J. M. / Madrid/ El Mundo
La misma persona que el 13 de marzo de 2004 dijo: 'Toda la verdad se terminará sabiendo, ese es nuestro compromiso con las víctimas', lleva un año obstruyendo la labor judicial
Los sindicatos policiales le acusan de 'estar protegiendo a Manzano que es una persona oscura cuya actuación en el 11-M no está clara' y de 'hacer un flaco favor a las víctimas'
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cumplió ayer el tercer día sin dar explicaciones por el comunicado oficial en el que desmiente la noticia veraz de que la juez que investiga la actuación en el 11-M del ex jefe de los Tedax ha dado a la Policía un ultimátum de 10 días.
Ayer, la nota seguía abriendo la web de Interior, pese a que este diario publicó el sábado los documentos que demuestran varias falsedades y acreditan que el Ministerio lleva un año obstruyendo ese proceso. Precisamente Rubalcaba, el mismo que en la jornada de reflexión del 14-M de 2004, cuando dijo que «los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no mienta», añadió: «Los ciudadanos quieren saber toda la verdad y toda la verdad se terminará sabiendo. Ése es nuestro compromiso con las víctimas».
El ministro evitó ayer comparecer en un acto público en Elche, con la explicación oficial de que padece gripe, según Efe.Sigue en página 4
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No obstante, en el Comité Federal del PSOE del sábado se le pudo ver muy sonriente y nada afectado.
El PP, sin embargo, anunció que interpelará también a Rubalcaba por el comunicado en el que desmentía falsamente a este diario, al ser la primera oportunidad parlamentaria que tiene para que el vicepresidente dé explicaciones o se disculpe.
Fuentes del Grupo Popular indicaron que no van a cejar en este asunto, al considerar muy grave que la mentira se instale en el Gobierno. Y, de no recibir una respuesta satisfactoria, habrá una batería de iniciativas parlamentarias para exigir responsabilidades políticas. Además, el PP se ratificó en que «el mentiroso es el verdadero político apestado».
También ayer, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, censuró la nota de prensa de Interior y, sobre todo, «la mentira». Según Díez, «lo que tiene que hacer el Gobierno es colaborar con la Justicia y decir, siempre y en cualquier foro, la verdad: a los jueces, a los medios de comunicación y en el Parlamento». Para la diputada de UPyD, éste «es un principio básico de la democracia, tan básico como el sufragio universal, e incumplirlo es pervertir el sistema al que un gobernante tiene como primera obligación proteger», afirmó.
Los sindicatos policiales cuestionaron ayer la actuación del Ministerio del Interior en el procedimiento contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y manifestaron su extrañeza hacia la nota de prensa de ese Departamento que el viernes desmintió que la juez le hubiese dado un ultimátum de 10 días para que respondiese a sus requerimientos, entre otros extremos, cuando se trata de hechos fácilmente demostrables.
Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Confederación Española de Policía (CEP) coincidieron en que el Ministerio debe «rectificar» y «colaborar con la Justicia, porque ésa es su obligación».
El portavoz del SUP, José María Benito, declaró a este periódico que
«está claro que, por ahora, Interior no tiene ninguna intención de colaborar con la Justicia y sí de proteger a Manzano, que es una persona oscura y cuya actuación en el 11-M no está clara. Los hechos que se le imputan [a Manzano] son gravísimos y tendría que estar retirado cautelarmente de cualquier función».
El dirigente sindicial recordó que el SUP se ha personado recientemente en el procedimiento contra Sánchez Manzano porque su actuación durante el 11-M «no está clara» y considera necesario «despejar cualquier sombra de duda».
El secretario general de la CEP, Ignacio López, afirmó que «es la autoridad judicial la que tiene que determinar si Interior no está colaborando con la Justicia», porque «la falta de colaboración siempre desprestigia la imagen y la consideración que tiene la sociedad hacia los cuerpos policiales y hace un flaco favor a las víctimas». Por ello, reclamó al Ministerio que piense en los afectados.
OORBYT.es
> 'Rubalcaba tiene que explicarse', por Vicente Lozano.
M. S. / Madrid
«No hay mentira; no había fecha ni plazo»
El PSOE niega rotundamente que en la nota emitida por el Ministerio del Interior se haya mentido, y asegura que se limitó a dar los datos que se tenían.
Así lo afirmó a EL MUNDO la dirigente de la Ejecutiva Federal socialista, Elena Valenciano, quien ve desmedida la polémica.
«Lo que nosotros sabemos es que en la providencia que tenía Interior del juzgado no había fecha, ni plazo, ni ultimátum alguno. Por eso no hubo mentira. El departamento del Ministerio del Interior dijo lo que tenía», afirmó, aunque nada explicó de los puntos 4 y 5 de la nota, donde se afirmaba, entre otras cosas, que era la primera vez que el juzgado solicitaba dicha información.
Valenciano indicó que, en su opinión, sigue el conflicto porque «todo responde a una campaña para desgastar y desprestigiar a Rubalcaba». En este sentido, añadió que el vicepresidente primero «parece que pone de los nervios a la derecha, que no tiene otro objetivo de arremeter contra él».
En todo momento, la dirigente socialista quitó hierro al asunto y descartó que fuese un tema que se comentara en el Comité Federal del PSOE del pasado sábado, o que esté previsto abordarlo en la Ejecutiva Federal de hoy lunes. «No creo que nadie en la dirección federal del PSOE aborde un asunto como éste», añadió, restándole importancia en todo momento.
Parecida actitud tuvieron los grupos parlamentarios de CiU, PNV e IU, que no quisieron valorar el comunicado falso de Interior desmintiendo a EL MUNDO.
Fuentes del Partido Nacionalista Vasco indicaron que no van a entrar a valorar los hechos «porque hay un procedimiento judicial abierto, y esperamos que sea capaz de aclarar cualquier duda que pudiera existir».
El PNV se limitó a añadir que también espera que Rubalcaba «sea capaz de aclarar cualquier duda que pudiera existir».
En los mismos términos se expresó CiU, que declinó hacer valoraciones sobre lo ocurrido.
Por su parte, fuentes del Grupo Parlamentario de IU indicaron a este diario que para su partido, «el 11-M es un caso resuelto y juzgado, y no queremos entrar en especulaciones ni en enfrentamientos partidistas o periodísticos», dijo un portavoz. Izquierda Unida considera que hay que dejar que los jueces hagan su trabajo hasta el final.
Ninguno de estos tres grupos tienen previsto interpelación parlamentaria alguna sobre este asunto, aunque esperan que el ministro del Interior aclare lo ocurrido.
M. MARRACO / Madrid
Las negativas a colaborar con la juez
El Ministerio del Interior afirmó el viernes que siempre ha respondido «en tiempo y forma» los requerimientos del juzgado que investiga al jefe de los Tedax en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano. La afirmación no casa con el recorrido de la causa que se refleja a continuación. Las normas de funcionamiento de los Tedax llegaron con 11 meses de retraso, después de tres peticiones y de una primera negativa de Interior. La solicitud de identificar a los tedax de la unidad de Manzano ha sido emitida dos veces y pasado mañana cumple un año sin respuesta. Casi el mismo tiempo lleva esperando un listado de informes de la Policía Científica.
8/7/09. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, presidida por Ángeles Domínguez, presenta una querella contra Sánchez Manzano y la perito de la Unidad Central que dirige. Les atribuye los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.
10/7/09. La titular del Juzgado de instrucción número 43, Coro Cillán, admite a trámite la querella por los tres delitos y cita a Manzano y la tedax como imputados. Ordena reclamar todos los documentos que pedían las víctimas, para lo que libra oficios a la Audiencia Nacional, el Congreso de los Diputados y la Policía. En los meses siguientes, interroga a los imputados -a Manzano con retraso, porque en la primera citación «estaba de crucero»- y a numerosos testigos, principalmente tedax y peritos químicos.
9 y 25/2/10. La juez dicta providencias reclamando a Interior diversos datos solicitados por las víctimas. En la segunda providencia, pide específicamente las Normas Provisionales de Actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos, del 19 de mayo de 1989. Según los querellantes, su contenido dejaría en evidencia la actuación de Manzano en lo que respecta a los análisis de los restos de explosión y a la custodia de las muestras.
9/3/10. La juez dice que no ha recibido respuesta alguna a lo reclamado en las providencias anteriores. Da «cinco días» al Ministerio para que les dé respuesta «en todos sus extremos», con apercibimiento de proceder penalmente por desobediencia a la autoridad judicial. Además, reclama el listado de los tedax de la Unidad Central que, por orden de Manzano, trasladaron los vestigios recogidos en los focos del 11-M hasta la sede de la Unidad. La nota de prensa de Interior niega la existencia de esa petición, que reproducimos arriba a la derecha. Ese mismo mes, la juez reclama a Interior los 116 informes que demuestran que la Policía Científica sí analizaba muestras de restos de explosiones remitidas por los Tedax, en contra de lo sostenido por Manzano en el juicio del 11-M. Interior respondió al juzgado que no entendía exactamente lo que se pedía. El listado aún no ha llegado a la magistrada.
23/3/10. Tras el apremio de la juez, Interior responde que el protocolo de los Tedax es materia secreta y que, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, no puede enviarle una copia. Matiza que si se trata de información «sustancial» para la causa, se podrían «estudiar fórmulas que resulten más convenientes».
6/4/10. Las víctimas proponen que Interior les remita únicamente dos puntos concretos del protocolo cuya divulgación en ningún caso afectarían a la seguridad de los tedax. Ese mismo mes, el juzgado oficia a Interior reclamando esos datos.
22/7/10. Las víctimas presentan un escrito recordando que Interior no ha respondido todavía a tres peticiones del juzgado: el listado de los tedax de la Unidad Central, los 116 informes de la Policía Científica y las solicitud parcial del protocolo de los Tedax.
23/9/10. Pasan los meses e Interior sigue sin responder. Las víctimas recuerdan la situación a la juez y le piden que advierta al Ministerio de la posibilidad de que el funcionario responsable de atender los requerimientos esté cometiendo un delito de desobediencia.
29/1/11. La juez dicta una nueva providencia en la que resalta que Interior sigue sin enviar las normas de los Tedax que había pedido por primera vez en febrero del año anterior, y ordena que lo haga «en el plazo de 15 días». Es la tercera vez que lo pide.
31/1/11. Interior remite a la juez dos puntos del reglamento de los Tedax que piden las víctimas. El 3 de febrero la magistrada dicta una providencia dando por recibida la información. Han pasado 11 meses desde la primera petición del juzgado.
2/3/11. La magistrada ordena librar un oficio a Interior para que, «en el plazo de 10 días», remita la relación de tedax de la Unidad Central que trasladaron los vestigios recogidos en los focos. El dato había sido reclamado por primera vez un año antes. Interior negó el viernes la existencia de ese plazo, pese a que puede comprobarse en la providencia reproducida arriba, en el centro.
A FONDO
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
El hombre que trabajaba demasiado
La metedura de pata del vicepresidente primero del Gobierno es de tal calibre que no se puede justificar si no es en función de un estado de ansiedad que le hace reaccionar espasmódicamente. La nota de la Vicepresidencia Primera no sólo califica de «absolutamente falso» el plazo de 10 días que da la titular del Juzgado número 43 de Madrid a Interior para que remita la relación de los miembros del Grupo Tedax que participaron en la recogida de muestras de los atentados del 11-M, sino que afirma, equivocadamente, que ésta es la primera vez que la juez hace tal solicitud.
Las providencias del Juzgado en poder de este periódico demuestran que la información publicada es cierta y que Interior ha actuado, como mínimo, con precipitación y falta de rigor. No es ésa la manera habitual de obrar por parte de la Policía, así que hay que atribuir al estado de nervios del ministro, muy sensibilizado en este asunto del 11-M, el patinazo de desmentir algo cuya veracidad es fácilmente demostrable.
Pongámonos en su situación. El pasado mes de diciembre, el vicepresidente y sus mariachis daban por hecho que sería el sucesor de Zapatero. La propia actitud del presidente, que estuvo durante unas semanas como ausente, dio verosimilitud a la que ya era una convicción firme entre los que veían a Rubalcaba como el «sucesor natural».
El titular de Interior parecía vivir en estado de gracia. Ni siquiera la victoria de Tomás Gómez en las primarias de Madrid le pasó factura, a pesar de haber sido él el principal patrocinador de Trinidad Jiménez y de haber dado su triunfo por seguro. Durante esas semanas de vino y rosas contó con un aliado de peso, José Blanco, el hombre que sigue controlando el aparato del partido.
Todo eran alabanzas: su inteligencia, su habilidad como comunicador, etcétera. Había encuestas (de su medio amigo, El País) que le daban incluso como ganador en un hipotético enfrentamiento con Rajoy.
Pero el exceso de confianza, tal vez una pizca de soberbia, le llevaron a cometer errores de bulto. Su exagerado protagonismo durante la huelga de controladores provocó las primeras fricciones con su aliado táctico, el ministro de Fomento, que desde entonces se ha ido, poco a poco, distanciando de él.
Tras las vacaciones navideñas, Zapatero volvió con ánimos renovados y lanzó aquel mensaje que inquietó a los que ya le daban por amortizado: «No he tirado la toalla».
Cuarenta y ocho horas más tarde de haber hecho esa declaración, el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, cometió la ¿torpeza? de comentar en una comida con periodistas que Zapatero no se presentaría a las elecciones de 2012 y que el candidato sería Rubalcaba, tras ser elegido en un congreso extraordinario a celebrar en el mes de octubre.
El plan para la nominación de Rubalcaba estaba en marcha y había que acelerarlo antes de que el presidente cambiara de opinión.
Gaspar Zarrías, uno de los integrantes del equipo pro nominación de Rubalcaba, se reunió con varios dirigentes del PSOE para sumar adhesiones.
La idea era que la candidatura del ministro del Interior fuera casi plebiscitaria. Que alguien, tras hacerse pública la decisión de Zapatero de no presentarse, lo propusiera como alternativa en un Comité Federal y que un grupo numeroso de jefecillos socialistas avalara la iniciativa. En definitiva, que no hicieran falta primarias para la designación del candidato y que el Congreso, de celebrarse, fuera tan sólo un trámite para ratificar al líder indiscutible.
Sin embargo, lo burdo de la maniobra desató una ola de indignación en el partido y malestar en el entorno del presidente del Gobierno. La comparecencia de Carmen Chacón el 22 de febrero en la que se declaró abiertamente partidaria de las primarias («para ser candidata hace falta que los militantes quieran»), levantó ronchas en el círculo íntimo de Rubalcaba. Círculo en sentido amplio. Al día siguiente del acto de la ministra de Defensa, muy bien arropada por un amplio grupo de ministros y avalada por la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el diario El País dejó caer en un editorial que la aparición de un posible candidato alternativo podía generar incertidumbre en el PSOE, que correría el riesgo de «precipitarse en el vacío».
Dos días después, el mismo diario titulaba una información: «Rubalcaba replica a Chacón: 'Yo soy vicepresidente, sólo pienso en trabajar'».
El problema para Rubalcaba es que las palabras de Chacón no sólo no molestaron al presidente, sino que éste transmitió su aprobación por lo medidas que habían sido sus declaraciones.
El vicepresidente no sólo está inquieto ante la evidencia de que sus movimientos han quedado al descubierto, sino que, además, está cada día más preocupado por la deriva judicial del caso Faisán.
Un tema que ya daba por zanjado, ahora, gracias a la tenacidad del juez Ruz y a la torpeza del ex comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, que se permitió el lujo de denigrar al responsable de la investigación, ha vuelto a cobrar brío y apunta cada vez con más fuerza a la cúpula de Interior.
El penúltimo desliz del vicepresidente se ha producido como consecuencia de sus ganas de balón. Quiso, como en el caso de los controladores, aparecer como el resolutivo arreglalotodo ante la crisis petrolera provocada por la situación de Libia y apareció él solo, tras el Consejo de Ministros del pasado día 25, para anunciar la limitación de velocidad a 110 kms/hora. En la creencia de que la propuesta sería aplaudida mayoritariamente por la ciudadanía (la limitación tiene su vertiente de seguridad vial), forzó el adelanto de una medida que estaba prevista para una segunda fase en el plan de actuaciones de Industria. La oleada de protestas generalizadas obligó a la presentación de un paquete de medidas (algunas de ellas plenamente justificadas) que, esta vez sí, contó para su presentación con la presencia y el aval del ministro Miguel Sebastián.
No es por disculparle, pero yo en su situación también estaría de los nervios.
FERNANDO LÁZARO / Madrid
El PP pide la reprobación del director de la Policía
El PP sigue dando la batalla en el Congreso por la política de nombramientos del Ministerio del Interior. Ha pedido ya y ha vuelto a pedir explicaciones al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el incumplimiento de las sentencias en las que se le exige que modifique la política de nombramientos de altos cargos, de los puestos de libre designación.
Por ello, el PP ha pedido en el Congreso la reprobación del director general de la Policía, Francisco Javier Velázquez. EL MUNDO informó ayer de que, pese a las sentencias en contra (dos firmes y una a punto de serlo) sobre el catálogo de puestos de trabajo, Rubalcaba ha nombrado a más de un centenar de nuevos cargos de confianza en la Policía.
«La política de personal de Rubalcaba con la Policía ha sido reiteradamente desautorizada por los tribunales. Rubalcaba quiere una Policía al servicio de sus intereses y no de los intereses generales, en los que todos los puestos sean de su confianza política. El director de la Policía está incumpliendo las sentencias. Hemos pedido su reprobación por su política arbitraria, que está generando un enorme malestar en el seno de la Policía», declaró el diputado del PP Ignacio Cosidó.
Luego querrán que les voten, si son lo peor que a parido madre, mentisosos compulsivos, maquiavélicos,desprecio a las víctimas, se burlan de cualquiera que les diga la verdad, vamos, son lo peor de lo peor. Ellos que deberían dar ejemplo, son los que nos hacen a los demás malos, teniendo a personajes tan ilustres en el parlamento que violan cuando les da la gana.
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