La forma me parece una falta de respeto hacia los diputados a los que se nos trata como si fuéramos espectadores de un acto de prestidigitación en el que sólo el mago y su ayudante saben de qué va el juego. Ahora pasemos al fondo.
En primer lugar, para garantizar la estabilidad presupuestaria no hace falta reformar la Constitución ni poner un corsé constitucional a nuestros políticos, dando la impresión -probablemente cierta- de que no son de fiar. Ya hay instrumentos constitucionales para fijar límites al endeudamiento tanto del Estado como de las CCAA; ya hay instrumentos constitucionales para sancionar a aquellas administraciones periféricas que incumplan el límite del déficit o que se endeuden por encima de lo establecido. No hace falta modificar la Carta Magna para gobernar de forma rigurosa, para no gastar por encima de lo que podemos permitirnos.
He escuchado argumentar -lo dijo el presidente y lo dice Rajoy- que esto devolverá la confianza a los mercados. Qué tontería. ¿Quién se va a fiar de los dirigentes de un país que reforman su Constitución en 48 horas, sin debate público, sin pronunciamiento del cuerpo electoral, sin haber llevado la propuesta en ninguno de los programas de gobierno? Si lo cambian en dos días en una dirección, ¿quién nos asegura que no lo harán en la siguiente ventolera en la dirección contraria?
Lo que daremos será una imagen penosa, de frivolidad y poca seriedad, que tendrá consecuencias aún más negativas en nuestra valoración como país; vamos, que pensarán, y con razón, que lo mismo les da so que arre. Y este argumento es de aplicación tanto al PSOE como al PP, porque Rajoy lo planteó en una conferencia, pero ni él ni nadie de su partido hizo nunca esta propuesta en el Congreso.
Insisto en que la reforma que se plantea es innecesaria para lograr el objetivo deseable de estabilidad presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas. Además, y aunque parezca menos importante, éstas no son maneras. Pero si se empeñan, y ya que el día 20 de noviembre estaremos llamados a elegir a nuestros representantes al Congreso y al Senado, póngase otra urna y demos a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse sobre esta reforma que nos dicen Rajoy y Zapatero que es tan necesaria. Dado que no entraría en vigor hasta 2018 (año en el que se prevé que la economía española llegaría a una situación normal que pueda justificar el déficit cero), no hay razón alguna para hacerlo de otra manera.
Si se sigue adelante con esta reforma constitucional, defenderemos que sea votada por el conjunto de los ciudadanos. Al menos así se podrá debatir públicamente sobre las verdaderas razones que tienen quienes la impulsan, se darán argumentos a favor y en contra, se plantearán propuestas alternativas; nos tomaremos en serio lo que supone reformar la Constitución.
Me dijo el presidente en el Pleno que hay que tomarse la reforma de la Constitución de forma natural; a nosotros nos lo va a decir, que llevamos cuatro años defendiendo reformas estructurales tan urgentes como necesarias para redefinir nuestro modelo de país y darle un horizonte de sostenibilidad y progreso. Desde Unión Progreso y Democracia nos lo tomamos de forma tan natural que nos parece que lo natural es hacerlo bien y abordar lo importante, que además es urgente. Por eso plantearemos una vez más en sede parlamentaria la reforma del modelo territorial del Estado, recuperando el Gobierno central algunas competencias imprescindibles para garantizar la competitividad y la cohesión de España y la igualdad de todos los españoles, tales como Educación y Sanidad; o la reforma de la Ley Electoral; o la reforma del Tribunal Constitucional, para conseguir que sea un órgano independiente y deje de estar al servicio de los partidos; o el sistema de elección del fiscal general, para que represente al Estado y no al Gobierno de turno; o la supresión de la primacía masculina en la sucesión de la Corona; o la supresión de las diputaciones provinciales.
La reforma constitucional es imparable. ¿Que es complicada? Claro, por eso hay que abrir el debate de forma natural, sin ningún complejo ni prejuicio. La Constitución no es inmutable, pero merece un respeto; la hicimos entre todos y entre todos la tenemos que cambiar. No debemos permitir que se haga ni por la puerta de atrás (como se ha reformado el modelo territorial a través de los estatutos de autonomía de segunda generación) para dar gusto a los nacionalistas y/o asimilados, ni en un despacho con sillones de cuero para protegernos de unos políticos cuyo juicio no nos merece confianza.
Tomémonos en serio la democracia y pongamos todas las cartas sobre la mesa. Empecemos por evitar que la reforma propuesta sea, además de innecesaria, chapucera: el 20-N, tercera urna. Y abramos sin demora y sin miedo el debate de fondo: el modelo de país para los próximos 30 años. A ver si nos ganamos el sueldo.
