El Gobierno aprobará La Ley Sinde en su último consejo de ministros

"EL PP ESTÁ DE ACUERDO"

Aunque Cultura lo negaba, Jaúregui ha confirmado que este viernes el Consejo de Ministros lleva la ley Sinde en "el orden del día".

• Cultura negó que se fuera a aprobar
• Sinde: "Ojalá pudiera cerrar una web en 10 días"
• Demuestran la ineficacia de la Ley Sinde

LIBERTAD DIGITAL 2011-12-02

El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, ha confirmado que el Consejo de Ministros de hoy lleva "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el decreto que desarrolla la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida popularmente como 'Ley Sinde', que autoriza el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.

Así lo ha confirmado Jáuregui en una entrevista en ABC Punto Radio, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado que el PP ha sido informado de este nuevo paso en la aprobación de la Ley Sinde y se ha mostrado "absolutamente" de acuerdo.

"Va en el orden del día el decreto tan famoso. Es consecuencia de una ley que ya hicimos, en la Ley de Economía Sostenible, hace ya mas de seis meses, acordada por varios paridos, entre otros el PP, y que contemplaba un sistema lleno de garantías de intervención judicial doble respecto de la piratería", ha explicado.

Dicho esto, Jáuregui ha confirmado que el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones de este viernes abordará la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual que contempla el desarrollo de la ley Ley Sinde, comisión "integrada por una serie de representantes de Ministerios, que pudiera hacer la vigilancia de esta práctica de la piratería", la cual "todavía no se había creado y era necesario hacerlo".

"Ha sido traída al Consejo. Fue primero traída a debate de los diferentes Ministerios, y también ha sido hablada con el PP. Como sabe, un Gobierno en funciones, lo que aprueba en Consejo de Ministros va en acuerdo con el próximo Gobierno", ha señalado.

Según Jáuregui, la piratería "es un problema y era un problema muy importante" tanto en España como para "todo el mundo" que afecta "a la industria del arte" y que es por esto que por lo que decidieron "acordar un sistema cargado de garantías de intervención judicial" con el objeto de "perseguir el comercio fraudulento de la creación".

El pasado viernes el ministro de la Presidencia desmintió que la aprobación de la Ley fuera a aprobarse en el Consejo de Ministros de la pasada semana ya que todavía tenían que ultimar los últimos detalles del informe elaborado por el Consejo de Estado, si bien ya remarcó que se trata de una ley "consensuada" con el PP.

La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como Ley Sinde, fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, quedando pendiente de regulación. Esta ley se envió al Consejo de Estado a finales de octubre y a partir de ese momento ya podía ser aprobada por Real Decreto en el Consejo de Ministros.

La Ley Sinde ha sido objeto de controversia durante este año, ya que su puesta en marcha incluye la posibilidad de cerrar páginas web que faciliten la descarga de archivos sujetos a derechos de autor. Por este motivo, tanto usuarios como periodistas, artistas y blogueros se han manifestado en contra al considerar que vulnera los derechos de los internautas.

El canon alarga el 'vía crucis' de Sinde

D. PRIETO / M. VEGA / Madrid / El Mundo

La Audiencia anula las tarifas sobre discos duros, DVD y móviles por defecto de forma
Los internautas piden la devolución del dinero y Cultura dice que el canon sigue vigente

Ángeles González-Sinde acudió ayer a Toledo a inaugurar la remodelación del Museo de El Greco. Pero, como suele sucederle a la ministra de Cultura desde que tomó posesión del cargo, la polémica y las explicaciones le aguardaban al doblar la última esquina de la muestra. Tras el problemático proceso en torno a la Ley que lleva su nombre y que persigue las descargas de material protegido por derechos de autor, ayer se reabrió un frente que parecía cerrado: el canon digital. La Audiencia Nacional anuló las tarifas de compensación por copia privada -lo que se conoce comúnmente como «canon digital»- debido a que el reglamento que las regulan requieren de trámites «inexcusables», como una memoria justificativa y económica, que no se incluyeron cuando se aprobó la normativa en 2008.

Esto se traduce en que las tarifas del canon digital vuelven a los niveles de la Ley 23/2006. Es decir, que los reproductores mp3, los teléfonos móviles, los discos duros ni las tarjetas de memoria vuelven a estar exentos de gravamen.

Tras conocer la noticia, González-Sinde afirmó en Toledo que la resolución de la Audiencia Nacional no anula «en modo alguno» el derecho a compensación por copia privada y que el ministerio está trabajando en solucionar los «defectos de forma» de la normativa.

Las entidades de gestión de derechos de autor, destinatarias de las cantidades que se recaudan a través del canon, emitieron poco después un comunicado en el que reafirmaban lo dicho por la ministra de que «el fallo no cuestiona la legalidad del vigente sistema de copia privada», aunque estudian recurrir la sentencia y «urgen a la Administración a que inicie en el menor tiempo posible el proceso de actualización de tarifas y dispositivos afectados». En el lado contrario, la Asociación de Internautas celebró la resolución judicial y ha reclamado que se devuelva el dinero recaudado. El PP, por boca de su portavoz de Cultura, José María Lassalle, y del vicepresidente regional de la Comunidad de Madrid y consejero de Cultura, Ignacio González, celebró la sentencia y pidió que se respeten a los tribunales.

La sentencia dictada ayer por la Audiencia Nacional responde a diversos recursos presentado por entidades como la Asociación de Internautas y Aetic, la antigua patronal de las empresas de telecomunicaciones y electrónica de consumo afectadas por esta medida. Ayer, tras conocer el fallo, el presidente de esta asociación (ahora llamada Ametic), Jesús Banegas, expresó a este periódico su satisfacción porque la Justicia les ha dado la razón en todos los puntos recurridos. «La Audiencia ha dejado claro que el canon digital no respeta la legislación española porque la orden ministerial va más allá de lo que la ley establece», afirmó Banegas.

Ante la anulación de la orden ministerial que regula esta tasa, Banegas dio por cerradas las negociaciones que desde hace varios meses mantenía el Ministerio de Cultura con las sociedades de gestión de derechos de autor y las empresas que venden dispositivos sujetos al canon (representadas por Ametic) al considerar que la sentencia «pone patas arriba la legislación aprobada».

Este grupo de trabajo había sido formado por el Ejecutivo el pasado enero para revisar el sistema de aplicación del canon digital en España, después de que en octubre de 2010 el Tribunal de Justicia de la UE dictase una sentencia en la que concluía que el modelo de cobro de esta tasa en España (indiscriminado) es contrario a la legislación comunitaria.

Entre santos de El Greco. Ángeles González-Sinde y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, inauguraron ayer el Museo de El Greco en Toledo, tras cinco años cerrado por reformas y coincidiendo con el centenario del centro. En su visita entre cuadros de santos y vistas de la ciudad manchega, González-Sinde describió a Doménikos Theotokópoulos como un «ejemplo de industria cultural» que «vio muy claramente que la cultura podía ser nuestra fábrica» y que hizo «cuadros best-seller».

Los defensores de derechos de autor amenazan con perseguir al usuario si se toca la 'Ley Sinde'

DARÍO PRIETO / Madrid/ El Mundo.

La ley sobre el cierre de 'webs' pasa hoy por la Comisión de Economía del Congreso
Los creadores denunciarán las 'mutaciones' en el sistema de intercambio de archivos

La Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible, que contempla el cierre de páginas web que faciliten el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor -y que es conocida popularmente como Ley Sinde- pasa hoy por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. En los momentos previos a este trámite, los dos frentes principales a favor y en contra de la misma están echando el resto para mostrar a la opinión pública de que la posición de su adversario es la equivocada.

Así, los internautas y las citadas páginas web escenificaron el pasado domingo una protesta contra la Ley cerrando durante 12 horas sus páginas (algunas tan populares como www.cinetube.es y www.peliculasyonkis.com). Ayer siguieron con sus protestas e intentaron bloquear las webs de los partidos políticos que apoyan la Ley. Al otro lado del ring, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos no quiso quedarse atrás y amenazó por boca de su director, Aldo Olcese, con defender ante la UE «que se actúe también contra los usuarios, y no sólo contra las páginas web si el texto actual de la Ley sufriera una modificación sustantiva o fuese rechazado».

De este modo, la Coalición, que agrupa a entidades de derechos de autor e industrias culturales -entre las que se pueden encontrar la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y discográficas (Promusicae), por citar sólo dos- quiere atajar cualquier vía de agua que pueda aparecer en el desarrollo de la Ley Sinde, como seria un intento de suavizar la norma a través de enmiendas o a través de cualquier otro medio.

Si se produjese tal caso, los defensores de los derechos de autor se alinearían con la postura de países como Francia y el Reino Unido, que han desplegado dispositivos legales -como el sistema de avisos previos al usuario que se descargue archivos gratuitos antes de cortarle la conexión- «más agresivos», en vez de la ley «de mínimos» que hoy se debate, según explicó Olcese durante una rueda de prensa en Madrid. Aún así, puntualizó que no le consta «ninguna modificación del texto», aunque hasta su debate y aprobación en la Comisión de Economía «todo es posible».

Aunque Olcese manifestó «su apoyo pleno y total al texto» de la Ley Sinde «tal y como está ahora», también lanzó una advertencia para el futuro. «La Ley es un punto de partida. Pero su desarrollo reglamentario debe estar lo suficientemente elaborado como para que queden incluidas otras manifestaciones y mutaciones» de los sistemas que proporcionan enlaces a películas, música y otros contenidos con derechos de autor. Sabedores de que los internautas idearán otro sistema alternativo para poder intercambiar archivos, el organismo que preside Olcese se guarda así una carta en caso de que la medida no sea suficiente.

También se manifestó sobre la posibilidad de que las páginas que proporcionan estos contenidos migren hacia otros países con legislación menos restrictiva en este aspecto, como puede ser el caso de Rusia. «Nos conformamos con actuar primero contra las que se han establecido en España, incluidas las rusas», subrayó, para luego puntualizar lo dicho: «En España la legislación es inexistente. Y la normativa que ahora se propone recoge que se impida el tráfico y el acceso a los contenidos desde las redes españolas». Es decir, que se podrán bloquear en España las páginas extranjeras que faciliten la descarga de películas, libros, música o videojuegos.

Olcese también se atrevió a vaticinar que, en caso de que todo el procedimiento legislativo vaya según lo previsto «a finales de agosto de 2011 se podrían ver las primeras acciones» contra las páginas web. Esto requeriría que la Comisión de Propiedad Intelectual -entidad dependiente del Ministerio de Cultura y encargada de decidir qué webs se cierran y cuáles no- tendría que estar conformada para el mes de mayo.

El trámite de una ley polémica

>Hoy se debate la Ley en el Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

>Si finalmente se aprueba hoy -salvo catástrofe, es lo que seguramente ocurrirá- se remitirá al Senado para su revisión «a principios de febrero», según Olcese.

>Tras ése trámite, el Senado devolverá la Ley al Congreso para su votación y posible aprobación.

>Una vez aprobada, las primeras actuaciones podrían llegar en agosto.

Sinde: «La ley que permitirá cerrar webs no afecta a la libertad de expresión»

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha advertido hoy que la nueva Ley de Economía Sostenible, que contempla el cierre o bloqueo de páginas web que permitan la descarga ilegal de contenidos por orden judicial, no tiene "nada que ver" con la libertad de expresión ni afecta a las opiniones personales que cualquier usuario de internet vierta en un 'blog'.

Sinde: «La ley que permitirá cerrar webs no afecta a la libertad de expresión»

20 Diciembre 10 - Oviedo - Efe/ La Razón.es

En cuanto a las protestas organizadas en los últimos días por asociaciones de internautas y páginas de descargas de contenidos contra el proyecto de ley, que mañana se abordará en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, González Sinde ha lamentado que se intente confundir a la opinión pública "hablando de libertad de expresión".

A preguntas de los periodistas, la ministra ha considerado "equilibrada y positiva" la nueva normativa y se ha mostrado convencida de que, con su aplicación, los ciudadanos podrán comprobar que la ley va a traer "un nuevo modelo de difusión de la cultura".

En este sentido, ha incidido en que internet es una oportunidad para la difusión de la cultura "de dimensiones no conocidas hasta ahora" por su rapidez y facilidad y que quien quiera desarrollar esta actividad "vendiendo o alquilando" productos podrá seguir haciéndolo "siempre que tenga los contratos al día". "No es distinto de quien abre un establecimiento de hostelería y tiene que vender los refrescos y los vinos que haya adquirido en las bodegas, no los que haya sustraído de los almacenes de las fábricas porque no reportaría beneficio a la colectividad ni a los bodegueros ni a quienes recogen la uva ni a quienes transportan las botellas de vinos", ha añadido.

Para la ministra, cualquier producto que genera una actividad económica, incluidos los culturales, "tiene que respetar a todos los trabajadores que viven y que participan de esa cadena de valor". Además, ha incidido en que, a la espera de que pueda haber modificaciones que "mejoren" o "enriquezcan" el texto durante el trámite parlamentario, el procedimiento previsto por el Gobierno para cerrar un página web es, ha asegurado, "garantista".

La ley contempla la creación de una comisión de propiedad intelectual como el órgano encargado de recibir las denuncias de los afectados por la piratería, comprobar que existe vulneración de derechos y solicitar el cierre o bloqueo de la página web a un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La ministra ha hecho estas afirmaciones durante el acto de clausura de las actividades culturales programadas con motivo del Jacobeo 2010 que se ha celebrado hoy en Oviedo y en el que ha estado acompañada por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.