Una treintena de proetarras vitorean a Pikabea al salir de prisión

libre un veterano de la banda

José María Múgica Pikabea ha salido la prisión de Alicante II, en Villena, tras cumplir la pena de 18 años. El martes saldrá libre Aguiriano, asesino de un niño.

• Libertad para dos veteranos de ETA

2011-05-01

libertad digital

La salida se ha producido sobre las 08:30 horas y en la puerta de la prisión al etarra le esperaban una treintena de familiares y amigos con banderas del País Vasco y otras con peticiones a favor del acercamiento de presos, quienes habían llegado poco antes en una decena de coches y un autobús.

Una vez fuera del recinto penitenciario, le han aplaudido y han brindado y, a continuación, varios de los llegados en autobús se han paseado con las banderas que portaban alrededor del perímetro del centro penitenciario antes de marcharse.

Múgica Pikabea, nacido en Ondarreta (Guipúzcoa) el 30 de agosto de 1968, fue condenado por la Audiencia Nacional en 1995 a 18 años de prisión por colaborar con el grupo "Ipar Haizea" de ETA recabando información sobre Raúl Suárez Fernández, un joven de 19 años que fue asesinado por los miembros del comando el 8 de junio de 1991 en Rentería.

Jon Aguirre Aguiriano, el asesino de un niño

El martes 3 de mayo abandonará la prisión otro etarra, Jon Aguirre Aguiriano, después de cumplir 30 años de reclusión.

Se convertirá así en el segundo preso etarra que cumpla más tiempo ininterrumpido de condena después de José María Sagarduy "Gatza", que salió de prisión el pasado 13 de abril tras cumplir casi 31 años.

Aguirre, de 69 años y nacido en Aramoyana (Alava), comenzó a colaborar con ETA en 1979 encuadrado en el grupo Iharra, que actuó en la provincia de Guipúzcoa.

Participó en varios atentados, entre ellos el asesinato del marmolista José Arcedo Quiles en Escoriaza (Guipúzcoa) el 24 de marzo de 1980.

Asimismo intervino en la colocación de un artefacto explosivo debajo del automóvil de un guardia civil en Azcoitia (Guipúzcoa) que no explosionó y quedó abandonado. Un niño de 13 años, José María Piris Carballo, murió como consecuencia de la deflagración al golpear el paquete explosivo.

La Guardia Civil le detuvo el 9 de mayo de 1981 en Mondragón en una operación en la que fueron desarticulados dos comandos y detenida una veintena de miembros de ETA.

La Audiencia Nacional le condenó por los asesinatos del niño José María Piris y el de José Arcedo Quiles, entre otros atentados, a penas que sumaban más de 70 años de prisión.

En la prisión de Huelva protagonizó una huelga de hambre junto a otros siete reclusos de la banda terrorista durante mayo de 2000 para pedir el reconocimiento de presos políticos y parar las extradiciones de miembros de ETA a España.

Como consecuencia de la aplicación de la "doctrina Parot", por la que se computan los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas y no sobre el total de años de cumplimientos, su salida en libertad, fijada para octubre de 2006, se retrasó hasta mayo de 2011.

En el caso de Aguiriano la "doctrina Parot" garantizó el cumplimiento de 30 años de prisión, que era el máximo contemplado en el Código Penal de 1970 bajo el que fue juzgado y condenado.

Por su delicado estado de salud, Aguirre Aguiriano ha cumplido la última parte de su condena en la prisión vizcaína de Basauri.

Una semana más tarde, el 10 de mayo quedarán en libertad los etarras Andrés Errandonera Arruti y Estanislao López Aguiriano.

Griñán dio un gran contrato al grupo que fichó a Iván Chaves

SEBASTIÁN TORRES / Sevilla/ El Mundo

El 3 de diciembre de 2008 Chaves presentó a su hijo al presidente de Bogaris; enseguida le encomendó un informe por el que le pagó 28.188
13 días después el entonces consejero de Economía alquiló a Bogaris un edificio durante 4 años por 9,5 millones sin concurso previo
Arenas se compromete a que, si el PP gobierna Andalucía, ningún familiar de los políticos contrate con la Junta sin un concurso público

La Junta de Andalucía alquiló un edificio en Sevilla capital por 9,5 millones de euros a la empresa Bogaris, días después de que esta sociedad contratase a Iván Chaves Iborra, hijo del entonces presidente andaluz, Manuel Chaves. El Gobierno autonómico arrendó el edificio a Bogaris por cuatro años a razón de 2,38 millones de euros anuales mediante el procedimiento de «contratación directa»; es decir, sin concurso público.

El acuerdo lo tomó el entonces consejero de Economía y Hacienda y hoy presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

Así lo refleja una resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía fechada el 16 de diciembre de 2008; es decir, sólo 13 días después de la fiesta del 20º aniversario de Bogaris, a la que asistió Manuel Chaves y en la que éste presentó a su hijo al presidente de la compañía, Rodrigo Charlo, según confirmó él mismo a EL MUNDO.

Bogaris SA contrató a Iván Chaves Iborra, precisamente en diciembre de 2008, para la «presentación a inversores» de un informe sobre el aceite de oliva. En el mes de marzo de 2009, la empresa Cexmark Soluciones, propiedad del hijo del actual vicepresidente del Gobierno, facturó a Bogaris 28.188 euros (IVA incluido) por dichos trabajos.

Por lo tanto, en diciembre de 2008 se producen los siguientes acontecimientos: Manuel Chaves asiste a la fiesta por el 20º aniversario de Bogaris y presenta a su hijo a Rodrigo Charlo; Bogaris contrata al vástago del presidente andaluz para unos servicios de consultoría por los que Iván Chaves Iborra facturó 6.075 euros mensuales más IVA, y la Junta de Andalucía alquila, mediante contratación directa, el recién terminado edificio Bogaris a razón de 2,38 millones de euros al año durante cuatro años. En total, 9,5 millones.

El arrendamiento del edificio Bogaris como sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes resultó en aquellos momentos sorprendente, puesto que la Junta de Andalucía se disponía a construir un edificio administrativo de seis plantas en una de las mejores zonas de la capital andaluza como sede de dicho departamento. De hecho, la Consejería de Economía y Hacienda había contratado la redacción del proyecto por más de tres millones de euros.

Este periódico contactó con Rodrigo Charlo para conocer las circunstancias en las que se pactó dicho alquiler con la Junta de Andalucía, pero el empresario rechazó hacer comentarios. «Publique lo que usted quiera. Hasta otro día» fue su escueta declaración.

La Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula los arrendamientos de bienes inmuebles, establece, como norma general para los alquileres, las adjudicaciones «con respeto a los principios de publicidad y concurrencia». La contratación directa de la que disfrutó Bogaris es, pues, un supuesto excepcional que se justificó por «la limitación del mercado». Es decir, no había otros edificios de oficinas disponibles en esos momentos.

Lo que hizo Bogaris con ese edificio fue, dicho de un modo coloquial, llegar y besar el santo. El edificio estaba recién terminado cuando la Junta de Andalucía lo alquiló, a pesar de que, a finales de 2008, la crisis económica era ya una realidad, especialmente en el sector de la construcción. Como referencia, en julio de 2008 la empresa Martinsa-Fadesa entró en concurso de acreedores, la mayor suspensión de pagos de la historia de España.

En enero de 2009, se hizo oficial el arrendamiento de la sede del edificio Bogaris, mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el que no se daban detalles del objeto del alquiler.

La finalidad era trasladar allí las dependencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, entonces ubicadas en la zona de la Enramadilla, en Sevilla capital, muy cerca del barrio de Nervión.

En febrero de 2009 se trasladaron al edificio Bogaris el ente público Ferrocarriles Andaluces y la empresa pública de gestión de infraestructuras Giasa.

Posteriormente, se desplazaron a la isla de la Cartuja todos los departamentos de la Consejería andaluza, salvo la Agencia de Puertos.

La Memoria de Actividades 2009 del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 recoge el edificio Bogaris como uno de los que se puso en uso a lo largo de ese año, por lo que la Junta de Andalucía fue su primer y, por el momento, único inquilino.

Si llamativo resultó el alquiler del edificio para la Consejería de Obras Públicas mientras se habían iniciado los trámites para construir una sede, más sorprendió que, en abril de 2010, apenas un año después de ocupar el edificio Bogaris, la Junta de Andalucía anunciara que los servicios centrales de Obras Públicas retornarían a su anterior emplazamiento en la zona de la Enramadilla.

Así, actualmente, en el edificio Bogaris están las direcciones generales de Transportes y de Carreteras y la Agencia de Obra Pública, que, según fuentes de la Junta, engloba a Ferrocarriles Andaluces y a Giasa.

«Casi todo el edificio»

La Consejería de Obras Públicas asegura que, a pesar de haber desmantelado parte de su estructura en la isla de la Cartuja, está utilizando la totalidad del edificio Bogaris, por el que sigue pagando 2,38 millones anuales de alquiler. Otras fuentes de la Consejería explican, no obstante, que está en uso «casi todo el edificio».

La Junta de Andalucía inició en 2007 la construcción de un edificio administrativo que, según se anunció, se destinaría a sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El 26 de junio de 2007, se adjudicó por 3.024.464,83 euros la redacción del proyecto y dirección de las obras, con el estudio del arquitecto Antonio González Cordón, autor, por ejemplo, de la remodelación, en la capital sevillana, del estadio Benito Villamarín, aún inconclusa.

La parcela sobre la que se construiría el edificio podría albergar una construcción de seis plantas sobre rasante, pero la Junta de Andalucía trabajaba sobre un proyecto de siete alturas, agarrándose a una posibilidad contemplada en el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU) para aumentar la edificabilidad de inmuebles de equipamiento público.

A finales de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendió cautelarmente varios artículos del PGOU de Sevilla; entre ellos ése, por lo que, en abril de 2008, la Gerencia de Urbanismo rechazó el estudio de detalle que contemplaba siete plantas. Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda dijeron entonces, y así lo publicó este periódico, que ya se estaba trabajando en un proyecto de seis plantas, pero sólo ocho meses después la Junta alquiló el edificio Bogaris.

Actualmente, sobre la parcela destinada inicialmente a sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes se construye un edificio promovido por la Junta de Andalucía. Según el cartel de las obras, el inmueble se destinará a aparcamientos subterráneos y viviendas en régimen de alquiler para jóvenes.

Una concejala del PP en Rentería limpia pisos con guardaespaldas

PEDRO SIMÓN
Rentería (Guipúzcoa) /El Mundo

'Si hay una lista limpia como los chorros del oro que la dejen pero ya nos la metieron doblada y los de EA tiran para los batasunos'

Sale de casa para lustrar el baño del vecino y antes han tenido que comprobar que no hay sospechosos en esta escalera sin ascensor. Llega al portal donde tiene dos horas de plancha y tienen que custodiar su entrada. Pisa de nuevo la calle rumbo a otra cocina patas arriba y en el coche viajan dos sombras atentas a ella, como si fuera JFK. Se llama María Ángeles Bastos, luce unas manos descascarilladas cuando fuma, trabaja limpiando casas y acude a pasar la mopa con dos escoltas. La frase anterior sólo se entiende si añadimos dos vectores: es concejala del PP, y lo es en el Ayuntamiento de Rentería. En estos días de campaña en que va repartiendo propaganda electoral no es descabellado que -como ya ha sucedido otras veces- alguien le diga a esta señora de la limpieza: «Ese panfleto no me vale a mí ni para limpiarme el culo».

Ángeles nació aquí hace 54 años, era una de esas chicas de la cuadrilla del barrio a la que saludaba todo el mundo, y ha visto el mudar de piel de una Rentería, obrera y orgullosa, que hoy ronda los 40.000 habitantes.

Hablamos con esta separada con hijo en jornada festiva aprovechando unas horas de tregua. Es la suya una vida como una yincana entre el fregadero, el escaño y la vecina casa de la madre, una enferma que necesita ayuda para vestirse y que vive con el hermano Juan Carlos, quien tiene síndrome de Down y mil fotos con Ángeles. «Cuando llego a casa lo único que quiero es dormir y que luego salga el sol».

Ella enumera con los dedos. En 1997 asesinaron de un tiro en la nuca a José Luis Caso, soldador jubilado y edil del PP en el pueblo (se toca el meñique). Cogió el relevo Manuel Zamarreño, muerto en 1998 cuando hicieron estallar la moto en que viajaba (se toca el anular). Así que en 1999 entró Ángeles como concejala popular junto a la otra electa, su amiga Lucía (se toca el corazón).

«Mi casa siempre ha sido de trabajadores. Mi padre se partía los cuernos en el mar seis meses para sacarnos adelante… A mí no me tienen que hablar de lo que es la clase trabajadora porque soy de esa clase», recalca. «Empecé distribuyendo cosméticos y trabajando en la limpieza en un bar. Perdí todos los empleos cuando me metí en política. Los dueños del bar, íntimos amigos, me lo dijeron un día: 'Lo siento, Ángeles. Nos han dicho que, si no te echamos, nos queman el negocio'».

Si tiene la mirada dura y se enciende el tercer cigarro en sólo 40 minutos de conversación es porque la asistenta está forjada con hierro del que ya no se hace.

- No te importará que fume...

- No, mujer.

- El tabaco me va a matar.

Le fue retirado el saludo. Llegaron las amenazas. Tuvo que cambiar de tienda de alimentación, de panadería y de carnicería, porque cuando entraba todo era un bisbiseo magro. Un tipo disfrazado de Olentzero le dejó carbón en su puerta y le decoró con pintadas la entrada de casa. Al ex marido le agredieron «por estar casado con una hija de puta». Un día le quemaron el coche.

«Fue porque Lucía y yo nos negamos a que el Ayuntamiento diera dinero para pagar la fianza de Leire Pikabea [una concejala de Euskal Herritarrok condenada por colaborar con ETA]. A los 15 días de negarnos me quemaron el coche. Y allí me tienes a mí a las dos de la madrugada en la calle, novata que era una, pidiendo disculpas a la gente por el humo y los desperfectos causados a los que estaban aparcados cerca».

El esperpento tiene lugar en una localidad donde los seis concejales de ANV elegidos en 2007 (de los 21 que se disputaban) fueron apartados del cargo al año siguiente por su vinculación con el terrorismo. Si Ángeles se enciende su cuarto cigarro ya, en fin, que se lo encienda.

«La relación con la gente de EA aquí, en el Ayuntamiento de Rentería, era buena, de gente estupenda, maja, colaboradora... Pero desde hace un tiempo están tirando para los batasunos», opina Ángeles. «No van por buen camino. Yo pido que se les mire con lupa».

Llegados a este punto, la asistenta diserta sobre la limpieza: «Si hay una lista limpia como los chorros del oro, que la dejen presentarse. Pero me temo que no habrá muchas. En la legislatura pasada ya nos la metieron doblada. Y los batasunos siguen estando aquí, aunque ahora como no adscritos. Siguen siendo seis. Y siguen defendiendo lo mismo».

Llegan los escoltas, suben, la siguen a una distancia discreta, andan por ahí, la dejan en la puerta de la casa... A los vecinos no les hizo gracia al principio lo de ver a guardaespaldas cambiantes por allí enredando. De eso hace ya 11 años.

Cuenta que ahora limpia en cinco casas. Que una de ellas es de un fiscal que también tiene dos escoltas. Y que los propietarios de las otra cuatro a lo mejor dejan de llamarla cuando vean quién es la señora que sostiene la fregona en esta foto.

«Algunos escoltas me dicen que cómo estando en política me tengo que buscar la vida limpiando escaleras». La respuesta es ésta: 600 euros como asistenta y otros 600 como concejala.

En el resol de otoño o cuando estalla la primavera, no es raro en Rentería ver a esta grey desmadejada de cinco paseantes dando un garbeo por un lugar llamado equis. Encabeza despacio la romería Ángeles, con su madre a un lado y su hermano Juan Carlos al otro. «Siempre miro adelante. La marcha atrás es peor que seguir adelante». Detrás van dos tipos como silbando.

No la vimos nunca en los periódicos. No ha contado nunca su historia la señora de la limpieza. No dio a luz con los escoltas en la habitación contigua, como le ocurrió a María San Gil. Pero la historia de Ángeles también cuenta con un hito revelador con epicentro hospitalario.

Pasó cuando estuvo ingresada Ángeles con sus ídem de la guardia en el Hospital Comarcal de Irún. La intervención fue bien. La limpiadora abrió los ojos y allí delante, en ese tránsito de borroso a claro de los recién despertados tras la anestesia, iba apareciendo la figura de un enfermero embutido en blanco.

- ¿Quiere que llame a su marido? -le preguntó el sanitario.

- No, no hace falta.

Pero el enfermero salió igual. Y le puso la mano a aquel hombretón que estaba esperando pacientemente apoyado en la jamba de la puerta.

- Ande, entre a ver a su mujer.

Y así pasó el impostor, con un leve encogimiento de hombros. Y así entró por la puerta, entre guasón y resignado, el escolta. Y así le dio un beso en la mejilla entre risas a esta mujer que todos querrían tener cerca.

-Hola, cariño, ¿cómo ha ido todo? OORBYT.es >Vea en EL MUNDO en Orbyt los testimonios de los concejales.

Curva peligrosa a la izquierda

Mete primera y arranca desde las cocheras de San Sebastián. Sube el primer usuario del día al autobús y te envuelve con un egun on cálido. Coge el desvío la conductora y para en un semáforo con un muñeco en rojo.

Lo peor no son las señales de curva peligrosa, sino la incertidumbre de lo que no se ve. Compaginar el trabajo de autobusera con el de concejal socialista en Ordicia (Guipúzcoa) tiene estas cosas tocantes a la seguridad. Que no sólo están los airbag o el moderno sistema de frenos. También están los escoltas.

«No te acostumbras, pero no hay otra», asegura cordial la autobusera al otro lado del teléfono. «Al principio fue difícil. Procuramos no tener mucha relación, no vincularnos, ser lo más profesional posible... Sí, vivo con escolta las 24 horas del día. Nos gustaría hacer política como en el resto de España, pero no es posible cuando tienes que llevar dos personas detrás».

Esta vida rueda por la comarca del Goierri, una plaza difícil para los constitucionalistas, y más concretamente por las calles de Ordicia, donde Mónica Marañón (37 años) es concejala de Participación Ciudadana y Voluntariado del Ayuntamiento (gobernado por un pacto PNV-PSE-EA). De no haber sido ilegalizados en 2007, Euskal Herritarrok habría ganado las elecciones en el pueblo.

«Empecé en política con 21 años, cuando fui concejala en Zizurkil. Desde hace 10 llevo vigilancia y nunca pierdo la esperanza de no llevarla. ¿Miedo? Bueno, yo tengo miedo al avión y no por ello he dejado de volar».

Así son los Marañón y así es ella («tremendamente divertida y muy agradable en el trato», puntualiza el curriculum que nos pasa el partido). El padre estuvo preso con Franco. Como su abuelo, que penó en un campo de concentración en Santoña por luchar contra el dictador. Como el otro abuelo. La hermana Arritxu es diputada socialista en Madrid. Mónica no se iba a complicar la vida menos.

«Si estoy con el autobús de mañana me voy a las cuatro y media de la madrugada a trabajar, acabo y voy por la tarde al Ayuntamiento. Hay muchos días que voy comiendo por el camino».

Pasa que las malas digestiones nunca se van. Cuando atentaron en Martutene contra Iñaki Dubreuil, colega socialista en Ordicia, éste salió ileso y murieron dos trabajadores de la empresa Electra. Sólo esa vez lo pensó Mónica: no hay nada como una señal de Stop.

Dice el curriculum del partido otra cosa de Mónica: «Le gusta disfrutar de la vida».P. S. / Lapuebla de Labarca (Álava)

El hombre que cultivaba votos

El agricultor conduce un tractor por un camino de cabras rumbo a la viña y un centenar de metros detrás, a 30 kilómetros por hora, va un coche alargado con dos tipos dentro vigilando.

El agricultor regresa a casa por un camino de cabras rumbo a la bodega con el remolque lleno de uvas y ahí sigue pegado el vehículo. Con sus 110 caballos y a ritmo de burro.

Hasta cuatro o cinco viajes diarios de esta guisa hará el agricultor en octubre. Hoy no es tiempo de uvas ni estamos en la vendimia, pero igual están a la puerta del bar los escoltas, a la espera de que se termine la partida. O de que hablen lo de azufrar en polvo. O de que tomen el vermú. O de que salga Emilio para ir al Ayuntamiento a su otro trabajo.

Pasa en Lapuebla de Labarca, un municipio de 900 habitantes en la linde entre Álava y La Rioja, donde una día de 2007 le dijeron a Emilio que había salido elegido y entonces, de golpe, fue uno y trino.

«Cuando trataron de convencerme para que me metiera en el PP daba por hecho que no íbamos a llevar escolta. Cuando los vi, pensé: '¿Pero dónde me he metido?'... Te digo que si sé que voy a llevar escolta no me meto en estos fregaos. A mí ya me parecía mucho uno; fíjate dos... ¡Virgen santa! Estaba alucinado».

Estamos con un pequeño viticultor de 46 años, soltero y con dos hijos a su cargo («la madre no puso pega para que me quedara con ellos»), en una villa tranquila donde el 90% se dedica al campo y donde «no hay nada que temer». A pesar de haber tenido sus correspondientes pintadas de Gora ETA. A pesar de haber tenido hasta una detenida -«la Mila, una chica de aquí»- por colaborar con la banda.

«Mi compañero del PP y yo cobramos cero euros como concejales. Porque aquí, cosas del alcalde, sólo cobran los concejales del PNV».

El mosto de la vida se lo bebe Emilio igual. Hay que ir al Ayuntamiento y hay que sentarse a hacer los deberes con los chicos. Hay que salir a la viña y hay que bañar a los hijos. Hay que trasegar el vino y hay que dar de cenar a la prole. Hay que hacer política y «hay que joderse, eh».

Con lo que aquí, donde sobra todo el tiempo del mundo, el viticultor (ahora de baja) no tiene tiempo para nada. «Yo no me explico por qué un agricultor, o un panadero, o quien sea, tiene que llevar guardaespaldas por pensar».

Cuando le cambian de escoltas, la que más los echa en falta es la pequeña: «Papá, ¿y dónde está Manuel?». El mayor -que tiene un trastorno autístico- rumia sus nueve años hacia dentro. P. S. / Orozco (Vizcaya)

El candidato de hierro

Queríamos quedar en su casa y nos citó en una cafetería. Íbamos a entrar en la cafetería y al ir a hacerlo viró en redondo: «Bueno, mejor nos vamos a otro sitio, para no molestar». Así que al final acabamos en el modesto graderío de un solitario frontón, con los escoltas de sujetavelas y alguna mirada escrutando a lo lejos bajo un paraguas rojo y negro.

El único vecino con protección de los 2.800 habitantes de Orozco es Tomás Oqueranza, el exclusivo concejal del PP, un siderometalúrgico de los de mono naranja que cada mañana lleva al crío al colegio con vigilancia detrás. Tiene siete años el niño y desde que nació ha visto al padre en la calle siempre con dos amigos que apenas hablan. Pues vaya con los amigos de aita...

Es lo que tiene ser obrero y estar en política. Que si andas de turno de noche en la fábrica vas al pleno de empalmada y sin dormir. Que si tienes turno de mañana tienes que «pedir permiso» para ir a votar, aunque sepas que lo que tú propongas casi nunca cuela. De los 11 concejales de Orozco; nueve son del PNV, otro es de EA; luego está Tomás.

Aquí la campaña electoral popular consiste en un ejercicio propio de indesmayable voluntad. Tomás pega los carteles y Tomás regala mecheros con las siglas del PP. Tomás reparte panfletos del partido y Tomás te da algún bolígrafo con gaviota. Adivinen quién le entrega un globito azul a los críos, si es que los padres dan permiso para lucir ese hinchable como si tal cosa. Tomás.

«No te tenido ningún problema de importancia. Siempre hay alguno que piensa de forma distinta y lo manifiesta», cuenta el menor de una saga de ocho hermanos, todos nacionalistas a excepción de él. «Lo de que me apedreasen la ventana de casa fue cosa de chiquillos. Y, bueno, he recibido alguna llamada, digamos, que no era para felicitarme por haber salido elegido».

Las dudas le vinieron aquel día en que mataron a su amigo Jesús María Pedrosa en Durango. «'¿Lo dejo o no?', me dije. Pero luego reflexionas y ves que, si te vas, les das la razón a ellos. Cuando matan a un concejal, es cuando más cuenta te das de lo necesario que es que haya una opinión diferente».

Dejamos a Tomás, quien tiene 20 minutos para llegar a la fábrica de Basauri, enfundarse el mono naranja y entrar en el turno de tarde. Llama a los dos escoltas con un golpe de cuello.

«¿Que si me acostumbro? Los escoltas son como el cinturón de seguridad. Al principio te molesta ponértelo. Al final acabas aceptándolo con tranquilidad. Y si no lo llevas parece que te falta algo, ¿no? Pues eso».

Otegi destaca la «histeria» del Gobierno ante Bildu

JUANFER FERNÁNDEZ / Elgoibar / El Mundo

Un millar de personas reclama en Elgoibar su liberación

Ni EA ni Alternatiba. Tampoco Bildu. La voz cantante que abanderó ayer las críticas contra la posible exclusión de la coalición abertzale de los próximos comicios la llevó un preso: Arnaldo Otegi. El ex portavoz de Batasuna aprovechó un acto celebrado en Elgoibar (Guipúzcoa) en el que se pidió su liberación para erigirse - por carta- en defensor de Bildu. Lo logró. Pero relegando a un segundo plano a los máximos representantes de Eusko Alkartasuna y Alternatiba, integrantes de la coalición presentes en el acto.

Llovió sobre mojado. Y no porque el millar de personas que ayer reclamó la excarcelación de Otegi soportase una tromba de agua incesante. Más bien porque el recluso, como ya hizo hace escasos meses en el homenaje que se le brindó a las puertas del penal de Logroño, volvió a hacer política desde su celda.

Tomó prestada la voz de la militancia para cerrar la marcha desde un escenario en la plaza del Ayuntamiento de su localidad natal. Allí, a través de un comunicado, dijo: «¿Por qué están [los miembros del Gobierno] tan histéricos? ¿Por qué tras repetir e instar a la izquierda abertzale que elija entre bombas o votos ahora tratan por todos los medios de evitar la presencia electoral de los abertzales de izquierdas?».

Para el preso sólo hay una razón que explica el «nerviosismo» del Ejecutivo central, y es el «miedo» a la «fortaleza, no sólo electoral, del pueblo abertzale de izquierdas». Y a renglón seguido, tiró de Constitución. Mentó a Gregorio Peces Barba, impulsor socialista del texto, e hizo suyas las palabras del líder del PSOE. «Si ellos [herederos de Batasuna] ganan democráticamente, pues habrán ganado».

Otegi no se mojó, lo hicieron por él. No obstante, los que sí soportaron el chaparrón durante poco más de una hora fueron los representantes de las dos formaciones que integran la coalición Bildu, Pello Urizar (EA) y Oskar Matute (Alternatiba). Uno y otro se personaron en Elgoibar poco antes de las 17.30 horas y compartieron travesía con la plana mayor de la izquierda abertzale radical, con Tasio Erkizia, Rufi Etxeberria, Niko Moreno, Txelui Moreno y la abogada Jone Goirizelaia.

Fue una marcha en la que primó el detalle. Y uno de ellos lo protagonizó Urizar. Le costó colocarse una pegatina en el pecho con la cara de Otegi. Fotógrafos y camarógrafos esperaban el gesto mientras el líder de EA luchaba incómodo por terminar de estamparse al preso en la chaqueta. Lo logró.

La estampa, a priori sin importancia, fue un ejemplo de cómo Urizar tuvo que recurrir a la maña para salvar la incomodidad. «No haré declaraciones, vengo sólo como invitado», dijo nada más llegar a Elgoibar. Le instaron a cambiar sus planes y terminó por subir al escenario, donde clamó en público por la liberación de Otegi. Tocaba bailarle el agua a un preso que, finalmente, se mojó en seco desde la cárcel.

MERCADOS, Todo sobre los 5 MILLONES de parados bajo el fatídico Gobierno socialista de Zapatero

Nuevo apoyo judicial al trabajo de EL MUNDO sobre el 11-M

EL MUNDO / Madrid

Antonio Rubio, exculpado de un delito de revelación de secretos

La Justicia ha vuelto a respaldar la investigación de EL MUNDO sobre el 11-M. La Audiencia de Madrid ha confirmado que el subdirector de este diario Antonio Rubio no cometió un delito de revelación de secretos cuando publicó una información en la que señalaba que un confidente policial, apodado Cartagena y cuyo nombre real es Abdelkader Farssaoui, estuvo infiltrado en la célula islamista de Serhane El Tunecino hasta fechas próximas al atentado, y que en 2002 avisó a la Policía de que esa misma célula quería hacer la yihad en Marruecos y España. Atentaron en Casablanca en mayo de 2003 y en Madrid en marzo de 2004.

La resolución de la Audiencia respalda la inicial sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid, que en julio de 2010 concluyó que el trabajo periodístico de Rubio estuvo dirigido «en todo momento a informar al ciudadano sobre un grave atentado de candente actualidad que afectaba al interés general», en la línea de la doctrina de la Corte de Estrasburgo sobre la libertad de información.

Por publicar esa noticia, la Fiscalía llegó a pedir para el periodista una condena de tres años de cárcel -lo que habría implicado su ingreso efectivo en prisión- y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. El Ministerio Público decidió no recurrir la absolución de Rubio en primera instancia, pero sí lo hizo la acusación particular que ejercía el confidente Cartagena.

La Federación de Asociaciones de Periodistas apoyó públicamente al subdirector de este diario desde el inicio del procedimiento. Entre otras cosas, porque Rubio llegó a ser multado con 1.000 euros por negarse a revelar sus fuentes, aunque esa sanción fue luego revocada.

La Sección 29ª de la Audiencia de Madrid argumenta ahora, principalmente, que «la conducta que se imputa a Antonio Rubio se realizó con la autorización del titular de los datos revelados [el confidente Cartagena]», siguiendo el criterio de los letrados de la defensa, Juan Luis Ortega y Cristina Peña.

La jueza Carmen Viñaras, que absolvió a Rubio en primera instancia, también argumentó que el confidente, «que incurrió en numerosas contradicciones y tenía problemas económicos, pueda alegar que se siente perjudicado por la noticia». «Lo que es claro es que, desde la publicación, Abdelkader siguió en contacto con el acusado, a quien consideraba 'su interlocutor periodístico', y le envió su currículum, que se presentaba como periodista y no denunció hasta dos años después», decía la sentencia.

Los tribunales han apoyado reiteradamente las informaciones de este diario sobre el 11-M. La Audiencia de Madrid ya desestimó en diciembre de 2010 una demanda del ex comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y elogió la «actitud pertinaz del citado periódico por esclarecer (o intentar que se esclareciera) qué había ocurrido realmente en los atentados del 11-M: qué explosivo había sido utilizado y de dónde podía haber procedido».

Antes, en septiembre de 2007, un juzgado de Mérida respaldó la «veracidad» de una noticia del vicedirector de EL MUNDO Casimiro García-Abadillo. Fue absuelto de una demanda del ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por informar de que éste proporcionó al ex secretario de Estado Rafael Vera «un despacho y un teléfono seguros en las cercanías de Mérida» para que, a lo largo del 12 de marzo de 2004, utilizase sus contactos policiales y judiciales para facilitar al PSOE información privilegiada sobre el 11-M.

Las llamadas a Camacho la víspera del chivatazo no se investigaron

MANUEL MARRACO / Madrid/ El Mundo

Los policías no comprobaron si era normal que hablara con Hidalgo a las 22.50 horas

Los investigadores del chivatazo a ETA explicaron ayer que no estudiaron el patrón de llamadas entre el imputado Víctor García Hidalgo e Ignacio Camacho para comprobar si las comunicaciones mantenidas a las 22.50 y a las 22.52 horas de la noche anterior al chivatazo podían considerarse normales o, por el contrario, eran extraordinarias y permitían sospechar la implicación del secretario de Estado de Seguridad en el soplo a la banda.

Las preguntas sobre Camacho fueron formuladas por el letrado del PP a tres de los cuatro policías que, junto a Carlos Germán, han firmado los principales informes sobre el chivatazo. Tanto el PP como la AVT y Dignidad y Justicia han reclamado que Camacho declare en la causa. Eso sí, como testigo. Este próximo martes la Sección Segunda celebrará una vista para estudiar los recursos contra la negativa del magistrado Pablo Ruz a admitir esa diligencia.

En el auto en el que descartaba interrogar a Camacho, el instructor coincidía con lo expuesto ayer por los investigadores: que la llamadas entre el ex director de la Policía y el secretario de Estado se corresponden con la relación jerárquica directa entre ambos, y que, a diferencia de lo que ocurre con los tres imputados, no existe una concatenación entre las llamadas y los momentos clave del chivatazo que pueda sugerir la implicación de Camacho en el soplo.

El primero en declarar fue el número dos del equipo de investigación. J. V. ofreció un dato que podría ser útil para la defensa del imputado Enrique Pamies. Afirmó que tenía conocimiento de que el jefe superior de Policía del País Vasco tenía un confidente en ETA. Un encuentro con ese informante es, precisamente, la explicación que ofrece Pamies para justificar las gestiones que habría encomendado al imputado Ballesteros en la zona del Faisán. Pese a ello, el investigador se sumó a la tesis del Informe Final de que la versión de Pamies resulta «inverosímil».

Preguntado por si consideraba relevante que el dueño del bar, Joseba Elosua, no reconociera a Ballesteros como el que le entregó el teléfono del soplo, el policía señaló que, frente a las impresiones de Elosua, ellos aportan elementos «objetivos» como las llamadas que se produjeron y sus circunstancias.

El siguiente en comparecer, F. G., explicó que él fue el encargado de seguir a Elosua a Francia cuando éste salió del Faisán al encuentro del etarra Cau Aldanur. Le siguió por la autopista y presenció el encuentro entre ambos miembros de la red de extorsión. También vio cómo entregaba algo a Cau, que podrían ser los 54.000 euros que la policía esperaba incautar. El agente explicó que ellos pidieron actuar, pero que los agentes franceses les dijeron que no tenían autorización de la dirección antiterrorista.

El tercero en declarar fue E. G., el policía al que las defensas señalan como la persona que a las 12.26 horas hizo una llamada a Germán para que el jefe del equipo advirtiera a Elosua de la inminente operación. Ayer, el agente afirmó que esa mañana estuvo todo el tiempo en el local en el que se encontraba la cámara que vigilaba el acceso principal al Faisán, junto a otros compañeros. Y que no salió de allí porque quería evitar la posibilidad de ser reconocido y entorpecer la operación.

El último en declarar -de forma breve porque sólo le preguntó el fiscal- fue G., el policía que la noche anterior a la operación se encargó de elaborar el informe marco que había exigido la jueza Le Vert. A primera hora de la mañana siguiente llevó a Barajas una copia para la juez antiterrorista francesa y, a continuación, se desplazó a la Audiencia para entregar otra copia a Grande-Marlaska.

Estuvo en la sede judicial, junto a Germán y el juez hasta aproximadamente las 12.00 horas cuando, según los investigadores, ya se había producido el chivatazo.