martes, 14 de diciembre de 2010

El Gobierno no se fía y quiere llegar a fin de año en alarma


AGUSTÍN YANEL / MARISA CRUZ Madrid/El Mundo

Pepiño advierte que los controladores «promotores del sabotaje no son conscientes de los daños causados»

Después del caos aéreo que se vivió en España hace semana y media, el Gobierno no se fía de los controladores, a pesar de que algunos portavoces de este colectivo han dicho que no van a repetir el abandono masivo de sus puestos de trabajo que dejó tirados en los aeropuertos a más de medio millón de pasajeros.

Zapatero embustero

El Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero no había adoptado ayer tarde una decisión. Pero, según distintas fuentes, se inclinaba por prolongar el estado de alarma para garantizar a la ciudadanía que no verá alterados los vuelos que tenga previsto realizar durante las inminentes vacaciones de Navidad y Fin de Año.

El ministro de Fomento, José Blanco, no adelantó ayer qué decisión va a adoptar el presidente del Gobierno. Pero hizo un significativo comentario a la Cadena Ser: «A día de hoy no está descartada la prórroga del estado de alarma», afirmó, porque «los promotores, los coordinadores del sabotaje no han alcanzado a ver las consecuencias y daños que han causado al país». Sigue en página 4

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Blanco comparece hoy por la mañana ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, a petición propia, para informar sobre «las decisiones que se han tomado a lo largo del último año en relación al servicio de tránsito aéreo».

Los portavoces de los grupos de la oposición esperan que, además de facilitar esa información, el ministro anuncie si el Gobierno tiene previsto prorrogar la declaración de estado de alarma, que concluye el próximo sábado día 18.

Zapatero embustero

El ministro insistió ayer, una vez más, en que el Gobierno debe garantizar la movilidad de los ciudadanos y los servicios públicos esenciales, entre ellos el tráfico aéreo. Y lo hará «en cualquier circunstancia», subrayó.

El responsable de la cartera de Fomento indicó que la mayoría de los controladores aéreos quiere trabajar y respetar las leyes. Pero también dijo que el abandono de sus puestos de trabajo, que tuvo las graves repercusiones ya conocidas, tendrá distintas consecuencias en función de la participación de cada uno de ellos: a algunos habrá que retirarles la licencia y otros serán despedidos o sancionados, además de exigirles las responsabilidades civiles y penales que establezcan los tribunales.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tampoco adelantó si se va a prorrogar el estado de alarma, pero coincidió con su compañero de gabinete José Blanco en que el Gobierno está dispuesto a hacerlo para garantizar el derecho de la ciudadanía a viajar sin problemas. «Si entendemos que es preciso para garantizar la movilidad de los españoles, no les quepa duda de que pediremos la prórroga», declaró en Sevilla, según informa la agencia Efe.

«Dijimos desde el primer momento que valoraríamos si era necesario prolongar el estado de alarma, en cuyo caso pediremos la autorización correspondiente del Congreso de los Diputados», añadió en una rueda de prensa.

Desde que acordó decretar el estado de alarma, la semana pasada, el Gobierno está evaluando la situación para decidir si acuerda prorrogar esa situación excepcional y pide la preceptiva autorización al Congreso.

En el caso de que acuerde la prórroga, el Ejecutivo no tendrá ningún problema para que el Legislativo apruebe esa decisión.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, dijo la semana pasada, en el debate en Pleno sobre este asunto: «Si el Gobierno cree necesario ampliar, haga lo que tenga que hacer; y, en cualquier caso, hágalo bien. Nuestro grupo parlamentario lo único que persigue es garantizar el derecho de los ciudadanos al servicio aéreo y, por tanto, el derecho de los ciudadanos a poder volar en este país. No nos corresponde a nosotros esa garantía, le corresponde al Gobierno. Lo único que solicitamos es que el Gobierno haga lo que estime necesario para garantizar a los ciudadanos la libertad de movimiento, para no provocar perjuicios económicos, y que informe puntualmente a esta Cámara de cualquiera de las decisiones que pudiera adoptar al respecto».

Con los 10 votos de CiU, el Gobierno tiene de sobra para sacar adelante la prórroga, porque con los 169 del PSOE superarían los 176 que constituyen la mayoría absoluta y sólo se precisa mayoría simple.

Pero el Gobierno no quiere sacar adelante esa prórroga sólo con los apoyos de CiU, porque daría una imagen de demasiada soledad ante una decisión que es la primera vez que se aplica en democracia.

Es poco probable que se viva esa situación, porque el PNV también está dispuesto a apoyar la prórroga, aunque para ello pone una condición: que el Gobierno justifique que existe una «amenaza real» de posible caos aéreo durante las próximas fiestas. El Ejecutivo no tendrá dificultades para convencer a los diputados peneuvistas, sus socios en los Presupuestos Generales del Estado, de que ese peligro existe y que se necesita la prórroga. Y eso le servirá también para calmar cualquier inquietud que pudiera surgir en CiU.

Al margen de lo que decida el PP, que ayer hizo públicas sus condiciones [ver página 5], las únicas reticencias serían las de las formaciones políticas que tienen menos representación en el Congreso: ERC, IU-ICV, BNG, UPyD, Na-Bai y UPN. Entre todas ellas suman sólo 10 diputados.

Para asegurarse el máximo respaldo, en el caso de que se decida la prórroga, el Gobierno y el PSOE han tanteado a los portavoces de algunos grupos parlamentarios para ver con qué apoyo contarían.

Desde Salamanca, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, insistió ayer en su oposición al estado de alarma y mucho más a una posible prórroga. «Da la impresión de que le han cogido el gusto», afirmó, «y tratan de sacar los mayores réditos políticos de él, a costa incluso de estirar como un chicle un estado que más que de alarma es ya de anormalidad extrema y que tiene otras formas de solucionarse».

En el caso de que el Gobierno decida prorrogar la declaración de estado de alarma, debe ser el Pleno del Congreso el que dé la autorización.

Para añadir un punto al orden del día del Pleno -que comienza hoy y termina el jueves- se necesita el acuerdo unánime de los grupos. En ese caso, la prórroga sería debatida pasado mañana.

Si algún grupo se opusiera a añadir ese punto, tampoco existiría problema para aprobarlo, porque el presidente del Congreso convocaría un Pleno extraordinario para el jueves, tras concluir el ordinario.

1 comentario:

  1. Esto es lo mismo que opino yo «Da la impresión de que le han cogido el gusto», afirmó, «y tratan de sacar los mayores réditos políticos de él, a costa incluso de estirar como un chicle un estado que más que de alarma es ya de anormalidad extrema y que tiene otras formas de solucionarse».

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