jueves, 31 de mayo de 2012

Las víctimas tratan de resolver 326 asesinatos de ETA

  • JUANFER F. CALDERÍN VITORIA
  • 31/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Covite recurre a las redes sociales porque «el Estado de Derecho no ha funcionado»
    Se cumplió la profecía de Alfonso Guerra: Vamos a dejar España que no la va a conocer ni la madre que la parió. A oídos sordos, altavoz mediático. Es la tesis que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) se ha propuesto enarbolar ante el silencio que, en su opinión, vienen evidenciando los gobiernos de Madrid y Vitoria. Con ese propósito, colgó ayer dos vídeos en Youtube y rogó su «máxima difusión». Bajo el título de 326 relatos por completar, los documentos visuales reclaman justicia para los asesinatos de ETA que aún no han sido resueltos y advierten de que el País Vasco va camino de implantar una «lectura equivocada de la Historia».
    Covite ha querido recurrir al portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, para poner sobre la mesa un miedo que no se ha disipado en el imaginario de la asociación tras el anuncio de «cese definitivo» de la banda terrorista ETA. La fotografía del dirigente nacionalista hace las veces de apertura de los dos vídeos. Al lado de la imagen, las víctimas apuntan que fue él quien, este mismo año, sugirió promover «un relato compartido sobre la violencia en Euskadi».

    La réplica corre a cargo del escritor donostiarra y militante de UPyD Fernando Savater, que participa en la iniciativa. «En ninguna situación histórica y conflictiva que se ha prolongado durante muchos años puede haber un solo relato, una sola memoria. Entre otras razones, porque ni las memorias ni los relatos se imponen por decreto. [...] Los historiadores establecerán algún tipo de relato», zanja.
    En declaraciones a este diario, la portavoz de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, matiza que el País Vasco está hoy más «pendiente de los victimarios» que de los damnificados por la organización terrorista. Señala que tanto el Ejecutivo de Patxi López como el de Mariano Rajoy siguen haciendo oídos sordos en torno al último estudio del Observatorio Contra la Impunidad, que elevó a 326 el número de víctimas mortales de ETA sin sentencia de autor material.

    «Nadie dice lo que va a hacer para paliar ese desaguisado. No le he oído ni al ministro de Justicia ni al de Interior qué medidas van a tomar», censura. A su juicio, se debería dar la orden a las fuerzas de seguridad para «empezar a desempolvar todos esos expedientes que se archivaron con sólo dos meses de investigación». «Las instituciones no nos hacen caso y los sumarios siguen olvidados. [...] Pedimos cosas lógicas, no tenemos un leguaje agresivo. Son cosas argumentables», añade Ordóñez.
    Pero a Covite se le ha acabado la paciencia. La portavoz insiste en que «el Estado de Derecho no ha funcionado» y recalca que las reuniones entre damnificados e instituciones han caído en saco roto. Por todo ello, la asociación vasca lanzó ayer los dos vídeos en internet con el objetivo de que las propias víctimas de la banda, ésas que aún desconocen quién mató a sus familiares o que no han podido ponerle cara al asesino por falta de una sentencia en firme, sean las que pongan en valor uno de sus mayores miedos: que una «lectura equivocada» de lo sucedido se abra paso.

    «En el año 79 fue cuando lo asesinaron, un 14 de febrero [...]. En el portal de casa un chico bastante joven le pegó un tiro en la nuca». El testimonio forma parte de uno de los vídeos. Lo cuenta, entre lágrimas, Carmen Borrajo, hija del militar Sergio Borrajo, asesinado en Vitoria. El caso ha prescrito y está sin resolver.

    Otro de los crímenes que se encuentra en la misma situación es el de Manuel Albizu. Cayó muerto el 13 de marzo de 1976 en Zumaya, después de que ETA le confundiese con un informador de la Guardia Civil. Así lo cuenta, en otro de los vídeos, su nieto Christian Matías: «Una noche mi abuelo estaba en la parada de taxis cuando una persona requirió su servicio de taxi. Apareció el cadáver de mi abuelo porque habían vaciado el cargador entero de la pistola sobre su cabeza».

    Matías deja claro que hoy es imprescindible «luchar» para que se retome la historia de esos 326 crímenes sin autor material. ¿Por qué? «Se quiere hacer ver que los asesinos no son precisamente asesinos. Se utiliza un lenguaje equivocado. [...] Los asesinatos están ahí. Las víctimas tienen nombres y apellidos. Todo esto no se puede olvidar».
    Así lo cree Covite. Por eso planea sacar otros tres vídeos para que sean difundidos a través de las redes sociales y los medios de comunicación digitales

    miércoles, 30 de mayo de 2012

    La izquierda 'abertzale' crea un grupo de apoyo externo a los presos de ETA

  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
  • 30/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Está formado por ocho o 10 personas que plantearán sus reclamaciones políticas

    . La izquierda abertzale sigue intentando colocar en la primera línea de discusión a los presos de ETA. En estos momentos constituyen su problema más inmediato y también su instrumento político más potente y por eso está siguiendo una estrategia cuidadosamente planificada. El próximo fin de semana, un grupo de ex presos de la banda terrorista se presentará como grupo de apoyo a los reclusos que todavía están en prisión y, muy especialmente, a los seis miembros del grupo de interlocución del llamado EPPK, formado por Ana Belén Egüés, Xabier Alegría, Jon Olarra, Lorentxa Guimón, Mikel Albizu y Soledad Iparaguirre.

    El grupo asesor externo estará formado por unas ocho o 10 personas que ejercerán labores de portavocía del equipo de interlocución y se ceñirán en sus pronunciamientos a las reclamaciones de ámbito político. Entre el equipo elegido estarían Mercedes Galdós y Nerea Garro, dos ex presas que participaron el pasado sábado en un acto público en Bilbao en el que aseguraron que el denominado colectivo de presos estaba desarrollando un debate «largo y profundo» y en el que anunciaban que los reclusos estaban dispuestos a «dar pasos», siempre que la Administración española también los dé.

    En el citado acto estuvo presente Arantza Zulueta, quien fuera arrestada en su día por su presunta pertenencia a Halboka, el grupo de abogados al que la Policía atribuyó funciones de correa de transmisión y de control de ETA sobre los presos.

    Entre los miembros del nuevo grupo, con objetivos distintos, destaca Mercedes Galdós, quien quedó en libertad en 2005 después de cumplir apenas 19 años de prisión por 17 asesinatos, según su propia declaración en sede policial. Garro fue arrestada en el año 2000 después de que, intentando reconstruir el comando Madrid, fuera arrestada a las puertas de la embajada de Cuba, donde había pedido asilo .

    El colectivo de presos lleva varios meses sumido en una discusión sobre la estrategia que debe seguir una vez escenificado su respaldo a pronunciamientos de la izquierda abertzale como la declaración de Guernica. Entre los puntos que han estado debatiendo se encuentra la posibilidad de que aquellos reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de la condena realicen alguna manifestación individual homologable con aquéllas exigidas por la ley para poder cumplir el resto de su condena fuera de prisión.
    Según las fuentes consultadas, los presos de la organización no están dispuestos a asumir las condiciones establecidas por la Administración penitenciaria en el plan de reinserción de presos ni, por ende, las bases de la vía Nanclares, pero podrían intentar acordar de forma colectiva cuál podría ser el alcance de los posicionamientos individuales que pudieran realizar para no tener que prolongar su estancia en la cárcel.

    Mientras adoptan una decisión sobre las cuestiones concretas, el acto organizado para el próximo fin de semana tiene una lectura interna y otra externa. El objetivo externo es el de seguir espoleando la reivindicación sobre los presos que proporcione una rentabilidad política a la izquierda abertzale. El interno es el de escenificar la unidad entre la izquierda abertzale y los presos, y dejar claro que no los tienen olvidados porque es un colectivo cuya sublevación podría dificultar la estrategia de los dirigentes de Batasuna.

    Según los miembros del Grupo Internacional de Contacto liderado por Brian Currin, el Gobierno de Rodríguez Zapatero llegó a un acuerdo para establecer una negociación con ETA, que se produciría después de que la banda anunciase el «cese definitivo». Una parte muy inmediata de esa negociación debía ser la articulación de una solución escalonada para los presos que, con el Gobierno popular, no se ha establecido. La izquierda abertzale intenta encontrar una salida, al tiempo que presiona al Ejecutivo y rentabiliza políticamente la situación.

    Indemnizan a una víctima del 11-M 'olvidada' por Del Olmo


  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 30/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • La Audiencia corrige a Justicia y ordena pagarle 30.000 euros porque el juzgado nunca le informó de que podía personarse
    ¡Cuanto daño y sufrimiento ha producido la irresponsabilidad socialista del fatídico XXXV Congreso!. La Audiencia Nacional ha ordenado indemnizar con 30.000 euros a una víctima del 11-M a la que el juzgado de Juan del Olmo no informó de su derecho a personarse en la causa como acusación particular y a reclamar una indemnización.

    La víctima se encontraba en un andén de la estación de Atocha cuando explotaron tres bombas en un convoy próximo al que ella iba a abordar. L. R. V. sufrió politraumatismos que le han dejado secuelas y, con el tiempo, desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Pero su nombre no llegó a figurar en el listado de víctimas de la sentencia del 11-M porque nunca supo que tenía derecho a ello.

    La sentencia, notificada el lunes por la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo revoca la decisión del Ministerio de Justicia, que en 2010 denegó a L. R. V. el derecho a ser indemnizada, apoyándose en los informes negativos del CGPJ y el Consejo de Estado.

    La demanda presentada entonces por su abogado, José María de Pablo, reclamaba una indemnización de 67.000 euros, la misma cantidad otorgada por el tribunal del 11-M a la categoría de víctimas en la que habría entrado L. R. V.

    La sentencia reconoce que «el Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional incurrió en funcionamiento anormal de la Administración de Justicia durante la tramitación de la pieza separada del sumario instruido por los atentados del 11-M, en lo que se refiere a la citación de la recurrente para el ofrecimiento de acciones como perjudicada, por cuanto la misma fue emplazada por edictos [en el Boletín Oficial del Estado], sin que previamente se hubiera intentado su citación por los cauces establecidos en la ley».

    El tribunal añade que, «de haberse personado la recurrente como perjudicada en las actuaciones, es muy probable que hubiera sido reconocida como tal en la sentencia condenatoria, por cuanto en ningún momento se ha cuestionado por la Administración su condición de víctima de los atentados del 11-M».

    El único intento de comunicar con L. R. V. que hizo el juzgado de Del Olmo fue enviarle un telegrama a un domicilio que nada tenía que ver con ella y que Correos devolvió a la Audiencia con un «no entregado». «Aun así», indica la demanda, «el juzgado ni comprobó si la dirección a la que había remitido el telegrama era errónea o no, ni consultó el padrón, ni consultó los datos de la oficina del DNI o los de Tráfico, ni consultó la guía telefónica ni realizó ninguna gestión tendente a averiguar el domicilio de la lesionada. Es más: ni siquiera se dignó el juzgado a llamar por teléfono a pesar de que el juzgado lo conocía, pues había sido anotado a mano en la carátula de la pieza separada por la funcionaria que lo tramitaba».

    Pese a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado por lo sucedido, la Audiencia Nacional rebaja la cifra reclamada por la víctima, al estimar que su actuación tras los atentados fue «poco diligente», ya que no hizo ninguna gestión para informarse sobre sus derechos.

    Y eso -señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Luis Terrero Chacón- «pese a que tanto la tramitación del procedimiento judicial penal, como la situación y posibles derechos de las víctimas, fueron objeto de una considerable actividad administrativa y notoriedad social».

    «La poco diligente actuación de la recurrente en el supuesto enjuiciado debe moderar el importe de la indemnización reclamada», dice el tribunal, antes de fijar la indemnización en 30.000 euros, más los intereses devengados desde febrero de 2009, cuando la víctima reclamó ante Justicia. Ese mismo argumento de la falta de diligencia fue el que empleó el Ministerio para denegar cualquier indemnización.

    La demanda califica de «disparate» el razonamiento que finalmente ha supuesto una rebaja en la indemnización: «La víctima es lega en Derecho. Se trata de un simple ciudadano de a pie, que, para colmo, y dado su trastorno de estrés postraumático, evitaba escuchar cualquier noticia sobre el 11-M».

    martes, 29 de mayo de 2012

    ETA intenta reorganizar a sus 50 pistoleros a pesar del 'cese definitivo'

    • El 'aparato político' sigue al frente de la banda asesina


      29 MAY 2012 | ALBERTO LARDIÉS./La gaceta
      Interior dice que Gurruchaga dirigía los comandos hace dos años. Su ‘número dos’ colaboró con Txeroki. Fernández Díaz repite que el Gobierno “nunca negociar El pasado 20 de octubre decretó su presunto “cese definitivo”. Pero ETA continúa viva y trata de reorganizarse porque, como siempre, trabaja con todas las hipótesis. Así lo aseguran las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por LA GACETA. Los menos de 50 etarras que aún viven escondidos en Francia mantienen y rehacen sus infraestructuras y su logística por órdenes de sus jefes.
    • Aunque las fuentes mencionadas no creen que la banda criminal vaya a romper su alto el fuego, insisten en los trabajos de reconstrucción de los terroristas. Hoy, el liderazgo de ETA está en el triunvirato que conforman Iratxe Sorzábal, Izaskun Lesaka y David Plá, quienes se mueven en las cercanías de París. Allí, por ejemplo, se reunieron con emisarios de los verificadores de la tregua afines a Batasuna y liderados por el abogado sudafricano Brian Currin. Según estos mediadores, la banda terrorista tiene voluntad de negociar y ciertas prisas, como ha expresado en sus comunicados recientes. Pero de entregar las armas y disolverse, como pide el Gobierno, nada de nada, siempre según las citadas fuentes.
      La prueba de que ETA juega con todas las cartas por si acaso toca volver a la senda del crimen es el arresto anteayer en el Sur de Francia de Oroitz Gurruchaga, al que Interior atribuye la condición de jefe militar de la banda, y su número dos, Javier Aramburu, que en el pasado colaboró con el famoso jefe etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki.
      Gurruchaga, cuyo hermano, Egoitz, falleció en septiembre de 2002 al estallarle un artefacto que manipulaba en Bilbao, fue miembro de Segi (organización juvenil de ETA) e integrante de un grupo de violencia callejera en la zona de Rentería (Guipúzcoa). En abril de 2000 fue detenido por la Policía y entró en prisión. Tras su puesta en libertad y a la espera de juicio, asumió la responsabilidad de un grupo que desarrolló numerosas acciones de sabotaje y violencia callejera hasta abril de 2008, fecha en la que, para eludir una nueva detención, pasó a la clandestinidad. Tiene tres causas pendientes en la Audiencia Nacional aunque, eso sí, ninguna por delitos de sangre.
      Contra Aramburu, su ayudante en el reclutamiento de etarras al que ahora se dedicaban, pesaban hasta cinco órdenes de busca y captura. Este individuo, conocido por haber triunfado en campeonatos nacionales de natación, ya trabajó a órdenes de Txeroki en un grupo terrorista que perpetró diversos atentados entre 2005 y 2008.
      Curiosamente y contra lo que es habitual en estos casos, no hay quórum entre las fuentes de la lucha antiterrorista acerca de la importancia de estas detenciones. Interior aseguró ayer en una nota que Gurruchaga “se hizo cargo del aparato militar de ETA a mediados de 2010 a raíz de los sucesivos arrestos de los anteriores responsables de este aparato”. Pero otras fuentes de la lucha antiterrorista creen que este sujeto no había aglutinado tanto poder en el seno de la banda criminal y le sitúan más como captador de terroristas que como dirigente de los mismos. En todo caso, los agentes del orden galos y españoles buscan ahora los pisos que utilizasen ambos individuos, donde, sin duda, almacenarán información decisiva.
      Durante su visita a Marruecos para inaugurar una comisaría en Tánger, el ministro Jorge Fernández Díaz afirmó que el Gobierno español “ni ha negociado ni negociará con ETA” y remarcó que lo único que espera de la banda es “su disolución”.

    La Audiencia no ve terrorismo en uno de los mayores ataques de 'kale borroka'

  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 29/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Absuelve a tres participantes en el lanzamiento de un centenar de cócteles molotov
    . La Audiencia Nacional ha rechazado el carácter terrorista de uno de los mayores ataques de kale borroka, el que tuvo lugar en Bilbao como respuesta a la ilegalización de Batasuna en mayo de 2002. Los incidentes tras una marcha convocada por la propia Batasuna se saldaron con el lanzamiento de un centenar de cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza, una entidad bancaria y un autobús público.

    La interpretación de la Sección Primera de lo Penal conduce, por la prescripción del delito, a la absolución de los tres acusados, pese a que la propia Sala considera probado que participaron en los hechos. El motivo es que, al establecer que se trata de desórdenes públicos comunes y no terroristas, bajan las penas y con ellas el plazo de prescripción. La decisión cuenta con el voto discrepante del magistrado Nicolás Poveda, que propugnaba el carácter terrorista de los hechos y, por tanto, la condena.

    La sentencia de los magistrados Manuela Fernández Prado (presidenta y ponente) y Javier Martínez Lázaro considera incorrecta la petición fiscal de aplicar el artículo que eleva las penas si los delitos se cometen «perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con organizaciones terroristas». «Pretender que siempre que nos encontremos ante una pluralidad de sujetos, que en actuación coordinada, cometan delitos que por su finalidad impliquen un apoyo a los postulados de ETA debamos reputar a los autores como integrantes o colaboradores de la organización terrorista supone una extensión desmesurada del concepto integrante o colaborador que carece de apoyo legal», indica la sentencia.

    En su voto particular, Poveda indica que «en modo alguno se puede considerar que tales hechos son unos meros desordenes de entidad mínima, sino que deben ser considerados como una actividad grave cuya naturaleza obedece a actuar al servicio de una organización terrorista».

    El magistrado resalta que los ataques se produjeron «al término y como culminación de una manifestación organizada para beneficio de una organización terrorista integrada a la trama civil de ETA». Y recuerda que a otro detenido por esos hechos se le incautó «una agenda organizativa de diferentes actos del entorno radical», además de «una fotografía [...] en la que aparece junto a una ikurriña con el anagrama de ETA».

    Poveda estima que los magistrados de la mayoría exigen, para considerar el carácter terrorista de los hechos, «un plus imposible, poco menos que la acreditación indubitada de tal pertenencia o colaboración» con ETA de los acusados.
    El magistrado destaca el carácter «evidentemente organizado» de los incidentes, en los que los participantes ocultaron sus rostros con capuchas, usaron guantes y se repartieron objetivos. También su intensidad, ya que los ertzainas que comparecieron en el juicio declararon que «nunca habían sido atacados con un número tan elevado de artefactos explosivos».

    La absolución contradice el criterio seguido por la misma Sección -con distintos magistrados- en 2003, cuando condenó a otro participante y lo hizo por desórdenes públicos terroristas. La calificación jurídica presentada hace unos días por el fiscal Daniel Campos -que reclamaba dos años de cárcel y ocho de inhabilitación- fue la misma planteada en 2003 y que entonces fue asumida por el acusado en una sentencia de conformidad.

    La sentencia absolutoria va en la línea del voto particular emitido recientemente por otro magistrado de la Audiencia, José Ricardo de Prada, que defendió que los actos de kale borroka «no tienen por qué ser necesaria y automáticamente tenidos por terroristas».

    lunes, 28 de mayo de 2012

    Edinne, el inocente al que Del Olmo tuvo tres años y medio en aislamiento

  • PEDRO SIMÓN MADRID
  • 28/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Después de 41 meses encerrado, fue absuelto. Cuando salió, lo había perdido todo
    La Cataluña engreída, antipática, egoísta y trilera ha quebrado, e internacionalmente está considerada basura. A Edinne lo encerraron solo en una celda de ocho metros cuadrados, le dejaron un espacio donde daba cinco pasos adelante y cinco atrás, le sacaban al patio entre dos y cuatro horas al día y le pasaban la comida por una trampilla.

    Cuando supieron que no era terrorista islámico y le abrieron la puerta y le dijeron «sal», el argelino se había tirado tres años y medio así.

    Ni Edinne era el cabecilla de una célula integrista ni estuvo reclutando muyahidin por la Costa del Sol ni financiaba el islamismo radical. Edinne era un ateo de los de no abrir El Corán. Y lo que dispensaba a diario no eran Kalashnikov, sino pinchitos morunos. O unos cuscús que mataban el hambre. O una ensalada de perejil con mucha demanda entre la cristiandad de Fuengirola.

    Antes de entrar en Soto del Real en junio de 2006, tenía una tienda delicatessen de productos árabes. Después de salir de Valdemoro en noviembre de 2009, no tenía nada. El local del negocio era un cartel de Se vende, la mujer malagueña le había pedido el divorcio, se había quedado sin papeles y el hijo mayor era el único que no absolvía al reo: «Papá, eres un moro mierda».

    Entre una y otra fecha, caben tres años y medio de un imposible: el de andar dando vueltas en círculo en el rectángulo de la celda. Ya lo hemos escrito aquí. Cinco pasos adelante; cinco pasos atrás. Y en cada giro un responso: «Soy inocente».

    «Pones mi nombre en Google, Berkoun Salah Edinne, te deletreo [lo hace], y todavía sale que soy terrorista... ¿Quién me arregla eso? El mayor tuvo taquicardias en el instituto, le decían que su padre era un asesino... Mi mujer, Josefina, me pidió terminar la relación. No he recuperado la tarjeta de residencia hasta este enero... Aquí en el pueblo la gente ya no se fía de mí, no me dicen ni hola, ninguno de mis cuñados me llama. Por muy absuelto que esté».

    Después de 41 meses como preventivo, la sentencia de la Audiencia Nacional, de marzo de 2011, le absolvió de los delitos de pertenencia a banda terrorista y del de colaboración con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate por los que estaba acusado, ilícitos por los que el fiscal le pedía 15 años y por los que pagó injustamente tres y medio en régimen cerrado. El instructor de la causa fue el juez Del Olmo. Ahora que quería pedir una indemnización al Estado, le han contado que ya es tarde: se le ha pasado el plazo que tenía para reclamar.

    «Llegué a España en el 88. Me casé en el 93. Trabajé en el campo hasta que abrí el negocio en 2002. A raíz del 11-M, todo cambió», explica. «Después de tres años sin vacaciones, me fui a Argelia a ver a la familia. Y un día, cuando mi mujer fue a Ronda con los niños a visitar a su padre, que estaba en el hospital, llegaron los Geos y entraron en casa y en la tienda tirando la puerta».

    Por teléfono la esposa le contó: el negocio y la vivienda eran un paisanaje de papeles revueltos. Medio barrio decía que él era un terrorista. La Policía buscaba un mapa del tesoro y andaba haciendo preguntas.

    Así que Edinne fue a la Fiscalía de Argel -donde le dijeron que no había nada contra él- y de ahí, a la Audiencia Nacional. Del Olmo se frotó los ojos. Edinne preguntó qué querían de él. «Pensaba: se lo voy a contar todo al señor juez y verá que ha sido un error, que me habrán confundido con otro». Los periódicos publicaron que el jefe de la célula terrorista se había entregado. El tendero entraba en aislamiento.

    De lo que vendría después queda una frase para colgar a la entrada de la penitenciaría: «Ojalá el régimen cerrado fuera como Guantánamo, porque allí por lo menos veían el cielo».

    El techo. Recuerda el techo. Y el semisótano donde estaba la celda de Soto. Y las conversaciones a través de la ventana con otro preso al que no veía. Y que había reclusos que le escupían mentando aquellos trenes de Atocha.

    El juicio fue en octubre de 2009. Los 43.000 folios del sumario se quedaron en ceniza. El integrista islámico no era tal y por descontado que, cuando el fiscal le propuso un apaño por el que él aceptaba que era terrorista a cambio de la libertad, Edinne se negó. Por sus hijos.

    «No se puede explicar con palabras lo que es estar tanto tiempo encerrado siendo inocente», explica Edinne. «Tu vida se va por un desagüe. El negocio, la familia, el futuro».

    «Es sangrante que haya estado tres años y medio en la cárcel con las pruebas que había», señala Pedro Blas, su abogado, que califica de «increíble» el error de la Policía.

    «El Estado de Derecho prefiere equivocarse metiendo a un inocente entre rejas que dejando a un culpable en la calle», concluye Julián Ríos, profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia Comillas. «La responsabilidad, desde luego, es de los jueces que adoptan la medida, pero también de los fiscales cuando piden prisión con ligereza. Cuando se produce un error judicial, hay que indemnizarlo sin excusas. Está en juego la dignidad de todos».

    Edinne está sin trabajo, a ver. Edinne, que escribió a todos los periódicos para que rectificaran y nadie le contestó. A él, que ni siquiera le concedieron el adjetivo de presunto. Valgan estas líneas como respuesta

    miércoles, 23 de mayo de 2012

    El fiscal se opone al recurso de Zougam contra las testigos

  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 23/05/2012 PORTADA/El Mundo


  • Sostiene que no puede haber falso testimonio porque la sentencia asumió la versión de las dos mujeres rumanas
    Nada bueno es creíble si viene de Rubalcaba. Menos aún algún pacto que beneficie o facilite la gobernación al adversario. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que rechace el recurso presentado por Jamal Zougam frente a la inadmisión de su querella contra las dos testigos protegidas cuya declaración le valió la condena como autor material del 11-M. El escrito sostiene que no cabe el delito de falso testimonio porque el tribunal que juzgó la masacre asumió la versión de las dos mujeres rumanas. La Fiscalía ha tardado dos meses en emitir su parecer, lo que sumado al tiempo consumido por la juez deja menos de un mes para que la Audiencia resuelva antes de que el posible delito prescriba.
    Viene de primera página
    La Fiscalía pide confirmar la inadmisión de la querella apoyándose en una frase de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que transcribe en negrita y subrayada: «Sólo cabe reputar falso testimonio en virtud de contradicción entre aquél y los hechos que en la resolución se hayan acogido como probados, es decir, como verdaderos». La afirmación -de 1989 y sobre un juicio con circunstancias muy diferentes- haría imposible la comisión del delito en un caso como el del 11-M, en el que el tribunal asumió las declaraciones de las dos mujeres rumanas y las empleó para condenar a Zougam a más de 42.000 años de cárcel.

    El escrito firmado por la fiscal Rosa Mayoral afirma que en la querella «no concurren» los requisitos del delito de falso testimonio. Considera que en ella no hay nada nuevo que lleve a dudar de las declaraciones de las testigos, añadiendo que la condena se basó también en otros elementos.

    «Se hace referencia [en la querella] a las declaraciones prestadas por las dos testigos protegidos que nada aportan a efectos de una nueva valoración de lo que afirman, ya que el devenir de las mismas durante todo el proceso penal (instrucción hasta el procesamiento) fueron conocidas por todos los integrantes del propio proceso», dice la fiscal.
    A eso añade, y así cierra el escrito, que hay que tener en cuenta «que la condena no sólo se basa en el testimonio de las testigos protegidos, sino en otra serie de pruebas que fueron tenidas en cuenta».

    Sobre la existencia de datos novedosos, este diario publicó el pasado mes de diciembre varias informaciones que ponían de manifiesto que las testigos C-65 y J-70 habían declarado en circunstancias extrañas de las que no tuvieron conocimiento ni la defensa, ni el juez instructor ni el tribunal que juzgó la masacre.

    En concreto, la testigo J-70 incriminó por primera vez a Zougam
    11 meses después del atentado, en febrero de 2005. Dijo que había visto al marroquí con una mochila en su vagón cuando iba acompañada de su amiga, la testigo C-65. Lo que no dijo fue que apenas 15 días antes, técnicos del Ministerio del Interior la habían descartado como víctima, una decisión que le cerraba las puertas a las indemnizaciones y a los papeles para regularizar su situación en España. Inmediatamente después de inculpar a Zougam, la testigo fue incluida en el listado de víctimas y terminó cobrando 48.000 euros.

    En los 11 meses anteriores, esa testigo había comparecido ante la Comisaría General de Extranjería para pedir los papeles; ante la Dirección General de la Policía para solicitar la indemnización; ante el Consorcio de Compensación de Seguros; ante una abogada para personarse en el sumario del 11-M; ante un tribunal médico, y ante una subsecretaria de Interior. En ninguno de esos lugares dijo haber visto a Zougam en los trenes.

    Por su parte, la testigo C-65 aseguró en el juicio que viajaba con su amiga J-70. No obstante, no aclaró por qué ella declaró por primera vez el 1 de abril de 2004 y su amiga 10 meses después. La investigación de este periódico reveló que la testigo fue remitida a la Policía por el Consulado de Rumanía, adonde había acudido con otra mujer (que no era J-70) para reclamar las indemnizaciones que pagaba el Gobierno rumano. Sólo después de que a esa segunda persona se le negase el dinero, porque no aportaba ninguna prueba de ser víctima del 11-M, ambas dijeron que viajaban juntas, que habían visto a un terrorista en el tren y señalaron, en un reconocimiento fotográfico que hicieron por separado, a Zougam. De esa segunda mujer nunca más se supo, pues su testimonio no llegó al sumario.

    A todas esas extrañas circunstancias se suma que el marido de C-65 fue reconocido
    como víctima de otro tren y entre ambos obtuvieron cerca de 100.000 euros, así como la nacionalidad española. Su hermano también pidió dinero, y fue rechazado y propuesto para ser imputado por mentir.

    En cuanto a la relevancia de las declaraciones de las dos testigos para dictar condena, también puesta en duda por la Fiscalía, el propio Tribunal Supremo dijo que constituían «la principal prueba de cargo» contra el marroquí.



  • M. MARRACO MADRID
  • 23/05/2012 ESPAÑA

  • Amenaza de prescripción

    .En el recurso contra la inadmisión, los letrados Eduardo García Peña y Francisco Andújar ya advertían de los perentorios plazos de prescripción, «aun siendo plenamente consciente esta parte de la enorme carga de trabajo que pesa sobre la Audiencia Provincial». La querella fue presentada el 19 de diciembre. A partir de esa fecha, la Justicia tiene un plazo de seis meses para resolver, hasta el 19 de junio. Eso supone que el tribunal va a disponer de menos de un mes para tomar una decisión si no quiere que sea el mero paso del tiempo el que impida la investigación del posible delito.

    La lentitud de la Fiscalía llega después de que la propia titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, empleara otros dos meses en inadmitir la querella. Nada más recibir el escrito, la juez encadenó dos decisiones que dejaban bien a las claras que no quería el asunto. Intentó endosárselo a la juez que investiga al ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y que se hiciera un nuevo reparto del asunto. No le salió bien. Lo siguiente fue dictar un auto que apuntaba a la admisión, diciendo que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Además, pedía a la madre de Zougam que presentara fianza para ser parte.

    Pero pasó otro mes y lo que llegó fue la inadmisión. El auto llevaba fecha del 14 de febrero, pero se notificó una semana más tarde. A los seis días ya tenía en la mesa los recursos, aunque el juzgado tardó dos semanas en darle copia al fiscal y pedir su opinión. El fiscal lo hizo el viernes, dos meses después. Ayer, el auto de la juez, el recurso y el informe fiscal seguían en el juzgado a la espera de ser remitidos a la Audiencia Provincial para asignárselo a un tribunal.

  • M. M. MADRID
  • 23/05/2012 ESPAÑA

  • Interpretación «extravagante»

    . La juez Belén Sánchez rechazó la querella alegando que lo que pretendía era «contradecir o impugnar la valoración de la prueba, que ya ha sido efectuada por el tribunal» del 11-M. «No puede por vía de interposición de la querella que ha dado origen a la presente causa, tratar de modificarse dicha valoración de la prueba y, en concreto, la valoración efectuada por el tribunal de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa», decía la juez. La respuesta de los abogados Andújar y García Peña en su recurso de apelación es que esa interpretación implicaría que «jamás pueda perseguirse al testigo que miente en un plenario si la sentencia que se dicte da credibilidad a su testimonio, y ello aun cuando se demuestre posteriormente que mintió deliberadamente». «La denuncia de un falso testimonio que haya dado lugar a una sentencia condenatoria, necesariamente conlleva -de forma inherente- la constatación de que la valoración de la prueba fue errónea. Si ello no fuera posible, como pretende la instructora, quedaría desnaturalizado el delito de falso testimonio», añade el recurso.

    Los abogados prosiguen afirmando que, dado lo que relatan en la querella, «resulta casi extravagante» la afirmación de la juez de que no concurren los elementos del delito de falso testimonio. «Si al presentarse la querella se denuncia que las querelladas se confabularon para faltar a la verdad, como testigos y bajo juramento en una causa penal, afirmando unos hechos que son falsos, engañando así al tribunal y provocando una sentencia condenatoria para, entre otros motivos, obtener unos beneficios económicos y determinadas ventajas administrativas, necesariamente -de ser cierto- sería constitutivo de delito de falso testimonio y por ello aquella debería ser admitida», concluyen.

    lunes, 21 de mayo de 2012

    El Gobierno vasco ve «inoportuno» el voto 'desterrado'

  • MIKEL SEGOVIA BILBAO
  • 21/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Ares lo considera de difícil «encaje» legal y alerta del debate que abre con el PNV
    Rajoy debe abordar sin demora toda la poda que se nos requiere y es necesaria. «Razonable» para unos, «iniciativa inoportuna» para otros. Gobierno central y Ejecutivo vasco, populares y socialistas, discreparon ayer sobre la posibilidad de conceder el derecho a voto en las elecciones que se celebren en Euskadi a los ciudadanos vascos que, víctimas de la violencia de ETA, residan hoy en otra comunidad autónoma. El anuncio, publicado ayer por EL MUNDO, de que el Gobierno de Rajoy estudia modificar la Ley Electoral de Régimen General, enfrentó a los dos ejecutivos, coincidiendo con la visita del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a Bilbao para clausurar el Congreso sobre Memoria y Convivencia que se ha celebrado durante la última semana en la capital vizcaína.

    El titular de Interior avanzó que el Gobierno trabaja para que una aspiración que calificó de «razonable» pueda ser también «legal». Subrayó que si miles de ciudadanos vascos residentes en el extranjero, en su mayor parte en Iberoamérica, pueden ejercer su derecho al voto en las convocatorias vascas, «tiene todo el sentido que estudiemos la posibilidad jurídica de que vascos que se han tenido que ir fuera del País Vasco pero que están en España puedan hacerlo en los próximos comicios».
     La medida no fue bien acogida por el consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, quien consideró que se trata de una propuesta que «no es oportuno impulsar» en este momento. Señaló que previamente se deberían analizar los inconvenientes que tiene, «que son muchos».


    Rajoy debe abordar sin demora toda la poda que se nos requiere y es necesariaAres, que dijo que el ministro no le trasladó ninguna información a este respecto ni requirió su opinión en el encuentro que ambos mantuvieron, aseguró que tendrá «muchas dificultades para tener encaje en el ordenamiento jurídico». El consejero vasco advirtió de que impulsar este tipo de reformas abrirá un «debate con los nacionalistas absolutamente inoportuno» y, por tanto, cree que a esta iniciativa «habría que darle aún muchas vueltas».

    El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, también advirtió del difícil encaje legal, si bien se mostró convencido de que «se podrán buscar fórmulas». En su opinión, aunque lleguen tarde, propuestas de este tipo supondrían un reconocimiento dentro de las medidas de «reparación de las que ahora se está hablando hacia las víctimas»: «Reconocer el sufragio activo, a mí, como idea, me parecería bien», señaló.

    El debate llega en un momento de máximo enfrentamiento entre los ya ex socios de gobierno, PSE y PP. En un contexto de exigencia de adelanto electoral, la modificación legal podría suponer una aportación de votos más favorable a los populares que a los socialistas. La población exiliada se equipararía en derechos a los cerca de 43.500 ciudadanos vascos residentes en el extranjero y que representan el 2,5% del
    censo electoral.
    La dificultad principal que generaría modificar la legislación electoral radicaría, según sus promotores, en definir qué ciudadanos residen fuera de Euskadi por esta razón y quiénes no. Calparsoro considera que demostrar que un ciudadano ha sido víctima de la violencia terrorista «sí podría llegar a acreditarse».

    La propuesta será analizada el próximo día 7 de junio por una quincena de expertos en un debate titulado Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco, que se celebrará en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Interior.

    El propio ministro subrayó ayer que la propuesta partió del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien trasladó al Gobierno la necesidad de buscar encaje legal al derecho de sufragio de los exiliados vascos. El PP ya intentó poner en marcha una reforma de este tipo a finales del año pasado con una iniciativa en el Parlamento vasco, que finalmente que no contó con el apoyo de ningún otro partido.

    El lehendakari también se ha manifestado en contra de ella por considerarla «peligrosa», al suponer el reconocimiento de un «privilegio» para aquellos ciudadanos que podrían votar tanto en Euskadi como en su nuevo lugar de residencia. Para López, el principio «un hombre, un voto» debe prevalecer. Junto a ello, considera que de manera implícita supondría avalar una máxima nacionalista, según la cual el resto de comunidades autónomas son territorio extranjero. «Hacer de los vascos que viven en Madrid vascos que viven en el extranjero es sumarse a posiciones nacionalistas», dijo.

    Expulsados por increpar al socialista Ares

      Cuatro jóvenes fueron desalojados ayer por personal de seguridad del Congreso sobre la Memoria y la Convivencia después de que increparan al consejero del Interior, Rodolfo Ares, al que pedían su dimisión por la muerte del joven hincha del Athletic Iñigo Cabacas. Cuando Ares intervenía, cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas, se levantaron de sus asientos y gritaron: «¡Ares dimisión!». Portaban camisetas en las que se leía: «'Justiza orain'» («Justicia ahora») con una fotografía del hincha del Athletic fallecido.





  • JUANFER F. CALDERÍN VITORIA
  • 21/05/2012 ESPAÑA

  • La eterna lucha de la viuda coraje

    Ramona Garrido pedirá al Congreso que cuantifique a los 'exiliados' por ETA

    En 2010, con 71 años, se plantó en la Audiencia Nacional y, delante de un etarra, paró un juicio para gritar al presidente de la sala que la Justicia la había «matado dos veces». El juez la echó después de que Ramona Garrido enseñase a los presentes una foto de su marido, José María Féliz Latiegui, al que ETA cerró los ojos a tiros en Usúrbil, en 1981. Ese año murió la viudapor primera vez. Y lo volvió a hacer cuando la Justicia consideró prescrito el crimen cometido presuntamente por el etarra José Antonio Zurutuza. Un matiz: la Audiencia condenó al terrorista por otro asesinato, perpetrado en el 82.

    Dos años después de aquel episodio, Ramona ha vuelto a la carga. Pese a sus años, viajará desde San Sebastián a Madrid después de que todos los grupos del Congreso de los Diputados hayan aceptado reunirse con ella. El pasado 24 de diciembre, la víctima remitió a la Comisión de Peticiones del Congreso un estudio jurídico de 40 folios en el que solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre las personas perseguidas y desplazadas fuera del País Vasco a causa del terrorismo etarra. No sólo les instará a crear tal foro, sino también a cuantificar en él el número de exiliados por ETA.

    Si bien su pretensión está enfocada a los damnificados, todo lo que Ramona ha venido haciendo tiene una razón de ser: su marido José María. Y no parará.

    Su abogado, Miguel Ángel Rodríguez, puede dar cuenta de ello; pues la viuda le ha hecho recorrer media Europa en busca de Justicia. Rodríguez defendió en la Corte Penal Internacional la primera denuncia en la que se acusó a ETA de cometer crímenes contra la humanidad y de genocidio en grado de tentativa.

    Eso sucedió después de que desde 2005 Ramona intentase que Francia extraditase al supuesto asesino de su marido para que los tribunales españoles le juzgasen. Lo logró en 2007. La Audiencia Nacional, no obstante, archivó la causa contra Zurutuza el 24 de noviembre de 2009. Habían pasado 20 años del asesinato, había prescrito el crimen, adujo el tribunal.

    Si finalmente se conforma la comisión de investigación, saldrán a la luz números oficiales de los exiliados que abandonaron Euskadi por miedo a ETA. Y eso, añade el letrado, debería obligar al Estado a reconocer que «miles de crímenes son susceptibles de ser calificados como crímenes contra la humanidad, crímenes contra población civil».
    De conseguir esa calificación, y pese a que haya prescrito el caso, Zurutuza podría ser juzgado por el asesinato de Féliz Latiegui. La viuda coraje lo habría conseguido.

    domingo, 20 de mayo de 2012

    Las andanzas del general Villegas en Venezuela

  • ANTONIO RUBIO MADRID
  • 20/05/2012 PORTADA/El Mundo


  • Chávez le acusa de trabajar para la oposición por encargo de empresas españolas / Él dice que fue amenazado de muerte por etarras

    .François Hollande da muestras de ser otro inconsistente como ZP«General, le perdonamos la vida porque ha tenido suerte de que estamos en tregua». De esa forma tan clara y directa se dirigieron el pasado día 11 de mayo dos miembros de ETA refugiados en Venezuela al general de división español Vicente Díaz de Villegas. Esa amenaza se produjo a las 12.00 horas, cuando el general de división ya se había subido al autobús que le tenía que llevar desde el hotel Alba-Venetur, donde se había hospedado en el país suramericano, hasta el aeropuerto de Caracas para regresar a España.
    Cuando el general Díaz de Villegas llegó al aeropuerto de Caracas fue detenido y trasladado a las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En aquellas dependencias, según ha declarado el propio general a EL MUNDO, estuvo «retenido durante dos horas» y, además, «violaron» su «ordenador, su teléfono y su equipaje».

    El general Díaz de Villegas, que además es un hombre OTAN, considera que uno de los etarras que le controlaron y amenazaron «pudiera ser Cubillas». Se refiere a Arturo Cubillas, dirigente etarra que llegó a Venezuela en 1990 cuando huía de la Justicia española, que consiguió la nacionalidad de aquel país en 2004 y que ha sido un alto funcionario del Gobierno de Hugo Chávez hasta el año 2008.

    Después, el general aclara: «No estoy muy seguro porque no me dedico al antiterrorismo; creo que sí, que era Cubillas, pero tendría que ver muchas fotos para poder identificarlo bien». En la actualidad hay pendiente una petición de extradición por parte de la Audiencia Nacional contra Cubillas.

    En estos momentos el general de división Vicente Díaz de Villegas se encuentra en la reserva, pero ha desarrollado y ejercido importantes cargos a lo largo de su carrera. Consiguió el generalato de brigada en 2002 y, tres años más tarde, el de división. Después fue destinado a la ciudad autónoma de Melilla como comandante general. Es un hombre OTAN y ha participado en diferentes acciones en Sarajevo y Kosovo. También estuvo en Afganistán e Irak.

    En 2008 ascendió a teniente general y dirigió las fuerzas de la ONU en el Congo. Es diplomado del Estado Mayor y del NATO Defense College. En 2009 pasó a la reserva, pero sobre todo Díaz de Villegas se considera un legionario.

    Los motivos y las circunstancias por las que el general Díaz de Villegas se encontraba en Venezuela son confusos. El Sebin está convencido de que el militar español estaba realizando un acercamiento a la oposición venezolana en la persona de Capriles Radonski, el candidato a las próximas elecciones del mes de octubre. El Sebin también baraja la posibilidad de que Díaz de Villegas sea el representante de un grupo de empresarios españoles que están situándose en Venezuela por si algún día hubiera un cambio de régimen.

    El general Díaz de Villegas ha reconocido a EL MUNDO que cuando fue detenido por el servicio de inteligencia venezolano y amenazado por los etarras estaba llevando a cabo un «informe». También admite el militar que no es la primera vez que visita Venezuela: «Estuve el año pasado en Caracas, el 12 de octubre, con el embajador y el agregado militar, y he vuelto ahora, el 9 de mayo».

    Luego explica: «Son viajes turísticos que yo hago y que me proporciona un amigo a cambio de que le haga informes de empresa, de calidad y ya está». Esos supuestos informes que realiza Díaz de Villegas, según ha podido saber este medio en el entorno del propio general, son para una empresa pública española que está directamente relacionada con el mundo de la aeronáutica y para otras sociedades que estudian invertir en un futuro en el país suramericano.

    Este periódico también ha tenido conocimiento de que tras el incidente que Díaz de Villegas tuvo con los supuestos etarras y con el Sebin, el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) ha tomado cartas en el asunto y ha sometido al general de división a un interrogatorio.

    Díaz de Villegas ha tenido que explicar al CNI todos los pormenores de su visita y estancia en Venezuela, y en el informe interno elaborado por los servicios españoles no se le da mucha credibilidad a la versión ofrecida por el militar. Además, se da la circunstancia de que un familiar directo del general de división entró en el CNI en 2010, cuando ya era director del Centro el general Félix Sanz Roldán, que sustituyó al dimisionario Alberto Saiz.
    Durante el tiempo en que Díaz de Villegas estuvo retenido en el aeropuerto de Caracas, los servicios secretos venezolanos le preguntaron por su auténtica profesión. El Sebin pensaba que el general era periodista y el militar aclara: «Yo no tenía ningún carné de periodista. He escrito y escribo en La Gaceta, y cuando ellos abrieron mi ordenador pudieron ver algunos de mis artículos».

    Díaz de Villegas acusa al Sebin de haber proporcionado todos sus datos a una página web que está controlada por los etarras que residen en Venezuela. Y el general hace una última reflexión sobre su visita a Caracas y su incidente con los supuestos miembros de la organización terrorista vasca: «Me preocupa el tema de ETA en Venezuela. Me dijeron que me habían perdonado la vida y que había tenido mucha suerte porque estábamos en tregua. Está claro que hay una interrelación directa entre el servicio bolivariano de información y ETA».

  • ANTONIO RUBIO MADRID
  • 20/05/2012 ESPAÑA

  • Una colonia etarra formada por Cubillas y 50 terroristas más

    . En julio de 2011, los servicios de inteligencia españoles calculaban que el número de etarras que residían de forma regular en Venezuela llegaba al medio centenar. De esos 50, 25 lo hacían de manera legal, con su correspondiente tarjeta de residencia o documento de nacionalización. El resto, los otros 25, estaba de manera ilegal, pero con el visto bueno de las autoridades venezolanas.

    El cabeza visible o mejor posicionado de todos los etarras que viven en Venezuela es Arturo Cubillas, que llegó a aquel país en 1990 huyendo de la Justicia española. Cubillas consiguió la nacionalidad venezolana después de contraer matrimonio con Goizeder Odriozola, una nativa de padres vascos que llegó a ser jefa de prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras. En ese mismo departamento, Cubillas desempeñó un alto cargo hasta 2008.

    En marzo de 2011, el magistrado Eloy Velasco pidió al Gobierno español que solicitara la extradición de Arturo Cubillas al Ejecutivo de Venezuela, por considerarlo dirigente de ETA y por haber participado en la instrucción y formación de las FARC colombianas en la selva venezolana.

    El Gobierno de Hugo Chávez nunca ha dado una respuesta oficial a esa extradición, pero el fiscal general venezolano argumentó ante la prensa que la Constitución bolivariana prohibía entregar a ciudadanos venezolanos a otros países y que eso afectaba a Arturo Cubillas, que desde 2004 tenía nacionalidad de aquel país.

    Otro de los etarras que en la actualidad se refugia en Venezuela es Anton Troitiño, que el 13 de abril de 2011 fue excarcelado erróneamente y que después de pasar por Francia y Holanda, embarcó en un carguero con dirección a tierras suramericanas.

    La mayoría de los etarras que viven en estos momentos en Venezuela reside en ciudades como Caracas, Valencia y Maracaibo. El CNI también está convencido de que Josu Ternera forma parte de esa lista de 50 etarras que se han refugiado en Venezuela.

    Los 'exiliados' por miedo a ETA podrán votar en el País Vasco

  • M. RAMÍREZ BILBAO
  • 20/05/2012 PORTADA/El Mundo


  • Interior convoca para el 7 de junio un seminario de expertos juristas para modificar la Ley Electoral / Podría afectar a entre 200.000 y 300.000 vascos
    François Hollande da muestras de ser otro inconsistente como ZP.El Gobierno avanza en su intención de reformar la Ley Electoral (Loreg) para posibilitar que las personas que tuvieron que dejar el País Vasco a causa de la amenaza de ETA puedan ejercer su derecho al sufragio en su comunidad de procedencia. Sin embargo, la elaboración del censo de desterrados -entre 200.000 y 300.000, según diversos cálculos-, como los denomina el PP, no resulta fácil.
    Hace varios meses que el asunto está sobre la mesa de la asesoría jurídica del Palacio de la Moncloa y ahora el Ejecutivo ha decidido ampliar el debate a expertos en Derecho Constitucional y otros juristas de prestigio para sustentar legalmente sus aspiraciones y encontrar una fórmula viable que ayude a materializarlas.
    Con esta finalidad, la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior han organizado una jornada el próximo 7 de junio en Madrid, que reunirá en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a una quincena de expertos. El seminario congregará a catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, ex vocales de la Junta Electoral Central y abogados en Cortes.

    El debate está convocado bajo el título de Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco, y la ponencia correrá a cargo de Fabio Pascua Mateo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Españolas y experto en normativa electoral.

    El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que hoy clausura en Bilbao el Congreso sobre Memoria y Convivencia, organizado por el Gobierno vasco, anunciará mañana en la capital vizcaína la celebración de este seminario durante la presentación en el encuentro de Fórum Europa del presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti. El líder regional del PP es el principal impulsor de que los ciudadanos que tuvieron que abandonar la comunidad autónoma y no desean regresar puedan votar en ella pese a mantener su residencia fuera.

    Para Basagoiti, «la restitución de los derechos políticos» a quienes huyeron por la amenaza de ETA sigue siendo una prioridad, tal y como quedó plasmado en febrero en la ponencia política aprobada por el congreso nacional de su partido. «Un País Vasco en paz y libertad», recogía el texto, «es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquéllos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron».

    La posibilidad abierta de un próximo adelanto electoral en el País Vasco, tras la ruptura por el PP del pacto que sustentaba al Gobierno socialista en minoría de Patxi López, pone de relieve la importancia de la iniciativa abanderada por los populares. El partido de Basagoiti ha impulsado esta reforma, que garantizaría la participación de los ciudadanos vascos exiliados en las elecciones vascas previstas en la primavera de 2013. Pero el adelanto a otoño de los comicios autonómicos dificultaría su aplicación en esta cita electoral.

    El compromiso de presentar una iniciativa para cambiar la ley electoral fue asumido también directamente por el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, en aras de lograr una «restitución democrática» y tras contar con el visto bueno del propio Mariano Rajoy. El Gobierno pretende ahora que de los informes de los asesores de La Moncloa y del seminario del día 7 salgan las bases de propuestas concretas de reforma de los artículos de la Loreg referidos al censo y los requisitos para ser elector.

    La definición de quién tiene derecho al voto es el asunto más difícil de objetivar y la confección del censo resulta complicada ante la falta de registros o documentación al respecto. Tan sólo existen algunas aproximaciones generales a eventuales cifras sobre posibles desterrados. Un informe publicado en 2008 por la Fundación BBVA aseguraba que casi 200.000 personas habían abandonado el País Vasco desde que ETA inició su actividad terrorista. Y Basagoiti subraya siempre que frente al crecimiento del censo electoral español, el vasco se ha visto mermado desde 1979 en 309.000 votantes.

    La reclamación del derecho al voto de los que tuvieron que marcharse del País Vasco no es una reivindicación de hoy. Hace años que el Foro Ermua y algunos colectivos de víctimas trasladaron a los partidos esta pretensión, con el argumento de que vascos exiliados en Hispanoamérica, afectos generalmente al nacionalismo, votan con normalidad en las elecciones vascas, mientras que personas que se han visto obligadas a trasladarse a otros puntos de España por la amenaza de ETA no pueden hacerlo.

    «¿Por qué pueden votar en Euskadi los vascos de Argentina o de México, y no los de Madrid, Alicante o Málaga?», se preguntó Basagoiti al presentar su iniciativa en el Parlamento vasco. En la Cámara, el dirigente popular expresó su convicción de que el equilibrio de fuerzas en la comunidad autónoma cambiaría si se dejase votar a quienes se marcharon de forma obligada. «Hay más desterrados que votos tiene la izquierda abertzale», sentenció.

    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videonálisis de Josean Izarra.
  • M. RAMÍREZ BILBAO
  • 20/05/2012 ESPAÑA

  • Cita en julio con los 'exiliados'

    Hoy, muchos de los que el Partido Popular considera 'desterrados' han rehecho su vida fuera y no quieren regresar a la comunidad autónoma. Un reciente estudio elaborado por el Instituto vasco de Criminología, por encargo del Gobierno vasco, concluyó que sus aspiraciones se centran en dos únicos ámbitos: poder votar en el País Vasco y participar en la construcción del relato que en él se haga de la etapa de casi medio siglo presidida por el terror de la banda ETA. El Gobierno vasco, no obstante, redacta una proposición para modificar en la Cámara vasca la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, con el fin de establecer ayudas específicas para este tipo de 'exiliados' que quieran volver a residir en el País Vasco. La reforma facilitará que quien desee hacerlo pueda acceder a una vivienda pública o a distintas ayudas sociales, incluidas la Renta de Garantía de Ingreso y subvenciones de empleo y educación para sus hijos. El Ejecutivo pretende que estas medidas entren ya en vigor en julio. Ese mes podría llevarse a cabo también una primera reunión en Madrid entre el Gobierno y un grupo de gente que se fue del País Vasco por las amenazas de ETA, según indicó a este periódico el director adjunto de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo. Su departamento tiene ya localizadas a unas 30 o 40 personas a las que plantea dirigirse en breve por carta para informarles de las acciones que lleva a cabo el Gabinete de Patxi López e ir, poco a poco, elaborando su propio censo
  • J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN
  • 20/05/2012 ESPAÑA

  • Bildu etiqueta a los guipuzcoanos

    Los socialistas vascos denuncian que el Gobierno foral 'abertzale' prepara otro listado para clasificar a la población en función de su lugar de nacimiento

    Primero fue el censo de vascoparlantes para segregar a los ciudadanos de Guipúzcoa, marcándoles como euskaldunes y no euskaldunes. Luego le ha seguido el registro de contribuyentes de «riesgo» con el que pretende combatir el fraude fiscal. Y ahora, en el horizonte, se encuentra el posible listado que busca clasificar a la población según su origen y nacimiento, como denuncia el PSE, aunque Bildu lo niega.
    Los abertzales han hecho de las etiquetas a la población su prioridad de gobierno en Guipúzcoa en su primer año de mandato. A las puertas de cumplirse, el martes, el aniversario de su triunfo electoral, el Ejecutivo foral de Martín Garitano aún no ha dado a conocer su programa de gobierno. Mientras tanto, está basando su gestión en una política encaminada a clasificar a los ciudadanos en una u otra categoría en función de sus intereses.
    El PSE, por boca de su portavoz en el Parlamento de Guipúzcoa, Rafaela Romero, ha puesto el grito en el cielo por la «obsesión» de Bildu de «marcar a los ciudadanos» a través de unas actuaciones «muy peligrosas» que pueden llegar a ser «xenófobas y racistas». En esta línea, el presidente del PP en el territorio, Borja Sémper, ha denunciado que la coalición abertzale pretende «marcar a los guipuzcoanos como ganado» con la mera finalidad de «segregar» a la población.

    El Gobierno de Bildu se está valiendo de la presente campaña del IRPF para dar cuerpo a su censo de vascoparlantes que divide a la población en función del idioma. A través de la declaración de la Renta, está diferenciando a aquellos ciudadanos con los que a partir de ahora va a mantener una relación exclusivamente en euskara. Así, está preguntando a 400.000 contribuyentes si desean tener relaciones sólo en lengua vasca con la Administración foral. Esta información se trasladará a todos los departamentos de la Diputación para que se sirvan de esta base y, a partir de entonces, únicamente se comuniquen con estos ciudadanos, entidades o empresas en euskara.

    El temor a que este censo conllevara la exclusión de los no vascoparlantes llevó al PSE a pedir explicaciones sobre la finalidad del censo una vez que fue anunciado en septiembre. Sin embargo, el Gobierno foral tardó más de tres meses en concretar el objeto de este registro, lo que alimentó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la coalición abertzale.

    En plena campaña de la Renta, el Ejecutivo de Bildu publicó a principios de este mes en el Boletín Oficial de Guipúzcoa su Plan de Comprobación Tributaria para perseguir de forma eficaz el fraude fiscal y que recoge la creación de un censo de contribuyentes de «riesgo» para detectar las «alarmas rojas».
    Este registro, según defiende la Diputación, será de uso «interno y restringido» y se realizará a partir de «indicios objetivos de riesgo», con el fin de extremar el control sobre aquellos ciudadanos reincidentes en el fraude. En todo caso, aún no ha concretado los criterios que se establecerán para formar parte de este listado, ni tampoco si se comunicará al afectado que está dentro del mismo.

    Para su plasmación, esta medida tendrá que aprobarse en el Parlamento de Guipúzcoa, donde Bildu se encuentra en minoría y con una oposición que ya ha mostrado su desconfianza por la necesidad de que se respete el «derecho a la presunción de inocencia».

    En medio de este debate, el PSE ha denunciado que el Gobierno de Bildu pretende poner en marcha una nueva clasificación ciudadana, esta vez en función de su nacimiento, dentro o fuera de Euskal Herria, y en atención al lugar donde nacieron el padre y la madre. El Ejecutivo de Garitano ha desmentido esta medida y ha exigido una rectificación pública a Rafaela Romero por sus acusaciones «insidiosas».
    Pero la portavoz del PSE en el Parlamento de Guipúzcoa se ha ratificado en su denuncia. Asegura que el director de Migración y Diversidad, Marcos Nanclares, ha anunciado «procesos de integración» para convertir al «independentismo» a esa población «inmigrante» que ha nacido fuera del País Vasco o lo han hecho sus padres. Por este motivo, ha pedido la comparecencia urgente de Garitano en las Juntas Generales, para que explique si el Gobierno foral se ha convertido en «paradigma» de las ideas «más racistas, sectarias, totalitarias y xenófobas», dentro de una política propia de «los nuevos movimientos europeos de ultraderecha que pretenden una clasificación étnica de la población».

    sábado, 19 de mayo de 2012

    «Gracias al diálogo se puede salir adelante»

    GIORGIO BAZZEGA/El Mundo
    Por fin el PP acaba con el agit-prop de Rubalcaba en TVE. Giorgio Bazzega tenía dos años y medio cuando su padre murió en un tiroteo, víctima de la violencia de las Brigadas Rojas. Durante años se negó a afrontarlo y a saber lo que había ocurrido. Después llegaron el odio y los deseos de venganza. «Mi madre incluso me encontró con un listado de personas a las que quería hacer daño», confiesa.

    Bazzega comenzó entonces a trabajar para afrontar lo que le había ocurrido a su padre. Compartió experiencias con otras víctimas del terrorismo y después quiso intecambiar impresiones con antiguos terroristas que habían hecho un rechazo explícito de la violencia.

    Dice que se encuentra sólo a la mitad de su camino, que «cada uno vive el dolor a su manera» y que su punto de vista le acarrea críticas entre otras muchas víctimas, pero está convencido de que gracias al diálogo se puede «salir adelante». «¿Cuándo se dispara? Cuando no hay diálogo», reflexiona.

    En su caso, «poco a poco, al conocer a gente, y al crecer también personalmente», se dio cuenta de lo mucho que había faltado todo esto en Italia. «El hecho de encontrarnos habría permitido solucionar mucho mejor las cosas», destaca.

    Reconoce que no es fácil, que es duro ver a determinadas personas hablando en la televisión. «Sufres, es algo humano, aunque no sea racional; pero hay que intentar superar las emociones y llegar a la racionalidad».

    Bazzega compartirá hoy su experiencia en el Congreso sobre Memoria y Convivencia, en una mesa redonda sobre el camino Del terrorismo a la convivencia, en la que hablará junto a Adriana Faranda, antigua integrante de las Brigadas Rojas.

    Sentarse en la misma mesa que alguien que ha pertenecido a una organización terrorista, aunque haya rechazado la violencia, no es fácil, pero «es emocionante». «Yo me encuentro a la mitad de mi recorrido, pero he llegado a un punto en que no me siento incómodo cuando sé que las personas que se sientan a mi lado han hecho también un recorrido, han rechazado la violencia e incluso se han puesto a mi disposición para ayudarme», explica.
    Bazzega recuerda que en Italia el gran número de facciones implicadas en la violencia de los años de plomo, en la década de los setenta, dejó a las víctimas arrinconadas. «Nadie nos quería escuchar», dice. Destaca, por ello, el apoyo popular que ha visto en España en manifestaciones multitudinarias porque, dice, lo importante, más allá de las partes implicadas o de la política, es precisamente esa opinión pública






  • LEYRE IGLESIAS BILBAO
  • 19/05/2012 ESPAÑA

  • ADRIANA FARANDA

    «El perdón es algo que se da, no se solicita»

    .¿Es necesario que los etarras pidan perdón? Adriana Faranda, ex terrorista arrepentida de las Brigadas Rojas, defendió ayer que «el perdón es algo personal que pertenece a la conciencia, algo que se da y no se solicita».

    Faranda (Tortorici, Sicilia, 1950), invitada al Congreso sobre Memoria y Convivencia, fue una de las primeras dirigentes de las Brigadas Rojas que rompió con la organización y se apuntó, ya en prisión, a la disociación: renuncia a la violencia y asunción de la responsabilidad individual, pero -a diferencia de la vía impulsada por el Gobierno italiano- sin delatar a sus cómplices.

    Esta fórmula que, según Faranda, conllevó en su caso una importante transición «ética», ha inspirado el experimento ensayado en la anterior legislatura con un puñado de etarras críticos en la cárcel de Nanclares, relanzado ahora con el plan de reinserción de presos auspiciado por el Gobierno.

    La italiana abandonó las Brigadas -referente histórico para ETA- a raíz de su participación, en 1978, en el secuestro y asesinato del democristiano Aldo Moro, un crimen con el que estaba en desacuerdo. Un año después fue arrestada y condenada a cadena perpetua. Entre rejas participó en ese proceso de disociación impulsado por los propios reos, que el Ejecutivo acabó fomentando para acabar con los grupos terroristas nacidos en los 70.

    Según Faranda, el perdón no fue la clave. «Dentro del proceso de disociación, más que pedir perdón, nosotros nos arrepentimos. Pero hay que tener cuidado porque el arrepentimiento [en Italia] se ha convertido en una categoría jurídica», explicó, en referencia a los compañeros que delataron a otros terroristas.

    Faranda opinó ayer en Radio Euskadi que el País Vasco está llevando a cabo «un recorrido más eficaz» que el que realizó Italia, gracias a la participación «desde el primer momento» de la sociedad civil, para favorecer «la reinserción y la relectura del pasado», y gracias también a los encuentros entre víctimas y verdugos que empezaron a producirse con el anterior Ejecutivo. Todo ello «se retraso mucho» en su país.

    La antigua terrorista iba a participar hoy en un debate con la ex etarra disidente Carmen Gisasola, que pretendía contar su experiencia personal desde la violencia hasta el rechazo a las armas. Faranda lamentó que su voz no pueda escucharse: «Es importantísimo poder comprender el punto de vista y la reflexión de alguien que ha decidido salir de una organización y abandonar la idea en la que ha basado su vida».



  • IRENE HDEZ. VELASCO ROMA CORRESPONSAL
  • 19/05/2012
  • 1
  • PORTADA

  • CARTA SECRETA

    El Vaticano no autorizó una reunión con ETA en la Nunciatura

    .¿Es necesario que los etarras pidan perdón? Adriana Faranda, ex terrorista arrepentida de las Brigadas Rojas, defendió ayer que «el perdón es algo personal que pertenece a la conciencia, algo que se da y no se solicita».

    Faranda (Tortorici, Sicilia, 1950), invitada al Congreso sobre Memoria y Convivencia, fue una de las primeras dirigentes de las Brigadas Rojas que rompió con la organización y se apuntó, ya en prisión, a la disociación: renuncia a la violencia y asunción de la responsabilidad individual, pero -a diferencia de la vía impulsada por el Gobierno italiano- sin delatar a sus cómplices.

    Esta fórmula que, según Faranda, conllevó en su caso una importante transición «ética», ha inspirado el experimento ensayado en la anterior legislatura con un puñado de etarras críticos en la cárcel de Nanclares, relanzado ahora con el plan de reinserción de presos auspiciado por el Gobierno.

    La italiana abandonó las Brigadas -referente histórico para ETA- a raíz de su participación, en 1978, en el secuestro y asesinato del democristiano Aldo Moro, un crimen con el que estaba en desacuerdo. Un año después fue arrestada y condenada a cadena perpetua. Entre rejas participó en ese proceso de disociación impulsado por los propios reos, que el Ejecutivo acabó fomentando para acabar con los grupos terroristas nacidos en los 70.

    Según Faranda, el perdón no fue la clave. «Dentro del proceso de disociación, más que pedir perdón, nosotros nos arrepentimos. Pero hay que tener cuidado porque el arrepentimiento [en Italia] se ha convertido en una categoría jurídica», explicó, en referencia a los compañeros que delataron a otros terroristas.

    Faranda opinó ayer en Radio Euskadi que el País Vasco está llevando a cabo «un recorrido más eficaz» que el que realizó Italia, gracias a la participación «desde el primer momento» de la sociedad civil, para favorecer «la reinserción y la relectura del pasado», y gracias también a los encuentros entre víctimas y verdugos que empezaron a producirse con el anterior Ejecutivo. Todo ello «se retraso mucho» en su país.

    La antigua terrorista iba a participar hoy en un debate con la ex etarra disidente Carmen Gisasola, que pretendía contar su experiencia personal desde la violencia hasta el rechazo a las armas. Faranda lamentó que su voz no pueda escucharse: «Es importantísimo poder comprender el punto de vista y la reflexión de alguien que ha decidido salir de una organización y abandonar la idea en la que ha basado su vida».
     

    miércoles, 16 de mayo de 2012

    El fiscal pide 8 años de inhabilitación a 2 cargos de la UPV por ayudar a etarras

  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 16/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Les acusa de prevaricación al permitir que se matricularan dos terroristas deportados

    .La Fiscalía del País Vasco reclama una condena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a dos miembros de la Universidad Pública del País Vasco (UPV) por facilitar la matriculación a etarras que no tenían derecho a ello al tratarse de deportados.

    El escrito de acusación que acaba de presentar en el Juzgado número 3 de Guecho (Vizcaya) atribuye un delito de prevaricación administrativa al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, José Enrique Antolín Iria, y al designado tutor de los alumnos presos de esa facultad, Xabier Aierdi Urraza.

    Ambos permitieron que los etarras Ángel Lete Echaniz y Belén González Peñalva cursaran estudios en la UPV pese a tratarse de deportados y, por tanto, de «alumnos que de forma evidente no podían integrarse en el sistema de alumnos presos». En el caso de Lete Echaniz, deportado en Cabo Verde y ya fallecido, logró cursar Filosofía y Ciencias Políticas, mientras que González Peñalva, deportada en República Dominicana, obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas.

    «La presencia de los alumnos deportados en el sistema de alumnos presos se produjo sin cobertura jurídica alguna» y de manera «arbitraria», dice el fiscal, que explica que «los deportados, al no estar internos en centros penitenciarios, carecían de un requisito necesario para formar parte de dicho sistema». Y todo ello pese a resultar «notorio que la lejanía geográfica con Cabo Verde y la República Dominicana impedía articular un sistema de garantías que asegurara que las asignaturas se cursaban con el debido rigor».

    Según explica el Ministerio Público, Antolín Iria fue designado como responsable de los llamados «alumnos especiales», que incluía a los terroristas encarcelados en Francia y España. «Desde dicha posición de responsabilidad, mantuvo a los alumnos deportados en el sistema de alumnos presos».

    En cuanto a Urraza, «desempeñó en el sistema de alumnos presos funciones de responsabilidad como coordinador y encargado de resolver los posibles problemas que pudieran surgir en relación con estos alumnos». Gracias a la actuación de este acusado, Belén González, condenada a cientos de años por numerosos asesinatos, no sólo logró matricularse, sino que le resultó más fácil superar las asignaturas. Así se desprende de un episodio relatado por el fiscal en su escrito. Aierdi «influyó» en el profesor de Derecho Internacional Público de la etarra «para que, sin causa justificada, modificara la prueba de evaluación», cambiando el examen que tenía previsto ponerle «por un trabajo, mecanismo de evaluación más flexible y sencillo de superar». Lo
    hizo «prevaliéndose del desconocimiento del sistema de alumnos presos por parte del docente, sistema que no excluía ni restringía la posibilidad de fijar un examen como evaluación». Ese episodio, cree el fiscal, «contribuyó a la arbitrariedad del sistema».

    El Ministerio Público dice que el vicedecano y el tutor son autores del delito del artículo 404 del Código Penal: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años».

    Al banquillo sólo llegará una pequeña parte de la investigación abierta en el juzgado de Guecho, donde también ejercen la acusación Voces contra el Terrorismo y la AVT. El caso comenzó en 2005 y acumuló una treintena de sospechosos de cometer irregularidades que favorecían a etarras, que así conseguían los títulos y las correspondientes redenciones de condena. En 2008, el juzgado levantó la imputación contra 19 profesores y en 2011 a la mayor parte de los cargos de la UPV. Uno de los argumentos para ello fue que la libertad de cátedra ofrecía tal margen de maniobra que era imposible proceder contra ellos «en los estrechos márgenes del Código Penal». Aun así, la juez hablaba de «reproche moral» hacia «los imputados, que por miedo o simpatía hacia el colectivo evaluaron de forma absolutamente laxa las asignaturas».

    En mayo de 2011, la juez decidió seguir contra cuatro imputados. La decisión fue recurrida y la Audiencia de Vizcaya limitó la posibilidad de juicio a los hoy acusados.

    sábado, 12 de mayo de 2012

    20 concejales del PP vasco irán a la manifestación de las víctimas contra el plan de acercamiento

  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 12/05/2012 PORTADA/El Mundo

  • Estuvimos gobernados por socialistas sinverguenzas e irresponsables que presumian internacionalmente de tener el sistema financiero mas solido del mundo.
    Una veintena de militantes del PP vasco, concejales y ex concejales, ha anunciado su adhesión a la iniciativa de la plataforma Mujeres por la Justicia contra el plan integral de reinserción de presos de ETA y contra la vía Nanclares. Esta plataforma aglutina a mujeres (madres, hermanas, hijas) que han sufrido el terrorismo. Ha convocado ya una concentración para el 9 de junio.
    En el seno del PP vasco hay una importante corriente que ha decidido no apartarse de las víctimas del terrorismo, de aquéllas que quieren pelear en la calle contra la impunidad de los etarras y contra sus beneficios penitenciarios, y se han adherido a una próxima concentración en Madrid. Más de una veintena de conocidos militantes de esta formación han trasladado ya su intención de secundar la primera iniciativa convocada por la plataforma Mujeres por la Justicia en la que se pedirá el fin de la vía Nanclares, que aplica el Ministerio del Interior.

    El pasado jueves, esta plataforma de víctimas hizo su irrupción pública convocando un acto público para el 9 de junio en Madrid. Y explicó que se trata de un nuevo capítulo de la llamada «rebelión cívica».

    Esta plataforma defiende, entre otros puntos, la retirada del nuevo plan de reinserción presentado por el Ministerio del Interior y el fin de la denominada vía Nanclares. Ayer comenzó la campaña de adhesiones a su iniciativa y recibió una rápida respuesta por parte de un importante sector del Partido Popular vasco.

    En este grupo, según explicaron fuentes cercanas a la plataforma, hay representantes del PP de las tres provincias vascas. Además, hay varios que son concejales en activo en localidades gobernadas por Bildu.

    También aparece un importante número de ex concejales de pueblos vascos pero que siguen vinculados al PP y que acudirán al congreso que se celebra este fin de semana. Esta veintena de destacados militantes populares del País vasco ha trasladado ya a la plataforma su intención de acudir a esta nueva iniciativa pública o, cuando menos, solidarizarse públicamente con sus peticiones.

    El 9 junio, a las 18.00 horas, está convocada una concentración en Madrid contra la impunidad de los terroristas. Mujeres por la Justicia recuerda que son más de 300 los asesinatos de ETA que aún están pendientes de esclarecer. Saben que una gran mayoría han prescrito, como recordó María Jesús González, madre de Irene Villa en el acto de presentación de la iniciativa de las víctimas. De hecho, su atentado está ya en los archivos de la Audiencia Nacional, pero reclaman al Gobierno que los esclarezca y que los terroristas, antes de acogerse a cualquier plan de reinserción o de ser acercados, ayuden a poner los nombres y apellidos de los responsables de estos crímenes.

    Según informaron desde la plataforma, entre otros destacados miembros del PP vasco que apoyan esta iniciativa está la actual concejal del PP en Llodio Paula Cuesta, un ayuntamiento ahora gobernado por Bildu. También se han adherido a la iniciativa de Mujeres por la Justicia Mikel Urrechu, ex edil en esta misma localidad; Santiago Abascal Conde, ex concejal Llodio y ex parlamentario vasco; también lo ha hecho su padre, Santiago Abascal Escuza, concejal de Amurrio y miembro de las Juntas Generales de Álava; lo mismo que Montserrat Canibe, edil de esta misma localidad. Joseba Elejalde, concejal de Arcienaga, también apoya a las víctimas en esta reivindicación. Una compañera suya edil de este pueblo, Marta Aranguren, es otra de las que se adhieren.

    Pilar Elías, víctima del terrorismo y ex edil de Azkoitia, es una de las fundadoras de esta nueva plataforma. También se han apuntado Nerea Arzola, ex edil de Sondica y ex parlamentaria vasca; Roberto Asensio, ex concejal de Balmaseda; Luciano Galán, ex edil de Orozko; Esau Martín, ex concejal de Amurrio; Juan de Dios Dávida, ex de Hernani; Angel Olaso, ex de Pasajes; Carmen Rubio, ex del Ayuntamiento de San Sebastián; Carlos Sancho, también ex edil del Ayuntamiento donostiarra; Carmen Busca, ex concejal de Zarauz y de San Sebastián; Angel Yáñez, ex edil de Tolosa; Esteban Elorza, concejal de Campezo y Javier Sáez de Ugarte, ex de esta misma localidad son el resto de miembros del PP vasco que han mostrado ya su apoyo a la iniciativa de Mujeres por la Justicia.

    Contra Bildu y Amaiur
    En la presentación, su portavoz, Mamen Alvarez, además de exigir el fin de la vía Nanclares y del nuevo plan integral de reinserción de presos de ETA, pidió al Gobierno «que impulse el proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur retomando y actualizando todas las pruebas recabadas por las Fuerzas de Seguridad».

    Además, Mujeres por la Justicia reclama que el Parlamento «apruebe una declaración institucional revocando su acuerdo de mayo de 2005 que autorizaba la negociación entre el Gobierno y ETA. Pedimos, además, que se dé a conocer el contenido del pacto antiterrorista de junio de 2008 entre el PSOE y el PP. Ese oscurantismo apunta a lo inconfesable de su contenido».

    Durante la presentación -a la que acudieron, entre otros, José Antonio Ortega Lara, Mapi de las Heras, María Jesús González y Santiago Abascal-, esta plataforma pidió la retirada de la víaNanclares «al considerarla un fraude de ley que pretende satisfacer acuerdos para la impunidad con la banda terrorista ETA».

    «Pedimos a nuestros políticos que no marginen a las víctimas que somos críticas con la política antiterrorista seguida tras la absurda demolición del Pacto Antiterrorista de 2000, el instrumento de lucha contra ETA que mejores resultados ha dado». Exigen a Interior que impulse la detención de Josu Ternera. «No puede quedar impune un asesino de niños por el hecho de ser el que dirige el proceso de negociación».

    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Santiago González.



  • CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID JAVIER G. NEGRE BILBAO
  • 12/05/2012 ESPAÑA

  • Basagoiti firma la paz con el edil de Elorrio

    Decae la enmienda, pero el PP admite 'escuchar a las víctimas en materia penitenciaria'


    El PP vasco salvó ayer la paz del congreso que se celebrará este fin de semana con la presencia del presidente Mariano Rajoy. Tras una semana de negociaciones, su concejal en Elorrio, Carlos García, aceptó renunciar a la enmienda con la que pretendía someter a votación el rechazo expreso de los militantes al plan de reinserción de presos terroristas del Ministerio del Interior.

    Una renuncia que la cúpula vasca presentó como una victoria propia y un «repliegue» del edil en su «órdago» con el que éste había «amenazado» luchar «hasta el final». Su «desafío» incluía, además, una segunda enmienda que suponía un reproche a la pasividad en la ilegalización de Bildu y Amaiur.

    Sin embargo, pese a la renuncia, García no se fue en absoluto con las manos vacías. Y es que, si bien la nueva redacción de la ponencia -pactada por ambas partes- avala la política de Rajoy, incluye un compromiso expreso del PP con las víctimas en materia penitenciaria. «Habrá que contar con la opinión de las víctimas de ETA sobre el tratamiento penitenciario, tal y como hace el Gobierno de Mariano Rajoy y que será reflejado en el Estatuto de las Víctimas»: así reza el texto definitivo de la ponencia que hoy será sometida a votación en el congreso y que, según García, él mismo consultó con las asociaciones de víctimas.

    Con menor dificultad, el autor de la ponencia, Borja Samper, logró que Carlos García renunciara a reclamar expresamente la ilegalización de las marcas abertzales, a cambio de una mención, también explícita, a la plena vigencia de la Ley de Partidos

    «Habría preferido mantener mis enmiendas», reconocía a este diario el edil de Elorrio, «pero he optado por pactar una redacción nueva antes que llegar a una confrontación y echar más leña al fuego en una situación tensa de por sí. El objetivo era buscar la reconciliación con las víctimas y demostrar que el PP mantiene su compromiso con ellas y con la Ley de Partidos, que antes ni se citaba en la ponencia». Según García, la nueva redacción «supone un compromiso de presente y de futuro que, al menos sobre el papel, evitará que vuelva a presentarse un plan de presos por sorpresa y sin consulta con las víctimas». «Me habría gustado conseguir más, pero menos es nada», apostilló.

    Desde el PP vasco, sin embargo, se criticó abiertamente la «actitud de García». «No es la primera vez que dice que va a hacer algo para luego no hacerlo», se quejaba un dirigente del PP vasco, que atribuía este comportamiento a un mero «afán de protagonismo». Por su parte, García consideró que su batalla en solitario «ha merecido la pena» porque ha dado frutos concretos en reconocimiento de las víctimas y en favor del propio PP.

    viernes, 11 de mayo de 2012

    'Falta coraje político para acabar con ETA'

  • XAIME MÉNDEZ BAUDOT FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 11/05/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • Mujeres por la Justicia convoca la primera movilización de víctimas contra el Gobierno

    .
    Mujeres por la Justicia dio ayer sus primeros pasos como plataforma de víctimas del terrorismo con una carta de presentación directa: Madrid, 9 de junio a las 18.00. Ésa es la fecha de la primera concentración de un colectivo de víctimas contra el «deleznable plan de acercamiento y privilegios» a presos etarras que, asegura, está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.
    Toñi Santiago, madre de Silvia, la niña de seis años asesinada por la explosión de un coche bomba en la casa cuartel de Santa Pola, reflexionó acerca de la capacidad de los políticos para lograr que «aquellos cobardes [en referencia a los asesinos de su hija] no se crucen jamás con otra criatura». Santiago aseguró que «los políticos de turno, de un color u otro, no tienen la suficiente valentía ni coraje para derrotar a la banda terrorista ETA».

    «No existe una ETA buena y otra mala. Los terroristas son de pistola y de escaño, pero todos son ETA». Sin ambages se mostró Mamen Álvarez, la portavoz de la nueva plataforma y mujer de Francisco José Alcaraz, para exigir al Ejecutivo que anule la denominada vía Nanclares, a la que consideran «un fraude de ley».

    La misma decepción con el Gobierno popular mostró María Jesús González, madre de Irene Villa, quien si bien reconoció que el actual Ejecutivo «no ha negociado con ETA», aclaró que «sí permite que salgan adelante las propuestas del anterior». Recordó que siempre le dijo a su hija que había que confiar en la Justicia, sin odio. Quieren seguir creyendo.
    En un acto que reunió a más de medio centenar de familiares y víctimas, entre ellas el ex funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista Ortega Lara, la viuda de Fernando Múgica, Mapi de las Heras y el miembro del PP vasco Santiago Abascal, tuvieron voz más mujeres que vieron partidas sus vidas por el terrorismo.

    Pilar Elías, quien mañana conmemorará el 32º aniversario del asesinato de su marido, Ramón Baglietto, afirmó que «es imposible sobrellevar» que el asesino de su marido viva debajo de ella, pero repitió que sólo piden «justicia». Para lograrla quieren que se esclarezcan los más de 300 asesinatos sin resolver. Como el del policía nacional Máximo Díaz, asesinado en 1985. Su hija, Pilar Díaz, exigió ayer que «los asesinos de ETA colaboren con la Justicia» para dar luz a los casos pendientes.

    Hoy cumplirían 28 años las hijas de Rosa María Alcaraz. Un atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987, sólo les permitió vivir tres años. Su madre se preguntó ayer, entre lágrimas, si sirvió de algo tanta sangre derramada.
    Las mujeres coraje que forman la iniciativa claman que ya es bastante generosidad la vida de sus familiares asesinados. Están dispuestas a protestar ante las cárceles de donde salga un etarra para que «vean las caras de sus víctimas». «Incluso en Nanclares, si es necesario», sentenció la portavoz, Mamen Álvarez.