sábado, 24 de noviembre de 2012

La juez cita a Zougam para saber si las testigos del 11-M mintieron

Da la oportunidad de defender su inocencia al único condenado como autor material de la matanza que denunció por falso testimonio a las dos mujeres que le reconocieron
Dentro de las diligencias acordadas interrogará a su madre, a su hermana y a su hermano, que aseguran que esa mañana a la hora del atentado Zougam dormía en su domicilio

NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosEl único condenado por poner las bombas del 11-M será trasladado desde la cárcel de Villena (Alicante) hasta los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para que pueda defender en persona su proclamada inocencia. En una decisión insólita, la juez Belén Sánchez ha reconsiderado su negativa inicial a citar a Jamal Zougam, a su familia y al testigo más importante sin que en el procedimiento que se sigue por falso testimonio contra las dos testigos que determinaron su condena se haya producido ninguna novedad relevante.

Lo que sí ha ocurrido un día antes, pero en otro juzgado situado a escasos metros, en el mismo pasillo, es que se dictó un sobreseimiento libre tras constatarse que esas dos mujeres rumanas acusaron en falso a este diario de coacciones.

Zougam, su hermano Mohamed y su madre, Aicha, volverán el 18 de diciembre a un juzgado a reiterar la versión que han mantenido desde marzo de 2004: que, a la hora del atentado, el marroquí dormía en casa. Su hermana Samira, también citada, comparecerá por primera vez en sede judicial.

El marroquí Jamal Zougam saldrá de la celda de aislamiento en la que lleva casi nueve años recluido -y en la que está condenado a pasar prácticamente el resto de su vida- para ser conducido en furgón policial desde Villena hasta Madrid. La juez podía haber optado por que se le tomase declaración por exhorto ante los juzgados de la localidad alicantina, pero ha preferido valorar su credibilidad con su presencia física inmediata.

Hasta la fecha, la juez Belén Sánchez, que está afiliada a la asociación de sensibilidad progresista Jueces para la Democracia, había bloqueado, con el apoyo de la fiscal Rosa Mayoral, todas las iniciativas planteadas por los abogados de Zougam.

Contra su opinión, la juez se vio obligada a admitir la querella porque la Audiencia de Madrid le ordenó imputar a las testigos para investigar si «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral». Después, mantuvo su rechazo a citarlas y descartó todas las pruebas testificales que se le habían pedido.

Súbitamente, sin que se haya producido ninguna novedad en ese procedimiento -la Audiencia Nacional no ha enviado la documentación que se le ha pedido y el Ministerio del Interior ha rehuido hacerlo-, la juez ha cambiado de criterio y ha estimado sendos recursos de reforma de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar.

El recurso de reforma es el que se presenta ante el mismo juzgado que ha tomado una decisión y es del todo excepcional en la práctica judicial que un juez revoque una resolución propia: en este caso, dos de golpe y, en ambos casos, con la añadida oposición de la fiscal.

El Juzgado de Instrucción número 39, del que es titular Belén Sánchez, se encuentra en la sexta planta del edificio de la sede judicial de la Plaza de Castilla, puerta con puerta con el número 38, que un día antes había dictado en términos durísimos el sobreseimiento libre de la denuncia que las testigos habían presentado por coacciones contra este diario.

«En ningún caso se les requirió para decir algo diferente a lo que era verdad ni en absoluto se les intimidó para que lo hicieran», señala esa resolución. Respecto de una de ellas, que llegó a describir el ofrecimiento de un puesto de trabajo a cambio de perjurio o la advertencia de que la victoria del PP podría suponerle un problema, el juez dice que los hechos ocurrieron «contrariamente a lo que ella señaló».

La decisión de la juez Sánchez de citar a Zougam implica ya una revisión de facto de los hechos que fueron declarados probados en la sentencia del 11-M en un aspecto nuclear: la participación del único condenado por colocar las bombas. El marroquí fue detenido el 13 de marzo de 2004 junto a su hermano y su socio, de la misma nacionalidad, porque en su tienda de teléfonos del barrio multiétnico de Lavapiés se había vendido la tarjeta que apareció en la mochila bomba que no llegó a estallar y que la Policía encontró en una comisaría de Vallecas. El arresto de tres musulmanes en la víspera de las elecciones, cuando el Gobierno seguía sosteniendo la tesis de la autoría de ETA, precipitó el vuelco electoral del 14-M.

Su hermano y su socio fueron liberados en junio, sin que ninguna prueba pesase en su contra. Zougam, en cambio, sigue en prisión casi nueve años después porque dos mujeres rumanas que testificaron contra él después de que todos los medios de comunicación difundiesen su fotografía y en circunstancias extrañísimas que no fueron conocidas por el tribunal -tanto, que han sido imputadas por falso testimonio- mantuvieron en el juicio del 11-M que le habían visto en el tren de Santa Eugenia con una mochila.

El Tribunal Supremo estableció que la única «prueba de cargo» contra el marroquí son los testimonios de esas dos mujeres, ya que no se encontró ninguna conexión entre él y la célula islamista que atentó en los trenes, ni han aparecido huellas o restos suyos en los domicilios o vehículos que utilizaron.

De hecho, la Audiencia de Madrid, cuando ordenó la admisión de la querella, destacó la «trascendencia» que tuvieron, porque Jamal Zougam recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena.

El testigo clave comparecerá el mismo día

La juez Belén Sánchez ha estimado un segundo recurso de reforma en el que acuerda que comparezca, el mismo día que Jamal Zougam y su familia, la persona que ocupase el cargo de cónsul de Rumanía en Madrid en 2004. La Audiencia Provincial, en la resolución en la que ordenó admitir la querella contra las dos mujeres rumanas, señaló que debía ser «singularmente» investigado el reportaje que publicó este diario el 6 de diciembre de 2011, destacando que hasta la fecha no ha sido desmentido. En él se relataba que, según fuentes de la investigación, la testigo identificada como C-65 se había entrevistado el 1 de abril de 2004 con el cónsul de Rumanía con la intención inicial de obtener las indemnizaciones que el Gobierno rumano había dispuesto para las víctimas de los atentados. En aquella ocasión, la testigo contó al representante de la misión consular que viajaba en los trenes del 11-M con una mujer que la acompañaba en ese momento y que también pretendía obtener el dinero de las víctimas. El nombre de esa persona es, sin embargo, distinto del de la testigo J-70, que fue la que en el juicio dijo que viajaba en el tren con la testigo C-65. J-70 no apareció en el procedimiento hasta febrero de 2005, nada menos que 11 meses después del atentado, cuando compareció en la Audiencia Nacional y afirmó que había visto a un terrorista en los trenes. El tribunal condenó a Jamal Zougam sin tener en cuenta una circunstancia que fue desvelada por este diario: que sólo 15 días antes de esa primera declaración, la testigo J-70 había sido descartada definitivamente como víctima de los atentados por los técnicos del Ministerio del Interior, que la examinaron dos veces y no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. Ese hecho le cerraba las puertas, principalmente, a obtener la regularización de su situación en España y las indemnizaciones. Tras acusar a Zougam, terminó cobrando 48.000 euros. J-70 había comparecido en comisaría para pedir los papeles; ante la Dirección General de la Policía para solicitar la indemnización; ante una abogada para personarse en el sumario; ante un tribunal médico, y ante una subsecretaria de Interior. Y nunca dijo que hubiese visto a Zougam en el tren.

viernes, 23 de noviembre de 2012

El fiscal del Estado desautoriza al de Cataluña por arremeter contra EL MUNDO


NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosA las 48 horas de que se lo pidiera la Generalitat, Rodríguez Sol dictó un decreto sentenciando que la información publicada es «falsa y mendaz»
Sin esperar tan siquiera a la admisión a trámite de las querellas presentadas, también sentencia que lo publicado tiene todos «los elementos de la calumnia»
El fiscal de Cataluña sostiene que «no hay dato alguno sobre que Mas sea titular de una cuenta en el extranjero», omitiendo que es beneficiario de la que tenía su padre
Desoye la petición de no irrumpir en la campaña que le hizo Torres-Dulce, quien no fue informado ni comparte ni respalda el contenido de la nota de su subordinado

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, «ni conocía ni comparte» el escrito del fiscal superior de Cataluña en el que éste anuncia acciones contra EL MUNDO por un presunto delito de calumnias, según informaron fuentes de toda solvencia.

NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosEl fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, emitió ayer una nota en la que anuncia la incoación de diligencias de investigación contra EL MUNDO, por las informaciones publicadas por este periódico basadas en un borrador de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales), en el que se vincula al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al ex presidente Jordi Pujol con cuentas secretas abiertas en Suiza. Según el fiscal, la información contiene «los elementos de la calumnia».

En opinión de fuentes solventes, Rodríguez Sol ha actuado en contra de las instrucciones que había recibido del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Según las fuentes consultadas, Rodríguez Sol comunicó a Torres-Dulce su intención de incoar las citadas diligencias. El fiscal general requirió al fiscal superior de Cataluña para que retrasase la incoación hasta después de las elecciones del próximo domingo, dado el clima de crispación política generado en torno a este asunto. Además, Torres-Dulce le pidió a Rodríguez Sol que no diera publicidad al asunto cuando decidiera dar traslado de las actuaciones al juez.

En contra de estas instrucciones del fiscal general, Rodríguez Sol incoó las diligencias el miércoles 21 de noviembre y ayer hizo pública una nota de prensa (incluyendo un error sobre la remisión del caso a la Fiscalía de Lérida) en la que se reproduce íntegramente el decreto.

En él se relata que en la información publicada por EL MUNDO «concurren primafacie todos los elementos típicos del delito de calumnia».

Las fuentes señalaron a EL MUNDO que el contenido del escrito no fue conocido previamente por el fiscal general del Estado, que ayer mantuvo una tensa conversación sobre este asunto con su subordinado.

El fiscal general «ni conocía ni comparte» el escrito del fiscal superior de Cataluña, señalaron fuentes cercanas a la institución.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía Superior de Cataluña informaron de que, el pasado miércoles, el escrito conocido ayer fue remitido a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, este extremo no lo confirman las fuentes de la Fiscalía General. El escrito no aparece por ningún lado.

Decisión inaudita

El decreto de Rodríguez Sol va mucho más allá de lo que suele ser habitual en un texto de estas características, ya que establece como probados hechos que llevan ineludiblemente a la comisión del delito de calumnias (según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal), cuando la querella todavía no ha sido ni siquiera admitida a trámite por ningún juez.

El fiscal superior de Cataluña señala que la afirmación de que algunos dirigentes de CiU recibían dinero a cambio de contratos de la Generalitat es «radicalmente falsa, mendaz». También señala que «no hay dato alguno sobre la titularidad de una cuenta en el extranjero». Aún más, concluye que «la noticia, en el particular examinado, carece de fundamento».

La Fiscalía Superior de Cataluña ha actuado a instancias del Departamento de Presidencia de la Generalitat, apenas 48 horas después de recibir la petición.

Por otro lado, el fiscal superior de Cataluña comunicó a la Fiscalía General del Estado que él era partidario de que la instrucción de las acciones judiciales contra EL MUNDO se produjera en los juzgados de Barcelona.

Sin embargo, el criterio del Torres-Dulce es que la competencia corresponde a los juzgados de Madrid. El asunto se tiene que dilucidar en las próximas horas.

La actitud del Rodríguez Sol (considerado por sus compañeros como un buen profesional) pone de manifiesto la situación de tensión máxima creada en Cataluña a raíz de la puesta en marcha del proceso soberanista.

El enfrentamiento entre el fiscal general y el fiscal superior de Cataluña (por otra parte, buenos amigos) tiene una clave esencialmente política. La Justicia y la Fiscalía -defensora de los intereses del Estado- ya no son iguales según el lugar donde se aplique la ley.

Fiscal superior, no abogado del Gobierno

Los señores Mas, Pujol y Puig están en su pleno derecho de presentar una querella contra un medio de comunicación que, basándose en una información policial, ha puesto en tela de juicio su honorabilidad. Están incluso en la obligación de hacerlo porque, de haber permanecido mudos ante una duda así, habrían lanzado el suicida mensaje de que asumían implícitamente la autenticidad de las sospechas. Mucho más tratándose de personajes públicos a las puertas de unas elecciones. Por ese lado, todo se ha producido, pues, según las reglas y nada hay de insólito ni de reprochable.
Lo que resulta extraordinario es el comportamiento del fiscal superior de Cataluña. Extraordinario e injustificable.
No puede un fiscal precipitarse a decir que abre diligencias de investigación sobre un asunto que está a punto de iniciar su tramitación judicial. Y mucho menos puede elaborar un escrito en el que parece que el proceso se ha abierto y concluido, la investigación ha terminado, y el fiscal ha hecho de juez y ha dictado sentencia, todo en la extensión de un folio.
Tampoco puede un fiscal comportarse con la alegría con que lo ha hecho el superior de Cataluña que, desoyendo tan clamorosamente la petición que su superior le hizo, ha dejado la intensa impresión de que ha intentado contentar y obedecer a quienes, tal como la Constitución manda, deberían estar sideral e higiénicamente alejados de él, de su jurisdicción y de sus actuaciones: los representantes del poder político.
Y eso es así por mucho que el fiscal superior lo sea de Cataluña, una comunidad que, mientras no se demuestre lo contrario, sigue formando parte de un Estado de Derecho.
La irrupción de este asunto en plena campaña electoral ha condicionado en los últimos días las estrategias políticas de los distintos partidos, ya veremos el domingo con qué efectos. Pero que un funcionario público, todo un fiscal superior, se lance como elefante en cacharrería a participar directamente en la campaña intentando respaldar con su decreto -hecho a toda prisa, tanta que incluye errores de bulto- la candidatura del presidente del gobierno que le ha pedido que actúe, eso es algo que nunca el señor Rodríguez Sol podrá justificar con argumentos legales. Ni eso ni su empeño en que la instrucción del caso se haga en Barcelona. Criterio, por cierto, que se opone de nuevo al que mantiene su superior jerárquico, Eduardo Torres-Dulce.
La de ayer fue una jornada amarga porque asistimos a un enfrentamiento abierto y público entre un fiscal de Cataluña y el fiscal general del Estado. Y lo fue también porque produjo la impresión fortísima de que las presiones políticas alcanzan a la fiscalía superior en términos tan obvios que acabaron dando vergüenza.
  • GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 23/11/2012 PORTADA

La Policía aclara que el borrador tiene datos de varios sumarios


Proceden de otros informes judicializados que no sólo afectan a este caso y de otra documentación consistente en informes, minutas e informaciones de confidentes

El Ministerio del Interior ofreció ayer más detalles sobre el borrador policial referente al caso Palau que publicó este diario hace una semana. Según un comunicado, este borrador «contiene datos que proceden de otros informes judicializados que no sólo afectan a este caso», en referencia a la investigación judicial del Palau de la Música y del dinero desviado supuestamente hacia Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del actual presidente Artur Mas.

El pasado martes, fuentes del Ministerio explicaron a este diario que el borrador publicado por EL MUNDO, que destapa las presuntas cuentas en Suiza de la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y de Artur Mas, se basa en cuatro informes presentados entre noviembre y mayo pasados en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que investigaba el caso de presunto desfalco del Palau de la Música, además de por datos obtenidos posteriormente.

El Ministerio del Interior aseguró ayer que se trata de «informes, minutas e informaciones de confidentes» que «no sólo afectan a este caso», sino que pertenecen también a otras investigaciones abiertas que se llevan en varios juzgados. Las pesquisas incluyen gestiones para averiguar los patrimonios en Suiza de Jordi Pujol y Artur Mas, como luego se recogió en el borrador que publicó este diario, tal y como indicaron varias fuentes.

El comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía informó ayer de estos nuevos datos del borrador policial directamente al magistrado que instruye la causa, Josep Maria Pijuan, y al fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, en una reunión en Barcelona.

En este encuentro, el jefe de la Udef explicó que, desde su nombramiento en julio pasado, «él personalmente no ha ordenado la elaboración de ningún informe sobre este caso», según dice el comunicado del Ministerio del Interior.

El comisario jefe también explicó al juez que toda la documentación obrante en la Udef ha sido remitida a «la Unidad de Asuntos Internos», que es la encargada de investigar «la existencia del supuesto borrador, y en su caso, la identificación de la autoría de la filtración» a este diario.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona explicó tras la reunión que el comisario jefe de la Udef dejó claro que, tras su toma de posesión, «su unidad no ha elaborado ningún informe, borrador ni investigación del caso Palau, ni le consta su existencia». Además, según explicó el juzgado en un comunicado, el responsable policial le dijo al juez que la investigación de la Udef «se dio por finalizada una vez se le entregó al juzgado el informe, el pasado 24 de mayo de 2012».

Éste es uno de los documentos que Interior confirmó hace unos días que podrían haber servido para confeccionar el borrador. El comisario jefe también dijo que su unidad enviará al juez un anónimo que han recibido y que coincide con otro que el magistrado incorporó a la causa la semana pasada, tal y como publicó este periódico.

Por otro lado, el Sindicato Profesional de la Policía indicó ayer que no toleraría el uso «partidista» de ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía. También lamentó que no se debata sobre el contenido del borrador y sí sobre su filtración.

Mas acusa a Rajoy de estar detrás del «montaje » del informe policial

El 'president' advierte de que «las campañas subirán de tono» después del domingo
Después de apuntar cada día un poco más alto, Artur Mas alcanzó ayer la cima y acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar relacionado con el informe policial que le vincula a él y a otros dirigentes de CiU con cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein, donde habrían ido a parar comisiones del caso Palau.

El presidente de la Generalitat y candidato de CiU en las elecciones del domingo afirmó que Rajoy «seguro que está al corriente de todo esto», en relación al informe policial, que está protagonizando los últimos días de la campaña catalana.

«Si Rajoy lo quisiera impedir lo hubiera hecho; no es ajeno a lo que está pasando, porque es la estrategia del PP y todos están implicados en la operación de intentar cambiar la voluntad del pueblo de Cataluña», dijo Mas.

La teoría de CiU consiste en que la publicación del informe policial obedece a una estrategia para condicionar el resultado electoral del domingo, y para impedir que el proceso soberanista que quiere abrir Mas tome cuerpo. A su vez, los nacionalistas intentan presentar las informaciones como un ataque a Cataluña -y no a los dirigentes de la federación-, buscando un beneficio en las urnas.

El presidente de la Generalitat aseguró además, en una entrevista en Rac-1, que «en otro país de tradición democrática ya habría habido dimisiones» si un Ministerio de Interior no confirmara la existencia de un borrador policial filtrado a la prensa: «Es de una época predemocrática; da miedo vivir en un Estado así».

Mas afirmó también que dimitiría si se demostrara su implicación en un caso de corrupción. Además, reiteró que sus únicas cuentas corrientes están en Cataluña y que no ha recibido «ni un euro» de la cuenta que su padre -fallecido en marzo- regularizó en Liechtenstein, porque la beneficiaria de la herencia es su madre.

Por la noche, en el mitin de Tarragona, el informe policial y las acusaciones contra el Gobierno español volvieron a ser protagonistas. El peso de la ofensiva lo llevó el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que cargó contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -a quien acusó de «calumniar» a Mas-, y de nuevo contra Rajoy: «Me preocupa el silencio de Montoro, y también el del presidente del Gobierno. No puede continuar callando, como si aquí no pasara nada. ¿O es que la Generalitat no es Estado?».

Añadió que el informe policial «no existe», y que Rajoy debe «dirigirse contra quienes han utilizado a la Policía para extender calumnias contra el presidente de la Generalitat».

Mas también bajó a la arena para criticar que la campaña electoral haya acabado siendo «esperpéntica» y se felicitó de que, en su opinión, CiU haya estado «por encima del juego sucio». Además, lanzó una advertencia a sus simpatizantes: «Esto no se acabará el día 25. Estas campañas subirán de tono. Tenemos que hacer oídos sordos digan lo que digan, porque nunca podrán probar nada».

Buscando un último impulso, el president insistió en buscar el voto útil independentista y en atribuir las informaciones a la voluntad de influir en el resultado: «Lo que más les molesta es que podamos decidir libremente nuestro futuro».

Rajoy le replica que es «una falsedad»

La candidata del PP y el Grupo le retan a ir al «notario» para jurar sobre sus cuentas
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso dejar claro ayer que él no ha instigado en ninguna medida ni está detrás de la investigación que pesa sobre el presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas. «Soy el presidente del Gobierno y debo ser muy prudente, pero debo reiterar que eso es una absoluta falsedad», aseveró.

El presidente español se mostró así de tajante cuando, a su llegada a la Cumbre presupuestaria que se celebra en Bruselas, fue preguntado por los periodistas sobre la entrevista radiofónica en la que Mas había asegurado que Rajoy «no es ajeno» a la campaña que, a su juicio, se está llevando a cabo contra su persona desde las filas del PP para alterar el resultado de las elecciones del próximo domingo.
El PP también replicó al presidente de la Generalitat. Y lo hizo en varios frentes. Primero habló la candidata y presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Ella fue quien se adelantó al propio Rajoy en calificar de «absoluta falsedad» lo declarado por Mas, según informa Leonor Mayor. Pero, además, recordó a su adversario su negativa a comparecer en el Parlament en junio pasado para dar explicaciones sobre el caso Palau. Y, sobre todo, retó a Mas a «ir al notario» -en clara referencia a la memorable firma que protagonizó en la campaña de 2003 en contra de cualquier pacto con el PP- «para acreditar que ni él ni la familia de Jordi Pujol han tenido ni tienen cuentas o cajas de seguridad en Suiza, Liechtenstein o cualquier otro paraíso fiscal».

Y luego lo hizo el Grupo Popular, por boca de su portavoz adjunto, Rafael Hernando, para arropar desde Madrid a su candidata catalana. Hernando le emplazó a «comprometerse ante notario a dimitir si finalmente se confirma que ha sido o es titular o beneficiario de alguna cuenta bancaria en paraísos fiscales, ya sea Suiza o Liechtenstein». «Mas es aficionado a los notarios y se conoce bien el camino», ironizó.

La contraofensiva popular se reanudaba en todo caso tras dos jornadas de llamativo silencio de campaña sobre la presunta corrupción de CiU. Si el lunes Génova arremetió con armas y bagajes contra Mas y le acusó de «parapetarse» tras la bandera y los catalanes para no dar explicaciones, el martes Rajoy y la propia Camacho omitieron toda referencia al asunto en el mitin que protagonizaron en Barcelona. Y lo mismo hizo ese día la propia María Dolores de Cospedal en su visita electoral a Reus (Tarragona), pese a haber sido la primera en abrir fuego político contra la presunta corrupción de Mas.

Detrás de estos cambios estaban las propias dudas en el cuartel general de los populares acerca del perjuicio que puede acarrearles la estrategia de victimización emprendida por los dirigentes de CiU.
No obstante, y tras justificar el rechazo parlamentario a las comparecencias de los ministros de Interior y Hacienda, solicitadas por CiU, Hernando replicó también esta estrategia de Mas. «Suele ser algo habitual», dijo, «que algunos intenten enrocarse en la bandera del victimismo para eludir sus responsabilidades y echar la culpa a los demás, pero en este asunto los culpables no son ni el Gobierno, ni España, ni la prensa, ni el presidente del Gobierno».

El Congreso rechaza la prisa de CiU: «No hay urgencia, ni emergencia»

Fernández y Montoro no comparecerán por la investigación policial antes de los comicios


Las comisiones de Interior y de Hacienda del Congreso rechazaron ayer con la mayoría absoluta del PP la comparecencia urgente de los ministros Jorge Fernández y Cristóbal Montoro para que expliquen lo que saben sobre la investigación policial al presidente catalán, Artur Mas, y a otros dirigentes de CiU antes de las elecciones del domingo. «No hay urgencia, ni emergencia», enfatizó el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando.

Los nacionalistas catalanes trataron sin éxito y con el apoyo del PSOE de que los dos ministros comparezcan «con la máxima urgencia» para «restituir el honor y el buen nombre del presidente de la Generalitat, Artur Mas».

El previsible rechazo del PP enfadó bastante a los dirigentes convergentes. Sus portavoces de Interior, Jordi Jané, y Hacienda, Josep Sánchez Llibre, se presentaron ante los periodistas en el Congreso visiblemente enfadados para solemnizar que las comparecencias eran urgentes porque «nos jugamos un proceso electoral ya que estos supuestos informes policiales ocupan las portadas de los periódicos y necesitamos que se esclarezcan los hechos antes de las elecciones».

El PP rechazó la urgencia de las comparecencias, aunque no que se produzcan en el futuro. En la Comisión de Interior, el portavoz popular argumentó que aún no se pueden pedir explicaciones al ministro, Jorge Fernández, porque existe «una investigación avanzada» que «el propio ministro ha destacado que se está llevando a cabo».

La Comisión de Hacienda, por contra, sí admitió la petición de la comparecencia de Montoro por sus declaraciones sobre la posible existencia de cuentas de Artur Mas y de la familia Pujol en paraísos fiscales. Pero la mayoría, con los votos del PP y de UPyD, rechazó que comparezca mañana mismo.
Jané cargó con dureza contra Montoro por las afirmaciones en las que afirmó que «quienes deben comparecer son los que tienen cuentas en Suiza». El diputado calificó sus palabras como «muy graves» y acusó al titular de Hacienda de lanzar «insinuaciones propias de un dirigente de un partido más que de un ministro». Por eso, le exigió una «rectificación» «antes de que se celebren las elecciones catalanas».

Según el diputado de CiU, «muchos catalanes» piensan que tras las investigaciones policiales que Interior ha confirmado hay «una operación del Estado para perjudicar electoralmente a Artur Mas y a CiU».

El martes, CiU solicitó la comparecencia urgente de ambos ministros antes de hoy, último día de campaña electoral, al entender que existe una clara intencionalidad política en la difusión de ese borrador policial, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, Meritxell Batet, justificó su apoyo a CiU porque es «imprescindible la máxima transparencia» para que los ciudadanos de Cataluña puedan concurrir a los comicios «con toda la información posible».

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, criticó duramente que se utilice el Congreso «para la campaña electoral y el victimismo». Si bien precisó que no le extraña porque «hay otra institución, la Generalitat, que se está utilizando para una campaña secesionista».

domingo, 11 de noviembre de 2012

Trashorras busca acogerse al nuevo plan de reinserción de terroristas



Ha pedido por escrito al juez permiso para verse con sus víctimas y pedirles perdón

NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosJosé Emilio Suárez Trashorras, el ex minero de Avilés condenado por el 11-M, está dando sus primeros pasos de cara a poder incorporarse al nuevo plan de reinserción puesto en marcha por el Gobierno.

Trashorras, que fue condenado a 34.715 años de cárcel por facilitar los explosivos con los que el 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 192 personas en Madrid, ha trasladado ya sus intenciones al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro.

Según explicaron a este periódico fuentes cercanas al proceso iniciado por el propio condenado, Trashorras ha remitido un escrito a este juez, vía su abogado, en el que pide reunirse con víctimas del 11-M para pedirles perdón.

Según explicaron estas mismas fuentes, el condenado no ha hecho una petición expresa al Ministerio del Interior o a Instituciones Penitenciarias solicitando formar parte de los nuevos programas de reinserción aprobados y presentados el pasado mes de abril por el Ejecutivo y que incluyen la participación de los condenados en cursillos de convivencia.

Pero los pasos que por vía de su abogado defensor apunta este condenado llevan este camino. Porque, además, en pequeña cuantía, el ex minero de Avilés (Asturias) está afrontando el pago de la responsabilidad civil por la que fue condenado primero por la Audiencia Nacional y en segunda instancia por el Tribunal Supremo.

Estas son condiciones, tanto mostrar su arrepentimiento ante las víctimas como afrontar las responsabilidades pecuniarias de sus condenas, imprescindibles a la hora de poderse acoger a este nuevo plan penitenciario del Ejecutivo.

En principio, según estas mismas fuentes, no parece que ninguna de las víctimas, familiares de los fallecidos o heridos, del 11-M esté dispuesto a sentarse ante Suárez Trashorras para escucharle pedir perdón. No obstante la puerta aún no se ha cerrado. De hecho, el escrito fue presentado recientemente por el letrado de Trashorras ante el juez de la Audiencia Nacional.

El Ejecutivo anunció el pasado mes de abril un nuevo plan penitenciario, un nuevo plan de reinserción para presos condenados por terrorismo. Pese a que el plan apuntaba esencialmente a los internos de la organización terrorista ETA, la iniciativa incluye al resto de condenados por todo tipo de terrorismo.

El Ejecutivo buscaba con esta nueva iniciativa tratar de «mover» al colectivo de presos etarras, romper esa situación de bloqueo en que se encuentran, de inmovilismo. Los expertos detectaron que había muchos internos de ETA dispuestos a dar el paso pero también detectaron el control férreo que aún mantiene la estructura etarra sobre su colectivo de presos.

La llamada vía Nanclares, puesta en marcha por el anterior Ejecutivo con la misma intención que el actual plan, dio algunos resultados, ya que fueron al menos una veintena de presos los que accedieron a dar pasos y lograron así, tras estar internados en los denominados 'laboratorios' de Zuera y Villabona, ser acercados a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.

El nuevo plan dejaba abierta la puerta a que también los condenados por el 11-M pudieran tratar de acceder a las vías de reinserción. Suárez Trashorras, hasta ahora, es el primero de estos internos que ya ha dado muestras de querer acceder a este plan al menos ante el juez de la Audiencia Nacional.

Uno de los beneficios penitenciarios de este plan iniciado en abril es el posible acercamiento a cárceles del País Vasco para los etarras. La posibilidad de que Trashorras pueda acceder a algún tipo de ventaja penitenciaria, de momento, está prácticamente descartada, recuerdan estas mismas fuentes.

Una iniciativa con incidencia relativa

La iniciativa del nuevo plan de reinserción de terroristas fue recibida con un frontal rechazo por las asociaciones de víctimas, que intuyeron movimientos extraños tras el anuncio de ETA. Entendieron que el Ejecutivo pretendía dejar una puerta abierta a los presos de ETA. Desde el Gobierno se insistió ante las víctimas, por activa y por pasiva, en que no se iban a rebajar ni un milímetro las exigencias a los presos etarras. El plan arrancó en abril. Han sido numerosos los encuentros entre víctimas y etarras, pero en la gran mayoría, esos terroristas no se vieron cara a cara con sus víctimas directas, con las víctimas de sus acciones. Pero sí se produjo un encuentro que ha sido lo más destacado de este plan del Ejecutivo que arrancó el pasado mes de abril: la entrevista entre una víctima del atentado de Hipercor y uno de los autores materiales de la matanza. Roberto Manrique, una de las víctimas de Hipercor, se entrevistó con el ex jefe del comando Barcelona en aquella época, Rafael Caride Simón. A su salida, tras el encuentro, explicó que el preso admitió que «por fin la política ha ganado la batalla al terrorismo» en el mundo de ETA y que la izquierda Abertzale también «debería reconocer el daño causado». En Hipercor, el comando del que formó parte Caride asesinó a 21 personas y dejó a 45 heridas. Sin embargo, éste ha sido el único encuentro con cierto peso que se ha producido en el marco de este nuevo plan diseñado por el Ejecutivo para tratar de romper el colectivo de presos y de dar facilidades a los que quieren dar pasos

Bildu, con los presos en el Día de la Memoria



Mintegi: «La reparación debe contar con todas las víctimas»

NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosLaura Mintegi no tiene el don de la ubicuidad. Puestos a elegir, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco se ha decantado por participar en la manifestación de apoyo a los presos de ETA y contra la política penitenciaria de España y Francia organizada por la izquierda abertzale para esta tarde en la localidad vascofrancesa de Bayona y no en ninguno de los actos institucionales programados en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa con motivo del Día de la Memoria, la jornada de homenaje a las víctimas del terrorismo y de vulneraciones de derechos humanos.

Mintegi, sin embargo, prometió que habrá representación de la coalición que integra a la antigua Batasuna, a EA, a Aralar y a Alternatiba -una escisión de IU en el País Vasco- en los actos del Día de la Memoria. La líder de la izquierda abertzale, de hecho, aseguró que ella misma habría participado en el homenaje a las víctimas en su calidad de portavoz de EH Bildu en caso de que la Cámara vasca, todavía presidida por Arantza Quiroga (PP), no hubiera suspendido la ofrenda floral prevista por no haber consenso sobre a qué tipo de víctimas recordar.

Mintegi calificó de «parcial» la idea de Quiroga de circunscribir a las víctimas del terrorismo -de ETA y de otros grupos como los GAL- el Día de la Memoria, prescindiendo de ese otro colectivo denominado otras víctimas, perjudicados por abusos de funcionarios del Estado, que el propio Gobierno del PSE ya reconoció esta legislatura mediante un decreto que prevé indemnizaciones. La intención de EH Bildu, añadió, era participar. ¿Por qué? Mintegi dio dos motivos. Primero, mostrar su buena voluntad en el camino hacia la reconciliación: «Hay que recuperar la memoria. La consecución de la paz se basa en la memoria». Y, segundo, para «dejar en evidencia [ante Quiroga] que un ejercicio de reparación y memoria debe tener en cuenta todos los sufrimientos y a las víctimas de todas las partes».

Éstas fueron las primeras reflexiones de Mintegi como portavoz de pleno derecho de la izquierda abertzale en el Parlamento vasco, realizadas, además, desde la propia sede parlamentaria. Como ella, los 21 electos de EH Bildu (11 de la izquierda abertzale, cinco de EA, tres de Aralar y dos de Alternatiba) se acreditaron ayer como parlamentarios vascos, en lo que constituye el regreso de la antigua Batasuna a la Cámara tras una legislatura de ausencia.

Mintegi y su equipo, visiblemente satisfechos por el acontecimiento, hablaron de «momento histórico» porque «nunca había habido tanta representación soberanista y de izquierdas». Los electos cogieron entre aplausos las acreditaciones y recibieron la primera consigna de la jefa Mintegi: «Felicidades a todos. Ahora toca trabajar».

El PSE dice que el PNV gobernará solo

El coordinador de la comisión negociadora del PSE, Rodolfo Ares, aseguró ayer en Bilbao que en la reunión mantenida con el PNV este partido le ha comunicado su voluntad de gobernar en solitario. Ares ha dado por cerradas las conversaciones «para hablar de la formación del nuevo gobierno» vasco, aunque su partido está dispuesto a dialogar sobre otras propuestas «concretas». Por la tarde, el PNV aseguró que no tomará una decisión sobre la fórmula de gobierno hasta el lunes, tras acabar su ronda de contactos con los partidos

miércoles, 7 de noviembre de 2012

'Operación limpieza' contra ETA en Navarra


El Ejecutivo foral acuerda con Madrid acabar con las pintadas proetarras

NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosAlgunas llevan más de veinte años sembrando el temor y lanzando avisos sordos en los pueblos de Navarra. La sombra de ETA está en sus pintadas. Pero el Gobierno de UPN, en colaboración con el Ejecutivo central, no está dispuesto a que la situación permanezca, a que en multitud de pueblos de la Comunidad Foral, ante la pasividad absoluta de las autoridades locales, se exalte con total impunidad a los asesinos etarras.

El Ejecutivo de Yolanda Barcina puso ayer la primera piedra para acabar con esas pintadas que, día tras día, a las víctimas del terrorismo les hacen revivir sus momentos más duros.

Ayer, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba Orduna, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo foral, Javier Morrás Iturmendi, firmaron un protocolo de colaboración para eliminar las pintadas, carteles o pancartas que existen en municipios de la comunidad foral y que incurren en una exaltación o enaltecimiento del terrorismo.

Según explicaron ayer, este acuerdo que refuerza la colaboración entre ambas instituciones y pone fin a la duplicidad de funciones en la materia, se toma tras comprobar «la dejación por parte de algunos ayuntamientos de sus funciones, tolerando que pintadas y carteles con alusiones al terrorismo o a terroristas permanezcan en sus municipios». Según la normativa actual, son los ayuntamientos las instituciones con competencia para la limpieza pública, también las pintadas, especialmente las de exaltación a ETA y a sus presos.

Pamplona y Madrid coinciden en la necesidad de poner fin a esta exaltación y acabar con lo que entienden también que es otro tipo de presión, otro elemento con el que ETA y su entorno trata de recordar a los que no piensan como ellos que están allí, que controlan el pueblo, que hacen lo que les da la gana, dentro de la más absoluta impunidad. Los dos gobiernos entienden que son también técnicas mafiosas y que hay que acabar con ellas. Pamplona y Madrid destacaron de nuevo ayer, tras firmar el acuerdo de colaboración, que esta situación supone el menosprecio y la humillación de las víctimas.

Y pretenden poner fin, una tras otra, a todas las pintadas. Para ello reclamarán la colaboración de los ayuntamientos donde persisten esas exaltaciones a los terroristas de la banda ETA.

Según la información facilitada por el Ejecutivo navarro, en virtud del protocolo, ante el conocimiento de alguna pintada o pancarta con alusiones terroristas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral elaborarán un informe, que será remitido de forma inmediata al Ministerio del Interior o a la Consejería de Interior del Gobierno navarro.

El Ejecutivo de Barcina y la Delegación del Gobierno pondrán en común dicho escrito. Se trata de que la información fluya a gran velocidad y no se produzcan retrasos administrativos; así como evitar duplicidades. Con estos informes, y en función del cuerpo policial que lo haya elaborado, será una u otra entidad la encargada de notificar al Ayuntamiento correspondiente la situación.

Es decir, las autoridades le dirán al Consistorio dónde tiene una pintada terrorista y su obligación de limpiarla. La Administración central o la autonómica le fijará al Ayuntamiento afectado un plazo de un mes para que ponga fin a esas pintadas terroristas. Una vez transcurrido el plazo, se comprobará que el requerimiento del Gobierno de Navarra o de la Delegación del Gobierno se haya hecho efectivo.

Si el Consistorio afectado no ha limpiado las pintadas, será apercibido. Y en ese momento, será el Ejecutivo Foral quien se haga cargo de la limpieza y eliminación de las pintadas. Pero el Ayuntamiento deberá correr con la factura de esa limpieza, que será realizada por una empresa contratada por el Gobierno de Barcina. En el caso de que se negara a satisfacer esa deuda, el Consistorio verá descontada esa cantidad de la aportación presupuestaria del Ejecutivo foral para el siguiente ejercicio. Esta actuación se llevará a cabo sin perjuicio de la remisión de los hechos a los órganos judiciales competentes, a efectos de depurar responsabilidades penales.

martes, 6 de noviembre de 2012

La Audiencia abre sus archivos a las víctimas


Tendrán acceso personalizado a las bases de datos sobre sumarios y expedientes

NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosSon pocas las veces que se logra la unanimidad en las asociaciones de víctimas del terrorismo. Y ayer fue una de ellas. Todas salieron del encuentro celebrado en la Audiencia Nacional con la satisfacción de haber recibido una buena noticia. Y es que ayer, el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, les informó de que estaba a punto de iniciarse el salto al siglo XXI, la posibilidad técnica de que las víctimas accedan a todos sus expedientes e informaciones de forma personalizada y por vía informática.

Junto a Juanes, el teniente fiscal de la Audiencia, el juez de vigilancia penitenciaria y las dos responsables de la oficina de asistencia a víctimas del terrorismo que desde el pasado mes de abril han estado empujando este proyecto para sacarlo adelante.

Este plan, pilotado por el Ministerio de Justicia y en el que ha colaborado también el Gobierno vasco, tratará de que las víctimas, a lo más tardar el próximo mes de enero, tengan acceso mediante una clave y vía internet a todas las informaciones que la Audiencia Nacional tengan sobre ellas.

La página web a la que accederán tendrá una parte pública, a la que podrá entrar cualquier ciudadano y en la que habrá información genérica sobre todos los grupos terroristas que han actuado en España. Pero solo mediante una clave se podrá tener acceso personalizado a los expedientes de las víctimas. Cada afectado sólo podrá conocer el suyo: tanto de la parte administrativa de su reconocimiento como víctima, como de los aspectos judiciales; es decir, de la evolución de su sumario salvo que esté declarado secreto. Y para ello, los integrantes de la oficina han tenido que hacer una labor de recopilación de material histórico muy importante. Como bien recuerdan los que han puesto en marcha este proyecto, la labor de búsqueda de los expedientes judiciales ha sido dura, «muy interesante, apasionante para un estudioso de la Historia», pero complicada.

Desde el año 1968 que ETA comienza a atentar hasta que nace en 1977 la Audiencia Nacional, las gestiones judiciales se realizaban en los tribunales militares. Y han sido continuos los viajes a La Coruña y a Burgos, donde estaban la mayoría de los sumarios. Ahora, una vez que se ponga en marcha este proyecto, las personas que perdieron a familiares en un atentado terrorista podrán acceder a toda la información allí recopilada.

En los archivos digitalizados estarán también todos aquellos casos prescritos, los que se han cerrado sin que se pudiera determinar la autoría.

La Audiencia Nacional ha dedicado una parte importante de su trabajo el pasado año a investigar los atentados de ETA con más de 20 años de antigüedad. La iniciativa se puso en marcha tras un encuentro del presidente de la Audiencia Nacional con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entonces presidida por Maite Pagazaurtundua.

Las víctimas reclamaban la investigación de 349 asesinatos de ETA que entendían estaban pendientes de resolución. Tras contrastar los datos que manejaban con los de la Fiscalía y con los de los juzgados, de los 349 casos reclamados por las víctimas, hay 273 asuntos sobre los que se ha dictado resolución. De ellos, 99 sentencias y el resto sobreseimientos y archivos definitivos o provisionales. Además, hay 10 asuntos que estaban en fase de tramitación, pendientes de actuación y hasta con fecha de juicio previsto.

Así, según los datos de que dispone la propia Audiencia, sólo quedaban 66 asuntos pendientes de localizar, en su mayoría con una antigüedad de más dos décadas. Las dificultades para avanzar se centran en que esos casos fueron instruidos cuando la Audiencia Nacional aún no existía y los atentados se instruían fuera de Madrid, en tribunales militares.

domingo, 4 de noviembre de 2012

Un informe sostiene que España debe reabrir 134 asesinatos de ETA



La familia del asesinado Latiegui remite copias al fiscal general, el ministro y la Defensora

NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosLas 164 páginas del informe Latiegui se encuentran desde el 10 de octubre en algún cajón del despacho del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. También lo tiene en sus manos el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y la defensora del pueblo, Soledad Becerril, cuyo equipo se ha comprometido a estudiarlo al detalle. La batalla jurídica para que los crímenes de ETA sean reconocidos como crímenes contra la Humanidad transcurre en paralelo en la Corte Penal Internacional, y su impulsor, el abogado especialista en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias, prepara ahora los papeles para acudir a la ONU.

La tesis del letrado -que lleva seis años imbuido en esta investigación y desde hace uno representa a Ramona Garrido, viuda de José María Latiegui, empresario asesinado por ETA en Usúrbil (Guipúzcoa) en 1981- se levanta sobre una lógica aparentemente aplastante. Defiende, primero, que ETA ha cometido «sin ninguna duda» crímenes de lesa Humanidad como los que perpetraron Hitler, Stalin o Miloševic, puesto que ha utilizado el asesinato selectivo y la persecución contra la población civil por motivos políticos.

De esa premisa se deriva una consecuencia: que España no ha aplicado ni aplica los tratados internacionales de derechos humanos que firmó en 1977 y 1979 -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, respectivamente-, según los cuales esos crímenes no pueden prescribir nunca.

Si se lleva a la práctica lo que este abogado reclama, la Fiscalía española tendría que reabrir 134 casos de asesinatos ya prescritos que se han producido desde la firma del primer tratado, en 1977, e incluso juzgar por un delito de crimen contra la Humanidad a quienes empujaron a muchos vascos al exilio, amenazándolos, lanzando cócteles molotov contra sus casas o quemándoles el coche.
Para poner en marcha esos procesos, España «no tendría que reformar su legislación interna», sino simplemente «cumplir con su obligación de aplicar la normativa internacional vigente», afirma Rodríguez. Tan fácil y tan complicado.

El asunto es «de justicia» para las víctimas y también socialmente, sostiene el abogado, ya que daría satisfacción a ese «derecho a la verdad» que la banda terrorista y sus cómplices están procurando torpedear reescribiendo su pasado.

Pero es también una empresa espinosa. Una vez que ETA ha anunciado que baja la persiana y los dos grandes partidos nacionales junto con el PNV buscan cómo reinsertar a sus presos, ahora que muchos juristas reclaman derogar la legislación antiterrorista... la posible consideración del terrorismo vasco como crimen contra la Humanidad y la cascada de consecuencias judiciales que traería esto componen una bomba de relojería demasiado grande para eso que ha dado en llamarse el nuevo tiempo en el País Vasco.

El letrado confía, no obstante, en que ninguna de las instancias que ha leído el documento ha puesto «objeción jurídica alguna» a su investigación, y cree que la cuestión es sencilla: «España sólo debe cumplir la ley internacional y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El alto tribunal, argumenta, ha resuelto cinco casos en los que se opone a que los crímenes de lesa Humanidad queden impunes: los casos Papon, Kolk, Korbely, Kononov y el de los tiradores del Muro de Berlín, porque quien comete un crimen contra la Humanidad «no debe ser obligatoriamente un Estado».

El informe se basa en la legislación internacional para atribuir a ETA este tipo de crímenes contra la Humanidad, que ya se definieron tras la Segunda Guerra Mundial en el Estatuto de Londres del tribunal penal de Nüremberg de 1945.

Cuarenta etarras han recibido este año actos de homenaje


Cargos públicos de EH Bildu participan en estas ceremonias de 'ongi etorri', que se celebran con toda la impunidad

Mientras la banda terrorista ETA sigue sin entregar las armas, sus miembros reciben honores a plena luz del día para humillación de sus víctimas. Entre aurreskus, flores y banderas de Euskal Presoak Etxera, los terroristas son vitoreados por cientos de personas cuando regresan a sus hogares después de haber cumplido condena.

Según ha podido saber EL MUNDO, en lo que va de año se han celebrado en el País Vasco y Navarra hasta 40 ongi etorris, actos de bienvenida a etarras que no fueron prohibidos por la Audiencia Nacional ni disueltos por las Fuerzas de Seguridad a pesar de que algunos habían sido denunciados previamente por Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, denuncia la pasividad de la Audiencia ante estos actos.

El presidente de Dignidad y Justicia tiene previsto reclamar este martes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ponga coto a estas situaciones de «impunidad judicial».

La secuencia de un ongi etorri siempre se repite. Cientos de personas convocadas por plataformas pro amnistía como Herrira aguardan impacientemente la llegada de su héroe. El actor principal hace entrada en escena y se desata la locura a pie de calle. Sus fans se agolpan para abrazarle y fotografiarse junto a él. Días más tarde, inmortalizarán sus instantáneas en Twitter o Facebook y sus amigos pincharán el botón de Me Gusta. La popularidad de este héroe no nace de haber trabajado en una ONG durante años.

Todo lo contrario. El susodicho se da un baño de masas y recibe la bendición de cargos de EH Bildu por haber sufrido la represión del Estado tras haber participado activamente en esa estrategia de terror que tantas familias ha destruido en España. El problema radica en que este tipo de episodios no son esporádicos en el País Vasco y Navarra.

Los actos han tenido lugar en localidades de todos los colores políticos, si bien no son los municipios los responsables últimos de su autorización: Bildu (siete ongi etorris), PNV (11 homenajes), UPN (nueve), PP (siete) y PSE (tres) y otros dos en Francia.

La cascada de actos de bienvenida no ha remitido desde el pasado 13 de enero. Aquel día se recibió con carantoñas en Guecho a Jon Rosales, un joven que ingresó en prisión acusado de pertenencia a ETA por su intento de integrar un comando en Guipúzcoa. Los actos han continuado desde entonces ante la pasividad de la Audiencia Nacional que, según denuncia Portero, no ha prohibido «ningún ongi etorri» en lo que va de año. A su juicio, la Fiscalía ha rehusado investigar la mayoría de estas bienvenidas una vez producidas e incluso en algunos casos las ha permitido expresamente pese a la denuncia previa de Dignidad y Justicia.

Por ejemplo, el pasado 28 de febrero la Audiencia permitió la celebración de un ongi etorri en Guecho al miembro de Segi Imanol Beristain, desoyendo la petición de cancelación por parte de la plataforma de Portero. Meses más tarde, hizo caso omiso a otra denuncia al consentir en Navarra el ongi etorri al dirigente de Ekin Josu Esparza.

El presidente de Dignidad y Justicia lamenta que la Audiencia, y concretamente su Fiscalía, esté demostrando cierta «desidia» a la hora de perseguir a los promotores de este tipo de actos, que hieren la sensibilidad de las víctimas de ETA y colocan a sus verdugos en el papel de héroes justo en un momento en el que está en juego el relato sobre el fin de ETA.

Portero recuerda que «nada más en 2011 los jueces de la Audiencia Nacional prohibieron una cuarentena de ongi etorris frente a este año en el que no han suspendido ninguno». También carga las tintas contra la Ertzaintza «por no haber actuado de oficio y haber disuelto los ongi etorris» cuando sabían que se estaban produciendo. «No sé donde ha quedado ese discurso de tolerancia cero del Gobierno del PSE», ironiza.

Portero, además, explica que «cada vez es más complicado» detectar este tipo de celebraciones porque los organizadores, a diferencia de antaño, «ya no los publicitan con anterioridad» y sólo promocionan el acto de ensalzamiento cuando ya ha tenido lugar.

El portavoz de Dignidad y Justicia lamenta que su organización sea la que está persiguiendo este tipo de actuaciones cuando debería ser labor de la Fiscalía. «Quien tiene que perseguir la defensa de la legalidad es el fiscal», expresa Portero, que prepara ya una serie de iniciativas legales para poner coto a estas celebraciones.

Portero remitirá una carta este martes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para reclamarle que pida a sus fiscales y jueces que dejen de ser pasivos ante esta situación. «El fiscal general debe saber lo que tiene dentro de la Audiencia Nacional», indica Portero, que subraya que la mayoría de los fiscales y jueces entienden que dar la bienvenida a terroristas «no es constitutivo de delito» de antemano y se decantan por esperar a que se produzca el hecho para después investigarlo. «El problema», según explica Portero, es que la Justicia una vez celebrado el homenaje «no lo investiga».

Portero se mostró muy crítico cuando el fiscal Marcelo Azcárraga no quiso solicitar al juez la prohibición del ongietorri al miembro de Ekin, Josu Esparza, celebrado en Navarra a principios de octubre por considerar que no era delito. «Habiendo denunciado un acto de enaltecimiento del terrorismo como es un ongi etorri de un miembro de Ekin, nos hemos encontrado con la frecuente pero no nueva sorpresa de que, para el fiscal no es delito. Aún no sé si este fiscal conoce el significado de enaltecer a ETA, pero para los que llevamos mucho tiempo en esta lucha, un ongietorri a un miembro de ETA o su entorno no es más que alabar, ensalzar, enaltecer la figura de un terrorista», expresó Portero en una carta que dirigió a este diario.

Para Portero, los ongietorris deben ser «prohibidos automáticamente» ya que se sabe de antemano «que buscan enaltecer a terroristas».

sábado, 3 de noviembre de 2012

El fiscal acusará al asesor de Bildu Ibaceta por amenazas terroristas

MANUEL MARRACO MADRID 03/11/2012 ESPAÑA /El Mundo

«Os voy a pegar dos tiros, gora ETA», les dijo a tres aficionados con una bandera de España
Fiscalía de la Audiencia Nacional acusará al asesor de Bildu Josetxo Ibaceta de un delito de amenazas de carácter terrorista. El fiscal quiere sentarle en el banquillo por amenazar a tres aficionados que celebraban una victoria de España en la Eurocopa.

En el momento de los hechos, Ibaceta era mano derecha del alcalde de Bildu en San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, puesto del que dimitió después de que este diario informara de lo sucedido.

El Ministerio Público ha remitido al juez del caso, Pablo Ruz, un escrito en el que le pide que siga adelante con la causa y dicte contra Ibaceta el llamado auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento.

El escrito del fiscal Carlos Bautista estima que los hechos encajan en el delito de amenazas no condicionales con carácter terrorista a los tres aficionados de la selección española, que hoy son testigos protegidos. Esa calificación jurídica se traduciría en una condena de entre un año y tres meses y dos años de prisión.

El relato de hechos aportado por el fiscal es el siguiente: «Sobre las 23.00 horas del día 1 de julio de 2012, cuando los testigos [...] se encontraban en el Casco Viejo de la ciudad de San Sebastián, en la calle San Gerónimo, provincia de Guipúzcoa, para celebrar el triunfo de la selección española en la final de la Eurocopa de fútbol ganada ese día frente a Italia, portando una enseña nacional, se les acercó un grupo de cuatro personas, entre los que se encontraba el imputado José Juan Ibaceta Gómez, [...] y comenzó a increparles por llevar la bandera de España, con expresiones tales como: 'Venís aquí a provocar con la bandera española, 'Iros de aquí, iros a España'. Concretamente, el imputado Ibaceta, profunda y visiblemente irritado al ver en el casco Viejo de San Sebastián la bandera de España, se dirigió a los denunciantes con las siguientes palabras: 'Voy a sacar la pistola y os voy a pegar dos tiros, GORA ETA MILITARRA';. Después, el grupo del que formaba parte el imputado expulsó a empujones a los denunciantes del casco Viejo, llegándoles incluso a tirar platos».
El fiscal explica que «los hechos así narrados» encajan en el artículo 169.2 del Código Penal: «El que amenazare a otro con causarle [...] un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, [...] será castigado: [...] Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional».
Ese mínimo de seis meses de cárcel sube hasta los 15 al considerar el fiscal que concurre también el artículo 577: «Los que, sin pertenecer a organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social político o profesional, cometieren [...] amenazas o coacciones contra las personas, [...] serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad superior».
Si el juez sigue el criterio del fiscal, la defensa de Ibaceta podrá recurrir a la Sala pidiendo que archive el caso o, al menos, lo califique como falta, lo que supondría enviarlo al País Vasco y dejar la condena en multa.
Ibaceta llegó a estar imputado por pertenencia a organización terrorista en el sumario contra PCTV y ANV, aunque finalmente no fue acusado. Ibaceta fue arrestado en 2003 por unos incidentes en la constitución del Ayuntamiento de San Sebastián. Le cayó una multa de 300 euros por desobediencia a la autoridad.



El juez confirma la exclusión de Hidalgo del 'caso Faisán'

M. MADRID


03/11/2012 16 ESPAÑA /El Mundo









Ruz rechaza los recursos que pedían el procesamiento del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo se alejó ayer otro pasito del banquillo de la Audiencia Nacional. El juez del caso Faisán, Pablo Ruz, desestimó los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones, en los que pedían que se procesase al ex director general de la Policía por su participación en el chivatazo. En el mismo auto, el juez rechaza los recursos de las defensas y confirma el procesamiento del ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y del inspector José María Ballesteros.

Una vez resueltos los de reforma, es el turno de los recursos clave, los de apelación que ahora estudiará la Sala de lo Penal, que el año pasado revocó los procesamientos. Lo hizo en un Pleno porque así lo quiso su entonces presidente, Javier Gómez Bermúdez. El actual presidente, Fernando Grande-Marlaska, ya ha dicho que el no avocará asuntos al Pleno, por lo que en principio los recursos los resolverá quien siempre lo había hecho, la Sección Segunda. La única opción de que vuelva al Pleno es que la mayoría de magistrados de la Sala así lo solicite.

En su auto, el juez explica que el último año de investigaciones ha reforzado la imputación contra Pamies y Ballesteros, pero no ha aportado nada nuevo contra Hidalgo. Y que, puesto que la Sala de lo Penal dijo en su día que lo que había contra el socialista vasco no bastaba, no puede volver a procesarlo. «Los indicios apuntados por ambas asociaciones [AVT y Dignidad y Justicia] son los que ya fueron valorados en el anterior auto de procesamiento que resultó revocado».

En cuanto a la ratificación de los procesamientos, el juez dice que esas nuevas diligencias han tenido dos consecuencias: por un lado, han aportado indicios «con la consistencia» exigida en su día por la Sala; por otro, «se ha evidenciado» la «inviabilidad» de que la llamada del soplo fuera la sugerida por las defensas.
La Fiscalía había rechazado la estimación de todos los recursos, eludiendo de nuevo la más mínima referencia a la peliaguda cuestión de la calificación jurídica. El juez considera que el chivatazo fue un delito de colaboración terrorista, mientras que -al menos hasta ahora- la Fiscalía de la Audiencia lo considera una mera revelación de secretos.

jueves, 1 de noviembre de 2012

La hermana de Ordóñez logra en Venezuela datos sobre la conexión entre Chávez y ETA

M. ALONSO SAN SEBASTIÁN 01/11/2012 PORTADA/El Mundo


NO colabores con los secesionistas de Cataluña llenándoles los bolsillos con tu dinero e impuestos. NO compres sus productos ni contrates sus serviciosLa portavoz de la asociación vasca de víctimas Covite, Consuelo Ordóñez, viajó este fin de semana a Venezuela, donde consiguió acceder a una cárcel para recibir información clave para reactivar el sumario que investiga las relaciones del régimen de Hugo Chávez con ETA y las FARC.
La representante de las víctimas se entrevistó con un testigo protegido del caso en una prisión, a la que accedió haciéndose pasar por familiar del recluso.
La hermana del edil del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, se entrevistó con el oficial venezolano Milton Revilla en el centro para militares en el que le recluyó el Ejecutivo de Chávez el pasado mes de diciembre para «quitárselo de en medio», según Covite, por ser «testigo presencial de su colaboración con ETA» cuando estaba destinado a una zona en la que se entrenaban los etarras. Para no despertar sospechas, accedió con familiares del preso haciéndose pasar por una más (para lo que se sirvió del hecho real de ser nacida en Caracas).
Revilla había sido citado a declarar como testigo protegido en julio de 2011 dentro del sumario abierto por el juez de la Audiencia Nacional Velasco, pero no compareció porque fue encarcelado por filtrar información contra la seguridad de las fuerzas armadas. Según Covite, se trató de una represalia para evitar que implicase al régimen bolivariano.
En el encuentro con Consuelo Ordóñez, este militar «clave» le detalló información acerca del contenido de documentos existentes en los que fundamenta la denuncia de esta connivencia (entre otros, a través del etarra Arturo Cubillas) y las instancias donde estarían localizados.
A su vuelta a España, el lunes, Ordóñez facilitó los datos a la Audiencia Nacional, que va a cursar una orden para reclamar esta información al Ejecutivo de Chávez. «Espero que surta efecto, ya que si no lo denunciaremos», declaró la víctima del terrorismo a este diario.
La colaboración entre ETA y las FARC, con la posible anuencia en la última década del Gobierno bolivariano de Hugo Chávez, se remonta al menos a 1993. En la investigación que dirige el juez Velasco, se señala como clave de bóveda al etarra protegido por Venezuela Arturo Cubillas. En el sumario se ha constatado que varios miembros de ETA impartieron cursos a guerrilleros en la selva venezolana.
El juez mantiene procesados en España como responsables del aparato de ETA en Venezuela a sus ex jefes Thierry y Ata y, sobre todo, al mencionado Cubillas, reclamado por el Gobierno español desde octubre de 2010 y sin respuesta de las autoridades venezolanas.
La versión de Milton Revilla consiste en que, en septiembre de 2000, estaba destinado como comandante en el Estado de Zulia, fronterizo con Colombia, y allí recibió a un grupo de etarras que acudía a compartir entrenamiento con las FARC, bajo el mando de Arturo Cubillas.
Covite conoció la posibilidad de entrevistarse con el testigo protegido después de que un contacto en Venezuela hiciera llegar el mensaje de «socorro» del militar preso ante el riesgo de que desapareciera una documentación «vital». Se trataría de los informes que habría redactado él mismo para probar esta relación con ETA. La normativa administrativa venezolana establece que deben destruirse al cabo de 10 años y ese plazo vencerá dentro de dos meses.
Ahora, la Audiencia deberá cursar un oficio al Gobierno venezolano para que colabore con la Justicia y entregue estos documentos para avanzar en la causa abierta por el juez. Antes de viajar, Ordóñez se había garantizado el compromiso del fiscal jefe, Javier Zaragoza, de que la información iba a ser tenida en cuenta para avanzar en el sumario.
El viaje se enmarca dentro de la denuncia de Covite de que Chávez ha creado «un santuario de etarras» al dar protección a medio centenar de terroristas que suman 40 de «los 326 asesinatos que se encuentran a día de hoy sin resolver».
Ordóñez celebra que el objetivo del viaje se «ha cumplido». «Estoy muy satisfecha porque nos la jugábamos y todo ha servido mucho», señala, aún «impresionada» por el «valor» de un «testigo excepcional», que «está poniendo en riesgo su vida y libertad para denunciar esta impunidad».