Dimite el secretario del alcalde de San Sebastián para no hacer «daño político»
.
Cuando en la noche del 1 de julio encadenó un «gora ETA militarra» y un
«os voy a dar dos tiros», Josetxo Ibazeta estaba encadenando también
dos delitos: enaltecimiento del terrorismo y amenazas terroristas. Así
lo estima la Fiscalía de la Audiencia, que hoy mismo abrirá unas
diligencias sobre el caso. Ibazeta dimitió ayer como secretario del
alcalde de San Sebastián. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza tiene previsto reclamar a la Ertzaintza toda la información sobre el asunto, y en particular el vídeo que muestra a Ibazeta dando un viva a la banda y amenazando con sacar la pistola. A las diligencias de investigación se incorporará, previsiblemente, la información sobre el asunto desvelada por este diario.
Ibazeta perdió ayer la condición de asesor del alcalde y, en breve, se ganará la de imputado. Los dos delitos en los que la Fiscalía encaja su conducta podrían suponer, tras una eventual condena, su ingreso efectivo en prisión. Una condena por ambos delitos supondría, al menos, dos años y tres meses de cárcel. Es decir, por encima de la barrera de los dos años que permite suspender la ejecución de la condena.
El enaltecimiento del terrorismo que supone vocear un «gora ETA» está penado con hasta dos años de cárcel en el artículo 578 del Código Penal: «El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos [de terrorismo] se castigará con la pena de prisión de uno a dos años».
En cuanto a las amenazas, el artículo 169 castiga al que «amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio [...] será castigado [...] con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional».
El Ministerio Público considera claro el carácter terrorista de las amenazas al que hace referencia el artículo 577. Éste precepto se aplica a los que cometan ciertos delitos, entre ellos el de amenazas, «sin pertenecer a organización o grupo terrorista», pero «con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública». Y establece que en esos casos se castigará el delito «en su mitad superior». Es decir, que el mínimo de condena no sería ya de seis meses, sino de 15.
Además, el Código Penal permite que tanto a la condena por enaltecimiento como a la de amenazas pueda ir acompañada de la prohibición de no pisar San Sebastián o el lugar de residencia de los amenazados por un tiempo superior al de la condena de entre uno y cinco años.
Si al final Ibazeta se acaba sentando en el banquillo de la Audiencia Nacional, no será por primera vez. En noviembre del 2010 el hasta ayer hombre fuerte del Ayuntamiento donostiarra ya visitó la sala blindada de la sede judicial junto a otros trece acusados. Todos resultaron absueltos de las acusaciones relacionadas con la kale borroka (delitos de pertenencia, colaboración con organización terrorista y tenencia de explosivos).
En el caso de Ibazeta, el fiscal pidió para él dos años de cárcel y otros dos años de inhabilitación para ser candidato electoral, al considerarlo como cooperador en el delito de depósito de explosivos. La Sección Tercera de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara, no lo consideró probado.
Los hechos por los que fue acusado se remontan al año 2000, cuando la Policía emprendió una operación contra los que consideraba responsables de numerosos ataques de kale borroka en San Sebastián. En una local de la asociación cultural Herria se localizó abundante material para fabricar cócteles molotov, así como documentación sobre ETA y Jarrai. Ibazeta era miembro de la junta directiva de la asociación y la Fiscalía estimó que había permitido el uso del local para fines delictivos.
Ibazeta dimite de asesor aunque seguirá de funcionario
Mantiene su plaza en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento donostiarra
. La mano derecha del alcalde de Bildu en San Sebastián, Josetxo
Ibazeta, seguirá vinculado al Ayuntamiento de San Sebastián, a pesar de
que ayer dimitió como secretario de Juan Karlos Izagirre por amenazar a
varios seguidores de la selección española al grito de «¡Gora ETA
militarra!». El ya ex asesor de Izagirre sí renunció a su cargo de
confianza, pero no a su plaza como funcionario en el Departamento de
Cultura, por lo que «el comisario político de Batasuna», como le
bautizaron en la oposición, seguirá danzando por los pasillos del
Consistorio y cobrando de las arcas municipales si así lo desea. Para
ello tan sólo tendría que solicitar el reingreso en su anterior puesto
de funcionario. Esta situación ha hecho que varios concejales de la
oposición hayan mostrado su temor a que pueda seguir desempeñando «en la
sombra» su labor de asesor.El Ayuntamiento de San Sebastián vivió ayer una jornada frenética. Las viscerales amenazas de Ibazeta contra varios aficionados de la selección española, desveladas en la edición de ayer por EL MUNDO, encendieron todas las alarmas del despacho del alcalde de Bildu, Juan Karlos Izagirre, quien convocó a primera hora un gabinete de crisis para apagar el incendio. Allí no estaba Ibazeta, que no apareció por el Consistorio en toda la mañana, pero sí varios concejales y su jefe de gabinete, Aitor Ibero, el otro «comisario político de Batasuna» que maneja los hilos de la institución desde la sombra, según la oposición.
Paralelamente, y en un despacho a escasos metros, el portavoz socialista, Ernesto Gasco, y el popular, Ramón Gómez, acordaban exigir a Izagirre su cese inmediato. De no ser así, habían pactado reclamar hoy en la Junta de Portavoces la dimisión del propio alcalde. No hizo falta. Ibazeta tomó la iniciativa, aparentemente a petición propia, y remitió una carta a Izagirre presentándole su «irrevocable dimisión» para evitar que «un incidente aislado genere daño político alguno al regidor, al Gobierno municipal o al Ayuntamiento donostiarra».
El regidor acordó con su equipo de colaboradores aceptarla y reprobar públicamente su comportamiento con un gesto que sorprendió a la oposición, que no esperaba que Izagirre aceptase la renuncia ya que, en su momento, se encargó de blindar a su colaborador cuando éste fue imputado por abusar de su cargo municipal para permitir a varios radicales la ocupación ilegal de una propiedad privada.
Izagirre decidió convocar una rueda de prensa de urgencia para informar de la dimisión de Ibazeta. El alcalde no permitió ninguna pregunta, aunque sí se atrevió a asegurar que «estas actitudes son inaceptables, totalmente inaceptables». Un comportamiento que emuló horas después el portavoz de Sortu, Juan Cruz Aldasoro, al reconocer que personas con actitudes como las de Ibazeta «no pueden formar parte del partido».
La noticia de la renuncia de Ibazeta corrió como la pólvora por los pasillos del Consistorio donostiarra donde varios concejales como Maria José Usandizaga (PP) o Ernesto Gasco (PSE) no dudaron en celebrarla tras padecer en sus carnes el acoso del representante de la izquierda abertzale, que no dudó en vanagloriarse de los asesinatos de ETA y reírse de las víctimas cuando ejercía como portavoz de Batasuna en San Sebastián.
La renuncia de Ibazeta no tranquilizó a otros miembros de la oposición. Varias fuentes de la oposición indicaron que a esa dimisión debería haberle seguido una renuncia de su plaza en Donostia Kultura «porque una persona que va amenazando y ensalzando a ETA no se merece cobrar un sueldo municipal». Cabe recordar que Ibazeta comenzó su andadura en el Ayuntamiento desempeñando la labor de guardia municipal.
Sin embargo, tanto el PP como el PSE esperarán a que sea la Justicia quien determine si ha incurrido en un delito y si debe ser inhabilitado. El Ayuntamiento tampoco podrá abrir un expediente interno contra Ibazeta hasta que no se le atribuya una causa penal.
El portavoz socialista, Ernesto Gasco, y el popular, Ramón Gómez, exigirán hoy al alcalde la reprobación de los incidentes y la condena a ETA. En el caso de negarse a ello, reclamarán su dimisión.
Expedientes por el boicot al Riau Riau
El Gobierno de Navarra ha abierto un expediente disciplinario de
expulsión a Mikel Aingeru Auza Macuso, destacado miembro de la izquierda
'abertzale' en Navarra y fichado por la Policía por actos de 'kale
borroka'. Aingeru fue detenido y puesto en libertad con cargos por su
presunta participación en los incidentes del Riau-Riau de San Fermín, en
Pamplona. El Ejecutivo de Yolanda Barcina entiende que este
comportamiento «ofende la imagen de la comunidad educativa de Navarra y
es incompatible con la docencia». Aingeru es profesor y jefe de
departamento de un instituto de Secundaria en Alsasua (Navarra).
«Sólo le pregunté por qué les había matado. 'Porque eran cipayos', dijo»
Juzgado de nuevo el acusado de matar a dos 'ertzainas' que fue absuelto por un jurado
.Mikel Otegi era un miembro del grupo terrorista Jarrai que el 10 de diciembre de 1995 atentó contra dos ertzainas que llegaron a su caserío. O bien Mikel Otegi era un joven abertzale de Itsasondo (Guipúzcoa) que se sentía acosado por la Ertzaintza y que esa mañana, tras una noche de juerga, perdió la cabeza y disparó con su escopeta de caza a los dos agentes que querían interrogarle.
La primera versión corresponde a la mantenida por el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista y por la acusación particular, que piden para él 70 años de cárcel por pertenencia a un grupo terrorista (10 años), atentado (30) y asesinato (otros 30). La segunda es la que sostiene la defensa, que rechaza cualquier componente terrorista y esgrime la embriaguez y el trastorno mental para pedir la absolución.
Y el caso es que no sería la primera absolución. Los hechos no están siendo juzgados 17 años después por simple lentitud judicial, sino porque ha tenido un accidentadísimo recorrido policial y judicial. Otegi fue juzgado en 1997 por un jurado popular de San Sebastián, que consideró probado que había matado a los agentes, pero que le declaró «no culpable» al estimar que sufrió un trastorno mental transitorio.
El Tribunal Superior del País Vasco anuló el veredicto por defectos en la deliberación y votación, una decisión confirmada por el Supremo y el Constitucional. Pero para entonces Otegi ya había huido. Fue detenido en Francia en 2003 y condenado en ese país por asociación de malhechores, el equivalente a la pertenencia a un grupo terrorista.
Ahora el nuevo juicio se celebra en la Audiencia Nacional ante un tribunal, y no en la de Guipúzcoa y con jurado, al estimarse el posible carácter terrorista de los hechos.
Terrorista o no, de lo que nadie duda, porque el propio acusado lo reconoce, es que esa mañana de diciembre Mikel Otegi recibió con una escopeta a dos ertzainas que acababan de llegar a su caserío.
Esa misma mañana el acusado había tenido un incidente con otro ertzaina, al que insultó, tumbó de un puñetazo y abolló el coche a patadas. Tras la denuncia del agente, la Ertzaintza mandó una patrulla al caserío. Fue a esos dos agentes, José Luis González Villanueva y Jesús Mendiluce Echeverría, a los que Otegi mató. Los cogió desprevenidos; sólo uno de ellos llegó a desenfundar parcialmente su arma.
Tras los disparos, el propio Otegi fue al coche patrulla, cogió la emisora y dijo: «Un casero ha matado a dos cipayos».
Entre los testigos que declararon en el primero de los tres días de juicio estaba el primer ertzaina que llegó al lugar de los hechos: «Yo no he sido», le dijo un familiar de Otegi, la primera persona con la que se cruzó. Luego el propio acusado salió del caserío. «Sólo le pregunté una cosa, por qué lo había hecho. 'Porque eran cipayos', dijo».
Antes de que fuera arrestado, el dueño de un caserío vecino, que ese domingo había subido a cuidar el ganado, acertó a pasar por delante de la escena del crimen. Vio los cuerpos caídos y oyó al acusado: «Dos hijos de puta menos».
Las preguntas de la defensa iban dirigidas a probar que Otegi había bebido mucho aquella noche y que se sentía acosado por la Ertzaintza, con la que había tenido diversos incidentes.
En el juicio, los ertzainas negaron el acoso y, sobre la embriaguez, explicaron que dio positivo en los análisis. Pero lo hizo en curva ascendente, lo que quiere decir que había bebido en las últimas tres horas. Como el asesinato fue poco antes de las 11.00 horas y los análisis se hicieron hacia las 14.15 horas, los abogados de la acusación particular Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio consideran que, tras los asesinatos, alguien recomendó a Otegi que bebiera para intentar encontrar una vía de escape a lo que acababa de hacer. Él mismo pareció decir ayer que fue consciente de lo sucedido, al explicar lo que pensó al entregarse: «Había roto tres familias y que tenía que ir a la cárcel».
FERNANDO LÁZARO LEYRE IGLESIAS MADRID BILBAO
12/07/2012 ESPAÑA
El caso Inés del Río puede ser el primero de una larga lista de pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que cuestionen la política penitenciaria española. Una treintena de presos de ETA ha presentado ya o está preparando recursos contra la doctrina Parot ante la corte de Estrasburgo, según explicó ayer Amaia Esnal, portavoz del nuevo colectivo de apoyo a estos reclusos, Herrira.
Son casi la mitad de un total de 67 internos afectados por esta medida judicial de alargamiento de las condenas: 54 de ellos están en prisión por esta pena añadida y el resto cumple la condena ordinaria, pero sabe ya que se le aplicará la doctrina Parot.
Esnal, absuelta en el caso Bateragune, y Juan Manuel Ugartemendia, alias Beñat, excarcelado en 2011 tras cumplir seis años en Francia como dirigente del aparato de makos de ETA, pidieron al Gobierno que «deje sin efecto» la doctrina 197/2006, liberando a todos los presos afectados, y que «repare» los daños que ha causado
.Mikel Otegi era un miembro del grupo terrorista Jarrai que el 10 de diciembre de 1995 atentó contra dos ertzainas que llegaron a su caserío. O bien Mikel Otegi era un joven abertzale de Itsasondo (Guipúzcoa) que se sentía acosado por la Ertzaintza y que esa mañana, tras una noche de juerga, perdió la cabeza y disparó con su escopeta de caza a los dos agentes que querían interrogarle.
La primera versión corresponde a la mantenida por el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista y por la acusación particular, que piden para él 70 años de cárcel por pertenencia a un grupo terrorista (10 años), atentado (30) y asesinato (otros 30). La segunda es la que sostiene la defensa, que rechaza cualquier componente terrorista y esgrime la embriaguez y el trastorno mental para pedir la absolución.
Y el caso es que no sería la primera absolución. Los hechos no están siendo juzgados 17 años después por simple lentitud judicial, sino porque ha tenido un accidentadísimo recorrido policial y judicial. Otegi fue juzgado en 1997 por un jurado popular de San Sebastián, que consideró probado que había matado a los agentes, pero que le declaró «no culpable» al estimar que sufrió un trastorno mental transitorio.
El Tribunal Superior del País Vasco anuló el veredicto por defectos en la deliberación y votación, una decisión confirmada por el Supremo y el Constitucional. Pero para entonces Otegi ya había huido. Fue detenido en Francia en 2003 y condenado en ese país por asociación de malhechores, el equivalente a la pertenencia a un grupo terrorista.
Ahora el nuevo juicio se celebra en la Audiencia Nacional ante un tribunal, y no en la de Guipúzcoa y con jurado, al estimarse el posible carácter terrorista de los hechos.
Terrorista o no, de lo que nadie duda, porque el propio acusado lo reconoce, es que esa mañana de diciembre Mikel Otegi recibió con una escopeta a dos ertzainas que acababan de llegar a su caserío.
Esa misma mañana el acusado había tenido un incidente con otro ertzaina, al que insultó, tumbó de un puñetazo y abolló el coche a patadas. Tras la denuncia del agente, la Ertzaintza mandó una patrulla al caserío. Fue a esos dos agentes, José Luis González Villanueva y Jesús Mendiluce Echeverría, a los que Otegi mató. Los cogió desprevenidos; sólo uno de ellos llegó a desenfundar parcialmente su arma.
Tras los disparos, el propio Otegi fue al coche patrulla, cogió la emisora y dijo: «Un casero ha matado a dos cipayos».
Entre los testigos que declararon en el primero de los tres días de juicio estaba el primer ertzaina que llegó al lugar de los hechos: «Yo no he sido», le dijo un familiar de Otegi, la primera persona con la que se cruzó. Luego el propio acusado salió del caserío. «Sólo le pregunté una cosa, por qué lo había hecho. 'Porque eran cipayos', dijo».
Antes de que fuera arrestado, el dueño de un caserío vecino, que ese domingo había subido a cuidar el ganado, acertó a pasar por delante de la escena del crimen. Vio los cuerpos caídos y oyó al acusado: «Dos hijos de puta menos».
Las preguntas de la defensa iban dirigidas a probar que Otegi había bebido mucho aquella noche y que se sentía acosado por la Ertzaintza, con la que había tenido diversos incidentes.
En el juicio, los ertzainas negaron el acoso y, sobre la embriaguez, explicaron que dio positivo en los análisis. Pero lo hizo en curva ascendente, lo que quiere decir que había bebido en las últimas tres horas. Como el asesinato fue poco antes de las 11.00 horas y los análisis se hicieron hacia las 14.15 horas, los abogados de la acusación particular Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio consideran que, tras los asesinatos, alguien recomendó a Otegi que bebiera para intentar encontrar una vía de escape a lo que acababa de hacer. Él mismo pareció decir ayer que fue consciente de lo sucedido, al explicar lo que pensó al entregarse: «Había roto tres familias y que tenía que ir a la cárcel».
La etarra Inés del Río debe 6,5 millones de euros al Estado
.La sanguinaria etarra Inés del Río Prada debe al Estado casi 6,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. La que fuera integrante del más duro de los comandos Madrid de ETA, conde- nada por 23 asesinatos, ha obtenido una sentencia satisfactoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su recurso contra la aplicación de la doctrina Parot. Además de ordenar su excarcelación, el tribunal condenaba al Estado a pagar 30.000 euros a la asesina de ETA. El ministro del Interior, Jorge Fernández, aseguró que la etarra no saldrá de la cárcel porque el Ejecutivo recurrirá la sentencia, y que no pagará la sanción hasta que sea firme. Aclaró que esa cantidad se descontaría del dinero que debe. Inés del Río tiene una deuda con el Estado de 6.470.000 euros.El caso Inés del Río puede ser el primero de una larga lista de pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que cuestionen la política penitenciaria española. Una treintena de presos de ETA ha presentado ya o está preparando recursos contra la doctrina Parot ante la corte de Estrasburgo, según explicó ayer Amaia Esnal, portavoz del nuevo colectivo de apoyo a estos reclusos, Herrira.
Son casi la mitad de un total de 67 internos afectados por esta medida judicial de alargamiento de las condenas: 54 de ellos están en prisión por esta pena añadida y el resto cumple la condena ordinaria, pero sabe ya que se le aplicará la doctrina Parot.
Esnal, absuelta en el caso Bateragune, y Juan Manuel Ugartemendia, alias Beñat, excarcelado en 2011 tras cumplir seis años en Francia como dirigente del aparato de makos de ETA, pidieron al Gobierno que «deje sin efecto» la doctrina 197/2006, liberando a todos los presos afectados, y que «repare» los daños que ha causado
