«Hubo una orden política de la filtración. No entra en cabeza humana que se le ocurra a un policía». Lo que en el fondo el comisario Carlos Germán le estaba diciendo al tribunal era que, siete años y cuatro meses después de los hechos, el banquillo estaba incompleto. Detrás de él no había ningún político, sólo los dos mandos policiales: el ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector jefe José María Ballesteros.
Por el camino se quedó Víctor García Hidalgo, dirigente del PSE y entonces director general de la Policía, que llegó a estar procesado por dar la orden del soplo pero que acabó librándose de una acusación. Precisamente a él señaló el investigador: «Se recibió una orden política. ¿De quién? Del director general de la Policía concretamente; esa es nuestra convicción, no fue por iniciativa propia del jefe superior».
El jefe del equipo que investigó el chivatazo, que dijo haber recibido «amenazas» para no incluir una referencia a ese móvil político en sus informes, hizo esta afirmación cuando el fiscal del caso, Carlos Bautista, le preguntó por la figura de Gorka Aguirre, el fallecido dirigente del PNV que iba a ser detenido en la operación por entregar al dueño del Faisán dinero de la extorsión. «Era un personaje de mucha sensibilidad política». El día de la operación fallida, Josu Jon Imaz se reunía con José Luis Rodríguez Zapatero para dar el aval del PNV al proceso de paz.
El juicio había arrancado horas antes con la declaración del propio Pamies.
«¿Recibió usted la orden política de parar la operación?», llegó a espetarle el
fiscal del caso, Carlos Bautista, tras algunas preguntas menos directas. «No,
para nada. Tampoco lo habría permitido». Y así siguió negando. Pese al hábil
interrogatorio del fiscal, una tras otra, como si de un frontón se tratara,
Pamies devolvió todas las preguntas acusatorias. «Jamás he hablado por teléfono
con el señor Elosua», aseguró en referencia al dueño del bar, a quien
supuestamente dio el soplo a través del teléfono que el otro acusado le habría
entregado en mano. El chivatazo provocó que la trama etarra cambiara ese día de guión y que los franceses se negaran a actuar pese a la petición española. «Tanto en Francia como en España nos engañaron vilmente. La única diferencia que existe es que en España se ha descubierto cuál fue el engaño y sabemos presuntamente quiénes fueron los autores», resumió ayer el jefe investigador.
Tras la declaración de Pamies, también Ballesteros negó su relación con el soplo. Admitió, tal y como recogen las cámaras, haber estado la mañana del 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán, pero sólo para vigilar la frontera por orden de Pamies, que supuestamente quería comprobar si los pasos estaban tranquilos ese día. Ballesteros se refugió en los «no sé» y «no me acuerdo» ante las preguntas más espinosas.
El juicio prosiguió con la última baza que el ex jefe superior del País Vasco esgrime para sacudirse la acusación: la declaración de el Romano, un confidente etarra al que durante años de investigación Pamies se había negado a identificar. «Estaríamos poniendo en peligro la vida de esta persona, la seguridad de otras muchas y [supondría] quizás un retroceso irrecuperable en la lucha antiterrorista», llegó a decir Pamies al juez. Acorralado por los demoledores informes de la Policía y la Guardia Civil, ayer el confidente compareció a petición del propio Pamies.
Con el rostro oculto tras una cortina, el Romano confirmó la cita, pero quedó lejos de ofrecer una coartada sólida. Tras su corroboración genérica, el fiscal, la AVT y Dignidad y Justicia se lanzaron sobre los aspectos menos claros. Por ejemplo, el lugar elegido. El confidente explicó que había quedado para comer con Pamies en los alrededores de la estación de tren de Bayona, en el corazón del País Vasco francés. El lugar cuadra con la tesis del jefe superior de que envió a Ballesteros a controlar las fronteras próximas al Faisán, en Irún, pero muy poco prudente para que un etarra quede con un alto mando de la lucha antiterrorista. El fiscal sospechó: «¿No le parecía un sitio peligroso?». «Esa zona siempre es de mucho más riesgo que otras», concedió el Romano. Y más peligroso aún si, como dijo Pamies, su confidente estaba por entonces «apartado temporalmente» de ETA, que ya sospechaba de él. Ambos reconocieron que en sus casi 20 años de tratos habían tenido citas en lugares más tranquilos, como Burdeos, París y Lourdes.
A las acusaciones también les extrañó que el confidente hiciera un viaje tan largo, ya que residía en el norte de Italia. El teléfono al que le llamaba Pamies era italiano y por ahí también hurgaron. Primero, el Romano había dicho que no llevó móvil al encuentro, pero el fiscal le sacó una llamada entre la primera cita fallida y la que teóricamente tuvieron «tres o cuatro días después». Entonces el Romano rectificó y dijo que había dejado el teléfono en un lugar seguro y que lo había recuperado mientras aguardaba escondido en Francia a esa segunda cita.
En sus respuestas al fiscal, Pamies había declarado que el testigo que sustenta su versión «dependía económicamente» de él, que le hacía pagos periódicos, que le ayudaba con los papeles y que le protegía para evitar su detención, ya que por entonces estaba en busca y captura por la Audiencia Nacional.
Poco después, el jefe investigador valoraba ante el tribunal la coartada de Pamies y el Romano. «Es inverosímil».
>Vea hoy el videoanálisis de Casimiro García-Abadillo.
Los policías acusados no contestaron a las víctimas
Agentes de la Policía, además de sus sindicatos, arroparon a los mandos procesados en la primera jornada del juicioSorprendió y mucho. Los procesados no quisieron contestar a las preguntas de todo el mundo: solo al fiscal y a sus defensas. No tienen ninguna obligación. Pero sorprendió que no les dejaran voz a los abogados que representan a las víctimas del terrorismo. Tampoco pudo preguntar al ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector jefe José María Ballesteros el letrado que representaba al Partido Popular. Pero eso sorprendía menos.
Y es que Pamies siempre ha estado en primera fila de la lucha contra ETA y sus actuaciones han permitido muchas desarticulaciones de comandos. Ahora, se ve sentado en el banquillo acusado de colaborar con aquellos a los que detenía. «Lo mismo le pasó a Galindo», recuerda maliciosamente alguno de los que ayer asistió entre el público a la primera sesión de uno de los juicios más esperados. Galindo era aquel general de la Guardia Civil que desarticuló más de 300 comandos de ETA pero que fue condenado por el secuestro y asesinato de los dos terroristas José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. El paralelismo no es muy acertado, por cierto.
Ayer, los policías no quisieron contestar ni a la Asociación de Víctimas del Terrorismo ni a la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA.
El juicio puso también de manifiesto la enorme división que este caso ha provocado en el seno de la Policía. A la sala acudieron numerosos agentes. Estaban representantes del Sindicato Profesional de Policía, al que pertenece Enrique Pamies, y del Sindicato Unificado de la Policía, del que es afiliado José María Ballesteros.
Pero no eran los únicos, en la sala había un numeroso grupo de agentes (de información), amigos de Pamies, con el que han compartido numerosas «batallas» en la lucha contra ETA.
Y en una sala separada estaban todos los integrantes del equipo investigador, liderado por el comisario Carlos Germán, quien prestó declaración ayer durante cuatro horas y aún hoy continuará haciéndolo. Las cuchilladas entre policías durante los años que ha durado la instrucción han sido constantes. Y las propias declaraciones y preguntas durante esta primera sesión del juicio lo ha dejado claro.
El investigador principal, Carlos Germán, deslizó veladas descalificaciones tanto a los imputados como a algunos de sus mandos. De hecho, este comisario narró durante su comparecencia las presiones que había sufrido por parte de sus superiores e, incluso, de las altas esferas de la Dirección General de la Policía. En la sala se evidenció la inmensa distancia entre los procesados y aquellos que les arropaban y los que representaban a las asociaciones de víctimas, la voz pública de los que más han sufrido a ETA y que ayer evitaban cruzarse en los estrechos pasillos de la sala con los que ahora están acusados de colaborar con la banda terrorista.
El despliegue mediático durante la jornada de ayer fue muy importante. Y la jornada de hoy se promete parecida. Y es que Carlos Germán deberá completar su declaración. Después acudirán el resto de policías que formó parte de aquel equipo de investigación encargada por el juez Grande Marlaska de tratar de desvelar el chivatazo. Y como plato fuerte del día, la declaración de Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán que recibió el chivatazo en su establecimiento aquel 4 de mayo de 2006. Elosua es sospecho de formar parte del entramado de extorsión etarra.
Endeble coartada
Pamies (agente al que se atribuyen cientos de detenciones de etarras) declaró con gran confianza en sí mismo, usando expresiones coloquiales («aluciné en colores») y a veces un punto retadoras (negó haber recibido instrucciones políticas: «no lo hubiera permitido»).
Pero su coartada –ratificada por su subordinado Ballesteros y por el testigo protegido conocido como El Romano– tiene más agujeros que un queso gruyer.
El ex jefe antiterrorista en el País Vasco reconoció ante el tribunal que se enteró de la operación Urogallo (que tenía como objetivo desmantelar el aparato de extorsión de ETA) el día anterior al chivatazo; es decir, el 3 de mayo de 2006. Y que, de hecho, le recriminó a Víctor García Hidalgo–director general de la Policía–, en una larga conversación que mantuvo con él esa misma noche, que Telesforo Rubio, el comisario general de Información, no le hubiese informado antes de esa importante redada.
Según Pamies, el día del chivatazo él tenía una cita con el confidente de ETA apodado El Romano en Bayona (casualmente, la misma ciudad en la que Elosua se citó con el recaudador de ETA José Luis Cau). Pues bien, su argumento para explicar por qué envió a Ballesteros al Faisán es que le encomendó que mirase a ver si había mucha Policía en la frontera, con objeto de mantener o no su cita con El Romano.
Era obvio que si sabía que estaba en marcha la operación Urogallo habría mucha Policía. Pero, además, lo lógico es que Ballesteros hubiera ido a Bayona, lugar de la cita, y no al bar donde (¡oh casualidad!) se iba a producir el chivatazo.
El inspector de Policía, que se había trasladado desde Vitoria para hacer esa supuesta labor de rastreo, reconoció haber estado ese día en el Faisán (no podía negarlo, ya que fue grabado por la propia Policía), justo a la misma hora –las 11.23– en la que alguien le pasó su teléfono móvil al dueño del bar, Joseba Elosúa, para informarle de que iba a haber detenciones. También a esa misma hora, el teléfono móvil de Ballesteros estaba en contacto con el teléfono de su jefe, Pamies.
Argumentó Pamies que usar su teléfono corporativo para parar una operación policial «no se le ocurre ni al que asó la manteca». Es cierto que, como experto antiterrorista, sabía que podía haber utilizado un teléfono prepago, por ejemplo, si quería no verse involucrado en una ulterior aunque improbable investigación. Pero ese mismo razonamiento se vuelve contra él: si usó su móvil corporativo fue porque era el mismo con el que habló con su jefe, el director de la Policía Víctor García Hidalgo. Era una forma de cubrirse, de blindarse.
Pues claro, por eso faltan en el banquillo toda la cúpula del ministerio. Como siempre, se van a salir con la suya estos miserables de la casta. Ahora, la culpa la tienen estos de la kgb que algunos son unos desaprensivos, que se vende por un ascenso, un carguito en embajadas, alguna medalla roja, algún maletin, y incluso por amor al arte (partido político), así que, a sabiendas que van a ser ellos los que van a pagar, siguen haciéndoles el juego. Entonces, que otorguen el mea culpa y recen tres padrenuestros y un ave maría, si es que saben.
ResponderEliminar