miércoles, 2 de octubre de 2013

Interior calificó a una testigo del 11-M como ‘bastante dudosa’

Los médicos rechazaron a J-70 como víctima porque no estaba «acreditada» ni su lesión ni su presencia en los trenes

La testigo de nacionalidad rumana identificada como J-70, que fue clave para determinar la condena de Jamal Zougam como único autor material del 11-M, había sido calificada como víctima «bastante dudosa» por los médicos del Ministerio del Interior, que acabaron rechazándola y cerrándole las puertas a las indemnizaciones y a la regularización. El departamento que dirige Jorge Fernández ha remitido al juzgado su expediente completo, en el que se confirman y amplían todos los extremos publicados por este periódico, que eran desconocidos para el tribunal del 11-M cuando valoró su fiabilidad. Precisamente hoy, J-70 y su compañera C-65 comparecen como imputadas por falso testimonio.
La documentación enviada por Interior a petición de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar revela que J-70 recibió por correo certificado en su domicilio la notificación de la negativa el 27 de enero de 2005. Sólo 11 días después, el 7 de febrero, acudió a la Audiencia Nacional y afirmó que había visto a un terrorista en el tren –lo que nunca antes había dicho en múltiples trámites ante la Policía y otras instituciones, e incluso una abogada– y que sería capaz de reconocerlo aunque hubieran pasado casi 11 meses desde el atentado. Culpó a Zougam, fue incluida por los forenses en el listado de víctimas y recibió una compensación de 48.000 euros.

El testimonio de J-70 fue clave, porque sirvió para corroborar el de la amiga con la que asegura que viajaba en el tren de Santa Eugenia, la testigo C-65, que había acudido a denunciar al marroquí mucho antes: el 1 de abril de 2004. En esa declaración policial, C-65 no dijo que fuese acompañada por J-70, como tampoco lo dijo después, el 20 de mayo de 2004, ante el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo.

Zougam, la única persona a la que el tribunal halló culpable de colocar las bombas del 11-M, fue condenado a 40 años efectivos de cárcel bajo la única prueba de cargo, según admite el Supremo, del testimonio de dos personas que aseguran haberle visto con una mochila en el tren de Santa Eugenia: las testigos C-65 y J-70 (que en el juicio sí dijeron que iban juntas, en el quinto vagón). La Audiencia también consideró testigo de cargo a R-10 (un hombre, también rumano, que ni siquiera compareció en el juicio), pero el Supremo rebajó su importancia.

En la primera comparecencia de J-70 en la Audiencia Nacional, que se produjo el 7 de febrero de 2005 ante el secretario judicial en la Oficina de Víctimas, la testigo aseguró que el terrorista «llevaba gafas y una gorra», circunstancias de las que nada había dicho su amiga C-65 en sus declaraciones anteriores.

Dos abogados defensores intentaron durante el juicio del 11-M preguntar a J-70 acerca de su tardanza en declarar, lo que fue impedido por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, con el argumento de que «está en el sumario» que «esta testigo no aparece hasta que la reconocen en la Oficina de Víctimas».

En realidad, había estado lejos de permanecer pasiva durante los 11 meses que transcurren desde el atentado hasta que acude a la Audiencia Nacional. Antes al contrario, pocos días después del 11-M ya solicitó en la Delegación del Gobierno sendos permisos de residencia y de trabajo provisionales, al amparo del decreto extraordinario del Ejecutivo de Aznar para inmigrantes irregulares que fuesen víctimas del atentado.

Después, según el expediente del Ministerio del Interior, el 20 de julio de 2004 se desplazó personalmente a la sede de la Dirección General de la Policía para reclamar una indemnización y la regularización (o, en su caso, la nacionalidad). Aportó un parte médico fechado el 12 de marzo de 2004 y un justificante de ausencia en sus tareas de limpieza desde el 11 al 31 de marzo, firmado por la persona a la que prestaba ese servicio.

Pocos días después, una abogada de Madrid presentó en el sumario del 11-M un escrito firmado por J-70 en el que solicitaba personarse como perjudicada.

El 3 de agosto de 2004, los médicos que instruían ese expediente en el Ministerio del Interior emitieron un dictamen en el que consideraron «bastante dudosa la necesaria relación causal entre el atentado y las lesiones que manifiesta padecer la interesada». En septiembre, la testigo fue examinada por el Equipo de Valoración de Incapacidades que concluyó, nuevamente, que «no ha quedado acreditado el nexo causal entre las lesiones y los hechos de naturaleza terrorista».

En esa situación, el jefe de la unidad instructora decidió el 27 de octubre ofrecer a J-70 la posibilidad de realizar alegaciones. La testigo lo hizo días después y entregó la misma documentación, además de una fotografía tomada en la estación de Santa Eugenia en la mañana del 11-M en la que ella asegura que puede vérsele junto a su amiga, la testigo C-65. Esa instantánea también obra en poder de este diario.

La propuesta de resolución que emitieron los técnicos fue exactamente la misma. El 24 de enero de 2005, la subsecretaria del Interior, Soledad López, resolvió finalmente que «no ha quedado acreditada ni la existencia de lesión indemnizable al amparo de la normativa expuesta, ni la necesaria relación de causalidad con el hecho terrorista cometido el día 11 de marzo de 2004». El 27 de enero, J-70 recibió la notificación por correo certificado.

Lo relevante, más allá de su consideración inatacable como víctima de los atentados que después de declarar contra Zougam sí consideraron probada los forenses de la Audiencia Nacional, es que durante todos los trámites expresados, la mayoría llevada a cabo personalmente, la testigo nunca dijo que hubiese visto a un terrorista en el tren. Según explicó ella misma a este diario, no lo hizo porque «tenía miedo». Once días después de ser rechazada como víctima, se decidió sin embargo a testificar.

La defensa del marroquí no tuvo acceso durante la instrucción y el juicio del 11-M a esta información. El Tribunal Supremo admitió en su sentencia que habría sido relevante conocer por qué tardó 11 meses en declarar por primera vez: «En lo que se refiere a la testigo J-70, es cierto que la tardanza en comparecer a declarar, sin que su existencia se hubiera puesto de manifiesto por la otra testigo cuando, según declaran, viajaban juntas, puede introducir ciertas dudas acerca de las razones de su pasividad inicial, y de su presencia y actividad testifical posterior. Es forzoso reconocer que puede responder a razones perfectamente comprensibles. [...]. Para concluir que la conducta de la testigo no admite explicación razonable, es preciso, siendo posible, habérsela requerido, y que la que aporta no pueda admitirse desde perspectivas de racionalidad».

Sin embargo, sí que se le requirió esa explicación durante el juicio, en dos ocasiones, y en ambas el presidente del tribunal impidió su respuesta.

2 comentarios:

  1. Haber si se hace justicia de una vez, aunque no me fío de que así sea, ya que la justicia en España ni está ni se le espera..., de momento.

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  2. Que mueran policías en situaciones trampa, me gusta tan poco como que estos asesinen a un inocente !!

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