domingo, 7 de abril de 2013

Respuesta del Alcalde de Antibes Francia a un musulmán de su pueblo


WikiBlues.net
Se negó a retirar la carne de cerdo en las escuelas.
Musulmanes padres exigen la abolición de la carne de cerdo en los comedores de las escuelas Antibes. El alcalde ha negado por completo, y el alcalde ha enviado una nota a todos los padres de explicar.
Para los musulmanes entiendan que deben adaptarse a Francia, sus costumbres, sus tradiciones, su modo de vida, porque es allí donde se optó por emigrar,
Para entender que deben integrar y aprender a vivir en Francia,
Para entender que es para que cambien su estilo de vida, y no el francés que tan generosamente,
Ellos entienden que los franceses no son racistas o xenófobos, aceptaron muchos inmigrantes musulmanes antes (mientras que lo contrario no es cierto musulmanes no aceptan los extranjeros no musulmanes su suelo)
Eso no es más que otra gente, los franceses están dispuestos a renunciar a su identidad, su cultura, a pesar de los golpes bajos internacionalistas
Y si Francia es una tierra de acogida, no es Aurélie Filippetti quien dio la bienvenida a los extranjeros, pero el pueblo francés en su conjunto.
Finalmente entender que Francia, con, no a pesar de, sus raíces judeo-cristianas, árboles de Navidad, las iglesias y fiestas religiosas, la religión debe permanecer en el ámbito privado, el alcalde tenía razón rechazar cualquier concesión al Islam y la Sharia.
Los musulmanes que la mente secular y no se sienten bien en Francia, me recuerda que hay 57 magníficos países musulmanes en el mundo,
más bajo-tripulados, y listos para recibirlos con los brazos abiertos halal, de conformidad con la sharia. Si usted dejó su país para Francia y no de otros países musulmanes es que usted ha visto que la vida es mejor en Francia que en otros lugares.
Hágase la pregunta, sólo una vez, ¿por qué es mejor que en Francia, donde vienes? Cantina con carne de cerdo es parte de la respuesta.

Jean Leonetti, alcalde de Antibes
Nota WikiBlues: Esto es una traduccion automatica de la carta aqui debajo para los que tengan interes en la version original.



sábado, 6 de abril de 2013

Bildu, forzado, reconocerá por primera vez a una víctima de ETA



06/04/2013 ESPAÑA/El Mundo
Concederá el lunes la Medalla de Oro a Begoña Urroz, con retraso y sin publicidad

El Gobierno de Bildu en San Sebastián llevará a cabo este lunes su primer homenaje a una víctima del terrorismo con la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a los familiares de Begoña Urroz, la niña de 22 meses asesinada por la explosión de una bomba colocada en una estación de tren en 1960 y que está reconocida como la primera víctima de ETA.
Lo hará el alcalde, Juan Karlos Izagirre, pero no por convicción sino porque se ha visto forzado por un mandato del Pleno, que en junio del pasado año aprobó, con los votos de la oposición, otorgar la máxima distinción de la ciudad a esta víctima. Es por esta obligación, y con un retraso de casi 10 meses desde que se aprobara el reconocimiento institucional, por lo que celebrará este reconocimiento de forma, además, prácticamente clandestina, con un acto privado en la sala de recepciones del Ayuntamiento, sin relevancia pública. La coalición abertzale no quiere darle ningún tipo de publicidad a un homenaje que en absoluto comparte.
De hecho, Izagirre fue muy crítico con la concesión de esta Medalla de Oro en el Pleno, donde se negó a condenar el asesinato de esta pequeña de 22 meses que falleció abrasada. El alcalde acusó a los grupos de «manipulación» y de «utilización política» por tratar de «desvirtuar» la historia al atribuir este asesinato a la banda terrorista cuando, según su versión, es achacable al grupo Directorio Ibérico de Liberación (DRIL).
Urroz no fue reconocida como víctima del terrorismo hasta el pasado año, en virtud de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, cuya aplicación le otorgó esta consideración, lo que llevó a los partidos de San Sebastián a solicitar que se le entregara la Medalla de Oro de la ciudad, como ya la tiene el resto de afectados por la violencia terrorista.
En enero de 2003, el Pleno del Consistorio acordó conceder esta distinción al conjunto de las víctimas del terrorismo y la violencia (se elevan a un centenar en la ciudad) «en su memoria y como muestra de solidaridad y reconocimiento». La pequeña de 22 meses abre así una macabra lista que ETA ha ido engordado con la sangre de más de 850 nombres en su medio siglo de actividad.
El alcalde se verá obligado, en contra de su criterio, a entregar esta distinción a los familiares, que estarán encabezados por la madre. Los allegados serán recibidos a las 19.00 horas en la entrada del Ayuntamiento por las autoridades -entre ellas los portavoces de los grupos-, y posteriormente se dirigirán a la sala de recepciones, donde Izagirre hará entrega de la Medalla de Oro en un acto sin medios de comunicación y sólo abierto al resto de corporativos. 


El alcalde informó a los grupos de que el lunes cumplirá con el mandato del Pleno ayer, en la Comisión de Derechos Humanos, en la que el PP no participa.
El carácter secreto que ha dado Izagirre a este acto contrasta con el homenaje público, a bombo y platillo, que dispensó ayer el Gobierno municipal a los funcionarios represaliados durante el franquismo, para el que llamó a la banda de txistularis de la ciudad. Con este homenaje, al que acudieron todos los grupos municipales, el Ejecutivo de Bildu quiso saldar una «deuda histórica» con estos trabajadores, que contarán con una placa conmemorativa en el Ayuntamiento.
El forzado reconocimiento del lunes a una víctima del terrorismo, el primero que impulsa Bildu a nivel institucional, llega a punto de cumplirse el ecuador de mandato de la coalición abertzale en San Sebastián y sin que hasta la fecha Izagirre haya convocado un encuentro con las víctimas de ETA dentro del Foro Local de Víctimas.
En el Pleno que aprobó el galardón a Begoña Urroz, Bildu justificó su rechazo en que «no han recibido justicia y reparación algunos donostiarras muertos en las celdas de la Policía, a los que se les negó injustamente el derecho a la vida».

viernes, 5 de abril de 2013

La defensa trata de aplazar el juicio de París


  • JUAN MANUEL BELLVER PARÍS CORRESPONSAL
  • 05/04/2013 ESPAÑA/El Mundo


  • Los terroristas lo intentan con una cuestión de procedimiento sobre el peritaje del arma

    ¡Otra de gambas… y que pague el Estao! Las fotos de los cadáveres de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero no afectaron ayer lo más mínimo a los seis etarras que se sientan en el banquillo de la Audiencia de París. Proyectadas para que las viera toda la sala durante la tercera jornada del juicio por el asesinato de Capbreton, los primeros planos de los orificios de bala ni siquiera llamaron la atención de algunos de los encausados, que siguieron hablando entre ellos como si nada y no quisieron responder a las preguntas del Tribunal Especial para Asuntos de Terrorismo que les juzgará durante las próximas semanas.

    Los familiares de las víctimas, por su parte, volvían la vista para no fijar en la retina la imagen del hijo o el hermano tiroteado en la cabeza. Salvo José Centeno, padre de uno de los agentes ejecutados a sangre fría por ETA el 1 de diciembre de 2007, que mantenía la mirada fija en los presuntos autores del crimen, como tratando de escudriñar un gesto de culpabilidad o de humanidad por su parte que nunca llegó.

    Ni Mikel Carrera Sarobe ni Saioa Sánchez Iturregui ni Asier Bengoa López de Armentia, que están acusados de asesinato premeditado como miembros del comando con que los dos guardias civiles, desarmados y de paisano, se toparon inesperadamente aquella mañana en Las Landas, movieron una sola pestaña.

    Uno de sus posibles cómplices, Ibon Goieaskoetxea, leyó una declaración pidiendo la liberación de los etarras enfermos de gravedad y citando las recientes muertes en cautiverio de Francisco Javier López Peña, alias Thierry, y Ángel Figueroa.

    Por su parte, sus abogados insistieron ayer en reclamar un aplazamiento del proceso por cuestiones de procedimiento relacionadas con la incorporación de un nuevo peritaje sobre el arma del crimen. Dicho peritaje indica que la pistola, una Smith & Wesson de modelo MP9, tenía dos trazas masculinas de ADN en el cargador, pero de una calidad insuficiente para ser utilizadas. Así que el representante de la defensa Robert Gaston exigió un aplazamiento o la comparecencia de la juez instructora, Laurence Le Vert, para que explicara «las razones de que no se comunicaran» esas pruebas.

    Para su colega Jean-François Blanco, es «anormal» que se les haya transmitido ahora ese nuevo informe. «Hay dos justicias, la justicia antiterrorista y la otra», señaló Blanco, que dijo que las pruebas de ADN sobre el arma, encontrada en octubre de 2009 en un zulo de ETA en Rivière, en el sureste de Francia, estaban hechas desde octubre del pasado año.

    El letrado Bérenger Tourne, que representa a las familias de los guardias personadas en París como acusación particular, criticó por su parte «las gesticulaciones de la defensa» y «los incidentes» que está intentando provocar desde el inicio del juicio, el pasado martes, e insistió en que los allegados de Centeno y Trapero «no podrían soportar un aplazamiento» después de haber esperado casi cinco años y medio el juicio. La presidenta, Xavière Simeoni, anunció que el tribunal comunicará hoy su dictamen sobre esta nueva demanda de la defensa para desbaratar el juicio.

    El resto de la tercera jornada estuvo dedicado a escuchar la declaración de varios testigos presenciales del asesinato, entre ellos René Larigaudière, que desde una gasolinera cercana pudo escuchar las detonaciones y ver a 50 metros al que disparó contra los agentes, que identificó como un hombre. Según Efe, otra testigo clave, Isabelle Machado, que no acudió a la vista alegando estar enferma, pasó junto al coche de Centeno y Trapero cuando éstos en su interior estaban rodeados por los tres etarras. En sus declaraciones ante la policía y los jueces dijo haber presenciado «un altercado de una extrema violencia», en el que hablaban en español, e identificó formalmente a Sánchez Iturregui.

  • J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN
  • 05/04/2013 ESPAÑA

  • Queja de Herrira ante Francia por 'Thierry'

    Se concentra ante el Consulado en Bilbao y entrega una protesta por el trato dado al etarra

    Con el entorno radical en plena campaña para denunciar una supuesta mano negra tras la muerte del ex jefe de ETA Xabier López Peña, Thierry, -fallecido el pasado sábado en un hospital de París tras sufrir un derrame cerebral-, Herrira, el colectivo de apoyo a los reclusos de la banda terrorista, dio ayer un paso más al registrar una queja formal ante el Consulado de Francia en Bilbao por el trato dado por los servicios médicos galos al etarra (su familia ha denunciado que le dispensaron un trato de «perros rabiosos»).
    Herrira culpó directamente al Estado francés de la muerte de Thierry por las medidas de excepción «impuestas» por el Gobierno a los «presos políticos» vascos, según expuso su portavoz, Roberto Noval, que encabezó una concentración ante el Consulado que reunió a unas 200 personas. Entre sus protestas, este colectivo denuncia que el ex jefe de ETA no pudo tener un «tratamiento médico adecuado» a la dolencia cardiaca que motivó su primer ingreso hospitalario; e incluso que no pudiera ser visitado por sus médicos de confianza que se encontraban a «más de 1.000 kilómetros de distancia» del penal parisino de Fleury-Merogis, lugar de reclusión de Thierry.
    Herrira no se quedó ahí y a la queja presentada acompañó la exigencia de una investigación por parte de las autoridades francesas ya que, desde su punto de vista, son precisas «explicaciones» y «respuestas» para «saber qué ha sucedido desde que López Peña entró por su propio pie en el hospital hasta su fallecimiento». Según censuró este colectivo, «aún no tenemos ninguna información médica y el equipo médico tampoco nos ha explicado lo que ha acaecido durante esas semanas».
    A la espera de obtener respuestas a estos interrogantes, Herrira se reafirmó en la convocatoria de la manifestación que mañana recorrerá Bilbao en recuerdo al ex jefe de ETA. La Audiencia Nacional deberá determinar si la prohíbe o no tras la denuncia del Gobierno y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Herrira dice que busca «hacer apología de la paz» y de la «solución política para el conflicto que vive este país».

    miércoles, 3 de abril de 2013

    El incomprensible caso de Francisco Javier Torronteras


    • NUEVE AÑOS DE SU MUERTE
      J.J.E/La Gaceta
      El 3 de abril el geo Torronteras moría en una explosión junto a los presuntos autores del 11-S. Nueve años después su caso continúa sin resolver.
    • Uno de los sucesos más extraños de los atentados del 11-M fue laprofanación de la tumba del miembro de los GEO de la Policía Francisco Javier Torronteras.
      Como se recordará, Torronteras falleció en la explosión que costó la vida a los terroristas refugiados en un piso de Leganés. Su propia muerte llamó la atención porque, en principio, un policía con su experiencia no podía haber cometido lo que a todas luces fue un error de novato. Pero lo más extraño vendría justo después. Torronteras fue enterrado de manera completamente inusual: mucho antes de que se cumplieran las 24 horas de su defunción y, según parece, sin que se le practicara la autopsia. Después, como se sabe, la tumba fue profanada y el cadáver, mutilado, deformado y quemado hasta quedar irreconocible. Incluso se le amputó una mano. La versión oficial de los hechos asegura que a este cadáver quemado y mutilado se le aplicó la prueba del ADN y así se determinó que era Torronteras. Lo que algunos dudan es que el cadáver hallado de tal guisa, tan horriblemente profanado, fuera el mismo que estaba enterrado en el nicho.
      ¿Quién y por qué?
      La pregunta es quién y por qué profanó la tumba. Nadie ha averiguado nada jamás. Se ha hablado de islamistas radicales en busca de venganza, pero sería la primera vez que hacían algo así, y desde luego fue la última. También se habló de simple gamberrismo, pero esta es una acción demasiado aventurada para simples vándalos. El hecho es que quienes profanaron la tumba de aquel valiente policía se tomaron la molestia de dejar el cadáver aún menos reconocible de lo que estaba. Teoría de la conspiración: alguien se llevó el cadáver original y puso en su lugar este otro. Y sin embargo, las pruebas de ADN verificaron que era Torronteras. Bien es cierto que a la opinión pública no trascendió cómo se hizo aquella prueba ni a partir de qué familiares directos.
      Lo último que se supo del cadáver de Torronteras fue que se procedió a su incineración. A partir de ahí, este hilo de la densa trama del 11-M quedó literalmente cegado. Lo único que sobrevivió al episodio fue el nombre de un buen policía que murió en acto de servicio. Uno de los héroes del 11-M. 

    Bildu lleva a los «presos políticos» hasta 'la Luna'

    M. ALONSO SAN SEBASTIÁN 

  • 03/04/2013 ESPAÑA/El Mundo

  • Una revista del Ayuntamiento donostiarra resalta los kilómetros de la dispersión
     
    Madrid 2.020. Una oportunidad única para España y para Madrid, que no se puede desaprovecharEl Gobierno de Bildu en San Sebastián ha editado una revista de propaganda para resaltar los logros de su gestión en la que, en materia de pacificación, ensalza a los «presos políticos» vascos al resaltar la cifra de 73 etarras que se encuentran encarcelados mientras no hace ninguna alusión al más del centenar de víctimas que ha causado ETA en la ciudad.

    Incluso, en sus críticas a la política penitenciaria del Gobierno español hacen una comparativa con los kilómetros que «hemos hecho» a las cárceles para visitar a los presos de ETA a consecuencia de la dispersión con los viajes de ida y vuelta a la Luna que serían necesarios para cubrir esta distancia recorrida.

    En la revista, que está siendo buzoneada por San Sebastián, de 16 páginas y costeada por Bildu, el Ejecutivo de Juan Karlos Izagirre reproduce en castellano y euskera la Declaración de Aiete, que es la hoja de ruta de la izquierda abertzale para lograr la pacificación en Euskadi al incluir todas las reivindicaciones de ETA, como única propuesta para alcanzar la normalización política. Y acompaña el texto con una silueta en blanco de los seis expertos internacionales que participaron en la Conferencia de Paz impulsada por la antigua Batasuna que se celebró en la capital guipuzcoana el 17 de octubre de 2011, entre ellos el ex presidente de la ONU Kofi Annan o el responsable del Sinn Fein, Gerry Adams.

    En la doble página dedicada a la pacificación en Euskadi, las víctimas de ETA brillan por su ausencia y la única alusión es la genérica apuesta de Bildu por «reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas», resaltando el 100% de su compromiso con los conceptos de «verdad, reconocimiento y reparación».

    Por contra, dedica un destacado apartado a los presos de ETA, a los que vuelve a denominar «presos políticos». Resalta que 265 han pasado por la cárcel desde que «empezó la dispersión en 1989», lo que, según sus cálculos, supone que «hemos hecho», a consecuencia de la política de dispersión, un total de 103.116.923 kilómetros. Esta cifra equivale, como recoge, a 143 viajes de ida y vuelta a la Luna, una media de seis recorridos al año. Asimismo, destaca como aspecto trascendental el haber cedido al Grupo Internacional de Contacto, liderado por el abogado sudafricano Brian Currin, unas estancias en la Casa de la Paz de Aiete para que desarrolle su labor.

    Y la cosa no queda aquí. Dentro de sus logros para acabar con el «despilfarro» en el Ayuntamiento, el Ejecutivo de Bildu se jacta de haber reducido el pasado año en 1,3 millones de euros el gasto municipal destinado a costear los guardaespaldas de los concejales amenazados por ETA (la Guardia Municipal cubría parte del servicio de escolta de los ediles de PP y PSE), fruto del cese de la actividad armada decretada por la banda terrorista.

    La «deliberada» omisión a las víctimas del terrorismo fue denunciada por el PSE, que consideró «insultante» que el Gobierno de Bildu «olvide en su panfleto al largo centenar de víctimas que ETA ha causado en San Sebastián a lo largo de los años», además de heridos, amenazados y extorsionados. «Al alcalde debería darle vergüenza», censuró la edil socialista Marisol Garmendia. También aludió al recorte en seguridad del que se jacta Bildu para replicar que «más podríamos haber ahorrado todos si ETA hubiese abandonado antes las armas, objetivo para el que Bildu y la izquierda abertzale sin duda deberían haber contribuido más decididamente».

    Por otra parte, Aralar aseguró ayer que la tesis sobre el carácter «político» de los presos de ETA defendida por su secretario general, Patxi Zabaleta, se enmarca «dentro de los principios e ideología» que ha tenido «siempre» esta formación en respuesta a las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar si estas palabras suponen enaltecimiento del terrorismo.


    SORTU

    Y ahora les llama 'presos de guerra'
    El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ignoró ayer las advertencias del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y no sólo volvió a calificar a los etarras como «presos políticos», sino que también los definió como «presos de guerra» o «pows», en su acepción inglesa. En concreto, Barrena se refirió a este asunto en dos 'tweets', recogidos por Servimedia, que este dirigente abertzale difundió ayer a través de su cuenta personal. El envío se produjo después de que Interior enviara a la Fiscalía unas declaraciones de Barrena sobre el ex cabecilla etarra Xabier López Peña, 'Thierry', recientemente fallecido en Francia de un derrame cerebral. Precisamente ayer, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió ya diligencias para investigar si Barrena enalteció el terrorismo al asegurar el pasado 16 de marzo que los delitos cometidos por los presos de ETA tienen «una clara motivación política».

    . L. MADRID
  • 03/04/2013 ESPAÑA
  • «Es una ofensa hablar de presos políticos de ETA»

    El ministro del Interior anuncia que perseguirá a todos los que hagan apología

    El Ministerio del Interior no está dispuesto a perder la batalla del lenguaje con ETA y su entorno. Y quiere darla para que nadie tache de presos políticos a los etarras sin responder por ello ante los tribunales. Su titular, Jorge Fernández Díaz, volvió ayer a la carga ante las víctimas en un homenaje organizado en Madrid por la AVT: «Es una ofensa absoluta» referirse a los etarras como presos políticos «cuando estamos hablando de vulgares terroristas».

    «En España no hay presos políticos, sólo hay asesinos. Los etarras son asesinos», aseguró durante la entrega del II Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de la AVT.

    «Cada vez que ellos hablen de presos políticos hay que recordarles que en España no hay presos políticos, que España es una democracia, y lo que hay son presos terroristas cumpliendo sus condenas», explicó Fernández.

    Por eso, añadió, «quien hable de presos políticos o de muertes políticas puede incurrir en un delito», motivo por el que Interior ha remitido a la Fiscalía unas declaraciones recientes del portavoz de Sortu, Pernando Barrena, y del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, al considerar que pueden haber incurrido en un delito de enaltecimiento del terrorismo.

    Durante el Aberri Eguna (Día de la patria vasca) celebrado este domingo, Barrena afirmó que la muerte del ex jefe de ETA Xabier López Peña Thierry, al que calificó como «preso político vasco», ha sido «consecuencia de la actitud de los estados que niegan cualquier tipo de solución al conflicto político vasco».

    Según el ministro, Interior ha trasladado a la Fiscalía «todas las pruebas de todos los actos celebrados en los últimos días que han tenido que ver con enaltecimiento del terrorismo». «España es una democracia, un estado democrático y por tanto no hay delitos políticos ni de opinión; no hay presos políticos».

    La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, defendió que es preciso pedir «ya» la ilegalización de Sortu y de EH Bildu porque las declaraciones de sus dirigentes sobre Thierry y los presos suponen «exaltación y apología del terrorismo».

    «No podemos seguir así», aseguró a los periodistas tras la ceremonia de entrega de los premios. En este sentido, señaló que «queda claro» que las actuaciones de EH Bildu y de Sortu durante el día del Aberri Eguna fueron «exaltación, apología del terrorismo», tal y como a su juicio demuestran las pruebas que tanto el Ministerio del Interior como la AVT han enviado a la Fiscalía.

    La AVT entregó los II Premios Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia a los servicios de Emergencia y Seguridad de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por su «inmensa labor, ayuda y sensibilidad» en los «momentos de pánico y caos» tras un atentado.

    La entrega tuvo lugar en la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol, en un emotivo acto al que asistieron, además del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, así como el presidente de la Comunidad Ignacio González, y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Enrique Núñez.

  • JUAN MANUEL BELLVER PARÍS CORRESPONSAL
  • 03/04/2013 PORTADA
  • El olor de los etarras, clave en el juicio por los asesinatos de Capbreton

    La huella de sudor de los etarras Saioa Sánchez, Asier Bengoa y Mikel Carrera, Ata, puede ser la prueba definitiva de que asesinaron a dos guardias civiles en Capbreton.

    El olor corporal, una prueba pericial que tiene validez en la legislación francesa pero no en la española, fue recogido entonces por los agentes de la policía científica en las sillas de la cafetería Les Ecureils de Capbreton, donde los tres terroristas habían detectado a los guardias Raúl Centeno y Fernando Trapero, que se hallaban de paisano y desarmados, realizando una operación coordinada con la Subdirección Antiterrorista gala en este municipio de Las Landas.

    Según fueron cayendo después los integrantes del comando -el último, Ata, en mayo de 2010-, sus olores se confirmaron como los de los autores del doble crimen. Y esta prueba, unida a diversas muestras de ADN y huellas digitales halladas en el coche utilizado en su huida, podría ser vital ahora para condenarlos a cadena perpetua.

    En la Cour d'Assises, el tribunal especial que se ocupa de los delitos de terrorismo, serán juzgados hasta el próximo 24 de abril, igualmente, Ibon Goieaskoetxea Arronategi, Eider Uruburu Zabaleta, Garikoitz Aspiazu Rubina Txeroki e Iratxe Sorzabal Díaz, por considerarlos implicados de un modo u otro en el atentado, aunque esta última no se sentó en el banquillo ya que sigue en busca y captura.
    «Ojalá se les pudiera condenar a muerte», decía Blanca Esther Bayón González, la madre del guardia Raúl Centeno, que ayer vio por primera vez en persona a los asesinos de su hijo. «Yo les aplicaría la ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente. Y, si no, la pena máxima», que en el Hexágono, para asesinatos a sangre fría con premeditación y alevosía puede llegar a ser cadena perpetua.

    Tanto las familias de los dos guardias como el Estado español se han personado en el Palais de Justice como acusación. Los allegados estaban ayer acompañados por la directora general para las Víctimas, Sonia Ramos, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, y Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. La hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua secuestrado y asesinado por ETA en 1997, declaró antes del inicio de la vista que esperaba que en este juicio «todo el peso de la ley caiga sobre los asesinos».

    Según indicó Daniel Portero, su presencia en París estos días se debía a la voluntad de las instituciones y asociaciones de «arropar a las familias de los guardias civiles y darles la esperanza de que se hará Justicia».

    Los gritos de «Gora ETA!» al entrar en la sala de los seis encausados provocaron sin duda escalofríos a los parientes más próximos de Centeno y Trapero, que murieron a la edad de 23 y 24 años. «¿Cómo se siente al tener enfrente a los presuntos responsables de la muerte de su hijo?», le preguntó la prensa durante un receso a Fernando Trapero Gómez, que fue brigada del Instituto Armado hasta que se jubiló en 2006 y cuyos pasos quiso seguir el fallecido Fernando Trapero Blázquez hasta que un trío de etarras le detectó, le siguió y le asesinó en un aparcamiento de Las Landas. «Ya se lo imaginan», se limitó a responder.

    Luego, en otro descanso, se explayó con EL MUNDO un poco más: «A esos tipos les preguntaría: ¿De qué ha servido la muerte de mi hijo y su compañero? Ellos se van a pudrir en la cárcel y sus familiares van a sufrir. Han destrozado a nuestras familias y estarán sufriendo también ellos. ¿Para qué? Yo no voy a alegrarme del sufrimiento de nadie, porque lo que yo he pasado no se lo deseo a nadie. Mientras, los de cuello blanco están en los despachos o en los partidos, si vamos a ser más exactos».

    Para Trapero, el asesinato de Capbreton fue determinante para que las autoridades francesas apretaran el cerco a ETA. «No es que antes no hicieran nada, pero lo cierto es que, a partir de ese momento, les han buscado de día y de noche y han ido cayendo». «Lo más doloroso para nosotros es escuchar el relato de los testigos sobre la escena del crimen», explicó Blanca Bayón González. «A mi hijo lo dispararon de forma cobarde y luego lo remataron. Esperamos que se haga Justicia».

    martes, 2 de abril de 2013

    La abogada de 'Thierry' llama «perros rabiosos» a los médicos franceses

    M. ALONSO BAYONA (FRANCIA)

  • 02/04/2013 PORTADA/El Mundo

  • Les acusa de «trato salvaje e inhumano»


    La abogada de etarras Yolanda Molina, ayer en Bayona en la rueda de prensa de Etxerat. / CAROLINE BLUMBERG / EFE
    La ira y rabia que mostró el ex jefe de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry, cuando, esposado, irrumpió a gritos ante los medios gráficos en Burdeos tras su detención en 2008, la proyectó ayer también su abogada, Yolanda Molina, en representación de la familia del etarra fallecido. Enfurecida y en momentos emocionada por su muerte, acusó a los servicios médicos franceses de haber dado un trato «salvaje, inhumano y de perros rabiosos» a López Peña, a sus familiares y a sus allegados.

    En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bayona con motivo del fallecimiento, el sábado, de Thierry a consecuencia de un derrame cerebral, Molina disparócontra todos. Irritada, en ocasiones exasperada, denunció el trato «salvaje, inhumano y de perros rabiosos» que, según ella, dispensaron los médicos al recluso y su familia desde su primer traslado al hospital el 11 de marzo por problemas cardiovasculares. Anunció medidas legales contra todas las instancias que han intervenido por las «impensables» circunstancias que, dice, rodean su muerte e incluso alentó las sospechas sobre las causas de su fallecimiento.

    La izquierda española nunca ha renunciado sinceramente a la violencia como medio para lograr de su único fin: el Poder. El poder saquear los Presupuestos Generales del Estado«Lo han conseguido», aseveró la abogada para alimentar las dudas que existen en la familia de Thierry sobre todo lo que rodea al fallecimiento a los 54 años de quien dinamitó la tregua de 2006 al instigar el atentado de la T-4 de Barajas que acabó con el «alto el fuego» de ETA. Molina, que rompió a llorar en un momento de su intervención, afirmó no comprender «qué ha pasado» y se basó en el hecho de que en Cuidados Intensivos «no se explican cómo ha podido tener un empeoramiento súbito y no previsto».

    Esta situación hace que su familia sostenga que «cualquier posibilidad está abierta con lo que han hecho» con Thierry. «Pensamos de todo», enfatizó.

    Para fundamentar sus sospechas, la letrada, que habló en francés y euskera (posteriormente ofreció un corte en castellano a los medios españoles), aludió a los numerosos «impedimentos administrativos» que sufrió la familia para conocer el paradero de Thierry y su situación clínica, y que evitaron que le vieran en vida. A este respecto, censuró que la comunicación del fallecimiento a los allegados se produjo cuando acudieron al servicio de cardiología del hospital Pitié-Salpêtrière de París para visitarle. «Nadie lo entiende», criticó.

    Junto a esta circunstancia, la familia apunta como causas que generan dudas el que aún no han podido ver su cuerpo (esperan hacerlo hoy en el tanatorio del Instituto Médico Legal de la capital gala), que la autopsia fue practicada sin la presencia de ningún médico de confianza, que no se les ha facilitado el informe sobre su fallecimiento y que incluso hubo policías de España y Francia en la habitación del hospital en la que se encontraba Thierry.

    A la vista de estas circunstancias, su familia anunció que presentará denuncias ante los tribunales por «el comportamiento de la autoridad judicial que se encargaba [del caso], de la Administración Penitenciaria y del servicio médico anormal».

    Thierry fue trasladado el 11 de marzo de la prisión francesa de Fleury-Merogis, en París, al hospital Corbeil-Essonne para recibir cuidados a consecuencia de unos problemas cardiovasculares. Tras surgir complicaciones, dos días más tarde fue evacuado al hospital Pitié-Salpêtriere, donde fue intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, sufrió un derrame cerebral.

    En la comparecencia de ayer en Bayona, la familia de Thierry, representada por su hermano Juanma López Peña, estuvo arropado por representantes de los colectivos de apoyo a los presos de ETA Herrira y Etxerat, así como de la asociación sanitaria afín a la izquierda abertzale Jaiki Hadi, quienes exigieron que se aclaren «los numerosos puntos oscuros y la falta de información existente en torno a lo sucedido».

    A la espera de que se interpongan las denuncias, las muestras de apoyo a Thierry se volvieron a suceder ayer en su localidad natal, Galdácano (Vizcaya), con una nueva movilización que se sumó a la marcha de la jornada anterior.

  • C. REMÍREZ DE GANUZA MADRID
  • 02/04/2013 ESPAÑA
  • El Gobierno insta a actuar contra Sortu

    No pide a la Fiscalía ilegalizarla, sino proceder contra su portavoz por enaltecimiento

    El Gobierno hizo ayer un gesto puntual pero significativo de endurecimiento de su política antiterrorista. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó la remisión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de las recientes declaraciones del portavoz de Sortu, Pernando Barrena, sobre el fallecido etarra Xabier López Peña Thierry, por si fueran constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

    Asimismo, Interior pidió que se actúe contra el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, quien días antes reivindicó las palabras de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, cuando calificó de «muertes políticas» los asesinatos de ETA.

    Barrena declaró que la muerte de Thierry, el pasado sábado, «es consecuencia de la actitud de los Estados español y francés». Zabaleta, por su parte, afirmó que «los asesinatos de ETA son muertes políticas que se podrían haber evitado».

    Además, y al mismo tiempo, el Ministerio anunció el traslado a la Fiscalía de todo el material relacionado con los actos de homenaje al etarra que Sortu celebró el domingo en Pamplona, por si pudieran ser igualmente constitutivos de delito del artículo 578 del Código Penal (enaltecimiento o justificación del terrorismo, o humillación de las víctimas). Sólo el texto del cartel de Sortu sobre el etarra fallecido lo calificaba de «preso político asesinado».

    Una iniciativa a la que se unieron jueces, fiscales y policías a través de sendos colectivos, como la Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Confederación Española de Policía y el Sindicato Unificado de Policía.

    El portavoz de este último, José María Benito, apuntó además que las «decisiones» no sólo deberían afectar a «personas» sino a «partidos», porque el acto de homenaje a Thierry pudo incumplir la Ley de Partidos. «En la lucha antiterrorista no hay que actuar con titubeos sino con firmeza», declaró a Europa Press.

    Las víctimas del terrorismo abundaron en ello. Los portavoces de la AVT y de Dignidad y Justicia -Ángeles Pedraza y Daniel Portero- entendieron el homenaje a Thierry como un motivo más para ilegalizar a Sortu y a EH Bildu «cuanto antes».

    En esta misma línea, y con la contundencia que le caracteriza, se pronunció el dirigente popular Jaime Mayor Oreja. En una entrevista en la Cope, y en relación con éstos y otros hechos, el portavoz en el Parlamento Europeo pidió la ilegalización de Sortu y de Bildu y abogó por «dar marcha atrás en el proceso de paz con ETA», aunque sea «dolorosa».

    No obstante, tanto el Gobierno como el PP se desmarcaron ayer de estas manifestaciones. Las fuentes consultadas en Interior aseguraron que correspondería a la Fiscalía, en su caso, reunir datos e impulsar la citada ilegalización.

    En cuanto al PP, su portavoz Iñaki Oyarzábal se desmarcó sin tapujos de Jaime Mayor. En declaraciones a este diario afirmó que «ya es conocida su posición sobre la necesidad de ilegalizar ya» a las formaciones abertzales, pero que el PP, estando de acuerdo con el Tribunal Supremo y no con el Constitucional sobre el particular, entiende que debe ser la Fiscalía la que «tome nota y advierta de las causas de ilegalización».

    Según explicó, «son el Gobierno y la Fiscalía quienes deben juzgar si se puede armar un proceso de ilegalización de estas características» y actuar con «prudencia», ya que «si sale mal, supondría oxígeno para ellos».

    Oyarzábal se mostró plenamente de acuerdo con Interior en instar a la Fiscalía a actuar contra los portavoces de Sortu y Aralar; expresó su «estupor» por sus declaraciones y sus actos de homenaje; y prometió que el Gobierno actuará con «firmeza» y estará «vigilante».

  • LEYRE IGLESIAS BILBAO
  • 02/04/2013 ESPAÑA
  • Los altibajos del Gobierno con la 'vía Nanclares'

    Abandonó su apuesta tras las reacciones a la libertad de Bolinaga

    El futuro de la vía Nanclares que ensayaron los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López con una veintena de presos disidentes de ETA es una incógnita desde que Mariano Rajoy desembarcó en La Moncloa. Primero la avaló, lanzando incluso un plan de reinserción por primera vez como oferta pública a los reclusos de ETA. Pero desde que la política penitenciaria se erigió en cuestión nacional con los nombres de Josu Uribetxeberria Bolinaga y Henri Parot en verano de 2012, la apuesta por esta vía de resocialización desde las prisiones vascas se ha detenido.

    Aquel verano fue el punto de inflexión. Coincidieron la excarcelación del primero, enfermo de cáncer, que soliviantó a algunos sectores, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la doctrina Parot, que mantiene entre rejas a unos 60 de los terroristas más sanguinarios de ETA, y que ahora revisa la Corte Europea por última vez.

    Desde esas fechas, la apuesta del Gobierno por los presos disidentes de ETA se ha difuminado. El problema no lo tiene el presidente en el conjunto de España, pero sí en el País Vasco. En la clase política vasca ajena a su partido cunde la idea de que el Ejecutivo central ha despreciado la vía de reinserción que se estaba convirtiendo en una potente herramienta para subrayar la sinrazón del terrorismo.

    La noticia filtrada esta semana de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- ha negado el tercer grado a Iñaki Recarte y Kepa Pikabea y el régimen de semilibertad a Aitor Bores ha ahondado en esta sensación. Mientras, desde la Administración aseguran que son tres casos aislados y tres decisiones «temporales» que no implican un carpetazo a la vía de reinserción.

    La filtración de esta noticia, que en realidad es vieja -las resoluciones, al contrario de que lo ha trascendido, datan de marzo, junio y septiembre-, empuja de hecho a pensar que al Gobierno le interesa demostrar, sobre todo ante los colectivos de víctimas, al igual que con la doctrina Parot, que su política es estricta con los presos terroristas, ante la posibilidad de que, en los próximos días, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, pueda adoptar la decisión contraria.

    Pero el Ejecutivo no arrancó así. En mayo de 2012, Fernando Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares culminaron por primera vez el programa diseñado por el PSOE alcanzando la libertad provisional como superación del tercer grado, después de haberse desvinculado completamente de ETA, haber pedido perdón por sus crímenes y empezar a pagar las indemnizaciones derivadas de sus delitos.

    El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, también ha concedido el tercer grado a tres disidentes: Juan Manuel Fernández Pérez de Nanclares (febrero de 2012), Joseba Andoni Díaz Urrutia (abril de 2012) y Jurgi Oteiza Nazabal (julio de 2012).

    Todo esto antes del caso Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara cuya excarcelación desató entre los populares un miedo atroz a perder la base social del mundo de las víctimas, al menos el de las asociaciones más combativas y que más influyen a través de los medios de comunicación.
    El escándalo también interrumpió un plan que había empezado a gestarse con la colaboración del PP vasco para dar continuidad a las aulas de convivencia a las que había acudido una decena de reclusos en la etapa anterior. La idea de los populares era cambiar la fórmula, de modo que estuviera totalmente controlada por funcionarios de la cárcel y no basada en debates con invitados externos.
    Por aquellos talleres habían pasado 13 políticos, profesores, responsables de asociaciones pacifistas y también víctimas del terrorismo de todas las sensibilidades (Joseba Arregi, Gorka Landaburu, Jonan Fernández, Manuel Reyes Mate...). Este plan, por ahora, está parado, a la espera de nuevos presos que no llegan.

    Y no llegan, en parte, porque en las cárceles el mensaje que les hace llegar la izquierda abertzale es que esperen sin significarse: les aseguran que ellos les conseguirán un plan de salidas colectivo aunque escalonado. Así que, de momento, nadie quiere iniciar el arrepentimiento público si puede seguir siendo considerado como un héroe para los suyos.

    El problema del Ministerio de Jorge Fernández Díaz es que, si no apoya -en forma de permisos o cambios de grado- la reinserción en la que dice confiar, corre el serio riesgo de que su oferta a los presos que aún no han dado el paso pierda toda credibilidad. Si los que sí cumplen los requisitos legales no consiguen los beneficios previstos -a los que los reclusos siempre se han negado por orden de la banda terrorista-, a sus ojos esa vía no merecerá la pena.

    lunes, 1 de abril de 2013

    Víctimas del 11-M intentan reabrir el 'caso Manzano'

  • J. MANSO M. MARRACO MADRID
  • 01/04/2013 ESPAÑA/El Mundo


  • Usan una vía reservada a los afectados para recurrir el archivo que motivó la cosa juzgada

    El caso ERE, la mayor trama de corrupción de la Historia de EspañaLa Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M agotará todas las posibilidades legales para aclarar qué sucedió con las muestras de explosivo que llegaron a las instalaciones de los Tedax procedentes de los trenes y que, según expuso la Fiscalía en varios escritos en los que defendió investigar al ex comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, «en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino».

    Tras el carpetazo que hace dos semanas le dio el Supremo a la causa por una cuestión técnica procesal, sin llegar a valorar si Manzano ya había sido investigado anteriormente y si procede, por tanto, aplicar el principio de cosa juzgada que argumentó la Audiencia de Madrid, la única vía que les queda a las víctimas es la que dejó abierta este último tribunal en el auto en el que archivó el caso en febrero de 2012: la de personarse como acusación en el primer procedimiento en el que fue denunciado el ex jefe de los Tedax y recurrir su sobreseimiento. Eso es lo que harán hoy a través de un escrito del abogado José María de Pablo.

    La Audiencia de Madrid archivó la causa que se seguía por la posible destrucción de pruebas del 11-M en el Juzgado de Instrucción número 43, el de Coro Cillán, porque sostiene que, como otro juez de la Plaza de Castilla ya había sobreseído una denuncia previa que incluía a Manzano, eso impide una segunda investigación contra el ex jefe de los Tedax.

    En concreto, fue el Juzgado de Instrucción número 6, que dirige el juez Ramiro García de Dios, el que despachó con un sobreseimiento libre, sin practicar ninguna diligencia, un escrito genérico de cinco folios del partido Alternativa Española contra el tedax, su perito químico y otros 10 mandos de la Policía. El denunciante decía apoyarse en el libro Titadyn, pero luego ni siquiera se personó para recurrir ese archivo.

    Como recuerda ahora el abogado De Pablo, la Audiencia de Madrid, pese a apreciar la cosa juzgada contra el criterio de las víctimas y de la Fiscalía, señaló que su decisión «no impide» que quienes se consideren perjudicados por los posibles delitos que se imputaban a Manzano puedan solicitar que se les notifique aquel primer sobreseimiento. La querellante Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la AVT -las acusaciones que no representen a víctimas del terrorismo quedan fuera de esta vía legal- sostenían que la destrucción de los restos recogidos en los focos entorpeció gravemente la investigación del atentado.

    Una vez se les comunique, podrán presentar un recurso. Si fuera rechazado, aún cabría otra nueva apelación ante la Audiencia. La Asociación de Ayuda -presidida por Ángeles Domínguez- pretende incorporar a sus escritos la investigación que se llevó a cabo durante más de dos años en el juzgado número 43.