La Policía investiga la desaparición de la parte del sumario del
chivatazo declarada secreta por el juez Ruz por razones de «seguridad
del Estado»
. El fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, ha denunciado el robo de
un disco duro que tenía en su despacho de la Audiencia Nacional con
información «inédita, secreta y sensible» sobre el chivatazo policial en
la era Rubalcaba a la red de extorsión de ETA.Los ladrones fueron «a tiro hecho», según destacan fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. De los numerosos sumarios e informes que había en el despacho del fiscal Bautista, sólo se llevaron los secretos del caso Faisán. Entre lo sustraído podría haber dos años de pinchazos telefónicos al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies.
Los asaltantes conocían perfectamente que la sede de la Fiscalía, en la tercera planta de la Audiencia Nacional, carece de videovigilancia.
El fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, ha descubierto el robo de un disco duro que custodiaba en su despacho de la Audiencia Nacional con documentación clave y secreta del procedimiento iniciado tras el chivatazo que permitió a la banda terrorista sortear una golpe policial contra su red de extorsión económica.
La Audiencia Nacional investiga el soplo dado presuntamente por
relevantes miembros del Ministerio del Interior a Joseba Elosua, el
cobrador del impuesto revolucionario de ETA, acerca de la inminencia de
una redada prevista en mayo de 2006. Elosua fue alertado de la operación
contra la red de extorsión terrorista coincidiendo con la negociación
que mantenía abierta el Gobierno de Zapatero con la cúpula de la banda.EL MUNDO publicó en marzo de 2011 el acta que levantó la banda terrorista de la reunión celebrada en junio de 2006 con representantes gubernamentales. En este documento se recoge que el chivatazo fue «una decisión política» y que «desde el Gobierno se trató de evitar las detenciones».
El fiscal del caso Faisán tenía una memoria portátil en la que almacenaba información de la causa «inédita, secreta y clave». «Era información muy sensible, que puede afectar a la seguridad nacional», afirman fuentes conocedoras del caso. Carlos Bautista, un fiscal de 46 años con fama de meticuloso, ordenado y trabajador, guardaba el disco duro en el despacho que le asignaron en la tercera planta de la calle de Prim, sede provisional de la Sala Penal de la Audiencia Nacional mientras se ejecutan las obras de reforma del edificio habitual de la calle de Génova.
Tras las primeras pesquisas policiales practicadas, se ha descartado por completo que la pérdida de este dispositivo se produjera durante la reciente mudanza a las nuevas dependencias.
Han sido múltiples las denuncias por parte del personal de la Audiencia Nacional por la desaparición de cajones de mesas de despacho, de banderas, impresoras y material de
oficina, pero el disco duro desaparecido fue depositado sin problemas en el nuevo edificio. En este sentido, se ha concluido que el robo ha tenido lugar en el interior de las instalaciones judiciales. Un extremo que ha sido corroborado al comprobar que no falta nada más en el despacho de Bautista.
Por ello, la investigación que se ha puesto en marcha apunta a que existía la intención clara por parte de los autores de sustraer sólo este dispositivo y que, como aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, «iban a tiro hecho».
A falta de comprobar el contenido exacto del disco duro, las mismas fuentes señalan que albergaba documentos que no han salido a la luz en el procedimiento judicial en el que se investiga el chivatazo a la banda terrorista. Es más, precisan que podrían formar parte de una pieza que permanece todavía secreta en el sumario.
La sustracción se ha producido aprovechando tanto la ausencia de cámaras de seguridad en la tercera planta del edificio, en la que se encuentra ubicado el Ministerio Público, como el caos derivado del traslado íntegro de los Juzgados Centrales de Instrucción y las Secciones Penales de la Audiencia Nacional al número 12 de la calle de Prim. Fuentes policiales añaden que se trata de un «golpe limpio». «Los asaltantes sabían perfectamente adónde iban, que no había cámaras y cuál era el objetivo. Eran profesionales que tenían muy claro lo que hacían y que conocían perfectamente el lugar», puntualizan.
En poder del fiscal Bautista se encuentra, desde el pasado 8 de marzo, la parte del sumario que ha sido declarada secreta por el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Entonces, el magistrado dio traslado al representante del Ministerio Público de cientos de conversaciones telefónicas intervenidas al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés.
Esta pieza del procedimiento alberga dos años enteros de intervenciones telefónicas cuyo contenido, recalcó el propio Ruz en el auto en el que le daba traslado al fiscal, podría afectar «a la Seguridad del Estado». El juez remitió esta documentación a Bautista para que determinase si su contenido debe ser incorporado al sumario principal o si, por el contrario, debe ser mantenido bajo secreto en esta pieza separada del procedimiento.
. M. MADRID 11/10/2012 ESPAÑA
Precedentes ilustres: Gil, los Urquijo y Juan Guerra
El robo de documentos en un juzgado tiene una dificultad añadida:
identificar lo que en concreto se busca no es ni mucho menos fácil, por
lo que necesariamente se precisa la colaboración de algún buen conocedor
de la actividad del órgano judicial. Existen precedentes. Quizá los
cuatro que siguen son los más destacados:
Corrupción en Marbella.El robo más espectacular que se recuerda tuvo lugar en 2001 en los juzgados de Marbella, de donde individuos no identificados sustrajeron 15 procedimientos que instruían tres jueces diferentes. De ellos, 13 afectaban al entonces alcalde, Jesús Gil, por todo el catálogo de delitos de corrupción. La operación incluyó el hurto de los legajos y el borrado de los correspondientes archivos informáticos de los ordenadores de los magistrados. El toque macabro de una historia de película lo puso el suicidio de un agente judicial tras ser detenido, al arrojarse por la azotea mientras la Policía registraba su casa.
La prueba que llevó hasta 'Rafi'.En 1983, a cinco días del juicio por uno de los crímenes que mayor impacto social han producido, el de los marqueses de Urquijo, el presidente del tribunal, Bienvenido Guevara, recibió la noticia de que la principal prueba había sido sustraída. Se trataba de 269 casquillos del calibre 22 que dos años antes habían llevado al arresto de Rafael Escobedo, ex yerno de los asesinados. Cuatro habían sido recogidos en el escenario de los asesinatos y los otros 265, idénticos, en una finca de los Escobedo en Cuenca. El juicio se celebró aun así y Rafi fue condenado. Su suicidio en la cárcel de El Dueso en 1988, dos semanas después de que lo entrevistase Jesús Quintero en TVE, conmocionó a toda España.
El hermanísimo. Los primeros pasos en los juzgados del escándalo de Juan Guerra, hermanísimo del vicepresidente del Gobierno, estuvieron plagados de situaciones sorprendentes. El episodio más pintoresco se produjo en 1993, cuando el juez Conrado Gallardo tuvo que adelantar el contenido de la primera sentencia condenatoria tras descubrir que había sido robada.
Un hombre en el armario. Otra situación rocambolesca se produjo en agosto de 1991, cuando un caco se escondió en un armario del Tribunal Supremo para poder robar el sumario del caso Rumasa, mientras dos compinches le guiaban desde el exterior con un walkie. No lo consiguió porque la secretaria del juzgado lo había movido a otro despacho: el suyo no tenía aire acondicionado.
Corrupción en Marbella.El robo más espectacular que se recuerda tuvo lugar en 2001 en los juzgados de Marbella, de donde individuos no identificados sustrajeron 15 procedimientos que instruían tres jueces diferentes. De ellos, 13 afectaban al entonces alcalde, Jesús Gil, por todo el catálogo de delitos de corrupción. La operación incluyó el hurto de los legajos y el borrado de los correspondientes archivos informáticos de los ordenadores de los magistrados. El toque macabro de una historia de película lo puso el suicidio de un agente judicial tras ser detenido, al arrojarse por la azotea mientras la Policía registraba su casa.
La prueba que llevó hasta 'Rafi'.En 1983, a cinco días del juicio por uno de los crímenes que mayor impacto social han producido, el de los marqueses de Urquijo, el presidente del tribunal, Bienvenido Guevara, recibió la noticia de que la principal prueba había sido sustraída. Se trataba de 269 casquillos del calibre 22 que dos años antes habían llevado al arresto de Rafael Escobedo, ex yerno de los asesinados. Cuatro habían sido recogidos en el escenario de los asesinatos y los otros 265, idénticos, en una finca de los Escobedo en Cuenca. El juicio se celebró aun así y Rafi fue condenado. Su suicidio en la cárcel de El Dueso en 1988, dos semanas después de que lo entrevistase Jesús Quintero en TVE, conmocionó a toda España.
El hermanísimo. Los primeros pasos en los juzgados del escándalo de Juan Guerra, hermanísimo del vicepresidente del Gobierno, estuvieron plagados de situaciones sorprendentes. El episodio más pintoresco se produjo en 1993, cuando el juez Conrado Gallardo tuvo que adelantar el contenido de la primera sentencia condenatoria tras descubrir que había sido robada.
Un hombre en el armario. Otra situación rocambolesca se produjo en agosto de 1991, cuando un caco se escondió en un armario del Tribunal Supremo para poder robar el sumario del caso Rumasa, mientras dos compinches le guiaban desde el exterior con un walkie. No lo consiguió porque la secretaria del juzgado lo había movido a otro despacho: el suyo no tenía aire acondicionado.
