Sostiene que no puede haber falso testimonio porque la sentencia asumió la versión de las dos mujeres rumanas
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La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que rechace
el recurso presentado por Jamal Zougam frente a la inadmisión de su
querella contra las dos testigos protegidas cuya declaración le valió la
condena como autor material del 11-M. El escrito sostiene que no cabe
el delito de falso testimonio porque el tribunal que juzgó la masacre
asumió la versión de las dos mujeres rumanas. La Fiscalía ha tardado dos
meses en emitir su parecer, lo que sumado al tiempo consumido por la
juez deja menos de un mes para que la Audiencia resuelva antes de que el
posible delito prescriba.Viene de primera página
La Fiscalía pide confirmar la inadmisión de la querella apoyándose en una frase de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que transcribe en negrita y subrayada: «Sólo cabe reputar falso testimonio en virtud de contradicción entre aquél y los hechos que en la resolución se hayan acogido como probados, es decir, como verdaderos». La afirmación -de 1989 y sobre un juicio con circunstancias muy diferentes- haría imposible la comisión del delito en un caso como el del 11-M, en el que el tribunal asumió las declaraciones de las dos mujeres rumanas y las empleó para condenar a Zougam a más de 42.000 años de cárcel.
El escrito firmado por la fiscal Rosa Mayoral afirma que en la querella «no concurren» los requisitos del delito de falso testimonio. Considera que en ella no hay nada nuevo que lleve a dudar de las declaraciones de las testigos, añadiendo que la condena se basó también en otros elementos.
«Se hace referencia [en la querella] a las declaraciones prestadas por las dos testigos protegidos que nada aportan a efectos de una nueva valoración de lo que afirman, ya que el devenir de las mismas durante todo el proceso penal (instrucción hasta el procesamiento) fueron conocidas por todos los integrantes del propio proceso», dice la fiscal.
A eso añade, y así cierra el escrito, que hay que tener en cuenta «que la condena no sólo se basa en el testimonio de las testigos protegidos, sino en otra serie de pruebas que fueron tenidas en cuenta».
Sobre la existencia de datos novedosos, este diario publicó el pasado mes de diciembre varias informaciones que ponían de manifiesto que las testigos C-65 y J-70 habían declarado en circunstancias extrañas de las que no tuvieron conocimiento ni la defensa, ni el juez instructor ni el tribunal que juzgó la masacre.
En concreto, la testigo J-70 incriminó por primera vez a Zougam
11 meses después del atentado, en febrero de 2005. Dijo que había visto al marroquí con una mochila en su vagón cuando iba acompañada de su amiga, la testigo C-65. Lo que no dijo fue que apenas 15 días antes, técnicos del Ministerio del Interior la habían descartado como víctima, una decisión que le cerraba las puertas a las indemnizaciones y a los papeles para regularizar su situación en España. Inmediatamente después de inculpar a Zougam, la testigo fue incluida en el listado de víctimas y terminó cobrando 48.000 euros.
En los 11 meses anteriores, esa testigo había comparecido ante la Comisaría General de Extranjería para pedir los papeles; ante la Dirección General de la Policía para solicitar la indemnización; ante el Consorcio de Compensación de Seguros; ante una abogada para personarse en el sumario del 11-M; ante un tribunal médico, y ante una subsecretaria de Interior. En ninguno de esos lugares dijo haber visto a Zougam en los trenes.
Por su parte, la testigo C-65 aseguró en el juicio que viajaba con su amiga J-70. No obstante, no aclaró por qué ella declaró por primera vez el 1 de abril de 2004 y su amiga 10 meses después. La investigación de este periódico reveló que la testigo fue remitida a la Policía por el Consulado de Rumanía, adonde había acudido con otra mujer (que no era J-70) para reclamar las indemnizaciones que pagaba el Gobierno rumano. Sólo después de que a esa segunda persona se le negase el dinero, porque no aportaba ninguna prueba de ser víctima del 11-M, ambas dijeron que viajaban juntas, que habían visto a un terrorista en el tren y señalaron, en un reconocimiento fotográfico que hicieron por separado, a Zougam. De esa segunda mujer nunca más se supo, pues su testimonio no llegó al sumario.
A todas esas extrañas circunstancias se suma que el marido de C-65 fue reconocido
como víctima de otro tren y entre ambos obtuvieron cerca de 100.000 euros, así como la nacionalidad española. Su hermano también pidió dinero, y fue rechazado y propuesto para ser imputado por mentir.
En cuanto a la relevancia de las declaraciones de las dos testigos para dictar condena, también puesta en duda por la Fiscalía, el propio Tribunal Supremo dijo que constituían «la principal prueba de cargo» contra el marroquí.
Amenaza de prescripción
.En el recurso contra la inadmisión, los letrados Eduardo García Peña y Francisco Andújar ya advertían de los perentorios plazos de prescripción, «aun siendo plenamente consciente esta parte de la enorme carga de trabajo que pesa sobre la Audiencia Provincial». La querella fue presentada el 19 de diciembre. A partir de esa fecha, la Justicia tiene un plazo de seis meses para resolver, hasta el 19 de junio. Eso supone que el tribunal va a disponer de menos de un mes para tomar una decisión si no quiere que sea el mero paso del tiempo el que impida la investigación del posible delito.La lentitud de la Fiscalía llega después de que la propia titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, empleara otros dos meses en inadmitir la querella. Nada más recibir el escrito, la juez encadenó dos decisiones que dejaban bien a las claras que no quería el asunto. Intentó endosárselo a la juez que investiga al ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y que se hiciera un nuevo reparto del asunto. No le salió bien. Lo siguiente fue dictar un auto que apuntaba a la admisión, diciendo que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Además, pedía a la madre de Zougam que presentara fianza para ser parte.
Pero pasó otro mes y lo que llegó fue la inadmisión. El auto llevaba fecha del 14 de febrero, pero se notificó una semana más tarde. A los seis días ya tenía en la mesa los recursos, aunque el juzgado tardó dos semanas en darle copia al fiscal y pedir su opinión. El fiscal lo hizo el viernes, dos meses después. Ayer, el auto de la juez, el recurso y el informe fiscal seguían en el juzgado a la espera de ser remitidos a la Audiencia Provincial para asignárselo a un tribunal.
Interpretación «extravagante»
. La juez Belén Sánchez rechazó la querella alegando que lo que pretendía era «contradecir o impugnar la valoración de la prueba, que ya ha sido efectuada por el tribunal» del 11-M. «No puede por vía de interposición de la querella que ha dado origen a la presente causa, tratar de modificarse dicha valoración de la prueba y, en concreto, la valoración efectuada por el tribunal de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa», decía la juez. La respuesta de los abogados Andújar y García Peña en su recurso de apelación es que esa interpretación implicaría que «jamás pueda perseguirse al testigo que miente en un plenario si la sentencia que se dicte da credibilidad a su testimonio, y ello aun cuando se demuestre posteriormente que mintió deliberadamente». «La denuncia de un falso testimonio que haya dado lugar a una sentencia condenatoria, necesariamente conlleva -de forma inherente- la constatación de que la valoración de la prueba fue errónea. Si ello no fuera posible, como pretende la instructora, quedaría desnaturalizado el delito de falso testimonio», añade el recurso.Los abogados prosiguen afirmando que, dado lo que relatan en la querella, «resulta casi extravagante» la afirmación de la juez de que no concurren los elementos del delito de falso testimonio. «Si al presentarse la querella se denuncia que las querelladas se confabularon para faltar a la verdad, como testigos y bajo juramento en una causa penal, afirmando unos hechos que son falsos, engañando así al tribunal y provocando una sentencia condenatoria para, entre otros motivos, obtener unos beneficios económicos y determinadas ventajas administrativas, necesariamente -de ser cierto- sería constitutivo de delito de falso testimonio y por ello aquella debería ser admitida», concluyen.
Otra palada de tierra más encima de la búsqueda de la verdad del 11-M. Parece que ya no interesa ni al pp que está gobernando, cuando en la oposición clamaba que iba a descubrir la verdad..., falsos y mentirosos como los anteriores. Que le deberán a los moros estos??.
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