El Ejecutivo foral acuerda con Madrid acabar con las pintadas
proetarras
Algunas llevan más de veinte años sembrando el temor y lanzando avisos sordos
en los pueblos de Navarra. La sombra de ETA está en sus pintadas. Pero el
Gobierno de UPN, en colaboración con el Ejecutivo central, no está dispuesto a
que la situación permanezca, a que en multitud de pueblos de la Comunidad Foral,
ante la pasividad absoluta de las autoridades locales, se exalte con total
impunidad a los asesinos etarras.
El Ejecutivo de Yolanda Barcina puso ayer la primera piedra para acabar con esas pintadas que, día tras día, a las víctimas del terrorismo les hacen revivir sus momentos más duros.
Ayer, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba Orduna, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo foral, Javier Morrás Iturmendi, firmaron un protocolo de colaboración para eliminar las pintadas, carteles o pancartas que existen en municipios de la comunidad foral y que incurren en una exaltación o enaltecimiento del terrorismo.
Según explicaron ayer, este acuerdo que refuerza la colaboración entre ambas instituciones y pone fin a la duplicidad de funciones en la materia, se toma tras comprobar «la dejación por parte de algunos ayuntamientos de sus funciones, tolerando que pintadas y carteles con alusiones al terrorismo o a terroristas permanezcan en sus municipios». Según la normativa actual, son los ayuntamientos las instituciones con competencia para la limpieza pública, también las pintadas, especialmente las de exaltación a ETA y a sus presos.
Pamplona y Madrid coinciden en la necesidad de poner fin a esta exaltación y acabar con lo que entienden también que es otro tipo de presión, otro elemento con el que ETA y su entorno trata de recordar a los que no piensan como ellos que están allí, que controlan el pueblo, que hacen lo que les da la gana, dentro de la más absoluta impunidad. Los dos gobiernos entienden que son también técnicas mafiosas y que hay que acabar con ellas. Pamplona y Madrid destacaron de nuevo ayer, tras firmar el acuerdo de colaboración, que esta situación supone el menosprecio y la humillación de las víctimas.
Y pretenden poner fin, una tras otra, a todas las pintadas. Para ello reclamarán la colaboración de los ayuntamientos donde persisten esas exaltaciones a los terroristas de la banda ETA.
Según la información facilitada por el Ejecutivo navarro, en virtud del protocolo, ante el conocimiento de alguna pintada o pancarta con alusiones terroristas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral elaborarán un informe, que será remitido de forma inmediata al Ministerio del Interior o a la Consejería de Interior del Gobierno navarro.
El Ejecutivo de Barcina y la Delegación del Gobierno pondrán en común dicho escrito. Se trata de que la información fluya a gran velocidad y no se produzcan retrasos administrativos; así como evitar duplicidades. Con estos informes, y en función del cuerpo policial que lo haya elaborado, será una u otra entidad la encargada de notificar al Ayuntamiento correspondiente la situación.
Es decir, las autoridades le dirán al Consistorio dónde tiene una pintada terrorista y su obligación de limpiarla. La Administración central o la autonómica le fijará al Ayuntamiento afectado un plazo de un mes para que ponga fin a esas pintadas terroristas. Una vez transcurrido el plazo, se comprobará que el requerimiento del Gobierno de Navarra o de la Delegación del Gobierno se haya hecho efectivo.
Si el Consistorio afectado no ha limpiado las pintadas, será apercibido. Y en ese momento, será el Ejecutivo Foral quien se haga cargo de la limpieza y eliminación de las pintadas. Pero el Ayuntamiento deberá correr con la factura de esa limpieza, que será realizada por una empresa contratada por el Gobierno de Barcina. En el caso de que se negara a satisfacer esa deuda, el Consistorio verá descontada esa cantidad de la aportación presupuestaria del Ejecutivo foral para el siguiente ejercicio. Esta actuación se llevará a cabo sin perjuicio de la remisión de los hechos a los órganos judiciales competentes, a efectos de depurar responsabilidades penales.
Algunas llevan más de veinte años sembrando el temor y lanzando avisos sordos
en los pueblos de Navarra. La sombra de ETA está en sus pintadas. Pero el
Gobierno de UPN, en colaboración con el Ejecutivo central, no está dispuesto a
que la situación permanezca, a que en multitud de pueblos de la Comunidad Foral,
ante la pasividad absoluta de las autoridades locales, se exalte con total
impunidad a los asesinos etarras. El Ejecutivo de Yolanda Barcina puso ayer la primera piedra para acabar con esas pintadas que, día tras día, a las víctimas del terrorismo les hacen revivir sus momentos más duros.
Ayer, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba Orduna, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo foral, Javier Morrás Iturmendi, firmaron un protocolo de colaboración para eliminar las pintadas, carteles o pancartas que existen en municipios de la comunidad foral y que incurren en una exaltación o enaltecimiento del terrorismo.
Según explicaron ayer, este acuerdo que refuerza la colaboración entre ambas instituciones y pone fin a la duplicidad de funciones en la materia, se toma tras comprobar «la dejación por parte de algunos ayuntamientos de sus funciones, tolerando que pintadas y carteles con alusiones al terrorismo o a terroristas permanezcan en sus municipios». Según la normativa actual, son los ayuntamientos las instituciones con competencia para la limpieza pública, también las pintadas, especialmente las de exaltación a ETA y a sus presos.
Pamplona y Madrid coinciden en la necesidad de poner fin a esta exaltación y acabar con lo que entienden también que es otro tipo de presión, otro elemento con el que ETA y su entorno trata de recordar a los que no piensan como ellos que están allí, que controlan el pueblo, que hacen lo que les da la gana, dentro de la más absoluta impunidad. Los dos gobiernos entienden que son también técnicas mafiosas y que hay que acabar con ellas. Pamplona y Madrid destacaron de nuevo ayer, tras firmar el acuerdo de colaboración, que esta situación supone el menosprecio y la humillación de las víctimas.
Y pretenden poner fin, una tras otra, a todas las pintadas. Para ello reclamarán la colaboración de los ayuntamientos donde persisten esas exaltaciones a los terroristas de la banda ETA.
Según la información facilitada por el Ejecutivo navarro, en virtud del protocolo, ante el conocimiento de alguna pintada o pancarta con alusiones terroristas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral elaborarán un informe, que será remitido de forma inmediata al Ministerio del Interior o a la Consejería de Interior del Gobierno navarro.
El Ejecutivo de Barcina y la Delegación del Gobierno pondrán en común dicho escrito. Se trata de que la información fluya a gran velocidad y no se produzcan retrasos administrativos; así como evitar duplicidades. Con estos informes, y en función del cuerpo policial que lo haya elaborado, será una u otra entidad la encargada de notificar al Ayuntamiento correspondiente la situación.
Es decir, las autoridades le dirán al Consistorio dónde tiene una pintada terrorista y su obligación de limpiarla. La Administración central o la autonómica le fijará al Ayuntamiento afectado un plazo de un mes para que ponga fin a esas pintadas terroristas. Una vez transcurrido el plazo, se comprobará que el requerimiento del Gobierno de Navarra o de la Delegación del Gobierno se haya hecho efectivo.
Si el Consistorio afectado no ha limpiado las pintadas, será apercibido. Y en ese momento, será el Ejecutivo Foral quien se haga cargo de la limpieza y eliminación de las pintadas. Pero el Ayuntamiento deberá correr con la factura de esa limpieza, que será realizada por una empresa contratada por el Gobierno de Barcina. En el caso de que se negara a satisfacer esa deuda, el Consistorio verá descontada esa cantidad de la aportación presupuestaria del Ejecutivo foral para el siguiente ejercicio. Esta actuación se llevará a cabo sin perjuicio de la remisión de los hechos a los órganos judiciales competentes, a efectos de depurar responsabilidades penales.
