Interior descartó investigar a la familia de Pumpido

07:35 (19-12-2010) | La Gaceta

Un informe de la Policía vinculaba a su sobrina con el testaferro Roca. La Policía informó a Anticorrupción de que la familia de Conde-Pumpido estaba implicada en el 'caso Malaya'.

R. Ruiz Ballesteros Madrid.

La Policía de Marbella encargada de investigar el caso Malaya descartó incluir a Blanca Conde-Pumpido, sobrina del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las pesquisas de la operación tras consultar al número dos de la Policía Judicial, José Luis Olivera, jefe de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la misma unidad que investiga el caso Gürtel.

Según las conversaciones telefónicas incluidas en el sumario del caso Torello Rollero a las que ha tenido acceso LA GACETA, desde Madrid pidieron al investigador del Malaya, Valentín Bahut, un tiempo “para hacer unas gestiones” antes de investigar a la sociedad Solución de Pago en Línea, participada por el marido de Blanca Conde-Pumpido y vinculada con el testaferro de Roca. Tras esto, la empresa nunca fue inspeccionada.

El jefe de la investigación policial del caso Malaya y comisario de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) en Marbella Valentín Bahut llamó por teléfono al jefe de la UDEF) central, José Luis Olivera, el 24 de marzo de 2006 a las 10.41 horas, según las diligencias previas 5940/05 del sumario instruido por el Juzgado número 11 de Málaga (el caso Torello Rollero). Le preguntó si el informe policial que en ese momento se estaba elaborando en relación con una de las empresas del testaferro de Juan Antonio Roca, Óscar Benavente, pasaría por manos del Fiscal General del Estado. Olivera le respondió que sí, que Cándido Conde-Pumpido tendría el documento. Acto seguido, Bahut le explicó que una de las empresas que está pendiente de ser investigada se llama Solución de Pago en Línea –una compañía dedicada a la banca electrónica– y que entre sus socios está, además de Benavente, “José Luis (María) Fuentes González, marido de Blanca Conde-Pumpido Soto”.

En ese momento, el jefe de la UDEF, número dos del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González –mano derecha del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba–, le pidió al comisario de Marbella que no moviera ficha por el momento, que esperara a que realizara “unas gestiones”.

Diez minutos después, y tras realizar las misteriosas “gestiones”, Olivera vuelve a llamar a Bahut. El policía de Marbella le insiste en que “la sociedad la deberían mirar porque va en el informe”, en referencia al escrito de la UDEF 23.795, elaborado ese mismo día 24 de marzo, que indica cuáles deben ser las empresas que hay que investigar. Olivera contesta que “va a hablar con el fiscal Anticorrupción” (presuntamente Antonio Salinas Casado, fiscal jefe).

Al día siguiente (25 de marzo), Bahut y Olivera volvieron a hablar por teléfono. A las 20.54 horas, el segundo llamó al primero. Ambos comentaron la “relación de parentesco de uno de los objetivos de la operación”. Cuatro minutos después, Bahut llamó a José Manuel Rando –que por aquel entonces era uno de los dos inspectores encargados de investigar quién estaba detrás de las siglas J. A. G.–, que le aseguró que no existe parentesco entre los dos protagonistas (Cándido y Blanca Conde-Pumpido). Rando argumentó que se lo había confirmado el fiscal Anticorrupción (Salinas). Sin embargo, a las 21.56 Bahut volvió a llamar a Rando para dar la conclusión definitiva después de preguntar a sus contactos. “Definitivamente, el padre de la persona es primo hermano del Fiscal General del Estado”, confirmó con rotundidad, según apunta el citado sumario, cuyo secreto fue levantado a finales de 2006. Y efectivamente, el primo hermano del fiscal general es Manuel Conde-Pumpido Ferreiro, que fue defensor del Pueblo de Andalucía y que es el padre de Blanca Conde-Pumpido, esposa de José María Fuentes González, socio del testaferro de Roca (Óscar Benavente) en Solución de Pago en Línea.

Después de la citada conversación –grabada por Asuntos Internos a través del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel)–, todas las empresas relacionadas con Óscar Benavente (Gracia y Noguera, Rituerto Hermanos, Marqués de Velilla, Antequera 64, Colección Santa Fe, Inmuebles Direla, Inmuebles y Fincas Canopus, Fincas Socotora, Jabor Margarpe, Marbella Quality, Marbella Nature y Telmóvil Coast) fueron investigadas durante la operación Malaya, salvo una, Solución de Pago en Línea, como se desprende de la instrucción del Malaya.

Excepcionalmente, la instrucción practica una única e insignificante diligencia respecto a Solución de Pago en Línea: el bloqueo de una cuenta alojada en el BBVA a nombre de la empresa que contaba con 1,26 euros. Pero nada más. Ni siquiera se toma declaración –ni como testigos ni como imputados– a los socios de Benavente en la citada empresa: José María Fuentes (el marido de Blanca), Manuel Benavides y Paolo Benavides.

Tampoco durante la declaración de Óscar Benavente ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el 2 de abril de 2006 –ocho días después de que se produjeran las citadas conversaciones telefónicas– el Ministerio Fiscal preguntó al testaferro de Roca sobre la controvertida sociedad ligada al marido de Blanca Conde-Pumpido, como consta en el sumario del Malaya.

Asimismo, según el Registro Mercantil de Málaga, Solución de Pago en Línea, participada por José María Fuentes González, tiene su domicilio social en la Urbanización Aloha Pueblo, plaza de los Naranjos número 7 (Marbella), precisamente la misma dirección donde se encuentra el despacho de su mujer, Blanca Conde-Pumpido.

La conversación ha salido a la luz gracias a la investigación llevada a cabo por el abogado Antonio Urdiales, personado tanto en el caso Malaya (Juzgado 5 de Marbella) como en el denominado Torello Rollero (Juzgado 11 de Málaga). Urdiales, que lo entiende como un ejercicio de transparencia, acusa a Asuntos Internos de “grabar el caso Malaya” e incluso prepara una querella para esclarecer los hechos.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga instruyó, a petición de Asuntos Internos, las diligencias 5940/2005 para investigar y pinchar las llamadas de Bahut y del inspector jefe José Alfredo Marijuán, ambos miembros de la Udyco y encargados de las pesquisas del caso.

El Juzgado les condenó por encubrimiento y revelación de secretos. Aunque posteriormente fueron absueltos por el Tribunal Supremo en una llamativa sentencia (223/2010 de 1 de marzo de 2010), en la que la última instancia jurídica de España critica duramente la instrucción del juez de Málaga, así como la investigación de Asuntos Internos.

El TS reprochó a los agentes que acusaran basándose sólo en “informaciones llegadas a esta Unidad”. Y al juez, que admitiera tan simple argumento. “Son insuficientes (inexistentes, deberíamos decir) los indicios que se ponen de manifiesto ante el juez instructor”, sentenció el Alto Tribunal.

Vea aquí las diligencias previas del caso Torello Rollero: