.El
caso Bolinaga vivió ayer una jornada trepidante en la que se determinó
que será sólo una Sección, y no el Pleno, quien resuelva el recurso; se
reclamó un informe urgente a la forense que no llegará hasta hoy porque a
ella tampoco le habían llegado los datos médicos; y se solicitó, a su
vez, el nuevo parecer de la Fiscalía sobre la libertad condicional. Todo
para que, si nada se tuerce, hoy a las cinco de la tarde cinco
magistrados se sienten a deliberar si dan la razón al Ministerio Público
o al tándem Interior/juez de Vigilancia Penitenciaria.La Sección Primera de la Audiencia, encargada de confirmar o revocar la libertad condicional por enfermedad del secuestrador de Ortega Lara, está presidida por Fernando Grande-Marlaska, cuyo criterio podría resultar decisivo a la vista de la composición del tribunal.
El baile de actividades comenzó a media mañana, cuando se comprobó que, aunque por poco, no había votos suficientes para avocar el asunto a Pleno, como pedía la Fiscalía ante la trascendencia del asunto. Hacía falta el apoyo de una decena de los 18 magistrados del Pleno, pero sólo llegaron ocho. Con esas cifras, el voto en el último momento de Marlaska no hubiera bastado para alcanzar los 10 votos. Anteriormente, Fernando Grande-Marlaska había renunciado a la posibilidad que tenía de avocarlo directamente a Pleno por su condición de presidente de la Sala de lo Penal.
Los partidarios de llevar el asunto a Pleno por su «interés jurídico» fueron los magistrados Ángela Murillo, Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco, Teresa Palacios, Juan Francisco Martel, Paloma Gómez Pastor, Ángeles Barreiro y el propio ponente del asunto, Nicolás Poveda.
Llegaron respaldos de todas las secciones menos de la Segunda, presidida por Fernando García Nicolás y en la que está integrado el magistrado Enrique López, candidato del Gobierno a una de las plazas del Tribunal Constitucional.
Así que finalmente resolverá la Sección Primera, encargada de revisar todos los recursos de Vigilancia Penitenciaria. El tribunal estará presidido por el propio Grande-Marlaska y conformado por Poveda como ponente, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro. Para evitar un posible empate -la quinta magistrada habitual no va estar en la Audiencia-, se les sumará el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, elegido por sorteo.
Fuentes jurídicas estiman que Sáez y Martínez Lázaro, de marcada tendencia progresista, serían proclives a la ratificación de la libertad condicional. Por su parte, Poveda pertenece como los anteriores a la asociación progresista Jueces para la Democracia, pero se trata de un juez duro que ha presentado numerosos votos particulares en contra de absoluciones. Casi tantos como han presentado sus colegas de asociación en contra de condenas.
Por su parte, Alfonso Guevara, miembro de la mayoritaria y conservadora asociación judicial APM, fue promotor de la celebración del Pleno que frenó la excarcelación de De Juana cuando parecía inminente, aunque también fue responsable de la excarcelación anticipada de Troitiño. En el caso de Bolinaga, pidió que el recurso fuera estudiado por el Pleno.
Antes de que los cinco se sentaran a deliberar, Marlaska quería contar con la opinión actualizada de la médico forense. Por ese motivo le reclamó un informe que debía estar listo a las 14.00 horas, pero que fue pospuesto para hoy al no recibir la forense los datos médicos previstos.
La Sección también dio otro inusual trámite a la Fiscalía antes de resolver su recurso. Le pidió que para antes de mediodía de hoy presente «alegaciones si lo estima oportuno» teniendo en cuenta los datos médicos. Y lo mismo hizo la Sala con la defensa de Bolinaga.
Fuentes jurídicas dudaron ayer de la corrección procesal de estos últimos trámites. Consideran que la resolución de la Sala debería centrarse en resolver si el auto de libertad condicional del 30 de septiembre era correcto a la vista de los datos e informes con los que entonces se contaba.
En su recurso, al Fiscalía que dirige Javier Zaragoza pidió la nulidad del auto porque el juez José Luis de Castro había practicado diligencias a espaldas del Ministerio Público. En particular, un viaje al Hospital Donostia en el que tuvo conocimiento de un nuevo informe al que no habían tenido acceso ni el fiscal ni la forense. Además, el Ministerio Público alegaba que Bolinaga no podía quedar libre sin cumplir el requisito de arrepentimiento porque, pese a paceder una enfermadad muy grave e incurable, ningún informe indicaba que estuviera terminal.
Terminal
.La Sala Primera de la Audiencia Nacional empezará a ver esta tarde el recurso de la Fiscalía contra el auto que decretaba la libertad condicional de Bolinaga. El terrorista ha experimentado un empeoramiento de salud notable, a juzgar por el dato que proporcionó Rajoy en su comparecencia televisiva del lunes: el recluso pesa 47 kilos. Es de suponer que el Gobierno tiene algunas fuentes distintas de Herrira, que proporcionaba ayer el mismo dato, junto a un argumento exótico: exige su inmediata puesta en libertad porque «cada minuto que pasa encarcelado acelera su fallecimiento». Bolinaga no está en la cárcel, sino en un hospital. Y si es cierto que se halla en tan delicada situación, el lugar idóneo para su salud es precisamente el hospital, bajo permanente observación y cuidados médicos.
El presidente acuñó una frase tan aparente como huera: «Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel». «La ley me quiere muerto», escribió Caryl Chessman, el bandido de la linterna roja, en el corredor de la muerte de San Quintín. Las leyes penales en realidad no quieren nada, sólo recogen la voluntad de los legisladores para castigar delitos. Pero es que, contra lo que dio a entender Rajoy, nadie ha pedido que Bolinaga muera en la cárcel, ni ha reprochado al Gobierno voluntad de no cumplir la ley, sino de pretender hacer creer que han actuado, no ya dentro de la ley, que se da por supuesto, sino obligados por ella. Tal vez el Gobierno y el juez de Vigilancia Penitenciaria no deberían asumir el lenguaje de la izquierda abertzale hasta el punto de que en su fuero interno consideren a nuestras prisiones cárceles de exterminio.
Lo que las víctimas desean es que no sea excarcelado si no es en peligro inminente de muerte. ¿Quién puede predecir eso con toda exactitud? Parece que los médicos. El artículo 92.3 del Código Penal establece que el peligro para la vida del interno debe ser patente y acreditado «por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario». Entonces, el juez de Vigilancia -en este caso, los cinco jueces de la Audiencia- «podrá» acordar la libertad condicional del preso.
Tal vez la forense pueda ir al Hospital Donostia para examinar personalmente al interno. Siempre será mejor eso a que los cinco jueces imiten el proceder de Castro y se acerquen a San Sebastián a hacerse una idea sobre un asunto en el que los jueces son legos. La forense Carmen Baena ha pedido la historia clínica completa de Bolinaga desde aquel informe del 22 de agosto en el que basó el juez Castro la libertad condicional del recluso y del que no se había dado conocimiento a la forense. Ayer, a última hora de la tarde, no había recibido dicha historia, por lo que sigue siendo válido el dictamen emitido por la forense el pasado 24 de agosto. ¿Es posible que nadie pueda hacer que el historial médico del preso llegue a la forense para que ésta pueda emitir un nuevo informe a la Sala Primera de la Audiencia y se cumpla lo dispuesto en el 92.3 del Código Penal?
La forense recibe por fin el historial clínico del etarra
La Sala le pregunta «si realiza cualquier ampliación sobre peligro para la vida»
El macabro culebrón de los informes médicos sobre Bolinaga ofreció ayer una nueva entrega, cuando el tribunal reclamó a la forense que antes de las 14.00 horas le informara de si quería actualizar su informe del mes de agosto. En concreto, si con los informes que le remitían «ratifica» su informe inicial o «realiza cualquier ampliación sobre peligro por la vida del interno».
La respuesta de Carmen Baena fue que no había respuesta que dar, porque lo que le mandaban no era el material necesario para actualizar su informe del 24 de agosto, en el que descartaba radicalmente que se tratara de un enfermo «terminal». Supuestamente, entre el material que se le remitía debía estar el informe de diagnóstico elaborado por el Hospital Donostia el 22 de agosto. En ese informe se basó el juez De Castro para conceder la libertad, aunque ni la Fiscalía ni la forense llegaron a tener acceso al documento para sus respectivos escritos.
Baena solicitó ayer tarde a la Sala que reclamara al hospital la historia clínica de Josu Uribetxeberria Bolinaga, que incluye todos los datos de relevancia que se hayan acumulado. A media tarde empezaron a llegar al tribunal al menos dos centenares de folios.
Con esa información, la forense tiene previsto presentar hoy por la mañana un nuevo informe, del que podría depender a su vez el informe del fiscal. El Gobierno ha aireado estos días, por medios interpuestos o directamente, que el estado de salud del etarra ha empeorado. Eso no haría variar los argumentos jurídicos, pero daría peso a los humanitarios.
Previsiblemente, el informe indicará si existe empeoramiento y si se debe directamente al cáncer o, más probablemente, al tratamiento de radioterapia. Todo indica que sólo una clasificación de Bolinaga como terminal permitiría que la postura del Ministerio Público cambiase.
El Tribunal ha pedido a la forense que informe «a la vista» de los datos médicos. Exactamente lo mismo que se le reclamó en los iniciales oficios, en los que no se solicitó su desplazamiento al hospital.
M. P. MADRID
12/09/2012 ESPAÑA
Según los querellantes, Castro era consciente de la «ilegalidad y arbitrariedad» de esa decisión.
A su parecer, el juez «montó un artilugio jurídico prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la aplicación del Código Penal, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario y hasta del sentido común». Visitó al preso enfermo en el hospital «recabando otro informe médico sin advertirlo al Ministerio Fiscal ni ser acompañado por nadie, evitando todo testimonio enojoso», y dictó «un auto radicalmente opuesto a los empleados sobre similares hechos por todos los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y audiencias provinciales»». Todo ello, con el «propósito deliberado de apartarse de la Ley para obtener su fin: liberar anticipadamente al terrorista».
El macabro culebrón de los informes médicos sobre Bolinaga ofreció ayer una nueva entrega, cuando el tribunal reclamó a la forense que antes de las 14.00 horas le informara de si quería actualizar su informe del mes de agosto. En concreto, si con los informes que le remitían «ratifica» su informe inicial o «realiza cualquier ampliación sobre peligro por la vida del interno».
La respuesta de Carmen Baena fue que no había respuesta que dar, porque lo que le mandaban no era el material necesario para actualizar su informe del 24 de agosto, en el que descartaba radicalmente que se tratara de un enfermo «terminal». Supuestamente, entre el material que se le remitía debía estar el informe de diagnóstico elaborado por el Hospital Donostia el 22 de agosto. En ese informe se basó el juez De Castro para conceder la libertad, aunque ni la Fiscalía ni la forense llegaron a tener acceso al documento para sus respectivos escritos.
Baena solicitó ayer tarde a la Sala que reclamara al hospital la historia clínica de Josu Uribetxeberria Bolinaga, que incluye todos los datos de relevancia que se hayan acumulado. A media tarde empezaron a llegar al tribunal al menos dos centenares de folios.
Con esa información, la forense tiene previsto presentar hoy por la mañana un nuevo informe, del que podría depender a su vez el informe del fiscal. El Gobierno ha aireado estos días, por medios interpuestos o directamente, que el estado de salud del etarra ha empeorado. Eso no haría variar los argumentos jurídicos, pero daría peso a los humanitarios.
Previsiblemente, el informe indicará si existe empeoramiento y si se debe directamente al cáncer o, más probablemente, al tratamiento de radioterapia. Todo indica que sólo una clasificación de Bolinaga como terminal permitiría que la postura del Ministerio Público cambiase.
El Tribunal ha pedido a la forense que informe «a la vista» de los datos médicos. Exactamente lo mismo que se le reclamó en los iniciales oficios, en los que no se solicitó su desplazamiento al hospital.
Manos Limpias se querella contra Castro
. El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro, al considerar que su decisión de decretar la libertad condicional del etarra Uribetxeberria Bolinaga «no tiene cabida ni en la letra ni en el espíritu de la ley».Según los querellantes, Castro era consciente de la «ilegalidad y arbitrariedad» de esa decisión.
A su parecer, el juez «montó un artilugio jurídico prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la aplicación del Código Penal, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario y hasta del sentido común». Visitó al preso enfermo en el hospital «recabando otro informe médico sin advertirlo al Ministerio Fiscal ni ser acompañado por nadie, evitando todo testimonio enojoso», y dictó «un auto radicalmente opuesto a los empleados sobre similares hechos por todos los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y audiencias provinciales»». Todo ello, con el «propósito deliberado de apartarse de la Ley para obtener su fin: liberar anticipadamente al terrorista».
