Europa Press. Madrid|30/04/2013 a las 20:34 /Heraldo.es
La Asociación de Víctimas del Terrorismo incluye el delito de colaboración con manda armada en su acusación contra Pamies y Ballesteros por el chivatazo al aparato de extorsión de ETA.
Enrique Pamies Medina, exjefe superior de la Policía del País Vasco y actual comisario de Huesca.. HA
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita la imposición de8 años y medio de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y 8 años de prisión para el entonces inspectorJosé María Ballesteros al considerar que cometieron un delito decolaboración con banda armada y otro delito de revelación de secretos como responsables del 'chivatazo' al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA, que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
En el escrito de calificación provisional de los hechos que ha presentado en la Audiencia Nacional, la asociación de víctimas también solicita para Pamies la imposición de una multa de 36.000 euros y cinco años de inhabilitación en su puesto. Para Ballesteros, la multa que se pide es de 25.200 euros y la inhabilitación de 4 años.
De este modo, la acusación popular acoge el criterio del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien el pasado 19 de abril ordenó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación contra los dos mandos imputados de cara al juicio que se celebrará próximamente contra ellos.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.
En su escrito, la AVT solicita la comparecencia de 106 testigos, entre ellos al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa y otros miembros de su familia, como su hijo, su esposa Avelina Llanos y su cuñado José Carmelo Lunquín. También pide la citación de una agente de la División Nacional Antiterrorista francesa y del periodista de La Razón José María Zuloaga.
Además, pide que depongan en el juicio más de una veintena de peritos para que ratifiquen distintos informes realizados sobre el cruce de llamadas entre los investigados, cobertura de las mismas, la cinta videográfica que grababa la entrada al bar Faisán, diferentes estudios informáticos y un informe pericial antropométrico sobre si la persona que aparece en imágenes grabadas en el entorno del establecimiento es Ballesteros.
También se dice que cuando se pudo llevar a efecto la operación contra el aparato de extorsión, 45 días más tarde, salvo un recibo justificativo del pago del impuesto a ETA intervenido Aldanur "no se halló ningún otro elemento indiciario en poder de los detenidos que corroborara la actividad delictiva desarrollada por los miembros de la red". Estos datos tampoco se encontraron tras dos años de intensas investigaciones.
Las víctimas advierten igualmente en su escrito que los agentes acusados permitieron a ETA acceder a una información que "de otra forma, nunca hubieran podido conocer" y que por ello "restringieron al mínimo las posibilidades de acceder al material objetivamente esperado en el momento de la concreción de las detenciones".
Los investigadores intuían que en dicha cita Aguirre entregaría 54.000 euros a Elosúa procedente de un empresario extorsionado, que éste a su vez daría a Cal Aldanur cuando viniera de Francia.
Esa misma tarde, una vez producida la entrega del dinero, Pamiés tuvo conocimiento del operativo policial que se iba a poner en marcha y del que resultaría la detención de Aguirre, según el relato de la AVT. Dicho conocimiento provino de la llamada que le realizó el jefe provincial de San Sebastián, que le informó de la necesidad e utilizar Unidades de Intervención Policial (UIP) en el operativo. También obtuvo otros datos de otras conversaciones esa noche con la Jefa de la Sección de Análisis de la Brigada.
Con este objetivo, el exjefe superior de Policía contactó con José María Ballesteros, destinado en la Brigada de Información de Vitoria a las 00.06 del ya 4 de mayo "solicitándole que en la mañana del mismo día se desplazase hasta Irún y contactase con Joseba Elosúa para que, a través del teléfono, pueda proporcionar a este información sobre el objetivo de la investigación".
Añade el escrito que Ballesteros aceptó "a sabiendas de que lo solicitado constituía una actuación ilícita". Para justificar sus futuros actos el inspector realizó tres llamadas de teléfono a compañeros de la Brigada de Información de Vitoria.
Sigue el escrito que la mañana del 4 de mayo, y paralelamente a que los funcionarios encargados de la operación contra el aparato de extorsión se coordinaran, Ballesteros llegó a Irún y se dirigió a la casa de Elosúa,preguntando por la ubicación del Faisán a una señora que casualmente era la esposa del dueño del establecimiento.
A las 11.00 Elosúa salió del garaje de su casa en coche hacia el bar y en ese momento advirtió la presencia de Ballesteros, aunque no se produjo contacto entre ellos. Sigue el relato de hechos que el policía se dirigió después hacia el Faisán si bien por el camino llamó a Pamies para decirle que no había podido contactar con Elosúa en su domicilio.
Según mantiene la AVT, a las 11.17 aparece la imagen de Ballesteros en la cámara de videovigilancia que había sido colocada por la Policía frente al bar.
El agente entró por la puerta de atrás y se dirigió a Elosúa, quien le responde si quiere hablar con el padre o con el hijo "respondiéndole Ballesteros que con el padre y a continuación tras llamar al teléfono al señor Pamies siendo las 11.23 le pasa el teléfono al señor Elosúa, quien habla con Pamiés y este le informa de determinadas cuestiones relacionadas con la investigación llevada a cabo contra la red de extorsión, dándole datos y detalles muy recientes de dicha operación".
Entre esos detalles la AVT subraya el conocimiento de la comida realizada el día anterior en la sidrería, el hecho de que tuviera intervenido el teléfono, de que fuera consciente de la situación política, datos sobre otras personas investigadas y que no comente con nade la información que le está transmitiendo.
La conversación mantenida entre Pamiés y Elosúa determinó, según la AVT, que éste avisase a su cuñado Carmelo Luquin y se dirigiera a una lonja que posee en el municipio "donde los investigadores pensaban que se hallaban documentos relativos a la extorsión, así como sellos de ETA y dinero". Elosúa y su cuñado se desplazaron a Francia para contactar con Cau Aldanur y ponerle al corriente de lo acontecido.
En el escrito de calificación provisional de los hechos que ha presentado en la Audiencia Nacional, la asociación de víctimas también solicita para Pamies la imposición de una multa de 36.000 euros y cinco años de inhabilitación en su puesto. Para Ballesteros, la multa que se pide es de 25.200 euros y la inhabilitación de 4 años.
De este modo, la acusación popular acoge el criterio del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien el pasado 19 de abril ordenó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación contra los dos mandos imputados de cara al juicio que se celebrará próximamente contra ellos.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.
En su escrito, la AVT solicita la comparecencia de 106 testigos, entre ellos al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa y otros miembros de su familia, como su hijo, su esposa Avelina Llanos y su cuñado José Carmelo Lunquín. También pide la citación de una agente de la División Nacional Antiterrorista francesa y del periodista de La Razón José María Zuloaga.
Además, pide que depongan en el juicio más de una veintena de peritos para que ratifiquen distintos informes realizados sobre el cruce de llamadas entre los investigados, cobertura de las mismas, la cinta videográfica que grababa la entrada al bar Faisán, diferentes estudios informáticos y un informe pericial antropométrico sobre si la persona que aparece en imágenes grabadas en el entorno del establecimiento es Ballesteros.
Consecuencias
En su escrito, de 13 páginas, la asociación destaca hasta seis consecuencias de la actuación de los procesados. En primer lugar, que permitió frustrar el operativo contra el aparato de extorsión de ETA y también que se permitió que llegaran a la banda 54.000 eurosque el dueño del Faisán Joseba Elosúa tenía previsto entregar al miembro de la red Cau Aldanur, y que podrían haber sido aprehendidos.También se dice que cuando se pudo llevar a efecto la operación contra el aparato de extorsión, 45 días más tarde, salvo un recibo justificativo del pago del impuesto a ETA intervenido Aldanur "no se halló ningún otro elemento indiciario en poder de los detenidos que corroborara la actividad delictiva desarrollada por los miembros de la red". Estos datos tampoco se encontraron tras dos años de intensas investigaciones.
Las víctimas advierten igualmente en su escrito que los agentes acusados permitieron a ETA acceder a una información que "de otra forma, nunca hubieran podido conocer" y que por ello "restringieron al mínimo las posibilidades de acceder al material objetivamente esperado en el momento de la concreción de las detenciones".
Hechos
Según el relato de hechos incluido por la AVT en su escrito, a través de una intervención en el teléfono del dirigente del PNV Gorka Aguirre se tuvo conocimiento de que éste concertaba una cita con el dueño del Faisán para el 3 de mayo de 2006 en una sidrería de Rentería (Guipúzcoa) donde también acudiría otro de los miembros de la red investigada, Ramón Sagarzazu.Los investigadores intuían que en dicha cita Aguirre entregaría 54.000 euros a Elosúa procedente de un empresario extorsionado, que éste a su vez daría a Cal Aldanur cuando viniera de Francia.
Esa misma tarde, una vez producida la entrega del dinero, Pamiés tuvo conocimiento del operativo policial que se iba a poner en marcha y del que resultaría la detención de Aguirre, según el relato de la AVT. Dicho conocimiento provino de la llamada que le realizó el jefe provincial de San Sebastián, que le informó de la necesidad e utilizar Unidades de Intervención Policial (UIP) en el operativo. También obtuvo otros datos de otras conversaciones esa noche con la Jefa de la Sección de Análisis de la Brigada.
Por evitar entorpecer las negociaciones
Así, según la AVT Pamies actuó "con la finalidad de evitar la detención del citado miembro del PNV, lo cual podría entorpecer odificultar las negociaciones que de facto se estaban llevando a cabo entre el estado español y la organización terrorista ETA". Con este objetivo, el exjefe superior de Policía contactó con José María Ballesteros, destinado en la Brigada de Información de Vitoria a las 00.06 del ya 4 de mayo "solicitándole que en la mañana del mismo día se desplazase hasta Irún y contactase con Joseba Elosúa para que, a través del teléfono, pueda proporcionar a este información sobre el objetivo de la investigación".
Añade el escrito que Ballesteros aceptó "a sabiendas de que lo solicitado constituía una actuación ilícita". Para justificar sus futuros actos el inspector realizó tres llamadas de teléfono a compañeros de la Brigada de Información de Vitoria.
Sigue el escrito que la mañana del 4 de mayo, y paralelamente a que los funcionarios encargados de la operación contra el aparato de extorsión se coordinaran, Ballesteros llegó a Irún y se dirigió a la casa de Elosúa,preguntando por la ubicación del Faisán a una señora que casualmente era la esposa del dueño del establecimiento.
A las 11.00 Elosúa salió del garaje de su casa en coche hacia el bar y en ese momento advirtió la presencia de Ballesteros, aunque no se produjo contacto entre ellos. Sigue el relato de hechos que el policía se dirigió después hacia el Faisán si bien por el camino llamó a Pamies para decirle que no había podido contactar con Elosúa en su domicilio.
Según mantiene la AVT, a las 11.17 aparece la imagen de Ballesteros en la cámara de videovigilancia que había sido colocada por la Policía frente al bar.
El agente entró por la puerta de atrás y se dirigió a Elosúa, quien le responde si quiere hablar con el padre o con el hijo "respondiéndole Ballesteros que con el padre y a continuación tras llamar al teléfono al señor Pamies siendo las 11.23 le pasa el teléfono al señor Elosúa, quien habla con Pamiés y este le informa de determinadas cuestiones relacionadas con la investigación llevada a cabo contra la red de extorsión, dándole datos y detalles muy recientes de dicha operación".
Entre esos detalles la AVT subraya el conocimiento de la comida realizada el día anterior en la sidrería, el hecho de que tuviera intervenido el teléfono, de que fuera consciente de la situación política, datos sobre otras personas investigadas y que no comente con nade la información que le está transmitiendo.
La conversación mantenida entre Pamiés y Elosúa determinó, según la AVT, que éste avisase a su cuñado Carmelo Luquin y se dirigiera a una lonja que posee en el municipio "donde los investigadores pensaban que se hallaban documentos relativos a la extorsión, así como sellos de ETA y dinero". Elosúa y su cuñado se desplazaron a Francia para contactar con Cau Aldanur y ponerle al corriente de lo acontecido.
Volvemos a una de las causas más perniciosas para la Policía y para España. Al parecer, según se desprende de estas noticias, van a pedir bastantes años para los encausados, si de verdad lo hicieron a sabiendas a cambio de favores del químico, pues que se haga justicia, y si no, que se sepa toda la verdad, y que paguen los que de verdad dieron la orden, vamos, que tiren de la manta ya.
ResponderEliminar