más que antes, que la «hipótesis más consistente» es que los autores del soplo fueran el inspector José María Ballesteros, el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo.
El pasado 1 de junio, la Guardia Civil envió al juez un informe en el que validaba la investigación policial y refutaba los motivos aducidos por el Pleno de la Audiencia Nacional para revocar el procesamiento de Hidalgo, Pamies y Ballesteros y sospechar del equipo investigador.

Tres días más tarde, el magistrado pidió al Instituto Armado que ampliara su informe a la luz del nuevo material que le había llegado al juzgado. En particular, el reciente informe policial que profundizaba en la investigación sobre las llamadas recibidas en la zona del bar Faisán el día del soplo. Esas llamadas habían sido relegadas por la Policía en favor de las llamadas salientes -las enviadas desde el bar Faisán- al considerar que, por lógica, fue Ballesteros quien llamó a Pamies cuando estaba ante Joseba Elosua y podía pasarle el teléfono, y no al revés.

El Pleno de la Audiencia reprochó ese razonamiento y el juez ordenó investigar con igual profundidad las llamadas entrantes. Se investigaron 800, con el resultado de que ninguna resultaba sospechosa. Es decir, que la llamada del soplo seguía siendo la que Ballesteros hizo a Pamies a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006, cuando se encontraba ante el dueño del Faisán.

«Las carencias observadas y expuestas en el informe 19/2012 en relación a los procedimientos de identificación de las posibles llamadas sospechosas han sido subsanadas a través del estudio de las llamadas de sentido entrante elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía», concluye la Guardia Civil en su nuevo informe, borrando así la mácula que había visto en la actuación del equipo investigador.

«Como conclusión general, el nuevo análisis efectuado viene a reforzar las conclusiones», añade el Instituto Armado, en referencia a su afirmación de que lo más probable, con diferencia, era que los hechos sucedieran tal y como señalan los investigadores.

La Guardia Civil también valora que los nuevos informes periciales sobre el posible uso de teléfonos vía satélite para hacer la llamada del soplo «excluyen» esa posibilidad, esgrimida por las defensas.

Con la llegada del informe ampliatorio 24/12, Ruz da por concluidas las diligencias ordenadas después de la revocación de los procesamientos, todas ellas con un resultado claramente perjudicial para los imputados.
Esta misma semana, el magistrado ha emplazado a la Fiscalía a pronunciarse sobre los indicios contra los tres imputados, antes de resolver si vuelve a procesarles por colaboración terrorista. Hasta la fecha, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que hay indicios para proceder contra Ballesteros y Pamies, pero no contra García Hidalgo. En cuanto al delito cometido, el Ministerio Público considera que el chivatazo encaja en una revelación de secretos y no en una colaboración terrorista, por lo que respalda su remisión a un juzgado ordinario del País Vasco

La Audiencia abre la vía a excarcelar a más etarras no terminales

MANUEL MARRACO MADRID

20/09/2012 PORTADA/El Mundo

.Los etarras enfermos para quienes la izquierda abertzale reclama la excarcelación ya saben que no tendrán que esperar a que los médicos les declaren en fase terminal. Conforme a lo resuelto ayer por la Audiencia Nacional en el caso Bolinaga, podrán acceder a la libertad condicional cuando su enfermedad suponga «un peligro claro, notorio y manifiesto para su vida», aunque ese riesgo no sea «inminente».

El encontronazo entre la Fiscalía y el tándem Interior-juez de Vigilancia Penitenciaria se zanja con una resolución que, en buena parte, reduce el asunto a una discusión semántica. La Sección Primera de lo Penal centra el auto en interpretar qué quiere decir el Código Penal cuando se refiere a los casos de «peligro patente» para la vida del preso, único supuesto que exoneraría a Bolinaga de un requisito de arrepentimiento que, claramente, no cumple.

Los magistrados concluyen que el peligro al que se refiere la ley «es el que se evidencia de manera clara, evidente y manifiesta». El tribunal emplea así -aunque no lo dice- tres de los cuatro adjetivos que la Real Academia ofrece en la definición de «patente». La resolución no ahonda en el concepto de «peligro», que la Academia describe como «riesgo inminente».

Por contra, interpreta que la ley no exige una situación terminal, en contra de lo mantenido por el fiscal en su recurso. «El marco conceptual que establece la ley para este supuesto excepcional de libertad condicional por razones humanitarias es el del riesgo patente para la vida, no el de peligro inminente que nos ubica ante la situación del enfermo terminal o agónico», dice.

La Sala afirma que la situación de Josu Uribecheberria Bolinaga, enfermo de cáncer con metástasis múltiples, encaja sin duda en el supuesto más generoso del Código Penal. Subraya que todos los informes médicos coinciden en que padece «una enfermedad muy grave e incurable, con una evolución de mal pronóstico». Las discrepancias entre el Hospital Donostia y la forense de la Audiencia Nacional, añade el tribunal, sólo llegan a la hora de establecer cuál es la mediana de supervivencia para casos como el de Bolinaga: siete meses y 29 días según el hospital y 11 meses y tres días según la forense.

Es decir, que a juicio de los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Alfonso Guevara, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez (ponente) «existe un peligro claro, notorio y manifiesto para la vida del paciente de fallecer en un corto periodo de tiempo».

El tribunal, encargado de resolver todos los recursos contra libertades condicionales de terroristas, resta relevancia al papel de los informes médicos. El fiscal sostenía que era imprescindible que los informes del forense y de Prisiones coincidieran en que se trata de un caso terminal. Sin embargo, la Sala afirma que ambos informes son preceptivos, pero no vinculantes. «La ponderación sobre el peligro patente para la vida es objeto de la decisión jurisdiccional», zanjan los magistrados, dejando así un amplio margen de decisión en futuras resoluciones con informes médicos dudosos o contradictorios.

Finalmente, el tribunal parece responder a la repercusión pública que ha tenido el caso al tener como protagonista al secuestrador de Ortega Lara. «El principio de humanidad que incorpora el artículo 92 del Código Penal tiene carácter incondicionado, no pudiendo depender de la gravedad de las conductas sancionadas, ni de la entidad de los daños causados por el delito». «En caso de peligro patente para la vida del penado, la ley prescinde de la consideración sobre el delito, hace abstracción de tales datos», concluye

MANUEL MARRACO MADRID

20/09/2012 ESPAÑA

EL VOTO PARTICULAR

«El juez debe interpretar, no legislar»

Nicolás Poveda sostiene que el Código Penal exigía al etarra el arrepentimiento


«El juez debe interpretar, no legislar». Lo dice el magistrado Nicolás Poveda, que en un voto particular contrario a la excarcelación considera que la resolución de la Sección Primera ha pasado por encima de los supuestos que el Código Penal delimita para la libertad de presos enfermos.

A su juicio, los magistrados de la mayoría han interpretado con tanta amplitud el supuesto referido al riesgo patente para la vida que dejan «sin contenido» el apartado relativo a enfermos graves que no estén en peligro de muerte, a los que se exige más requisitos.

«De este examen detallado y pormenorizado», dice el magistrado tras repasar los informes médicos, «se concluye que ni una sola vez, repito, ni una sola vez, los médicos del Hospital Universitario de San Sebastián ni la médico forense mencionan en ningún momento la expresión 'riesgo de muerte' para la situación actual del paciente que ellos han estudiado». Algo que, en su opinión, debería excluir a Bolinaga del supuesto más beneficioso y situarle en el supuesto que le exigiría «expresamente renunciar a la actividad terrorista y pedir perdón a las víctimas, como mínimo», antes de acceder a la libertad condicional.

«El legislador ha creado dos posibilidades diferentes, tratándolas separadamente no sólo en su texto, sino también en las distintas condiciones que exige para su obtención, ya que no es legalmente lo mismo padecer una enfermedad grave con padecimientos incurables que encontrarse en situación de peligro patente para la vida». «El legislador ha tenido desde 1995, fecha del anterior Código Penal, diversos momentos en que podía haber hecho desaparecer la distinción en las enfermedades, y si no lo ha hecho reiteradamente, como hemos visto, es por su decisión de mantener tal regulación diferenciada».

Además de criticar el criterio seguido por el resto de magistrados, Poveda detecta contradicciones en lo manifestado por los médicos de San Sebastián, que mantienen simultáneamente que el enfermo debe seguir ingresado y que «donde mejor estaría es en su casa».

«Cabe preguntarse en este punto en qué quedamos: se trata de un paciente [...] que tiene que ser hospitalizado por, entre otros, posibles 'súbitos accidentes vasculares cerebrales de consecuencias inmediatas letales', lo que le impide estar en prisión, habiéndose considerado que es precisa su estancia como ingresado en el hospital. Y los doctores, con todo el respeto, terminan su contestación diciendo que donde mejor estaría es en su casa. ¿Dónde quedan los súbitos accidentes, los riesgos evidentes que han indicado previamente, y el control médico?»

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

20/09/2012 ESPAÑA

Eguiguren nombra a Otegi pacificador

Admite que en la negociación se sentía «legitimado» para actuar como quisiera

«Yo ya sabía cuando me metí en esto que el que se mete en esto acaba mal». En su primera intervención en el documental que resalta su papel en las negociaciones con ETA, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, admite que ya al principio del proceso aventuraba cómo iba a terminar: «Despreciado por unos y otros, y ninguneado por todos».

Es, según asegura Eguiguren, el precio que ha tenido que pagar como el «conspirador» que se considera. Conspirador no con la carga negativa que se le presupone en la actualidad, sino con su sentido del siglo XIX, durante las Guerras Carlistas, donde era un oficio para los políticos vascos que se encargaban de «crear las condiciones para negociar». De ahí el título del documental, Memorias de un conspirador, dirigido por Ángel Amigo.

La película fue estrenada ayer en el Aquarium de San Sebastián. Por la mañana, en el pase de prensa, Eguiguren no pudo acudir a la cita con los medios por una indisposición y acudió su esposa, Rafaela Romero, que trasladó varios mensajes en nombre de su marido. Entre ellos, una mención especial al que fuera portavoz de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, en la actualidad en prisión e inhabilitado, quien es «coprotagonista del inicio de este nuevo tiempo entre vascos». Según recalcó, «el conflicto comienza ahora para muchos, cuando tenemos que convivir juntos sin tantas personas».

Romero vino a repetir casi las mismas palabras con las que Eguiguren loa la figura de Otegi cuando resalta que «sin su esfuerzo, su trabajo, su capacidad de liderazgo, su humor y optimismo, que eran muy superiores al mío, tampoco hubiéramos llegado aquí, para qué vamos a engañarnos».
Por ello, al final del documental traslada su «recuerdo» para Otegi por «razones políticas y personales... Al final, la política la hacen los hombres no los partidos», sostiene.

Eguiguren asegura que se llega a «entrar en la cabeza» de la izquierda abertzale, a «entenderles y comprenderles» (llega a manifestar que «te conviertes un poco en estratega de ellos»). Y todo a pesar de que ETA seguía asesinando a cargos del PSE y PP, y la antigua Batasuna rechazaba una y otra vez condenar la barbarie de la banda.

Incluso, reconoce que le «daba igual no seguir las instrucciones» de la dirección de Madrid ante estos encuentros, ya que como presidente del PSE tenía «la autoridad suficiente para hacer en Euskadi lo que quisiera». «No había nadie por encima de mí», enfatiza para posteriormente certificar: «Me sentía legitimado» para actuar como quisiera. Y si «hacía mal, me daba igual».

El juez del 'Faisán' pregunta al fiscal si procesa a los mandos policiales

MANUEL MARRACO MADRID

19/09/2012 ESPAÑA/El Mundo

Pablo Ruz concluye la investigación y reclama al Ministerio Público que se pronuncie

Un año después de que el Pleno de la Audiencia Nacional lo dejara al borde del archivo, el caso Faisán vuelve a estar en pie. El juez Pablo Ruz acaba de dar por concluida la investigación y ha reclamado a la Fiscalía que se pronuncie sobre lo que quiere hacer con los tres imputados. Es decir, si cree que la causa debe cerrarse o considera que hay elementos suficientes para procesar al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, al ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros.

«Confiérase traslado al Ministerio Fiscal a fin de que emita informe sobre valoración de los indicios existentes respecto de las personas imputadas o, en su caso, interese las diligencias adicionales que estime pertinentes», dice el juez.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha mantenido que procede actuar contra Pamiés y Ballesteros por revelación de secretos pero no procesarles por colaboración con organización terrorista, algo que sí contemplaba el juez. Sobre Hidalgo, ha considerado que no hay indicios suficientes en su contra. Ese criterio llevaría el caso a un juzgado del País Vasco.

Según la versión de los investigadores, el 4 de mayo de 2006, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, Ballesteros se desplazó a Irún por orden de Pamiés para contactar con José María Elosúa, dueño del bar Faisán y pieza clave de la red de extorsión etarra. Cuando estuvo ante él, le pasó su teléfono para que, al otro lado de la línea, su superior le advirtiera de una inminente operación policial contra la trama. Pamiés e Hidalgo se habrían puesto de acuerdo la noche anterior para dar el soplo, que según los informes tuvo un móvil «político» relacionado con el proceso de paz.

El juez ha adoptado esta decisión tras cumplimentar la batería de diligencias con las que respondió a las dudas de la Sala de lo Penal sobre su investigación. En septiembre del año pasado, el Pleno de la Audiencia solventó su división sobre el asunto tirando por la vía de en medio. En lugar de cerrar el caso como pedían algunos o seguir adelante como querían otros, acordó revocar los tres procesamientos dictados por Ruz, dejando así el caso vivo, pero moribundo. La resolución achacaba al juez lagunas y contradicciones en la investigación, pero le dejaba abierta la posibilidad de completarla.

Tras unos meses digiriendo el varapalo, el juez volvió a la carga con una nueva batería de diligencias. La principal, pedir a la Guardia Civil que revisara todos los informes del equipo policial y diera su parecer. El resultado fue que la investigación había sido buena, que las objeciones de la Sala no se sostenían y que «la hipótesis más consistente» era que los autores del soplo fueran los imputados.

Además, pidió a la Policía que ampliara el análisis de llamadas telefónicas, la pieza clave de la investigación y único punto en el que la Guardia Civil había encontrado algún defecto a las pesquisas. Tras profundizar en otras 800 llamadas de la zona el día de los hechos, la Policía ratificó sus conclusiones iniciales.

El resto de diligencias había arrojado un resultado igualmente negativo para los imputados. Los nuevos informes han dejado las cosas en el lugar en el que estaban antes de que Ruz ordenara los procesamientos, aunque con algún matiz relevante. El último informe policial contenía una novedad en el rol de los acusados: afirmaba que Pamiés era consciente de la gravedad de la delación, mientras que Ballesteros no sabía en realidad que estaba participando en un soplo, porque no sabía qué era el Faisán ni conocía el mensaje que Pamiés quería trasladar a su dueño.

El fiscal cree que ETA puede volver a las armas «en cualquier momento»

MARÍA PERAL MADRID

19/09/2012 ESPAÑA/El Mundo

Torres-Dulce advierte de que agravar las penas «no siempre es la respuesta adecuada»
 

.La Fiscalía cree que ETA puede volver a las armas «en cualquier momento», ya que el cese definitivo de la violencia que declaró el 20 de octubre de 2011 «no tiene carácter irreversible» y fue adoptado por un «reducido núcleo de dirigentes», lo que provocó «contradicciones y críticas» internas. En todo caso, fue una declaración adoptada «por una cuestión de supervivencia y de eficacia», sin que la banda «haya expresado ninguna intención de disolverse».

La más que cautelosa posición de la Fiscalía sobre la última tregua de ETA se refleja en la memoria de 2011, presentada ayer por el nuevo fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, durante la solemne apertura del año judicial que presidió el Rey.

Don Juan Carlos volvió al Supremo para inaugurar el curso judicial, lo que no pudo hacer el pasado año al estar convaleciente de una operación en el talón de Aquiles. Tampoco asistió a la conmemoración del bicentenario del Alto Tribunal el pasado junio, en plena polémica por el caso Dívar, acto que presidió el Príncipe de Asturias.
El ex presidente del Supremo Carlos Dívar no acudió a la ceremonia de ayer, a la que por primera vez asistieron Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, Torres-Dulce como fiscal general y Gonzalo Moliner como presidente del Poder Judicial. Hubo más rostros nuevos, como el de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Esperanza Aguirre, que sí estuvo en las tomas de posesión de Moliner y Torres-Dulce, ayer no asistió.

Fue un acto más breve de lo habitual -apenas media hora- durante el que tomaron la palabra el fiscal general y el presidente del Supremo, como es tradición.

El primero comenzó su discurso con un reconocimiento a la labor de su antecesor, Cándido Conde-Pumpido (Moliner no hizo la más mínima mención a Dívar). El fiscal general aseguró que va a dedicar sus «mejores energías» a luchar contra el terrorismo y la corrupción económica, «las conductas más activamente corrosivas de los fundamentos de nuestra convivencia».

Torres-Dulce destacó que la Fiscalía será «guardián inflexible del cumplimiento de las condiciones impuestas por el Constitucional para el mantenimiento en el ámbito de la legalidad de Sortu» porque «un partido político no puede ser el caballo de Troya construido para traer la ruina y la devastación de la ciudad que hospitalariamente le acoge». El fiscal, añadió, «no tolerará humillaciones a las víctimas del terrorismo, apología de sus verdugos o ensalzamiento de las actividades de éstos».

La memoria de la Fiscalía refleja el escepticismo que alberga sobre la tregua de ETA, que «se debe fundamentalmente a su propia debilidad operativa, fruto de las operaciones contraterroristas que han afectado a todos sus frentes».

La «nueva estrategia» ha sido adoptada «por una cuestión de supervivencia y de eficacia, para alcanzar los objetivos de siempre, ahora con otros métodos, y por tanto no está relacionada con una reflexión o autorreproche de tipo ético o moral por los atentados terroristas perpetrados por ETA y por las víctimas causadas». La banda «no ha expresado ninguna intención de disolverse», destaca la Fiscalía. «Todo indica que con su sola presencia intenta mantener de facto un tutelaje efectivo del proceso, con la disolución definitiva como arma de chantaje».

detuvo anoche en la localidad vizcaína de Ondarroa al presunto colaborador de ETA Jon Igor Urresti Osa, según informó el Ministerio de Interior. Tras la detención, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, decretó la incomunicación del detenido y declaró el secreto de las actuaciones

JAVIER G. NEGRE BILBAO

19/09/2012 PORTADA

Compromiso de Rajoy con las víctimas: 'No negociaré nunca con ETA'

El cálido homenaje a Miguel Ángel Blanco no sólo hizo rebrotar el espíritu de Ermua 15 años después. También generó la atmósfera perfecta para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzase un compromiso «alto y claro» que quedará grabado en la mente de esas víctimas de ETA que todavía lloran la excarcelación de Bolinaga: «Este Gobierno no cederá nunca a ningún tipo de chantaje por parte de quienes han practicado y alentado el terror», prometió.
Y lo hizo no sólo ante los cientos de asistentes que se dieron cita ayer en Bilbao. También ante el retrato de Miguel Ángel Blanco, auténtico símbolo de la resistencia frente a la banda terrorista.

No había un mejor escenario posible para redimirse ante su público, ante su electorado, ante esos rostros que se sienten desamparados por sus pasos dubitativos en política antiterrorista. Tampoco una mejor excusa que el homenaje al ex concejal de Ermua asesinado a cámara lenta por la banda para restañar las heridas que abrió el caso Bolinaga en las principales asociaciones de víctimas.

Mariano Rajoy no desaprovechó la alfombra roja que le preparó ayer la parlamentaria del PP Mari Mar Blanco para fundirse en un abrazo con los damnificados por ETA y escenificar su reconciliación con ellos. El presidente del Ejecutivo era consciente de las enormes desconfianzas que había levantado entre los principales colectivos de víctimas y entre su electorado el caso Bolinaga. Y por ello, preparó un discurso firme y contundente para tranquilizar a las víctimas, auténticos «referentes» del Gobierno. Rajoy prometió que su Ejecutivo «nunca negociará» con la banda terrorista, porque hacerlo sería «acercarse a la razón de ETA, cuando no tiene ninguna razón». También aseguró que «nunca cederá a ningún tipo de chantaje por parte de quienes han practicado y alentado el terror» y que «no transigirá nunca con las ambigüedades y los cálculos de quienes pretenden sacar rédito de los mismos», en clara alusión a la izquierda abertzale.

Rajoy recordó que «la paz no se negocia y la libertad no se regatea» y apeló «a la unión de los demócratas para desterrar para siempre el terrorismo y su ambición totalitaria del País Vasco y de toda España».

Según recordó el presidente del Gobierno, el suyo «es el lenguaje del Estado de Derecho, de la ley» y «es la superioridad moral de actuar conforme a unas leyes que nos mantienen leales a nuestros principios, incluso cuanto más pesar nos produce su aplicación». Todo un mensaje para justificar ante los damnificados por ETA la polémica decisión del Ejecutivo de concederle el tercer grado al carcelero de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga.

El presidente del Gobierno no se olvidó en ningún momento de a quiénes tenía ante sí: una nutrida representación de víctimas del terrorismo que fueron al acto tras ser convencidas personalmente por Mari Mar Blanco. A ellas, les dedicó su cariño y sus principales carantoñas. «El PP está y ha estado siempre donde había que estar: con las víctimas y sus familias, con la libertad y la justicia, con la ley y con los derechos individuales, con la vida», resumió Rajoy, que les subrayó que la «crónica» del final del terrorismo será escrita por los demócratas bajo el respeto «a la memoria, la dignidad y la justicia» de las víctimas de ETA.

«No vamos a permitir que nadie falsee la historia criminal de ETA y sólo los demócratas contaremos la verdad de medio siglo de terrorismo», subrayó el jefe del Ejecutivo, que al término del acto se acercó a saludar tanto a Pedraza como al resto de representantes de víctimas de ETA que se dieron allí cita.

Rajoy no se olvidó de reivindicar el Estatuto de Guernica y la Constitución como «puntos de encuentro» de la sociedad vasca frente a «quienes quieren uniformar Euskadi» ante el órdago independentista que prevé que lanzarán el PNV y Bildu.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, consciente de su necesidad de volverse a ganar la confianza de las víctimas antes del 21-O, dedicó parte de su intervención a honrar su valentía. «Sois el mayor orgullo del PP», les recordó, y abogó por resucitar el espíritu de Ermua para vencer a las ideas totalitarias de ETA. «Necesitamos otra rebelión como la de julio de 1997 para acabar con el fanatismo identitario», indicó.

La hermana del ex concejal de Ermua, Mari Mar Blanco, también llamó a la «unidad frente a la ofensiva secesionista» y manifestó que «nadie puede dudar» de la política antiterrorista de un gobierno que trabaja por «un final con vencedores y vencidos».

En el acto, que colgó el cartel de aforo completo, se dieron cita el presidente del Senado, Pío García Escudero; la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga; el director de la Policía, Ignacio Cosidó; los primeros espadas del PP vasco y su ex presidente Carlos Iturgaiz, entre otros.