Á. ESCRIVÁ / MARTA S. ESPARZA / Madrid / Vélez (Málaga)
25/08/2011/El Mundo
Los dirigentes del PP siguen arrojando una sombra de duda sobre el presidente Zapatero a raíz de la modificación constitucional. No contentos con haber conseguido demostrar que fueron los primeros en plantear una solución que las instituciones europeas exigen ahora, persiguen que el presidente reconozca que su postura actual no es fruto de una reflexión sino, precisamente, de la presión del Banco Central Europeo (BCE). Y quieren, por lo tanto, cuestionar su autonomía formulando de la misma pregunta que Mariano Rajoy hizo sin obtener respuesta en el Pleno del Congreso el pasado martes.
La vicepresidenta Elena Salgado había declarado por la mañana que nadie impuso nada, pero el líder del PP demandó de nuevo al Gobierno que aclare exactamente si el BCE le mandó una carta con las medidas de ajuste que debería tomar España y cuáles eran éstas «porque al Gobierno italiano se la mandó y se explicó cuál era el contenido».
«Es mi obligación, no ya mi derecho, preguntar al presidente para saber si el BCE ha hecho alguna sugerencia a nuestro país. Eso me importa, y me importa en un momento en el que el PP puede tener la confianza de los españoles», aseveró Rajoy, quien anunció que volverá a insistir y reclamó de nuevo, como ya hiciera en el Pleno, que el presidente le consulte todas las medidas que puedan influir en el futuro.
El líder de la oposición se refería a la carta remitida a Italia en la que el Banco Central Europeo puso como condición a Berlusconi un calendario con la aplicación de reformas, la privatización de empresas públicas o una menor rigidez en los despidos a cambio de comprar 1.500 millones de euros de deuda italiana. Todas ellas fueron planteadas como exigencias sine qua non y el Gobierno transalpino las cumplió en un tiempo récord.
También la portavoz parlamentaria popular, Soraya Sáenz de Santamaría, perseveró en su reclamación alegando que el presidente «optó por dar la callada por respuesta», incurriendo así en «una falta total de transparencia».
El planteamiento de Sáenz de Santamaría se produjo simultáneamente a la negociación que está manteniendo con el portavoz socialista, José Antonio Alonso, -y desde ahora también con Rubalcaba- para cerrar la redacción de la modificación constitucional que pretenden registrar hoy o mañana.
Salgado avanzó que se trabaja en una propuesta «flexible» que admita el déficit estructural y que limite el déficit cero a épocas de crecimiento económico normal (entre el 2% y el 3% para la economía española); que debe buscarse el superávit si se supera el 3%, pero con la posibilidad de incurrir en un pequeño déficit si el crecimiento es inferior al 2%. Además, se pretende fijar la fecha de 2018 o 2020 como el momento en el que el déficit estructural deba ser limitado.
Los dos grupos mayoritarios están recabando las 176 firmas de diputados necesarias para poner en marcha la tramitación, dado que arrancará en agosto, fuera del periodo ordinario de sesiones. Será aprobada el 2 de septiembre. Rajoy la defendió asegurando que esta reforma «hoy es un sentir en la sociedad española». Los ciudadanos entienden que ya no se puede «gastar como se ha gastado», algo que piensa «el PP y también personas que han dado su confianza al PSOE y a otras fuerzas políticas»
M. M. / Madrid
25/08/2011
El Título VII, candidato
La Constitución cuenta con un Título, el séptimo, que se ha convertido en el principal candidato para albergar la inminente reforma sobre el techo de gasto. Lleva la rúbrica de «Economía y Hacienda» y consta de nueve artículos. Podría optarse por crear uno nuevo, aunque uno de ellos, el 134, ya habla directamente de los Presupuestos Generales del Estado, así como de varios aspectos relacionados con el aumento del gasto sobre lo inicialmente previsto. Es decir, asuntos muy próximos al que contendrá la anunciada reforma. De escogerse este artículo, la modificación podría hacerse como añadido a alguno de los siete puntos de los que ya consta o bien mediante la inclusión de un octavo. De optarse por la primera vía, los apartados más claros parecen el cinco y el seis, puesto que son esos dos los que ya recogen limitaciones para el aumento del gasto inicialmente presupuestado. También el artículo siguiente, el 135, guarda relación con la materia, ya que vuelve a mencionar los PresupuestosToledo
25/08/2011
LA HERENCIA DE LOS SOCIALISTAS DESPILFARRADORES: Las farmacias no pueden aguantar más deuda y quieren cerrar
Cada vez más tensa, la cuerda que por un lado agarran las farmacias de Castilla-La Mancha y por el otro el Gobierno de María Dolores de Cospedal, sufrió ayer un nuevo tirón. La mayoría de los farmacéuticos de Ciudad Real (un 81%), Guadalajara (un 60%) y Toledo (la mitad) han pedido cerrar durante dos meses, a partir del 15 de septiembre, como medida de presión a la Junta regional por los impagos de las recetas, que, acumulados durante dos meses, suman 150 millones de euros. Además, la patronal de farmacias de la región ha convocado una manifestación para el próximo 4 de septiembre para alertar de su situación «insostenible».
Según denunció ayer la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, la crisis es tan grave que hay farmacias, sobre todo en el medio rural, a las que los distribuidores han retirado el suministro.
Mientras tanto, el Gobierno autonómico insiste en pedir paciencia y que se abandonen las «estridencias» porque «la presión no genera posibilidades de desbloqueo», según declaró ayer el portavoz del Ejecutivo, Leandro Esteban. Además, advirtió a los farmacéuticos de que las decisiones que «individualmente» adopten «le corresponden a cada uno, y sus consecuencias también».
El portavoz del Gobierno regional hizo estas declaraciones arropado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que se mostró convencido de que «el problema de la deuda se va a resolver» y advirtió de que la «confianza» de los mercados está en juego, por lo que llamó a solucionar los problemas en «los despachos» y no en la calle ni en una sala de prensa.
Si de envites va la cosa, la situación de los farmacéuticos podría recrudecerse aún más. Según fuentes del Gobierno castellanomanchego, en el seno del Gabinete hay abierto un debate sobre la posibilidad de cambiar el marco legal de concesión de las farmacias para liberalizar el sector, medida sobre la que María Dolores de Cospedal aún no se habría pronunciado
M. T. C. / Barcelona
25/08/2011
La Generalitat formará a sus profesores universitarios para que todos lo comprendan
El recurso presentado contra el decreto que exige al profesorado universitario que acredite su conocimiento del catalán, que permite a los centros requerir a todos sus profesores -con algunas excepciones-, un nivel mínimo del idioma para acceder a plazas de funcionario, no ha hecho recular a la Generalitat: el gobierno catalán destinará el próximo curso hasta 560.000 euros a proyectos de normalización lingüística en las universidades.
El objetivo del Ejecutivo catalán no es otro que lograr que sus docentes acrediten un nivel suficiente de conocimiento del idioma. Para ello se han planificado actuaciones como la organización de cursos, con los que se espera que los profesores alcancen el nivel C de la lengua. El nivel C (avanzado) corresponde al uso del catalán, en la variedad estándar, en el que el hablante se comunica satisfactoriamente en las situaciones comunicativas que requieren el uso de un lenguaje medianamente formal.
El citado decreto no deja de ser polémico. La organización Convivencia Cívica Catalana (CCC) presentó un recurso en su contra por considerar que es improcedente la exigencia del dominio del catalán como requisito indispensable para la contratación en aquellos docentes que provienen de otros territorios. Paralelamente, también se ha personado en la causa la entidad Òmnium Cultural en defensa de la presencia del catalán. La normativa se aprobó en la recta final de la anterior legislatura del tripartito catalán, cuando las competencias sobre universidades dependían del miembro de ERC Josep Huguet.
De la inversión global prevista para el presente curso, 370.000 euros revertirán en proyectos de normalización y 130.000 en el mantenimiento de los espacios de autoaprendizaje del catalán en las universidades, ambas partidas provenientes del presupuesto de la consejería de Economía y Conocimiento, mientras que desde la Dirección de Política Lingüística de la Generalitat se aportarán otros 60.000 para el mismo fin.
Además de los cursos de acreditación y exámenes del nivel C para el Profesorado Docente Investigador, la convocatoria que se recoge en el Diario Oficial de la Generalitat prevé ayudas para incrementar la docencia y la investigación en catalán, a la vez que la organización de actividades orientadas a potenciar la acogida lingüística de los alumnos extranjeros.
De esta manera se cumple con los requisitos del decreto aprobado hace tan sólo un año y por el que -después de la polémica suscitada- los profesores sin dominio del catalán y a criterio de cada universidad pueden ser contratados. No obstante, el centro debe poner al alcance de sus docentes los instrumentos necesarios para que, en un periodo mínimo de dos años, lleguen a acreditar un nivel suficiente de catalán, es decir, que alcancen a comprenderlo
La Junta socialista de Andalucía fuerza al Hospital, contra la voluntad del equipo médico, a desconectar la sonda que la mantenía con vida
Según precisó, «un médico se empeñó en ponerle la sonda» a Ramona Estévez «para alimentarla». «El 4 de agosto nos dio ultimátum: o ponía la sonda, o le quitaba el suero y nosotros nos la tendríamos que llevar a casa bajo nuestra responsabilidad, ya que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal», relató. «Ante ese chantaje, cedimos porque no sabíamos qué hacer».
El hijo de Ramona Estévez insiste en que su madre había expresado, no por escrito, pero sí verbalmente y ante testigos como la enfermera de su centro de salud, «que no quería vivir más con sondas ni con nada, y que si le pasaba algo quería que le dieran una pastilla y la dejaran morir tranquila».
Respecto a la decisión de la Junta de Andalucía de atender su reclamación y obligar al equipo médico a retirar la sonda, el pasado martes, Páez se mostró «satisfecho», pero «descontento». «Nunca tendríamos que haber llegado a esta situación», lamentó. «Las leyes están para cumplirlas», dijo en referencia a la Ley autonómica de Muerte Digna, de 2010.
Además, instó al Gobierno andaluz a investigar casos similares en el hospital Blanca Paloma de Huelva. «Alguien debería tomar una decisión e investigar si es justo mantener a pacientes como si fueran máquinas de bombear sangre o darles ya una muerte digna. He visto morir allí a 10 personas en condiciones que no creo que sean las justas».
La consejera de Salud del Gobierno andaluz, María Jesús Montero, matizó ayer que «no hubo una orden, sino un contacto con el centro hospitalario», y aseguró que la aplicación de la Ley de Muerte Digna en Andalucía «se está haciendo con total normalidad».
Menudo desbarajuste hay por todas partes. Este verano, son muchos los ciudad@s que se han dado cuenta de que España no funciona, y claro, han puesto el grito en el cielo. Haber si se van enterando, que estos pijos rojos, que encima dicen que son socialistas, que no lo son, van a dejar España que no la va a reconocer nadie.
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