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sábado, 3 de septiembre de 2011

El PP saca pecho y exige ceses policiales


CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

03/09/2011/El Mundo

Merino no se plantea volver y Génova descarta convertir 'Gürtel' en bandera electoral

El segundo sobreseimiento judicial del caso Gürtel contra un miembro de la dirección nacional del PP, esta vez el ya dimitido secretario del Grupo Popular en el Congreso Jesús Merino, permitió ayer al partido sacar pecho.

Si la víspera, con la exculpación del ex tesorero Luis Bárcenas, el PP pidió «explicaciones» al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el «montaje» político ideado tres años atrás desde el Ministerio del Interior, ayer pidió el «cese inmediato» de los policías y fiscales que han participado en la instrucción.

Así lo manifestó el coordinador de libertades públicas del partido, Federico Trillo, quien señaló, con nombres y apellidos, al jefe de la Udef, José Luis Oliveras, y al comisario jefe de Policía Judicial, José Antonio González, presente en la famosa cena de la cacería denunciada por los populares, junto al ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y al suspendido juez Baltasar Garzón.

En aquella cena también participaron fiscales, y ayer Trillo no olvidó pedir, igualmente, «que sean removidos de sus puestos» el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y las dos fiscales del caso que durante estos años «han mantenido en solitario la acusación, en conjunción con la Policía y en contra de todos los indicios».

Trillo aprovechó también ayer para advertir que «estremece» pensar en lo que habría derivado una conjunción como ésta si los socialistas hubieran logrado aprobar su pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga la llave de la instrucción a los fiscales.

Así las cosas, los populares tenían ayer motivos sobrados para regodearse en su suerte política. Sin embargo, ningún miembro del comité de dirección, ni muchísimo menos su presidente, Mariano Rajoy, se pronunció sobre ello. Las fuentes consultadas expresaron su enorme satisfacción por la sorpresa dada por el juez, y hasta se atrevieron a apostar por que la salida de Rubalcaba de Interior había aflojado de manera determinante la presión política sobre el proceso.

En todo caso, y pese al bumerán lanzado estos días contra el candidato socialista a través de Trillo, descartaron convertir el Gürtel en una bandera electoral. Aunque librados con estos autos y con la dimisión de Camps de la principal carga política sobre el todavía presunto caso de corrupción, los populares no quieren distracciones en una campaña centrada en la crisis y el paro.

Cosa distinta es el efecto político que el PP dará al hundimiento del suflé político cuando llegue al Gobierno. «Algo habrá que hacer con los tribunales», decía una fuente autorizada de la dirección, para aligerar, con la ley en la mano, la instrucción judicial, dado el perjuicio infligido a los investigados.

Por su parte, éstos se lo están poniendo fácil al PP y no reclaman su vuelta a la política. «No me planteo nada hasta que la decisión sea firme», declaraba ayer a este diario el ex diputado Merino, al que el propio Rajoy felicitó por teléfono nada más conocer la noticia.

«Me ha ofrecido todo el apoyo y se ha puesto a mi disposición para lo que necesite, lo que le agradezco a él y a todo el partido, pero no hemos hablado de listas. Es pronto. Yo dejé mi escaño para defenderme mejor y no hacer daño al partido, y hoy sigo pensando lo mismo. Más adelante, ya veremos», añadió, al tiempo que celebraba la «elocuencia y rigor» del auto judicial

viernes, 2 de septiembre de 2011

Bárcenas exculpado: 'Gürtel' se vuelve contra Rubalcaba


CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

02/09/2011/El Mundo

El PP acusa al ex ministro del Interior de «tres años de montaje político», tras el archivo provisional de la causa contra el ex tesorero del partido / El juez critica la actuación de la Agencia Tributaria durante la instrucción

RubalCARA embustero y payasoEl candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, vio ayer escapar de sus manos una de las más claras bazas electorales con que contaba frente al PP. El sobreseimiento provisional de la causa contra el ex tesorero popular Luis Bárcenas, dictado por el juez Pedreira, no sólo desinfla como un suflé político la pretendida implicación de Génova en el caso Gürtel, sino que permite a los populares tomarse su revancha en vísperas de las generales.

Pasados tres años desde que el también ex senador fuera acusado de presunto enriquecimiento ilícito, y un año y medio de su dimisión, el equipo de Rajoy culpó ayer al propio Rubalcaba del «montaje» urdido desde el Ministerio del Interior y le pidió explicaciones. «Este asunto ha sido un montaje político», denunció Federico Trillo.

«Este asunto», fueron literalmente sus palabras a Europa Press, «ha sido un montaje político durante casi tres años de la Udef y la Fiscalía Anticorrupción, dependientes del Gobierno, y especialmente de Rubalcaba».

Trillo, que no dudó en sentenciar la «inocencia» de Bárcenas pese al carácter provisional del sobreseimiento y al recurso anunciado por la Fiscalía Anticorrupción, sacó del armario de los recuerdos la «famosa cacería» celebrada en Quintos de Mora (Toledo), en la que participaron el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, la fiscal Dolores Delgado, el juez Baltasar Garzón y el comisario Juan Antonio González, para situar en ella el epicentro de la conspiración rubalcabiana contra el PP, con el caso Gürtel como arma arrojadiza.

Dimitido hace ya años el ministro; suspendido y pendiente de juicio el magistrado de la Audiencia Nacional, el PP cree llegada la hora del que fuera ministro del Interior y ahora candidato socialista, al que responsabiliza de la acción, aún hoy beligerante con Cándido Conde-Pumpido, de la Fiscalía.

«Rubalcaba debe dar explicaciones», subrayó de momento, porque «utilizó durante su mandato como ministro del Interior a la Fiscalía en contra del PP y de personas inocentes».

No obstante todo lo dicho, quedó ayer muy claro que el PP no tiene ninguna intención de rehabilitar política o electoralmente a su ex tesorero, cuya imagen pública, pese a la exculpación judicial, ha quedado irremediablemente maltrecha.

De manera oficial, Génova se limitó a trasladar su satisfacción por el auto: «Siempre hemos confiado en la acción de la Justicia». Pero el propio Trillo calificó el daño infligido a Bárcenas de «irreparable». Las fuentes consultadas descartaban, incluso, su presencia en las próximas listas electorales, y a la espera de conocer la posición de Rajoy, dejaban traslucir un sincero alivio y agradecimiento hacia la renuncia del propio Bárcenas, expresada ayer a este diario por personas cercanas.

«Está tranquilo por la decisión judicial, de hecho ya se lo esperaba», aseguraban, «pero no piensa en absoluto en volver a la política y no se le ha pasado por la cabeza, ni lejanamente, pedir su inclusión en las listas o una restitución por parte del partido». «Bajo ningún concepto», insistían, «él sólo quiere restituir su vida personal y familiar».

No por casualidad, el PSOE hizo ayer de la previsible no inclusión de Bárcenas en las listas de las generales un escudo para defenderse del bumerán popular. El vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, criticó que el PP saque pecho en este asunto aún vivo sobre la presunta corrupción en el PP y le retó: «Si tan orgulloso está del comportamiento, actividades y amistades de Bárcenas, lo que puede hacer es incluirle en sus listas electorales».

Además, el dirigente socialista y destacado colaborador del candidato Rubalcaba dejó claro que con Bárcenas o sin Bárcenas, el PSOE ve Gürtel para rato. Dijo que era una «vergüenza» la acusación de «montaje» en relación con el Gürtel cuando han sido procesados en el mismo una docena de dirigentes populares, incluyendo, por cierto, al ex presidente valenciano Francisco Camps, pendiente de juicio sólo por la causa de los trajes, y políticamente descontado para Rajoy tras su dimisión.

Hernando instó a Trillo a ser prudente «por una vez», a esperar a que el procedimiento judicial siga su trámite y, «ya de paso, también podría pedirle a Mariano Rajoy que dé explicaciones sobre cómo y quién financió su campaña electoral de 2008 y quién pagó los actos en los que participó en Valencia».

Por su parte, el coordinador de IU, Cayo Lara, no sólo criticó al PP por considerar liquidado con Bárcenas el caso Gürtel, sino que calificó el auto judicial de «escándalo nacional» y apostó por el recurso de la Fiscalía Anticorrupción

MARÍA PERAL / Madrid

02/09/2011

El juez exculpa a Luis Bárcenas y aleja el caso del PP nacional

Critica a Hacienda y la Fiscalía por querer imputar al ex senador «por cuenta de su esposa»

A los dos años de haber tenido que declarar como imputado en el Tribunal Supremo por supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal, el ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas ha visto cómo se diluyen los cargos existentes contra él en el caso Gürtel, el proceso iniciado por el juez Baltasar Garzón y que fue presentado como un escándalo relacionado con la financiación irregular del Partido Popular.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, actual instructor de las diligencias, ha acordado clausurar el proceso contra Bárcenas en un auto conocido ayer que, al tiempo que exonera al antiguo encargado de las finanzas populares, deja reducido el caso Gürtel a un conflicto ajeno al PP nacional y limitado a las posibles anomalías de ciertos cargos del partido en Valencia y Madrid.

A punto de perder su competencia sobre el caso, Pedreira está podando en las últimas semanas la enorme lista de imputados -cercana al centenar- acumulada por Garzón. Se trata en todos los supuestos, también en el de Bárcenas, de archivos provisionales, lo que quiere decir que el proceso puede reabrirse en cualquier momento si aparecen nuevos datos incriminatorios.

De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer mismo que recurrirá el sobreseimiento favorable a Luis Bárcenas, por lo que su salida del caso Gürtel queda pendiente de lo que acuerde el Tribunal Superior de Madrid (que no siempre ha respaldado a Pedreira).

Además, el Tribunal Superior de Castilla y León aún no ha decidido si se declara competente en la parte del caso Gürtel referida a la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, en la que habría intermediado el presunto jefe de la trama, Francisco Correa. Pedreira se inhibió a favor de ese tribunal autonómico en lo que afecta a las investigaciones relacionadas con el supuesto pago de una comisión ilegal que habría beneficiado, entre otros, a un tal L., inicial que figura en un documento incautado a Correa y que se ha vinculado a Luis Bárcenas. En la hipótesis de que abra un proceso, el Tribunal Superior de Castilla y León tendrá que resolver si incluye en él como imputado al ex senador.

Bárcenas fue implicado en el caso Gürtel porque en la contabilidad B del entramado empresarial de Correa aparecieron numerosas anotaciones sobre la entrega de dinero (un total de 1,2 millones de euros en 2002 y 2003) a LB o a L. Como responsable de las finanzas del PP, Bárcenas se relacionaba con Correa, ya que hasta 2004 éste se encargaba del montaje de los actos públicos del partido. La Policía y la Fiscalía sospechan que, a partir de ahí, ambos hicieron negocios juntos y creen que Bárcenas recibió fondos opacos de la red Correa, dinero en cuyo blanqueo utilizó a su esposa, Rosalía Iglesias. Ésta, sin embargo, fue exonerada por Pedreira en una resolución confirmada por la Sala.

La exculpación de Iglesias ha sido clave para librar a su marido de la imputación de blanqueo de capitales. Reprendiendo a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía, Pedreira afirma que resulta «insólito» intentar imputar responsabilidades penales a Bárcenas «por cuenta de [acciones de blanqueo atribuidas a] Rosalía Iglesias», ya exonerada.

Aunque la Fiscalía ha seguido insistiendo (así, en un último informe del pasado 30 de mayo) en atribuir un delito de blanqueo a Bárcenas, ni el instructor ni el Supremo han visto nunca indicios de esa infracción. Pedreira también le exculpa de los otros dos cargos que aprecia la Fiscalía, cohecho y delito fiscal, por los que ha sido «exhaustivamente» investigado, subraya el juez.

A su parecer, «los indicios iniciales no han sido confirmados», por lo que debe primar la presunción de inocencia, derecho que incluye «impedir que el justiciable quede sometido a la pena de banquillo».

«No se ha acreditado que Bárcenas realizara actuación alguna que supusiera la adjudicación irregular de obras o de cualquier otra prebenda pública a Correa», afirma.

«Tampoco se ha acreditado», añade, que las iniciales LB o el acrónimo Luis el cabrón correspondan a Bárcenas, ya que «no encaja» que Correa llamara así al tesorero del partido «que le ha hecho rico». Asimismo, otras personas «que trabajan en la organización» poseen esas mismas iniciales.

El instructor descarta el delito fiscal porque la cuota supuestamente defraudada no alcanzaría los 120.000 euros y, además, estaría prescrito.

Pedreira ha acordado también el archivo del proceso respecto a Ricardo Galeote, ex concejal popular en Estepona

JUSTINO SINOVA

02/09/2011

La presunción de culpabilidad

El principio de la presunción de inocencia, que rige en derecho para toda persona mientras no se demuestre su culpa en juicio, muchos lo suplantan en política por el principio de la presunción de culpabilidad. Algunos hasta llegan a sostener la teoría de que el político, en cuanto un juez se interesa por sus acciones, ha de pechar con las consecuencias de ser tenido por culpable mientras no quede demostrada su inocencia. Y a fe que actúan así, incluso entre la misma clase política, lo cual ha de ser considerado como un ejercicio de funambulismo. Cuando Luis Bárcenas, tesorero del PP, fue acusado de supuestas corrupciones en relación con la trama Gürtel, el PSOE irrumpió en tromba para condenarlo con arrogante seguridad. Lo mismo le pasó a Ricardo Galeote, aunque amortiguado política que no éticamente, por su menor relevancia como pieza de partido a abatir. El sobreseimiento judicial de las causas contra ellos es un varapalo a los acelerados inquisidores y la impugnación de unos usos políticos que, en el fondo, no respetan a la persona.

El sobreseimiento es también un alivio para el PP, acosado durante mucho tiempo por el caso Gürtel. El hecho de que haya quedado fuera del proceso un dirigente tan significativo como el tesorero de entonces le permite respirar relajado en vísperas de unas elecciones que pueden conducirle al poder de la mayoría absoluta. Esta decisión judicial despejará dudas de algunos de sus votantes y las instalará en votantes socialistas no fanatizados por si aún titubeaban acerca de la nefasta gestión gubernamental. Y hay que suponer que inyectará ánimos en imputados del caso, especialmente Francisco Camps, dimitido presidente de la Comunidad Valenciana, que siempre han reiterado su inocencia.

Desde luego, si el auto del magistrado Antonio Pedreira en el que archiva las actuaciones contra Bárcenas es indicio de futuras decisiones, algunos de los políticamente acosados habrán recuperado tranquilidad. Porque Pedreira es taxativo al rechazar las acusaciones, lo que dice bien poco a favor, sino todo lo contrario, del instructor Baltasar Garzón. Ni el Tribunal Supremo pudo demostrar los delitos de que se le acusaba tras investigar «exhaustivamente y durante un año» a Bárcenas, lo que ha quedado recogido «en 28 tomos de actuaciones», ni el ex tesorero pudo realizar actuaciones que comprometieran a la Administración, ni hay pruebas de que le pagaran viajes sino pruebas de que los pagó él, ni la anotación Luis el cabrón como perceptor de 72.000 euros se refiere a él, ni cabe atribuirle un delito de cohecho… Es que el juez llega a denunciar una atribución «interesada y parcial» de «confusionismo y falta de relevancia» a informes policiales, lo que cabe interpretar como una reprobación severa al instructor.

Este sobreseimiento no puede prejuzgar el final del caso Gürtel, pero no hay duda de que la exoneración del ex tesorero desinfla bastante su relevancia política. Un dirigente del PP decía ayer con entusiasmo que en este episodio está «el 90% del caso Gürtel». Quizá sea exagerado, pero sí equivale a una desactivación importante de la causa y a un duro varapalo a los cruzados de la presunción de culpabilidad

M. J. GARCÍA / E. COLOM
E. URREIZTIETA / Palma

02/09/2011

La Fiscalía salva a Munar


La juez que instruye el 'caso Can Domenge' se ha visto obligada a cerrar la pieza que indagaba en el supuesto pago recibido por los políticos de UM por parte de Sacresa por la venta de un solar público en Palma a pesar de estar convencida de todo lo contrario. Lo ha hecho con «la convicción de esta juzgadora de que la supuesta prevaricación cometida y el grave perjuicio económico causado al 'Consell' de Mallorca no podía tener otra explicación que la obtención de beneficio ilícito», según señala el auto.
La investigación no ha podido llegar hasta los destinatarios de unas bolsas de plástico cargadas de dinero que, según el capitán del barco de la familia Sanahuja, dueños de Sacresa, se transportaron de Barcelona a Palma y fueron a parar a manos de algún político. El viaje se habría realizado en fechas cercanas a la venta de Can Domenge, solar que el 'Consell' de UM vendió a Sacresa por la mitad de su precio de mercado: 30 millones cuando su tasación hablaba de 60.


Las lagunas de la investigación y una Fiscalía que no ve «elementos de incriminación suficientes» para modificar el proceso -es decir, sumar el delito de cohecho- han salvado a Maria Antònia Munar y a Miquel Nadal, responsables políticos de la venta, de su imputación por uno de los delitos más graves de corrupción: el soborno.


La pieza, cuyas actuaciones se sumarán al caso, se ha cerrado sin que Munar ni Nadal tengan que responder por las bolsas de plástico. No se han practicado tampoco ni registros ni detenciones, a pesar de que el capitán del yate de los Sanahuja y un marinero reconocieron haber visto las bolsas y haber ayudado a subirlas al yate

martes, 7 de diciembre de 2010

Bloqueados en Mónaco otros 4,5 millones de euros de Correa


MARÍA PERAL / Madrid/El Mundo

Zapatero embustero

Las autoridades judiciales de Mónaco han bloqueado a petición del juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, 4,5 millones de euros que se hallan en cuentas bancarias vinculadas a Francisco Correa y abiertas en el Principado. Este dinero se une a los cerca de 19 millones de euros pertenecientes al responsable de la red Gürtel que se han intervenido en Suiza.Sigue en página 16

El Tribunal de Primera Instancia del Principado de Mónaco y el comandante principal de la Policía respondieron el pasado junio a las comisiones rogatorias cursadas desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con dos cuentas bancarias que aparecieron en la documentación intervenida tras el estallido del caso Gürtel.

La primera comisión rogatoria se remonta a abril de 2009 y fue una de las nueve peticiones de cooperación internacional que en aquella época se tramitaron desde Madrid para aclarar el entramado empresarial internacional de Francisco Correa, presuntamente utilizado para blanquear el dinero obtenido en España gracias a negocios y posibles comisiones ilegales.

Los nueve países a los que la Justicia española solicitó ayuda en aquella primera fase de la investigación fueron Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Colombia, Panamá, la isla de Saint Kitts and Nevis, Islas Vírgenes y Portugal, además de Mónaco.

La comisión rogatoria al Principado tuvo sucesivas ampliaciones, la ultima el pasado marzo, según consta en los documentos del caso Gürtel cuyo secreto se alzó el pasado viernes.

Las autoridades monegascas informaron de dos cuentas presuntamente relacionadas con Correa. La primera fue abierta el 16 de diciembre de 2004 en el Banco de Gestión Edmond de Rothschild a nombre de Fairway International, una sociedad panameña cuyo representante social y beneficiario económico efectivo es un industrial zaragozano.

La conexión con Correa viene por una transferencia de 12 millones de euros efectuada el 21 de diciembre de 2004 a favor de una cuenta de Awberry Ltd., una de las sociedades sobre las que ha pivotado la estructura exterior de Correa. El pasado 16 de junio, el Tribunal de Primera Instancia del Principado bloqueó el saldo positivo de esta cuenta, que se limitaba a 4.598 euros.

La segunda cuenta presenta una vinculación directa con Correa dado que su beneficiaria, la sociedad panameña Adama Holding Group, tiene como representante general y beneficiario económico efectivo al propio Francisco Correa.

Esta cuenta fue abierta el 17 de julio de 2007 en Crédit Foncier de Mónaco y se ha nutrido, sobre todo, de fondos provenientes de las cuentas de otra sociedad de Correa, Chelmi Ltd., abiertas en Suiza y en Singapur.

Su saldo, a fecha de 7 de junio de 2010, es de 5.395.756 dólares USA, equivalentes a unos 4.514.332 euros. También han sido bloqueados.

Las cuentas de Correa en Suiza, por su parte, ascienden a un montante de 18.612.440 euros. Este dinero permanece bloqueado en las cuentas de Crédit Suisse pertenecientes a las sociedades Golden Chain Properties y Mall Business S. A.

Ambas fueron constituidas en Panamá y tienen como beneficiarios, respectivamente, a Francisco Correa y a Pablo Crespo, según los documentos que figuran en la comisión rogatoria cursada a Suiza y que reflejan, sin género de duda, que esas sociedades están vinculadas a ambos imputados en la trama Gürtel, la presunta red de corrupción que afecta al PP.

Los investigadores del caso calculaban hace meses que el dinero ocultado por la trama fuera de España rondaba los 85 millones de euros. Pero el avance de la instrucción parece dejar pequeña esa cifra.

Sólo en Suiza y Mónaco, Correa tiene ya bloqueados más de 24 millones de euros y el juez está a la espera de conocer más fondos depositados en cuentas de otros países.

sábado, 4 de diciembre de 2010

La trama ‘Gürtel’ se llevó tres millones de euros en comisiones con la visita del Papa a Valencia


Alerta Digital

La visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 fue probablemente el mayor ‘pelotazo’ de la trama ‘Gürtel’ en una sola tacada. El último informe de la Policía Judicial, fechado el pasado 25 de noviembre y al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, revela que Francisco Correa y los suyos se repartieron una comisión de 2.830.000 euros tras conseguir, a través de una empresa interpuesta, un concurso millonario y amañado de la Radio Televisión Autonómica Valenciana por valor de 7.493.600 euros.

El atestado de la Brigada de Blanqueo de Capitales, de 66 páginas, analiza pormenorizadamente la adjudicación a la empresa Teconsa del “concurso de sonorización y montaje de pantallas de vídeo” del V Encuentro Mundial de las Familias en mayo de 2006. O sea, todo el despliegue técnico en las calles de la capital del Turia para que los ciudadanos pudieran seguir en directo la visita del Pontífice. Ese contrato, explica el informe, fue gestionado directamente por el ex director del ente, Pedro García Gimeno, quien -siempre según la Policía- “entregó” el contrato a la mercantil que Correa había presentado como tapadera para llevarse el negocio, Teconsa, quien además se ‘ganó’ otros 200.000 euros por hacer de empresa pantalla. Otras seis empresas se presentaron sin éxito a ese concurso que, entienden los investigadores, ya estaba otorgado antes de convocarse.

De acuerdo con el informe, hasta cinco personas se repartieron los millonarios beneficios del concurso amañando a modo de comisión. Correa se llevó 900.000 euros; su lugarteniente, Pablo Crespo Sabaris, cobró 630.000 euros; el hombre de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, se embolsó medio millón; la misma cantidad se llevó Pedro García (identificado en los apuntes de la red como “Peter”); y una quinta “persona sin identificar”, que se esconde tras la letra ‘R’, obtuvo de ese ‘pelotazo’ 300.000 euros.

Ese reparto -desvela el documento policial- apareció detallado en una archivo ‘excel’ en un ‘pen drive’ de memoria que los funcionarios encontraron en uno de los pisos francos de la red, la vivienda del número 32 de la calle General Martínez Campos, en el centro de Madrid.

La Fundación

Para los investigadores no hay duda: el contrato que la televisión pública cerró con ‘Gürtel’ “obedece a la relación directa de la organización de Francisco Correa con el director general de dicha televisión, Pedro García, y con personas vinculadas a las fundación que lo organiza”. Francisco Camps, que era el presidente de honor de esa fundación, aparece citado expresamente en el informe como la persona que nombró a García director del ente el 7 de septiembre de 2004. El atestado, además, recuerda que la Canal 9 está directamente “adscrita a la Presidencia de la Generalitat”.

El informe de la Policía Judicial, en su apartado de conclusiones, hace un extenso relato de cómo Correa y los suyos ‘apañaron’ ese contrato público: apenas la trama ‘Gürtel’ supo de que la “retransmisión de la señal” del evento va a ser un negocio, “Francisco Corra se pone actuar y, así, a través de Pablo Crespo, diseña la operación. La adjudicación está asegurada desde el órgano contratante, ya que al frente está Pedro García. Se busca a las empresas que prestarán la asistencia técnica, negociando las condiciones con las mismas. Se emplea una empresa instrumental y controlable como lo es Teconsa”, que a su vez “subcontrata a empresas del sector previamente acordadas”. Y ni Correa ni García ni ‘El Bigotes’, ni sus empresas, aparecen por ningún lado. Eso sí, “Pedro García como director general del órgano público y en el ejercicio de su cargo adjudica el contrato y obtiene un provecho directamente o a través de su familia”, afirma textualmente el documento policial.

Reparto previo

Todas las mordidas estaban ya repartidas entre los cinco ‘comisionistas’ desde mucho antes de cobrar el ‘trabajo’. Según el atestado, “son varios los documentos y archivos informáticos de los que se puede inferir el que por parte de la organización de Francisco Correa se establece con carácter previo a la realización del evento relativo a la visita del Papa una previsión de beneficios y un posterior reparto de los mismos entre las distintas personas intervinientes en las negociaciones a llevar a cabo”.

El informe también reproduce las anotaciones de la agenda de Pablo Crespo Sabaris en relación a la visita de Benedicto XVI, el 9 de febrero de 2006, cinco meses antes de que el Pontífice pisara Valencia. Una de estas notas hace referencia a una conversación mantenida, supuestamente sobre el asunto, con el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa. Otras anotaciones reflejan las supuestas gestiones de la trama para ganarse la adjudicación: “Alvaro se quiere situar. Con Víctor está imponente”; “Muchos actos, todo va de puta madre”; “Implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo)”; “Víctor lo tranquiliza con lo del Papa”; “Pedro se preocupa todos los días. Habla con Víctor, con Juan. No ha hecho nada en Canal 9″; “Viene un aluvión de actos, acciones, etc”; “No quiere fallar en nada”, son algunos cometarios anotados.

martes, 26 de octubre de 2010

Todos los imputados podrán oír las escuchas

MARÍA PERAL / Madrid

La Sala indica a Pedreira la vía para expulsar de 'Gürtel' las interceptaciones ilegales

Zapatero embustero

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que permita «a todos los imputados, sin restricción alguna», la audición de las conversaciones mantenidas en prisión por los principales implicados y sus abogados, que fueron intervenidas ilegalmente por el primer instructor del procedimiento, Baltasar Garzón.

Esas escuchas fueron declaradas nulas por la Sala el pasado marzo por vulnerar el derecho de defensa, pero aún no han sido expulsadas del procedimiento, lo que hay que llevar a cabo para que no surtan efecto alguno.

Además, Pedreira debe establecer qué posteriores diligencias de investigación derivaron de esas interceptaciones y están, por tanto, contaminadas por la nulidad de éstas. La importancia de esta operación radica en el interés de las defensas por extender los efectos de la nulidad a los elementos probatorios que pueden resultar más desfavorables para sus clientes.

Pedreira dio un plazo a los defensores de los principales imputados (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, que permanecen en la prisión de Soto del Real) para que escucharan las cintas. El instructor excluyó, inicialmente, a los letrados del resto de los imputados, aunque sugirió que les autorizaría a oír las grabaciones más adelante.

En desacuerdo con su postergación, las defensas de los diputados autonómicos del PP Sebastián Martín Vasco y Alberto López Viejo, entre otros, recurrieron a la Sala, que ahora les da la razón recordando que las normas que regulan la nulidad de las actuaciones judiciales establecen que debe haber una «previa audiencia de las partes».

El Tribunal aprovecha la resolución para indicar al instructor qué pasos debe dar para expulsar del caso Gürtel las escuchas ilícitas. Primero, los abogados de los tres presos cuyas conversaciones fueron espiadas podrán oír las cintas y alegar sobre qué pasajes relativos a estrategias de defensa o a la intimidad deben ser excluidos. Una vez que decida Pedreira, esa parte de las grabaciones irá a una «pieza separada de confidencialidad», una novedosa denominación acuñada por la Sala.

Depuradas las grabaciones, todos los demás imputados tendrán acceso a ellas. Después, será el momento en el que los defensores opinen sobre los efectos de la nulidad y el instructor decida.

Por otra parte, la Agencia Tributaria ha comunicado a Pedreira que carece de «medios humanos con la especialización necesaria» para poder tasar todos los bienes intervenidos a los imputados y considera, además, que la petición judicial «trasciende del marco funcional que corresponde al deber de colaboración» de ese organismo.

viernes, 9 de abril de 2010

Cascos insinúa que se han fabricado pruebas para el «caso Gürtel»



«Algunos policías que investigan al PP se hicieron famosos falsificando papeles de Laos», dice, en alusión a los ocumentos que sirvieron presuntamente para el traslado de Luis Roldán a España y que resultaron ser falsos. «Estoy convencido de la inocencia de Luis Bárcenas», ha afirmado

El ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez- Cascos declaró hoy respecto al "caso Gürtel" que "algunos policías que investigan al Partido Popular se hicieron famosos falsificando los papeles de Laos" (refiriéndose a los documentos que sirvieron presuntamente para el traslado de Luis Roldán a España y que resultaron ser falsos). Asimismo, indicó que "hay una camarilla policial dedicada a fabricar papeles y preconstituir pruebas". Ha denunciado además que la instrucción de la "Gürtel" se apoya en la existencia de una "camarilla" en la Policía Judicial, "instalada en Canillas", en alusión a la calle donde se encuentra la sede de la Dirección General de la Policía Nacional.
Ha negado que alguna vez sospechara de Francisco Correa o del resto de responsables de la trama Gürtel y ha añadido que "ni siquiera existía esa sombra de duda". Según Álvarez Cascos, las ofertas que presentaba Correa al PP eran económicamente "más atractivas" que las de otras empresas y "no había quejas de su servicio".
«Todo lo que se juzgue en relación con lo que ha hecho Garzón hay que ponerlo entre comillas y relativizarlo»
"Hasta ahí puedo dar fe de que eso es lo que conocimos los que en ese momento estábamos en el PP. Si luego Correa se metió en otras andanzas, en otros ámbitos de tipo institucional o municipal, yo lo ignoro", ha añadido, antes de recalcar que "en absoluto" tuvieron "sombras de duda" sobre "la conducta", "los comportamientos" o "los métodos irregulares o delictivos de esa trama".
En concreto, Cascos ha aludido al viaje que su esposa y él realizaron a Lanzarote en 2003 y que, según figura en el sumario, habría sido "pagado por la red Gürtel", y asegura que se trata de una prueba falsa preconstituida por "esa camarilla de la Policía Judicial". "Y como eso hay más, y puede haber mucho más", ha insistido Álvarez Cascos en una entrevista concedida al programa de Carlos Herrera en Onda Cero. Por este motivo, alega, "todo lo que se juzgue en relación con lo que ha hecho Garzón hay que ponerlo entre comillas y relativizarlo".

Alvarez-Cascos explicó que "tiene gracia que la estrategia de acoso (en alusión a la trama de corrupción) la lidere el PSOE, con lo que tiene encima como partido".

«Bárcenas es mi amigo y le ayudaré siempre»El ex ministro de Fomento se ha mostrado convencido de la inocencia de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, porque la causa, ha añadido, está "viciada de origen" ya que el juez Garzón tiene "una adnimadversión pública y proclamada hacia el PP" y "no se puede confiar en su imparcialidad y ecuanimidad".
"Es mi amigo. A los amigos y las personas que pueda ayudar las ayudaré siempre y, como estoy convencido de su inocencia, estoy seguro de que sabrá defenderse y que saldrá airoso del envite durísimo al que está siendo sometido", ha señalado Álvarez Cascos al referirse a Bárcenas.
Preguntado por la situación que atraviesa el juez Baltasar Garzón, el que se postula cada vez con más fuerza como candidato del PP a la Presidencia del Principado de Asturias (aunque hoy ha dicho que él no tiene que tomar la decisión de su vuelta a la política, sino el partido) ha considerado que Garzón es una "anormalidad democrática de la que debería tomar nota el Consejo General del Poder Judicial", ya que es "el único personaje que en un año ha formado parte de los tres poderes, del Legislativo, del Ejecutivo y delJjudicial".
Por otra parte, ha indicado, tras la reunión ayer en Sevilla a instancias del hoy presidente de FAES, José María Aznar y ex presidente del Gobierno, que "los mimbres del PP de 1990, son todavía sólidos 20 años después" y que no hay ideologías redentoras, sino que la maldad y el vicio está en las personas.

viernes, 15 de enero de 2010

El decano asegura que la decisión de querellarse contra Garzón «sigue en vigor»


El decano asegura que la decisión de querellarse contra Garzón «sigue en vigor»

MARÍA PERAL

Madrid

Ocho letrados ajenos al caso Gürtel dirigieron ayer un escrito al Colegio de Abogados de Madrid en el que expresan su «preocupación» por el tiempo transcurrido desde que la Junta de Gobierno acordó reaccionar frente a las escuchas a los defensores que actúan en ese proceso sin que el acuerdo se haya ejecutado.

Los dirigentes del Colegio de Abogados de Madrid decidieron por unanimidad el 20 de octubre autorizar la interposición de una querella contra el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, al considerar que pudo incurrir en delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones por ordenar la intervención de todas las conversaciones que mantuvieran en prisión los principales imputados en ese proceso (Francisco Correa y Pablo Crespo) con todos los letrados que les visitasen. Gracias a ello, datos amparados por la confidencialidad de la relación entre un abogado y su cliente pasaron a conocimiento de la Policía, la Fiscalía y el Juzgado. El acuerdo incluía dirigir la querella también contra las fiscales Myriam Segura y Concepción Sabadell, que consintieron las escuchas.

La pasada semana, dos de los abogados espiados, José Antonio Choclán y Juan Ignacio Vergara, reclamaron al Colegio que cumpla sus acuerdos. Pero el descontento no es exclusivo de los letrados que intervienen en el caso Gürtel. Ocho colegiados que no tienen nada que ver con ese asunto han presentado un escrito en el que consideran que las escuchas a los defensores son un hecho de inusitada gravedad y que, más allá de las consecuencias procesales que tenga en el caso concreto, «atenta contra las más elementales garantías» de confidencialidad y libertad en la relación entre los abogados y los ciudadanos que les confían su defensa. Los letrados consideran que la reacción del Colegio es «irreemplazable» y advierten de que, si no se produce la actuación anunciada «en un plazo razonable», ellos asumirán la defensa de los derechos que creen amenazados recabando el apoyo de otros compañeros, tanto de Madrid como del resto de España.

El decano del Colegio de Abogados madrileño, Antonio Hernández-Gil, afirmó ayer en una rueda de prensa que el acuerdo de 20 de octubre «sigue en vigor», aunque no precisó cuándo se ejecutará. «Lo haremos con la información que tengamos y cuando creamos que es el momento adecuado para que nuestra acción sea más eficaz», dijo el decano, que añadió: «Nadie nos va a marcar el paso».

Hernández-Gil volvió a reprobar la actuación «abusiva» del juez Garzón por «haber actuado de forma contraria a la ley, interfiriendo las comunicaciones en prisión entre abogados y clientes». Pero señaló que la presentación de la querella acordada «depende de circunstancias y condicionamientos» que rechazó explicar.

Hernández-Gil no precisó cuándo actuará el Colegio ni de qué factores depende

El PP halla un «indicio claro» de que Rubalcaba está tras las filtraciones


González Pons reclama al ministro «explicaciones» y a los jueces, que investiguen

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid
«Ahora sí hay un indicio claro de quién puede estar siendo el autor de las filtraciones del sumario secreto con la sola intención de dañar al PP». La afirmación es del portavoz del principal partido de la oposición, Esteban González Pons; fue pronunciada ayer de manera solemne en la propia sede del partido, y acusa, en relación con el caso Gürtel, al mismísimo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Un político cuya «sombra es alargada» a los ojos del PP y ya alcanza, desde ahora, a la diana de la denuncia presentada meses atrás ante los tribunales por el propio partido.

González Pons se refería, claro, a la información publicada ayer por EL MUNDO de que la agregada de Interior de la embajada de España en Suiza se coló en uno de los registros efectuados en el marco de las comisiones rogatorias del caso Gürtel. Una información que le valió al PP para demandar al ministro explicaciones políticas pero, aún más, para llamar la atención de los jueces.

«Esperamos», dijo en rueda de prensa, «que los jueces que investigan las filtraciones del secreto del sumario llamen a declarar a los representantes de la Policía Judicial, a los del Ministerio del Interior» y, también, añadió, «a los jefes políticos» de este departamento, en directa alusión al propio Rubalcaba. El dirigente popular acompañó su exhorto con la promesa de presentar un escrito ante los juzgados competentes de Plaza de Castilla.

En cuanto a las explicaciones políticas, González Pons justificó en la «gravedad» del asunto y en su carácter «inquietante» para todos «los demócratas», no sólo su necesidad, sino la urgencia.

Pons exigió «a lo más tardar, para esta misma tarde», que Rubalcaba explicara los motivos por los que representantes de su departamento, no de la Policía, estuvieron presentes en unas actuaciones que están sujetas al secreto de sumario.

Pero en la convicción de que el ministro no iba a atender a la urgencia del PP, el portavoz anunció que su Grupo llevará el asunto al Congreso de los Diputados. Sin descartar una petición de reunión de la Diputación Permanente, aseguró que plantearán esta cuestión en la sesión de control, prevista para la segunda semana de febrero.

«Le preguntaremos», dijo, «por qué representantes del Gobierno accedieron a actuaciones sujetas al secreto de sumario; qué se hizo con la información sobre lo que vieron, oyeron o copiaron en esas actuaciones sujetas al secreto del sumario, y en cuántas actuaciones sujetas al secreto de sumario ha habido presencia de representantes del Ministerio del Interior».

Pero en tanto aguardan la respuesta, los populares adelantaron ayer, en boca de su portavoz, que ya saben «quién puede, sin necesidad de forzar ninguna legalidad, tener acceso a información delicada que después se filtra a los medios de comunicación con la exclusiva intención de perjudicar al Partido Popular»