Justo después de soltar la frase, el presidente del tribunal suspendió la sesión, así
que las palabras quedaron flotando en la sala: «El chivatazo tuvo un móvil
político», dijo ayer el jefe investigador en el primer día del juicio por el
caso Faisán.
«Hubo una orden política de la filtración. No entra en cabeza humana que se
le ocurra a un policía». Lo que en el fondo el comisario Carlos Germán le estaba
diciendo al tribunal era que, siete años y cuatro meses después de los hechos,
el banquillo estaba incompleto. Detrás de él no había ningún político, sólo los
dos mandos policiales: el ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el
inspector jefe José María Ballesteros.
Por el camino se quedó Víctor García Hidalgo, dirigente del PSE y entonces
director general de la Policía, que llegó a estar procesado por dar la orden del
soplo pero que acabó librándose de una acusación. Precisamente a él señaló el
investigador: «Se recibió una orden política. ¿De quién? Del director general de
la Policía concretamente; esa es nuestra convicción, no fue por iniciativa
propia del jefe superior».
El jefe del equipo que investigó el chivatazo, que dijo haber recibido
«amenazas» para no incluir una referencia a ese móvil político en sus informes,
hizo esta afirmación cuando el fiscal del caso, Carlos Bautista, le preguntó por
la figura de Gorka Aguirre, el fallecido dirigente del PNV que iba a ser
detenido en la operación por entregar al dueño del Faisán dinero de la
extorsión. «Era un personaje de mucha sensibilidad política». El día de la
operación fallida, Josu Jon Imaz se reunía con José Luis Rodríguez Zapatero para
dar el aval del PNV al proceso de paz.
El juicio había arrancado horas antes con la declaración del propio Pamies.
«¿Recibió usted la orden política de parar la operación?», llegó a espetarle el
fiscal del caso, Carlos Bautista, tras algunas preguntas menos directas. «No,
para nada. Tampoco lo habría permitido». Y así siguió negando. Pese al hábil
interrogatorio del fiscal, una tras otra, como si de un frontón se tratara,
Pamies devolvió todas las preguntas acusatorias. «Jamás he hablado por teléfono
con el señor Elosua», aseguró en referencia al dueño del bar, a quien
supuestamente dio el soplo a través del teléfono que el otro acusado le habría
entregado en mano.
El chivatazo provocó que la trama etarra cambiara ese día de guión y que los
franceses se negaran a actuar pese a la petición española. «Tanto en Francia
como en España nos engañaron vilmente. La única diferencia que existe es que en
España se ha descubierto cuál fue el engaño y sabemos presuntamente quiénes
fueron los autores», resumió ayer el jefe investigador.
Tras la declaración de Pamies, también Ballesteros negó su relación con el
soplo. Admitió, tal y como recogen las cámaras, haber estado la mañana del 4 de
mayo de 2006 en el bar Faisán, pero sólo para vigilar la frontera por orden de
Pamies, que supuestamente quería comprobar si los pasos estaban tranquilos ese
día. Ballesteros se refugió en los «no sé» y «no me acuerdo» ante las preguntas
más espinosas.
El juicio prosiguió con la última baza que el ex jefe superior del País Vasco
esgrime para sacudirse la acusación: la declaración de el Romano, un confidente
etarra al que durante años de investigación Pamies se había negado a
identificar. «Estaríamos poniendo en peligro la vida de esta persona, la
seguridad de otras muchas y [supondría] quizás un retroceso irrecuperable en la
lucha antiterrorista», llegó a decir Pamies al juez. Acorralado por los
demoledores informes de la Policía y la Guardia Civil, ayer el confidente
compareció a petición del propio Pamies.
Con el rostro oculto tras una cortina, el Romano confirmó la cita, pero quedó
lejos de ofrecer una coartada sólida. Tras su corroboración genérica, el fiscal,
la AVT y Dignidad y Justicia se lanzaron sobre los aspectos menos claros. Por
ejemplo, el lugar elegido. El confidente explicó que había quedado para comer
con Pamies en los alrededores de la estación de tren de Bayona, en el corazón
del País Vasco francés. El lugar cuadra con la tesis del jefe superior de que
envió a Ballesteros a controlar las fronteras próximas al Faisán, en Irún, pero
muy poco prudente para que un etarra quede con un alto mando de la lucha
antiterrorista. El fiscal sospechó: «¿No le parecía un sitio peligroso?». «Esa
zona siempre es de mucho más riesgo que otras», concedió el Romano. Y más
peligroso aún si, como dijo Pamies, su confidente estaba por entonces «apartado
temporalmente» de ETA, que ya sospechaba de él. Ambos reconocieron que en sus
casi 20 años de tratos habían tenido citas en lugares más tranquilos, como
Burdeos, París y Lourdes.
A las acusaciones también les extrañó que el confidente hiciera un viaje tan
largo, ya que residía en el norte de Italia. El teléfono al que le llamaba
Pamies era italiano y por ahí también hurgaron. Primero, el Romano había dicho
que no llevó móvil al encuentro, pero el fiscal le sacó una llamada entre la
primera cita fallida y la que teóricamente tuvieron «tres o cuatro días
después». Entonces el Romano rectificó y dijo que había dejado el teléfono en un
lugar seguro y que lo había recuperado mientras aguardaba escondido en Francia a
esa segunda cita.
En sus respuestas al fiscal, Pamies había declarado que el testigo que
sustenta su versión «dependía económicamente» de él, que le hacía pagos
periódicos, que le ayudaba con los papeles y que le protegía para evitar su
detención, ya que por entonces estaba en busca y captura por la Audiencia
Nacional.
Poco después, el jefe investigador valoraba ante el tribunal la coartada de
Pamies y el Romano. «Es inverosímil».
>Vea hoy el videoanálisis de Casimiro García-Abadillo.
Los policías acusados no contestaron a las
víctimas
Agentes de la Policía, además de sus sindicatos, arroparon a los mandos
procesados en la primera jornada del juicio
Sorprendió y mucho. Los procesados no quisieron contestar a las preguntas de
todo el mundo: solo al fiscal y a sus defensas. No tienen ninguna obligación.
Pero sorprendió que no les dejaran voz a los abogados que representan a las
víctimas del terrorismo. Tampoco pudo preguntar al ex jefe superior del País
Vasco, Enrique Pamies, y al inspector jefe José María Ballesteros el letrado que
representaba al Partido Popular. Pero eso sorprendía menos.
Y es que Pamies siempre ha estado en primera fila de la lucha contra ETA y
sus actuaciones han permitido muchas desarticulaciones de comandos. Ahora, se ve
sentado en el banquillo acusado de colaborar con aquellos a los que detenía. «Lo
mismo le pasó a Galindo», recuerda maliciosamente alguno de los que ayer asistió
entre el público a la primera sesión de uno de los juicios más esperados.
Galindo era aquel general de la Guardia Civil que desarticuló más de 300
comandos de ETA pero que fue condenado por el secuestro y asesinato de los dos
terroristas José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. El paralelismo no es muy
acertado, por cierto.
Ayer, los policías no quisieron contestar ni a la Asociación de Víctimas del
Terrorismo ni a la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero,
hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA.
El juicio puso también de manifiesto la enorme división que este caso ha
provocado en el seno de la Policía. A la sala acudieron numerosos agentes.
Estaban representantes del Sindicato Profesional de Policía, al que pertenece
Enrique Pamies, y del Sindicato Unificado de la Policía, del que es afiliado
José María Ballesteros.
Pero no eran los únicos, en la sala había un numeroso grupo de agentes (de
información), amigos de Pamies, con el que han compartido numerosas «batallas»
en la lucha contra ETA.
Y en una sala separada estaban todos los integrantes del equipo investigador,
liderado por el comisario Carlos Germán, quien prestó declaración ayer durante
cuatro horas y aún hoy continuará haciéndolo. Las cuchilladas entre policías
durante los años que ha durado la instrucción han sido constantes. Y las propias
declaraciones y preguntas durante esta primera sesión del juicio lo ha dejado
claro.
El investigador principal, Carlos Germán, deslizó veladas descalificaciones
tanto a los imputados como a algunos de sus mandos. De hecho, este comisario
narró durante su comparecencia las presiones que había sufrido por parte de sus
superiores e, incluso, de las altas esferas de la Dirección General de la
Policía. En la sala se evidenció la inmensa distancia entre los procesados y
aquellos que les arropaban y los que representaban a las asociaciones de
víctimas, la voz pública de los que más han sufrido a ETA y que ayer evitaban
cruzarse en los estrechos pasillos de la sala con los que ahora están acusados
de colaborar con la banda terrorista.
El despliegue mediático durante la jornada de ayer fue muy importante. Y la
jornada de hoy se promete parecida. Y es que Carlos Germán deberá completar su
declaración. Después acudirán el resto de policías que formó parte de aquel
equipo de investigación encargada por el juez Grande Marlaska de tratar de
desvelar el chivatazo. Y como plato fuerte del día, la declaración de Joseba
Elosua, el dueño del bar Faisán que recibió el chivatazo en su establecimiento
aquel 4 de mayo de 2006. Elosua es sospecho de formar parte del entramado de
extorsión
etarra.
Endeble coartada
Enrique Pamies (ex jefe superior de Policía en el País Vasco) y el inspector jefe José
María Ballesteros, implicados en el chivatazo y acusados por la Fiscalía de
colaboración con banda armada y revelación de secretos, no aportaron ayer, en su
declaración ante la Audiencia, ningún argumento sólido que respalde su
inocencia.
Pamies (agente al que se atribuyen cientos de detenciones de etarras) declaró
con gran confianza en sí mismo, usando expresiones coloquiales («aluciné en
colores») y a veces un punto retadoras (negó haber recibido instrucciones
políticas: «no lo hubiera permitido»).
Pero su coartada –ratificada por su subordinado Ballesteros y por el testigo
protegido conocido como El Romano– tiene más agujeros que un queso gruyer.
El ex jefe antiterrorista en el País Vasco reconoció ante el tribunal que se
enteró de la operación Urogallo (que tenía como objetivo desmantelar el aparato
de extorsión de ETA) el día anterior al chivatazo; es decir, el 3 de mayo de
2006. Y que, de hecho, le recriminó a Víctor García Hidalgo–director general de
la Policía–, en una larga conversación que mantuvo con él esa misma noche, que
Telesforo Rubio, el comisario general de Información, no le hubiese informado
antes de esa importante redada.
Según Pamies, el día del chivatazo él tenía una cita con el confidente de ETA
apodado El Romano en Bayona (casualmente, la misma ciudad en la que Elosua se
citó con el recaudador de ETA José Luis Cau). Pues bien, su argumento para
explicar por qué envió a Ballesteros al Faisán es que le encomendó que mirase a
ver si había mucha Policía en la frontera, con objeto de mantener o no su cita
con El Romano.
Era obvio que si sabía que estaba en marcha la operación Urogallo habría
mucha Policía. Pero, además, lo lógico es que Ballesteros hubiera ido a Bayona,
lugar de la cita, y no al bar donde (¡oh casualidad!) se iba a producir el
chivatazo.
El inspector de Policía, que se había trasladado desde Vitoria para hacer esa
supuesta labor de rastreo, reconoció haber estado ese día en el Faisán (no podía
negarlo, ya que fue grabado por la propia Policía), justo a la misma hora –las
11.23– en la que alguien le pasó su teléfono móvil al dueño del bar, Joseba
Elosúa, para informarle de que iba a haber detenciones. También a esa misma
hora, el teléfono móvil de Ballesteros estaba en contacto con el teléfono de su
jefe, Pamies.
Argumentó Pamies que usar su teléfono corporativo para parar una operación
policial «no se le ocurre ni al que asó la manteca». Es cierto que, como experto
antiterrorista, sabía que podía haber utilizado un teléfono prepago, por
ejemplo, si quería no verse involucrado en una ulterior aunque improbable
investigación. Pero ese mismo razonamiento se vuelve contra él: si usó su móvil
corporativo fue porque era el mismo con el que habló con su jefe, el director de
la Policía Víctor García Hidalgo. Era una forma de cubrirse, de
blindarse.
El Gobierno aseguró ayer que en el disco duro robado en la Audiencia
Nacional al fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, «había diligencias
secretas sobre la financiación de la banda terrorista ETA» pero
rápidamente aclaró: «Había dos copias más del material».