Grave preocupación en el Ejecutivo ante el riesgo de que se difunda / Figuran hasta 7 alias de infiltrados
El Gobierno aseguró ayer que entre el material robado en la Audiencia
Nacional al fiscal Carlos Bautista figuran «diligencias declaradas
secretas sobre la financiación de la banda terrorista ETA».
En el Gobierno no sólo existe preocupación por la imagen de vulnerabilidad que se transmite del tribunal dedicado a juzgar los grandes casos de terrorismo y narcotráfico. Que también. Lo que de verdad ha hecho saltar todas las alarmas es la posibilidad de que se produzca una revelación pública de los secretos contenidos en el disco duro de un fiscal dedicado a instruir casos altamente sensibles.
Por su parte, la Policía cree que entre los documentos desaparecidos hay conversaciones del Faisán en las que se revelan datos que permitirían identificar a los infiltrados en ETA.
El Gobierno aseguró ayer que en el disco duro robado en la Audiencia
Nacional al fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, «había diligencias
secretas sobre la financiación de la banda terrorista ETA» pero
rápidamente aclaró: «Había dos copias más del material».
En el disco duro sustraído a Carlos Bautista se guarda información muy delicada tanto cuantitativa como cualitativamente. Fuentes de la Fiscalía, no obstante, negaron que se trate de los pinchazos telefónicos al ex jefe Superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, la pieza del caso Faisán sobre el presunto chivatazo a la banda terrorista ETA que continúa sin ser pública. Los mismos medios admiten, sin embargo, que en el disco duro había dos sumarios sobre terrorismo declarados secretos.
La versión del Ministerio Público es que lo único que había en el disco duro sobre el caso Faisán eran borradores del fiscal Bautista para preparar escritos en el procedimiento abierto sobre el soplo dado por policías del Ministerio del Interior de Rubalcaba a la banda terrorista ETA acerca de la inminencia de una redada contra la red dedicada al cobro del impuesto revolucionario.
Estas anotaciones, según las fuentes, podrían versar sobre nuevas líneas de trabajo en un caso que ayer culminó con el procesamiento del ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, a los que el juez Pablo Ruz imputa «colaboración con banda armada».
La preocupación del Gobierno se ha hecho extensiva también a la propia Policía, que está convencida de que en el dispositivo de memoria portátil de Bautista queda reflejada toda su operativa para conseguir información confidencial de la banda terrorista. Así, según aseguran a este diario fuentes policiales, en la documentación que obraba en poder del representante del Ministerio Público figuran con todo lujo de detalles transcripciones de conversaciones telefónicas de Pamies que permitirían identificar a infiltrados en la estructura de ETA. En este sentido, precisan las mismas fuentes, en dichas grabaciones quedan al descubierto hasta siete apodos de confidentes y operaciones protagonizadas y facilitadas por ellos.
Tras las primeras pesquisas policiales practicadas se ha descartado por completo que la pérdida de este disco duro se produjera durante el reciente traslado de sede de la calle Génova a la de Prim. Si bien han sido múltiples las denuncias del personal de la Audiencia Nacional por la desaparición de todo tipo de efectos personales y material de trabajo, el disco duro desaparecido fue depositado en el nuevo edificio y se encontraba en la mesa del despacho de Bautista. Los ladrones aprovecharon que el fiscal se ausentó durante dos horas el viernes día 5.
En cuanto a las posibles hipótesis manejadas para esclarecer el móvil del robo, la Fiscalía maneja la de que la desaparición de este dispositivo portátil pueda ser una operación para distraer la atención. Algunas fuentes del Ministerio Público barajan la posibilidad de que exista la intención de filtrar conversaciones inéditas que beneficien a los procesados por el caso Faisán y de esta forma desviar el foco sobre el origen. Así, al aflorar las mismas, se señalaría de inmediato al disco duro de Bautista y quedaría descartada una filtración policial interesada.
>Vea hoy el videoanálisis de Esteban Urreiztieta.
EL MUNDO MADRID 12/10/2012 ESPAÑA
El Gobierno aseguró ayer que entre el material robado en la Audiencia
Nacional al fiscal Carlos Bautista figuran «diligencias declaradas
secretas sobre la financiación de la banda terrorista ETA».En el Gobierno no sólo existe preocupación por la imagen de vulnerabilidad que se transmite del tribunal dedicado a juzgar los grandes casos de terrorismo y narcotráfico. Que también. Lo que de verdad ha hecho saltar todas las alarmas es la posibilidad de que se produzca una revelación pública de los secretos contenidos en el disco duro de un fiscal dedicado a instruir casos altamente sensibles.
Por su parte, la Policía cree que entre los documentos desaparecidos hay conversaciones del Faisán en las que se revelan datos que permitirían identificar a los infiltrados en ETA.
El Gobierno aseguró ayer que en el disco duro robado en la Audiencia
Nacional al fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, «había diligencias
secretas sobre la financiación de la banda terrorista ETA» pero
rápidamente aclaró: «Había dos copias más del material».En el disco duro sustraído a Carlos Bautista se guarda información muy delicada tanto cuantitativa como cualitativamente. Fuentes de la Fiscalía, no obstante, negaron que se trate de los pinchazos telefónicos al ex jefe Superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, la pieza del caso Faisán sobre el presunto chivatazo a la banda terrorista ETA que continúa sin ser pública. Los mismos medios admiten, sin embargo, que en el disco duro había dos sumarios sobre terrorismo declarados secretos.
La versión del Ministerio Público es que lo único que había en el disco duro sobre el caso Faisán eran borradores del fiscal Bautista para preparar escritos en el procedimiento abierto sobre el soplo dado por policías del Ministerio del Interior de Rubalcaba a la banda terrorista ETA acerca de la inminencia de una redada contra la red dedicada al cobro del impuesto revolucionario.
Estas anotaciones, según las fuentes, podrían versar sobre nuevas líneas de trabajo en un caso que ayer culminó con el procesamiento del ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, a los que el juez Pablo Ruz imputa «colaboración con banda armada».
La preocupación del Gobierno se ha hecho extensiva también a la propia Policía, que está convencida de que en el dispositivo de memoria portátil de Bautista queda reflejada toda su operativa para conseguir información confidencial de la banda terrorista. Así, según aseguran a este diario fuentes policiales, en la documentación que obraba en poder del representante del Ministerio Público figuran con todo lujo de detalles transcripciones de conversaciones telefónicas de Pamies que permitirían identificar a infiltrados en la estructura de ETA. En este sentido, precisan las mismas fuentes, en dichas grabaciones quedan al descubierto hasta siete apodos de confidentes y operaciones protagonizadas y facilitadas por ellos.
Tras las primeras pesquisas policiales practicadas se ha descartado por completo que la pérdida de este disco duro se produjera durante el reciente traslado de sede de la calle Génova a la de Prim. Si bien han sido múltiples las denuncias del personal de la Audiencia Nacional por la desaparición de todo tipo de efectos personales y material de trabajo, el disco duro desaparecido fue depositado en el nuevo edificio y se encontraba en la mesa del despacho de Bautista. Los ladrones aprovecharon que el fiscal se ausentó durante dos horas el viernes día 5.
En cuanto a las posibles hipótesis manejadas para esclarecer el móvil del robo, la Fiscalía maneja la de que la desaparición de este dispositivo portátil pueda ser una operación para distraer la atención. Algunas fuentes del Ministerio Público barajan la posibilidad de que exista la intención de filtrar conversaciones inéditas que beneficien a los procesados por el caso Faisán y de esta forma desviar el foco sobre el origen. Así, al aflorar las mismas, se señalaría de inmediato al disco duro de Bautista y quedaría descartada una filtración policial interesada.
>Vea hoy el videoanálisis de Esteban Urreiztieta.
La Fiscalía niega que hubiera grabaciones
La denuncia del fiscal relata que el robo se produjo entre las 10 y las 12 del viernes 5
El fiscal Carlos Bautista ha denunciado en la Comisaría de la Audiencia Nacional el robo de un disco duro de la marca Imation con 320 gigas de capacidad por parte de desconocidos que se introdujeron en su despacho de la nueva sede del órgano judicial el pasado viernes 5 de octubre entre las 10.00 y las 12.00 horas, intervalo durante el que se encontraba ausente del edificio para llevar a cabo una gestión personal. Según la denuncia, entre lo sustraído se encuentran documentos de trabajo acumulados desde 1998 -de los que existe copia de seguridad- y otros de naturaleza exclusivamente privada.
Precisamente minutos antes del robo, el representante del Ministerio Público había entregado a la Fiscalía General para su visado el escrito en el que considera que de la investigación se han obtenido datos suficientes contra el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, pero no contra el ex director general Víctor García Hidalgo.
Fuentes del Ministerio Público aseguraron ayer que en la memoria electrónica sustraída no había más documentación secreta del caso Faisán que algunos borradores elaborados por el propio Bautista con carácter previo a los escritos que ha ido presentando en la causa.
Según dijeron, las conversaciones intervenidas durante dos años a Enrique Pamies sólo llegaron a manos del fiscal en formato papel, nunca digital, y fueron expurgadas de la causa el pasado mes de marzo. Aquel mes, afirmaron esos medios, el juez Pablo Ruz ordenó la destrucción de todo lo que no afectase el caso e incluso el borrado de lo que hubiera registrado en el sistema Sitel.
Fuentes de la Fiscalía informaron también de que el fiscal Bautista ha solicitado al juez y a la Policía la certificación de los documentos de los que le han dado traslado a lo largo del procedimiento, para que conste de manera fehaciente lo que realmente obraba en su poder en el momento del robo.
Los mismos medios admiten que el disco duro guardaba dos causas sobre terrorismo que se encontraban secretas, a las que, no obstante, restaron cualquier importancia. A una porque ya se ha levantado el sigilo que pesaba sobre ella y, a la otra, porque estaba encriptada y tampoco contiene aspectos especialmente relevantes.
JOAQUÍN MANSO MADRID
12/10/2012 ESPAÑA
El fiscal Carlos Bautista ha denunciado en la Comisaría de la Audiencia Nacional el robo de un disco duro de la marca Imation con 320 gigas de capacidad por parte de desconocidos que se introdujeron en su despacho de la nueva sede del órgano judicial el pasado viernes 5 de octubre entre las 10.00 y las 12.00 horas, intervalo durante el que se encontraba ausente del edificio para llevar a cabo una gestión personal. Según la denuncia, entre lo sustraído se encuentran documentos de trabajo acumulados desde 1998 -de los que existe copia de seguridad- y otros de naturaleza exclusivamente privada.
Precisamente minutos antes del robo, el representante del Ministerio Público había entregado a la Fiscalía General para su visado el escrito en el que considera que de la investigación se han obtenido datos suficientes contra el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, pero no contra el ex director general Víctor García Hidalgo.
Fuentes del Ministerio Público aseguraron ayer que en la memoria electrónica sustraída no había más documentación secreta del caso Faisán que algunos borradores elaborados por el propio Bautista con carácter previo a los escritos que ha ido presentando en la causa.
Según dijeron, las conversaciones intervenidas durante dos años a Enrique Pamies sólo llegaron a manos del fiscal en formato papel, nunca digital, y fueron expurgadas de la causa el pasado mes de marzo. Aquel mes, afirmaron esos medios, el juez Pablo Ruz ordenó la destrucción de todo lo que no afectase el caso e incluso el borrado de lo que hubiera registrado en el sistema Sitel.
Fuentes de la Fiscalía informaron también de que el fiscal Bautista ha solicitado al juez y a la Policía la certificación de los documentos de los que le han dado traslado a lo largo del procedimiento, para que conste de manera fehaciente lo que realmente obraba en su poder en el momento del robo.
Los mismos medios admiten que el disco duro guardaba dos causas sobre terrorismo que se encontraban secretas, a las que, no obstante, restaron cualquier importancia. A una porque ya se ha levantado el sigilo que pesaba sobre ella y, a la otra, porque estaba encriptada y tampoco contiene aspectos especialmente relevantes.
Ningún cargo político responderá por el 'Faisán'
El juez procesa a los dos policías, pero exonera a su director general
El jefe político directo de los mandos policiales imputados por el chivatazo a ETA ha quedado exonerado de manera casi definitiva: el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó ayer el procesamiento del ex jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y del inspector José María Ballesteros, pero siguió el criterio del fiscal para dejar fuera al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo. Ningún cargo político responderá por el caso Faisán.
Ruz mantiene la calificación del soplo como una revelación de secretos y también como una colaboración con organización terrorista, aspecto clave que determina mayor pena y reproche público, y que la causa permanezca en la mediática Audiencia Nacional en lugar de enviarse a los mucho más discretos juzgados de Irún.
El juez no abunda en su argumentación: se limita a constatar que los mismos hechos ya fueron considerados como delito terrorista en dos autos de la misma Sección Penal, la Segunda, que ahora tendrá que decidir sobre los recursos. Uno lo redactó el magistrado Enrique López y, el otro, su compañero Julio de Diego. Así de marcado les deja Ruz el camino de la calificación jurídica.
Quien sale muy bien parado es el ex director general de la Policía. Como ya razonaba el fiscal en su escrito de esta semana, el juez concluye que, de las nuevas diligencias practicadas este último año, no se desprende ningún indicio «concreto, específico y adicional» a los que ya valoró aquel Pleno de la Sala que revocó en septiembre de 2011 su procesamiento y el de los dos policías imputados. Aquella resolución, muy dura con Ruz, le reprochaba que no hubiese «agotado todas las posibilidades de investigación».
El juez cree que ahora sí lo ha hecho y expresamente dice que no ha encontrado nada nuevo contra García Hidalgo. Esta circunstancia deja un margen casi nulo a la eventualidad de que la Sala conteste en sentido afirmativo a la petición de procesamiento que con seguridad le harán la AVT y Dignidad y Justicia. Aquella decisión de Gómez Bermúdez de avocar a Pleno tiene hoy esta consecuencia: el caso Faisán ni siquiera tocará la escala política, como si hubiesen sido sólo los policías.
VICTORIA PREGO
12/10/2012 ESPAÑA
El jefe político directo de los mandos policiales imputados por el chivatazo a ETA ha quedado exonerado de manera casi definitiva: el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó ayer el procesamiento del ex jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y del inspector José María Ballesteros, pero siguió el criterio del fiscal para dejar fuera al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo. Ningún cargo político responderá por el caso Faisán.
Ruz mantiene la calificación del soplo como una revelación de secretos y también como una colaboración con organización terrorista, aspecto clave que determina mayor pena y reproche público, y que la causa permanezca en la mediática Audiencia Nacional en lugar de enviarse a los mucho más discretos juzgados de Irún.
El juez no abunda en su argumentación: se limita a constatar que los mismos hechos ya fueron considerados como delito terrorista en dos autos de la misma Sección Penal, la Segunda, que ahora tendrá que decidir sobre los recursos. Uno lo redactó el magistrado Enrique López y, el otro, su compañero Julio de Diego. Así de marcado les deja Ruz el camino de la calificación jurídica.
Quien sale muy bien parado es el ex director general de la Policía. Como ya razonaba el fiscal en su escrito de esta semana, el juez concluye que, de las nuevas diligencias practicadas este último año, no se desprende ningún indicio «concreto, específico y adicional» a los que ya valoró aquel Pleno de la Sala que revocó en septiembre de 2011 su procesamiento y el de los dos policías imputados. Aquella resolución, muy dura con Ruz, le reprochaba que no hubiese «agotado todas las posibilidades de investigación».
El juez cree que ahora sí lo ha hecho y expresamente dice que no ha encontrado nada nuevo contra García Hidalgo. Esta circunstancia deja un margen casi nulo a la eventualidad de que la Sala conteste en sentido afirmativo a la petición de procesamiento que con seguridad le harán la AVT y Dignidad y Justicia. Aquella decisión de Gómez Bermúdez de avocar a Pleno tiene hoy esta consecuencia: el caso Faisán ni siquiera tocará la escala política, como si hubiesen sido sólo los policías.
La admirable tenacidad de un juez
El juez Pablo Ruz no ha cejado y, después de un año de concienzudas
investigaciones, está en condiciones de insistir en lo mismo que dijo en
julio pasado: que dos miembros de alto nivel de la Policía Nacional
pueden haber cometido un delito de colaboración con banda armada y otro
de revelación de secretos. Y que por eso los procesa.
Estamos hablando de un caso que escandalizó a la opinión pública
española porque lo que cuenta es que la propia Policía decidió reventar
una operación para detener a miembros de ETA en el momento en que
recibían una gran cantidad de dinero procedente de la extorsión de los
asesinos. Y que la reventó para favorecer a los terroristas y facilitar
la buena marcha de las negociaciones con la banda que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero estaba celebrando bajo cuerda y con el
desconocimiento de los españoles.
Pero lo que contaba el juez Ruz en su auto de procesamiento del año
pasado es que en semejante operación estaba metido también nada menos
que el director general de la Policía Nacional. Es decir, un alto cargo
político.
Esto es lo que ha cambiado después de un año. Y, aunque es mucho cambio,
no lo cambia todo. Ruz se mantiene en sus trece, y aún se apuntala más,
a la hora de imputar a los dos policías esos dos delitos, uno gravísimo
y otro menos grave desde el punto de vista de la sanción penal y de la
condena social que merecen.
Aquel insólito pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
que, para estupefacción de muchos, convocó su presidente, Javier Gómez
Bermúdez, en septiembre de 2011, revocó el procesamiento decretado por
Ruz. En realidad, de paso que revocaba el auto, revolcaba también al
juez, a quien ordenaba que practicara nuevas diligencias porque, con las
que había realizado, no se sustentaban con la suficiente solidez esos
procesamientos.
Otro juez se habría arrugado y habría desistido, con lo cual el político
y los policías, los policías y el político, todos a una, habrían
quedado limpios y libres. Éste no. Éste ha aguantado en pie el empellón
de toda una Sala, ha mantenido el rumbo con admirable tenacidad y no ha
soltado la pieza.
Aunque, un año después, comprobamos que aquel increíble pleno ha
conseguido una cosa: que el alto cargo político se libre del
procesamiento porque no ha aparecido ningún indicio «adicional» sobre su
implicación en el chivatazo. Eso fue lo que la Sala le exigió al juez.
Pero quedan los otros dos procesados. Y queda sobre todo -a la espera de
lo que diga el tribunal- la terrible certeza de que ha habido un
momento de nuestra Historia en que los policías recibían órdenes para
que ayudaran a los terroristas a escapar de la ley. Y que las cumplían.
Mayor aberración no cabe.
Siempre enmierdando a los policías, aunque si lo hicieron obedeciendo órdenes, deberían de pagarlo los que las dieron, sean políticos o no. Pero en esta España podrida y corrompida por todas partes, incluída la institución policial de algunos mandos acólitos al químico, pues no me extraña nada de que hasta lo que hicieron, lo hicieron con gusto, ya que luego vendrían los premios, ya se sabe, ascensos, embajadas y puestos superiores, porque jamones ya no te dan. Lo dicho, justicia para quitar la mierda de encima a la Policía de verdad, honesta, decente y para el pueblo, no para el político de turno, que llega y lo enmierda todo con la ayuda de los de la kgb. Espero que sus conciencias les pasen factura, y la justicia divina no perdona.
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