LUCHA ANTITERRORISTA / La delación a ETA
Soplo al director de la Policía
García Hidalgo fue alertado de que sus teléfonos estaban intervenidos en el 'caso Faisán'
FERNANDO LÁZARO
Madrid
Algunos jugaron con ventaja. Tuvieron información privilegiada de cómo avanzaban las investigaciones del caso Faisán sobre el chivatazo policial a ETA. Según explicaron a este diario fuentes policiales, los investigadores del caso detectaron cómo al menos el que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, fue alertado de que sus teléfonos estaban intervenidos y sus conversaciones eran vigiladas. El aviso, este nuevo chivatazo, según estas fuentes, se produjo a finales de septiembre de 2006, dos meses después de que el juez Baltasar Garzón pasara a ocuparse de la instrucción.
Fue en ese momento cuando los investigadores detectaron un muy ilustrativo bajón en la actividad de los teléfonos móviles de tarjeta prepago que estaban siendo investigados por el equipo dirigido por Carlos G. y cuyo uso se atribuía a García Hidalgo. También comprobaron una importante disminución en el volumen de llamadas del teléfono oficial que hasta ese momento era utilizado por el ex director de la Policía.
La convicción fue entonces clara: se había producido una fuga de información (y no la primera) sobre las investigaciones judiciales. Según estas fuentes, la alerta pudo haberse ampliado al resto de los presuntos implicados en la trama, pero en el que más claramente observaron el fin de las comunicaciones es en el caso de García Hidalgo.
Cuando se detectó el chivatazo, el entonces instructor de la causa, Fernando Grande-Marlaska, puso en marcha una doble investigación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En ambos casos, los encargados tenían la prohibición expresa de facilitar datos a sus superiores. La llegada de Garzón sacó a la Guardia Civil y dejó sola a la Policía Nacional, que mantenía la prohibición de dar información a sus superiores de la Comisaría General de Información.
Pero, según explicaron fuentes cercanas a los investigadores, el director general tuvo información de las pesquisas. Los encargados policiales detectaron movimientos telefónicos desde cabinas entre mandos relacionados con los investigados. Incluso, se constató cómo policías de la lucha antiterrorista contactaron con los investigados para que les llamaran desde «teléfonos seguros». Es decir, quedaba la constancia de que entre mandos de la Policía existía la sospecha de que estaban intervenidos los teléfonos de los citados como sospechosos en los informes.
Conviene recordar que en los escritos enviados por el equipo de Carlos G. al juez Garzón se explica que los investigados habían adoptado una serie de «medidas de seguridad» para «proteger la confidencialidad de sus comunicaciones». Trataban de blindarlas, lo que para los investigadores era un indicio más de su presunta implicación en el chivatazo a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán y uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA.
Una de estas medidas fue la activación casi simultánea de varias tarjetas telefónicas de Movistar. Todas prepago. En aquel momento, año 2006, no era necesario identificarse para adquirir este tipo de tarjetas.
En sus escritos, los investigadores hacen un detallado control comparativo de los teléfonos sospechosos prepago con los oficiales asignados por Interior a los investigados.
Así, en el informe remitido al juzgado de Garzón en enero de 2007, los policías detallaban el cruce de llamadas entre cinco teléfonos de tarjeta prepago utilizados, al menos, por el inspector de Vitoria que se presume que entregó el teléfono a Elosua, el jefe superior en el País Vasco (al que se atribuye el chivatazo) y el director general de la Policía. En el caso de este último, los investigadores averiguaron que, además del oficial, funcionaba con otros dos teléfonos con tarjetas prepago.
Uno de estos números es el que tenía en su poder el etarra Jon Iurrebaso, uno de los intermediarios del Gobierno en el proceso de paz. La Policía no logró acreditar a quién correspondía uno de esos teléfonos prepago; sólo que estaba siendo utilizado fundamentalmente en San Sebastián y que no pertenecía a ninguno de los investigados.
A requerimiento de Garzón, los investigadores detallaron en uno de sus escritos el número de copias que realizaron del informe matriz, en el que se detallaban sus acusaciones. Indicaron que de él y de sus anexos, firmados además de por Carlos G. por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 18.724, 78.870, 78.887 y 78.882, se realizaron dos copias. El original quedó en manos del juez. Una de las copias le fue entregada al Director Adjunto Operativo de la Policía y otra se la quedó el jefe del equipo investigador.
Además, para demostrar que las pesquisas estaban blindadas, los investigadores detallan: «Al haberse elaborado el informe 367/06 por los cinco funcionarios y con el fin de garantizar la confidencialidad de su contenido, se adoptó la precaución de confeccionar el mismo en disco duro externo (memoria USB), motivo por el que cada uno de los funcionarios están en posesión del archivo informático que contiene el borrador del precitado informe».
Un comisario apuntó al investigador
No aporta datos, sólo su impresión personal y profesional. Pero es uno de los pocos informes policiales que, además de los del equipo de investigación dirigido por Carlos G., constan en el sumario instruido por Garzón. Está firmado por el comisario José C., que cuando se produjo el chivatazo estaba destinado en la Comisaría General de Información. En su escrito, lanza sospechas sobre Carlos G. Apunta un comentario de este inspector jefe sobre el llamado 'proceso de paz'. El mando policial asegura que el inspector, que llevaba meses tras la pista de la trama de extorsión de ETA presuntamente liderada por Joseba Elosua, se había mostrado en contra de actuar contra ella porque, a su entender, podía perjudicar el 'proceso'.
Estos datos fueron aportados por el que fuera comisario de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Comisaría General de Información en aquellas fechas a requerimiento del entonces juez instructor de ese sumario, Fernando Grande-Marlaska. Este comisario envió al menos tres informes a este magistrado y otros dos a Baltasar Garzón cuando éste retornó a su juzgado tras su estancia en Estados Unidos.
El responsable de la UCI se refería así a los comentarios que, durante las reuniones preparatorias para desmantelar la trama del 'impuesto revolucionario', asegura que realizó el inspector jefe Carlos G., entonces jefe de la sección de Economía de la Unidad Central de Inteligencia.
Pero en su informe, además de aportar comentarios que se presume que escuchó a Carlos G., el comisario de la UCI no da indicios, ni pistas ni aporta pruebas que sostengan que fue el responsable de la investigación el mismo que dio el chivatazo a ETA.
De hecho, ni Grande-Marlaska inicialmente, ni después Baltasar Garzón, llamaron a declarar a Carlos G. tras la denuncia de su superior.
De hecho, Carlos G., pese a haber enviado cinco informes a la Audiencia Nacional sobre sus investigaciones, no ha sido citado a declarar por el instructor ni una sola ocasión. Ni siquiera, como recuerdan fuentes policiales, ha sido llamado a instancias de la Fiscalía para que ratificara sus informes, para que diera fe de que esos escritos presentados ante el juez eran sus conclusiones. Como recuerdan las partes, éste es otro de los puntos pendientes de la investigación
DANIEL PORTERO /Presidente de Dignidad y Justicia
«Si se archiva el caso sería un chivatazo judicial»
Está al frente de una asociación decidida a poner toda la carne en el asador para conocer quién dio el chivatazo a ETA y, sobre todo, quién lo ordenó
FERNANDO LÁZARO
Madrid
Pregunta.- ¿Por qué se personó Dignidad y Justicia en este procedimiento?
Respuesta.- Lo decidimos en 2006, justo cuando se conoció el chivatazo, porque entendemos que forma parte del sumario troncal, el de la trama de extorsión de ETA.
P.- Vista la evolución de la causa y, ante la petición de archivo por parte del fiscal y el silencio de la AVT, parece que se quedan solos. ¿Han recibido presiones o mensajes para que rebajen la presión acusatoria?
R.- No directamente. Lo que pasa es que a veces en algunos círculos de la Audiencia Nacional no estamos bien vistos; lo percibimos sobre todo en el trato con la Fiscalía. Y esto es muy triste, porque son ex compañeros de mi padre. En la Fiscalía no podemos casi ni entrar. Notamos un ambiente muy hostil contra nosotros.
P.- Hasta el juez Grande-Marlaska recibió cantos de sirena para que el caso no avanzara.
R.- Entiendo que los hubo. Para nosotros, Garzón, judicialmente, merece el respeto en algunas causas, pero, en otras, entiendo que se está pasando de la raya. Debe tener mucho cuidado, porque él, en algún momento, puede pensar que la información que tiene es privilegiada de cara a otros asuntos propios y personales, y tiene que darse cuenta de que siempre habrá alguien detrás, vía judicial, vía periodística o por otra, que va a hacer lo posible para que se esclarezca la verdad.
P.- Algunos dicen que investigar el chivatazo puede provocar un grave daño en la moral de las Fuerzas de Seguridad y perjudicar la lucha antiterrorista.
R.- Yo creo que no. Es un ejercicio democrático que se sepa la verdad. Y en algún momento se va a saber.
P.- ¿Seguro?
R.- Creo que sí, y que en algún momento se sabrá también que Egunkaria y Udalbiltza estuvieron sobre la mesa de negociación entre el Gobierno y ETA. A lo mejor quien debería saberlo es el tribunal que está juzgando a los encausados en Egunkaria. Y el caso Faisán también se sabrá.
P.- Han tenido acceso a una parte del sumario del chivatazo. No le voy a pedir que nos dé información, porque lo tiene prohibido por Garzón, pero sí que nos haga un dibujo, que nos diga las conclusiones a las que ha llegado.
R.- Se ve claramente que falta la mitad de la instrucción, como mínimo. Si hay 14 tomos, faltan otros 14, que es la parte de la Guardia Civil. En esta causa no se la ha dejado participar y lógicamente tiene mucho que decir, porque la Guardia Civil sólo tuvo un mes para preparar lo que precisamente era la investigación sobre el equipo de investigación policial del chivatazo. La Guardia Civil tenía el encargo de investigarles a ellos. Pero en cuanto entra en el procedimiento Garzón les aparta y entiende que es un tema de la propia Policía. Y el equipo de investigación hace bien su trabajo, pero teledirige en un único sentido.
P.- ¿Cree que los investigadores no apuraron todas las líneas?
R.- Creo que el hecho de que este equipo ya formara parte de las propias investigaciones sobre la trama de extorsión, y que fueran ellos los primeros que tuvieron el material de la baliza que permitió destapar el chivatazo, hace que existan dudas. Eso no quiere decir que acuse a los investigadores, pero creo que no hay que descartar todas las hipótesis. Pienso que no están todos los que son ni son todos los que están.
P.- El hecho de que un equipo de policías ponga en el punto de mira a su director general...
R.- La investigación es muy buena, es un trabajo muy fino, muy trabajado, pero visto con orejeras, en una única dirección. Para evitar cualquier duda y sospecha, creo que el propio equipo investigador se debería haber sometido a investigación, y quién mejor que la Guardia Civil para llevarla a cabo.
P.- ¿Tiene una hipótesis de lo que pasó?
R.- Hombre, quien tiene todas las de perder es García Hidalgo. Sobre el resto, habría que investigar más.
P.- Pero parece que todo está en vía muerta.
R.- El problema es que el juez no nos ha dado la oportunidad. En la Sala de lo Penal hay 32 diligencias pendientes sobre este asunto que deben resolverse; la Sala tiene que decir sí o no a esas diligencias. Si dice que sí, creo que la investigación va a avanzar muchísimo y creo que algún día se podrá aclarar algo.
P.- ¿Y si es un no?
R.- Pienso que, si se cerrara la puerta, sería un escándalo aún mayor que lo que se ha producido con el propio chivatazo. Sería un chivatazo judicial, absolutamente.
P.- Los informes apuntan al director. ¿Por dónde cree que sigue la línea ascendente de implicados: Interior, Ferraz, quizá Moncloa...?
R.- Hay un tráfico de llamadas con la Secretaría de Estado, con el señor Camacho, que es más que dudosa. Creo que Interior debería aclarar como mínimo por qué esos días existen esas llamadas y precisamente a la hora crítica. Si Interior quisiera ser transparente, no tendría que darle miedo hablar y debería explicar en qué consistieron aquellas llamadas. Si no lo quiere hacer, es un problema. Deben aclarar mucho. Debe hablar el Ministerio del Interior, ya sea el ministro o el secretario de Estado. Y deben aclarar esta situación. Tienen mucho que decir y no estoy viendo que sean transparentes. A mí me crea una cierta sospecha.
P.- ¿Cómo valora la actuación de Garzón?
R.- Creo que se ha equivocado. Ha mantenido el secreto mucho tiempo. Este tema es delicado, pero la sociedad española y las víctimas del terrorismo no se merecen estos silencios. Lo que tenía que haber hecho Garzón es abrir el abanico de la investigación y no cerrarlo al sacar a la Guardia Civil.
P.- Por lo que sabe, ¿es verosímil que los policías dieran un chivatazo sin recibir órdenes?
R.- Es inverosímil de todo punto
LUCHA ANTITERRORISTA / La delación a ETA
El caso llega al Parlamento vasco
MIKEL SEGOVIA
Bilbao
El Partido Popular del País Vasco exigirá en el Parlamento autonómico que se depuren las responsabilidades política del caso Faisán y que se condene los «métodos espurios» empleados en la lucha contra ETA. En una proposición no de ley remitida a la Cámara vasca, el PP reclama el apoyo de los partidos para llegar hasta el final y esclarecer el presunto chivatazo a miembros del aparato de extorsión de la banda terrorista, poco antes de que se iniciara una operación policial contra ellos y en la que podría haber intervenido el Ministerio del Interior. Para los populares, se trata de un caso de gravedad que pone en juego la credibilidad del Estado de Derecho, por lo que reclama evitar «que estas actuaciones queden impunes».
El parlamentario del PP Carlos Urquijo recuerda que, «una vez más», se ha recurrido a «penosos atajos» en la lucha contra ETA «que nos alejan de su final».
En su petición señala que la confianza de la ciudadanía ha quedado gravemente «deteriorada» al haber provocado «alarma e indignación» tras comprobar que no se respeta la ley en la lucha contra ETA.
El parlamentario del PP vasco solicita «pronunciamientos claros y compromisos institucionales» en esta materia para superar la desconfianza generada en la lucha contra la violencia que lleva a cabo el Estado de Derecho. Junto a ello, reclamará que el Parlamento vasco apoye la «actuación inmediata» de la Justicia. La iniciativa también insta al Gobierno español a evitar en el futuro la «reiteración de actuaciones» que deslegitimen la acción del Estado de Derecho.
