SEBASTIÁN TORRES / Sevilla/ El Mundo
En un auto fechado el 19 de enero, la juez Mercedes Alaya toma como base el atestado de la Policía Judicial sobre la disposición supuestamente ilegal de unos 700 millones de euros para pagar prejubilaciones en empresas en crisis y ordena «incoar nuevas diligencias previas». Por un lado, seguirá investigando los dos ERE de la empresa pública Mercasevilla de los años 2003 y 2007, y, por otro, abrirá una nueva vía cuyas dimensiones son, por el momento, difíciles de calcular.
La magistrada apunta a la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias «con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral», es decir, de la Consejería de Empleo.
El auto, al que ha tenido acceso este periódico, apunta la «presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas» pagadas, «en su mayor parte, por la Junta de Andalucía, y ello en diferentes empresas distintas de Mercasevilla», caso a raíz del cual se ha destapado todo el asunto.
«La ilicitud -dice la juez en su auto- no sólo vendría del procedimiento administrativo utilizado», sino de la inclusión en las pólizas de «personas que nunca habían trabajado en dichas empresas».
La trama a la que alude la juez podría estar conformada, presuntamente, por «las propias empresas, además de personas físicas y entidades que actuaron como intermediarios y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral», según recoge en el auto.
Resulta llamativa la mención al «procedimiento administrativo» como presuntamente ilícito, toda vez que la Consejería de Empleo se ha enrocado en defender la legalidad de las subvenciones para prejubilaciones desde 2001 a 2010.
Esta decisión judicial se produce como consecuencia del informe realizado por la Unidad de Policía Judicial, que incluye la revelación del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez, de la existencia de un «fondo de reptiles» para pagar prejubilaciones en empresas en crisis implantadas en Andalucía.
La Policía cuantifica dicho fondo de reptiles en los 700 millones de euros que la Consejería de Empleo reservó para incentivar prejubilaciones y despidos colectivos. Entre los ERE subvencionados estarían los de Mercasevilla de 2003 y 2007, Río Grande e Hitemasa, donde se han encontrado prejubilados que nunca trabajaron en la empresa o que se acogieron al ERE pese a no cumplir los requisitos. En su gestión habrían participado conseguidores que podrían haber cobrado comisiones, según la investigación.
Sigue la corruptela en el psoe del cortijo de andalucía.
ResponderEliminarSon como la marabunta, por donde pasan, dejan rastro.