viernes, 15 de enero de 2010
El decano asegura que la decisión de querellarse contra Garzón «sigue en vigor»
El decano asegura que la decisión de querellarse contra Garzón «sigue en vigor»
MARÍA PERAL
Madrid
Ocho letrados ajenos al caso Gürtel dirigieron ayer un escrito al Colegio de Abogados de Madrid en el que expresan su «preocupación» por el tiempo transcurrido desde que la Junta de Gobierno acordó reaccionar frente a las escuchas a los defensores que actúan en ese proceso sin que el acuerdo se haya ejecutado.
Los dirigentes del Colegio de Abogados de Madrid decidieron por unanimidad el 20 de octubre autorizar la interposición de una querella contra el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, al considerar que pudo incurrir en delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones por ordenar la intervención de todas las conversaciones que mantuvieran en prisión los principales imputados en ese proceso (Francisco Correa y Pablo Crespo) con todos los letrados que les visitasen. Gracias a ello, datos amparados por la confidencialidad de la relación entre un abogado y su cliente pasaron a conocimiento de la Policía, la Fiscalía y el Juzgado. El acuerdo incluía dirigir la querella también contra las fiscales Myriam Segura y Concepción Sabadell, que consintieron las escuchas.
La pasada semana, dos de los abogados espiados, José Antonio Choclán y Juan Ignacio Vergara, reclamaron al Colegio que cumpla sus acuerdos. Pero el descontento no es exclusivo de los letrados que intervienen en el caso Gürtel. Ocho colegiados que no tienen nada que ver con ese asunto han presentado un escrito en el que consideran que las escuchas a los defensores son un hecho de inusitada gravedad y que, más allá de las consecuencias procesales que tenga en el caso concreto, «atenta contra las más elementales garantías» de confidencialidad y libertad en la relación entre los abogados y los ciudadanos que les confían su defensa. Los letrados consideran que la reacción del Colegio es «irreemplazable» y advierten de que, si no se produce la actuación anunciada «en un plazo razonable», ellos asumirán la defensa de los derechos que creen amenazados recabando el apoyo de otros compañeros, tanto de Madrid como del resto de España.
El decano del Colegio de Abogados madrileño, Antonio Hernández-Gil, afirmó ayer en una rueda de prensa que el acuerdo de 20 de octubre «sigue en vigor», aunque no precisó cuándo se ejecutará. «Lo haremos con la información que tengamos y cuando creamos que es el momento adecuado para que nuestra acción sea más eficaz», dijo el decano, que añadió: «Nadie nos va a marcar el paso».
Hernández-Gil volvió a reprobar la actuación «abusiva» del juez Garzón por «haber actuado de forma contraria a la ley, interfiriendo las comunicaciones en prisión entre abogados y clientes». Pero señaló que la presentación de la querella acordada «depende de circunstancias y condicionamientos» que rechazó explicar.
Hernández-Gil no precisó cuándo actuará el Colegio ni de qué factores depende
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