En otro juicio, los acusados culpan a escoltas del PP de haber provocado los disturbios
El «cese definitivo» de actividades no alcanza al sótano primero de la Audiencia Nacional. Ayer, el presunto etarra del comando Otazua Daniel Pastor hizo todo lo que se puede hacer cuando ya estás en el banquillo y custodiado por cuatro policías: insultar, resistirse a ser expulsado y gritar vivas a la banda. La actuación de Pastor contagió a sus compañeros de banquillo Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, y acabó soliviantando al público que les apoyaba al otro lado del cristal blindado.Los etarras, detenidos en marzo del año pasado, se sientan en el banquillo por colocar una bomba lapa al escolta Juan Carlos Domingo Galíndez, que resultó gravemente herido. El mismo método que también les llevará a juicio por el asesinato del policía Eduardo Puelles.
Antes de que le tocara decir si iba a responder a las preguntas, Pastor se puso a llamar «fascista» y «torturador» al tribunal, lo que le valió que el fiscal Jesús Santos solicitara una deducción de testimonio. El tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, aceptó sobre la marcha remitir información de lo sucedido a un juzgado ordinario.
El juicio discurrió por cauces más tranquilos hasta que concluyó la declaración de un guardia civil que afirmó que los detenidos habían declarado sin ninguna coacción. «¡Torturador!», soltó de nuevo Pastor, que tras su arresto había denunciado torturas. La presidenta le chistó y le advirtió de que si seguía así lo mandaría al habitáculo blindado. Él siguió -«me dais asco»; «con las esposas no me vais a callar»-, ella ordenó que se lo llevaran y los acontecimientos se precipitaron. Zapirain y Etxebarria se sumaron a las protestas y Palacios acabó pidiendo refuerzos para llevarse a los tres: «Traigan más personal, por favor».
Entonces se abrió otro frente de protestas entre el público. La presidenta ordenó que los alborotadores salieran de la sala y ellos respondieron gritando a pleno pulmón «Jotake», «Gora Euskadi Askatuta» y otras expresiones de ánimo, según informa Efe. Pastor les acompañó con un sonoro «gora ETA» antes de salir junto con sus presuntos compañeros de comando camino del calabozo.
Los tres pasaron allí el resto del juicio. Sólo volvieron, de uno en uno, para el turno de última palabra. O ya se les había pasado el enfado o es que ya no había público, pero el caso es que no dijeron nada.
Momentos antes, el fiscal Jesús Santos había reclamado al tribunal que les condenara a 55 años de prisión por dos tentativas de asesinato y un delito de lesiones. Aquel 8 de octubre de 2007, en Bilbao, sólo cogió el coche el escolta, ya que el edil socialista al que protegía estaba de vacaciones. Pese a ello, el Ministerio Público acusa por dos intentos de asesinato al considerar que el objetivo del comando eran el edil y su escolta.
La bomba lapa fue colocada bajo el asiento trasero derecho por un doble motivo, según el fiscal. Que afectara de lleno al pasajero y que alcanzara el depósito de gasolina.
También acusa la AVT, cuya abogada, Carmen Ladrón de Guevara, explicó que se querellarán contra los etarras por los vivas a ETA.
Mientras los incidentes se sucedían en la sala blindada, en el piso de arriba se sentaban en el banquillo 18 acusados de impedir la toma de posesión del Ayuntamiento de Llodio (Álava) en junio de 2004, tras la anulación de una candidatura abertzale.
El fiscal Miguel Ángel Carballo pide para cada uno tres años de cárcel por coacciones terroristas. De acuerdo con su acusación, el 14 de junio de 2003 los acusados se concentraron «con la intención de impedir la toma de posesión» de los nuevos ediles, que acabó celebrándose en otro lugar. Para ello, los acusados «no dudaron en escupir, insultar a grandes gritos, amenazar, hacer sonar silbatos», según el fiscal. Hubo «empujones y agresiones», y los concejales y otros miembros del PP «debieron abandonar el salón con la protección de sus escoltas».
Ayer, la tesis de la mayor parte de los acusados fue que el detonante de los incidentes fue la actitud de los escoltas de los ediles del PP, que entraron «a golpes» en el salón de plenos, donde ellos sólo querían mostrar su rechazo a la anulación de la otra candidatura.
La causa ha pasado nueve años entre archivos y conflictos de competencia antes de acabar en la Audiencia Nacional. Acusados y Fiscalía habían previsto la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad. No salió adelante por la negativa de la acusación ejercida por los miembros del PP, que reclaman condenas de hasta seis años de prisión.
Dinero para el 'aparato logístico'
El ministro Jorge Fernández Díaz reveló ayer que el entorno de ETA está exigiendo a los comerciantes vascos dinero para el entramado etarra con el fin de que la banda tenga medios para reconstruir su 'aparato logístico'. El titular de Interior sostiene que la organización pretende mantener esta rama de sus actividades en «estado latente» y que, prueba de ello, es también el hecho de que los últimos etarras detenidos llevaran armas y material para fabricar bombas. «Hay que estar vigilantes», concluyóLAS INICIATIVAS DE LA IZQUIERDA 'ABERTZALE' RADICAL
Amenazan con dejar solo a Bildu en Donostia 2016
La oposición en el Ayuntamiento de San Sebastián advirtió ayer al alcalde, Juan Karlos Izagirre (Bildu), que retirará el apoyo unánime dado hasta ahora a la Capitalidad Cultural Europea 2016 si decide imponer unilateralmente su organigrama, que incluye la incorporación del 'bertsolari' Jon Maia como asesor para el desarrollo territorial del proyecto. Los grupos, que ya se oponían a que se creara este puesto, se mostraron aún más críticos (sobre todo el PP y el PSE) sobre la figura de una persona «tan marcada políticamente» hacia la izquierda 'abertzale' y que participa en actos de apoyo a los presos de ETA. La oposición afirmó que la «forma de hacer» del alcalde rompe con el compromiso del «máximo consenso», entre otras cosas por los nombramientos. Así, censuraron que su prioridad es cubrir puestos con gente 'abertzale'
El alcalde izó la ikurriña durante la tamborrada
El PP de San Sebastián censuró ayer la «indigna» imagen que dio el alcalde, Juan Karlos Izagirre, durante la tamborrada al «manipular» las fiestas, que se convirtieron en un acto de «propaganda» radical. A su conocida decisión de reservar la primera planta a familiares de presos de ETA e invitados 'abertzales' para que colocasen banderas de los reclusos, lo que supone una «humillación a las víctimas del terrorismo», se suma ahora la denuncia de que miembros del Gobierno de Bildu izaron la 'ikurriña' desde un balcón colindante al principal al tiempo que Izagirre cumplía con la tradición de izar la bandera de la ciudad. Esta medida supone una «ilegalidad manifiesta» y un acto «inadmisible» por la «politización» festiva. A este respecto, el PSE ha propuesto elaborar unas «normas básicas» para el desarrollo de los actos
Álava, obligada a quitar el cartel contra ETA
PNV, Bildu y EB acordaron ayer en las Juntas Generales de Álava solicitar a la Diputación que retire los carteles en contra de ETA instalados en la fachada de las oficinas forales. La propuesta recibió el voto en contra del PP -partido que gobierna en minoría- y del PSE. EB registró esta propuesta el pasado 7 de noviembre de 2011, dos semanas después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista. Ya antes, el 27 de octubre, la Diputación de Vizcaya, controlada por el PNV, retiró una pancarta similar con el lema 'Bakea behar dugu. Necesitamos la paz', que llevaba instalada en la fachada del edificio foral desde 1997.
PNV, Bildu y EB creen que quitar el cartel en Álava es un «gesto» para «caminar hacia la normalización política» en el País Vasco, informa Europa Press
