La juez cita a Zougam para saber si las testigos del 11-M mintieron

• JOAQUÍN MANSO MADRID 24/11/2012 PORTADA/El Mundo

Da la oportunidad de defender su inocencia al único condenado como autor material de la matanza que denunció por falso testimonio a las dos mujeres que le reconocieron

Dentro de las diligencias acordadas interrogará a su madre, a su hermana y a su hermano, que aseguran que esa mañana a la hora del atentado Zougam dormía en su domicilio

El único condenado por poner las bombas del 11-M será trasladado desde la cárcel de Villena (Alicante) hasta los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para que pueda defender en persona su proclamada inocencia. En una decisión insólita, la juez Belén Sánchez ha reconsiderado su negativa inicial a citar a Jamal Zougam, a su familia y al testigo más importante sin que en el procedimiento que se sigue por falso testimonio contra las dos testigos que determinaron su condena se haya producido ninguna novedad relevante.

Lo que sí ha ocurrido un día antes, pero en otro juzgado situado a escasos metros, en el mismo pasillo, es que se dictó un sobreseimiento libre tras constatarse que esas dos mujeres rumanas acusaron en falso a este diario de coacciones.

Zougam, su hermano Mohamed y su madre, Aicha, volverán el 18 de diciembre a un juzgado a reiterar la versión que han mantenido desde marzo de 2004: que, a la hora del atentado, el marroquí dormía en casa. Su hermana Samira, también citada, comparecerá por primera vez en sede judicial.

El marroquí Jamal Zougam saldrá de la celda de aislamiento en la que lleva casi nueve años recluido -y en la que está condenado a pasar prácticamente el resto de su vida- para ser conducido en furgón policial desde Villena hasta Madrid. La juez podía haber optado por que se le tomase declaración por exhorto ante los juzgados de la localidad alicantina, pero ha preferido valorar su credibilidad con su presencia física inmediata.

Hasta la fecha, la juez Belén Sánchez, que está afiliada a la asociación de sensibilidad progresista Jueces para la Democracia, había bloqueado, con el apoyo de la fiscal Rosa Mayoral, todas las iniciativas planteadas por los abogados de Zougam.

Contra su opinión, la juez se vio obligada a admitir la querella porque la Audiencia de Madrid le ordenó imputar a las testigos para investigar si «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral». Después, mantuvo su rechazo a citarlas y descartó todas las pruebas testificales que se le habían pedido.

Súbitamente, sin que se haya producido ninguna novedad en ese procedimiento -la Audiencia Nacional no ha enviado la documentación que se le ha pedido y el Ministerio del Interior ha rehuido hacerlo-, la juez ha cambiado de criterio y ha estimado sendos recursos de reforma de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar.

El recurso de reforma es el que se presenta ante el mismo juzgado que ha tomado una decisión y es del todo excepcional en la práctica judicial que un juez revoque una resolución propia: en este caso, dos de golpe y, en ambos casos, con la añadida oposición de la fiscal.

El Juzgado de Instrucción número 39, del que es titular Belén Sánchez, se encuentra en la sexta planta del edificio de la sede judicial de la Plaza de Castilla, puerta con puerta con el número 38, que un día antes había dictado en términos durísimos el sobreseimiento libre de la denuncia que las testigos habían presentado por coacciones contra este diario.

«En ningún caso se les requirió para decir algo diferente a lo que era verdad ni en absoluto se les intimidó para que lo hicieran», señala esa resolución. Respecto de una de ellas, que llegó a describir el ofrecimiento de un puesto de trabajo a cambio de perjurio o la advertencia de que la victoria del PP podría suponerle un problema, el juez dice que los hechos ocurrieron «contrariamente a lo que ella señaló».

La decisión de la juez Sánchez de citar a Zougam implica ya una revisión de facto de los hechos que fueron declarados probados en la sentencia del 11-M en un aspecto nuclear: la participación del único condenado por colocar las bombas. El marroquí fue detenido el 13 de marzo de 2004 junto a su hermano y su socio, de la misma nacionalidad, porque en su tienda de teléfonos del barrio multiétnico de Lavapiés se había vendido la tarjeta que apareció en la mochila bomba que no llegó a estallar y que la Policía encontró en una comisaría de Vallecas. El arresto de tres musulmanes en la víspera de las elecciones, cuando el Gobierno seguía sosteniendo la tesis de la autoría de ETA, precipitó el vuelco electoral del 14-M.

Su hermano y su socio fueron liberados en junio, sin que ninguna prueba pesase en su contra. Zougam, en cambio, sigue en prisión casi nueve años después porque dos mujeres rumanas que testificaron contra él después de que todos los medios de comunicación difundiesen su fotografía y en circunstancias extrañísimas que no fueron conocidas por el tribunal -tanto, que han sido imputadas por falso testimonio- mantuvieron en el juicio del 11-M que le habían visto en el tren de Santa Eugenia con una mochila.

El Tribunal Supremo estableció que la única «prueba de cargo» contra el marroquí son los testimonios de esas dos mujeres, ya que no se encontró ninguna conexión entre él y la célula islamista que atentó en los trenes, ni han aparecido huellas o restos suyos en los domicilios o vehículos que utilizaron.

De hecho, la Audiencia de Madrid, cuando ordenó la admisión de la querella, destacó la «trascendencia» que tuvieron, porque Jamal Zougam recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena.

• JOAQUÍN MANSO MADRID 24/11/2012 ESPAÑA

El testigo clave comparecerá el mismo día

La juez Belén Sánchez ha estimado un segundo recurso de reforma en el que acuerda que comparezca, el mismo día que Jamal Zougam y su familia, la persona que ocupase el cargo de cónsul de Rumanía en Madrid en 2004. La Audiencia Provincial, en la resolución en la que ordenó admitir la querella contra las dos mujeres rumanas, señaló que debía ser «singularmente» investigado el reportaje que publicó este diario el 6 de diciembre de 2011, destacando que hasta la fecha no ha sido desmentido. En él se relataba que, según fuentes de la investigación, la testigo identificada como C-65 se había entrevistado el 1 de abril de 2004 con el cónsul de Rumanía con la intención inicial de obtener las indemnizaciones que el Gobierno rumano había dispuesto para las víctimas de los atentados. En aquella ocasión, la testigo contó al representante de la misión consular que viajaba en los trenes del 11-M con una mujer que la acompañaba en ese momento y que también pretendía obtener el dinero de las víctimas. El nombre de esa persona es, sin embargo, distinto del de la testigo J-70, que fue la que en el juicio dijo que viajaba en el tren con la testigo C-65. J-70 no apareció en el procedimiento hasta febrero de 2005, nada menos que 11 meses después del atentado, cuando compareció en la Audiencia Nacional y afirmó que había visto a un terrorista en los trenes. El tribunal condenó a Jamal Zougam sin tener en cuenta una circunstancia que fue desvelada por este diario: que sólo 15 días antes de esa primera declaración, la testigo J-70 había sido descartada definitivamente como víctima de los atentados por los técnicos del Ministerio del Interior, que la examinaron dos veces y no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. Ese hecho le cerraba las puertas, principalmente, a obtener la regularización de su situación en España y las indemnizaciones. Tras acusar a Zougam, terminó cobrando 48.000 euros. J-70 había comparecido en comisaría para pedir los papeles; ante la Dirección General de la Policía para solicitar la indemnización; ante una abogada para personarse en el sumario; ante un tribunal médico, y ante una subsecretaria de Interior. Y nunca dijo que hubiese visto a Zougam en el tren.