Las acusaciones y el Ministerio Público calificarán el soplo como colaboración con ETA
Ahora sí. El caso del chivatazo policial a ETA entra en su fase final. Una vez concluida la instrucción y con el visto bueno de la Sala frente a los recursos, ha sido el representante del Ministerio Fiscal el que ha dado el penúltimo paso para que los presuntos autores materiales del soplo se sienten en el banquillo.
Según explicaron a este periódico fuentes de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha elevado ya un escrito al juez instructor del caso, Pablo Ruz, en el que le pide que inicie la fase de juicio oral para que el procedimiento quede concluso y los procesados se sienten en el banquillo.
Según estas mismas fuentes, con toda seguridad la vista por el chivatazo del bar Faisán se celebrará en la Audiencia Nacional.
Las acusaciones personadas pedirán que se juzgue a los dos policías procesados, el que fuera jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector Ballesteros, que estaba destinado a la lucha contra el terrorismo islamista en el momento en el que presuntamente perpetraron el chivatazo, por revelación de secretos y por colaboración con la organización terrorista ETA.
El Ministerio Público, casi con toda seguridad, defenderá también, finalmente, estas mismas calificaciones jurídicas.
Se ha especulado durante meses con que el procedimiento pudiera acabar definitivamente en los juzgados de Irún, partido judicial en el que se encuentra el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, donde se perpetró el chivatazo. Y esto hubiera sido así si finalmente en el banquillo se sentaran los procesados únicamente bajo la acusación de revelación de secretos. Pero el delito de colaboración con banda armada solo se juzga en la Audiencia Nacional.
Ahora, una vez que el fiscal ha solicitado ya formalmente al juez la apertura de juicio oral, el instructor deberá dar traslado a las diferentes acusaciones: la de Dignidad y Justicia, la de la AVT y la del Partido Popular para que se pronuncien sobre la conveniencia de llevar la causa ya a juicio. También deberán informar las defensas de los procesados.
El juez fijara un plazo de 10 días para que se pronuncien las partes antes de empezar a tomar sus decisiones. Si finalmente, como todo apunta, coinciden en ir a juicio, el instructor dará un plazo para que el Ministerio Público y las acusaciones le remitan sus escritos contra los dos procesados. Y a partir de ese momento, se fijará la fecha para que comience uno de los juicios que, seguramente, más expectación levantará en los próximos meses.
Y es que el caso del chivatazo policial a ETA del bar Faisán marcó la legislatura pasada. Se produjo en mayo de 2006, durante el Gobierno de Zapatero, cuando al frente del Ministerio del Interior estaba el ahora líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los investigadores señalaron desde el principio al que fuera director de la Policía con el PSOE, Víctor García Hidalgo, como quien dio la orden para perpetrar el chivatazo. Incluso llegaron a sondear los contactos de éste con su superior, el entonces secretario de Estado, Antonio Camacho. Pero la Justicia entendió que no existían indicios suficientes para actuar contra estos políticos del PSOE.
El chivatazo se produjo en el momento en que Rodríguez Zapatero tenía abierto el mal llamado proceso de paz con ETA. De hecho, se produjo el mismo día en que el líder socialista recibía en el palacio de La Moncloa al que en aquellas fechas era el líder del PNV, Josu Jon Imaz, que le iba a trasladar su apoyo a las conversaciones con la banda terrorista
Ahora sí. El caso del chivatazo policial a ETA entra en su fase final. Una vez concluida la instrucción y con el visto bueno de la Sala frente a los recursos, ha sido el representante del Ministerio Fiscal el que ha dado el penúltimo paso para que los presuntos autores materiales del soplo se sienten en el banquillo.Según explicaron a este periódico fuentes de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha elevado ya un escrito al juez instructor del caso, Pablo Ruz, en el que le pide que inicie la fase de juicio oral para que el procedimiento quede concluso y los procesados se sienten en el banquillo.
Según estas mismas fuentes, con toda seguridad la vista por el chivatazo del bar Faisán se celebrará en la Audiencia Nacional.
Las acusaciones personadas pedirán que se juzgue a los dos policías procesados, el que fuera jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector Ballesteros, que estaba destinado a la lucha contra el terrorismo islamista en el momento en el que presuntamente perpetraron el chivatazo, por revelación de secretos y por colaboración con la organización terrorista ETA.
El Ministerio Público, casi con toda seguridad, defenderá también, finalmente, estas mismas calificaciones jurídicas.
Se ha especulado durante meses con que el procedimiento pudiera acabar definitivamente en los juzgados de Irún, partido judicial en el que se encuentra el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, donde se perpetró el chivatazo. Y esto hubiera sido así si finalmente en el banquillo se sentaran los procesados únicamente bajo la acusación de revelación de secretos. Pero el delito de colaboración con banda armada solo se juzga en la Audiencia Nacional.
Ahora, una vez que el fiscal ha solicitado ya formalmente al juez la apertura de juicio oral, el instructor deberá dar traslado a las diferentes acusaciones: la de Dignidad y Justicia, la de la AVT y la del Partido Popular para que se pronuncien sobre la conveniencia de llevar la causa ya a juicio. También deberán informar las defensas de los procesados.
El juez fijara un plazo de 10 días para que se pronuncien las partes antes de empezar a tomar sus decisiones. Si finalmente, como todo apunta, coinciden en ir a juicio, el instructor dará un plazo para que el Ministerio Público y las acusaciones le remitan sus escritos contra los dos procesados. Y a partir de ese momento, se fijará la fecha para que comience uno de los juicios que, seguramente, más expectación levantará en los próximos meses.
Y es que el caso del chivatazo policial a ETA del bar Faisán marcó la legislatura pasada. Se produjo en mayo de 2006, durante el Gobierno de Zapatero, cuando al frente del Ministerio del Interior estaba el ahora líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los investigadores señalaron desde el principio al que fuera director de la Policía con el PSOE, Víctor García Hidalgo, como quien dio la orden para perpetrar el chivatazo. Incluso llegaron a sondear los contactos de éste con su superior, el entonces secretario de Estado, Antonio Camacho. Pero la Justicia entendió que no existían indicios suficientes para actuar contra estos políticos del PSOE.
El chivatazo se produjo en el momento en que Rodríguez Zapatero tenía abierto el mal llamado proceso de paz con ETA. De hecho, se produjo el mismo día en que el líder socialista recibía en el palacio de La Moncloa al que en aquellas fechas era el líder del PNV, Josu Jon Imaz, que le iba a trasladar su apoyo a las conversaciones con la banda terrorista
Ya estamos en la recta final de la mayor infamia del desgobierno de zetaparo. Esperemos que se haga justicia, pero como no van a juzgar al principal, osea, al que dio la orden, pues estaremos igual que al principio. Se cargan a los de la kgb pero la cúpula se va de rositas como siempre.
ResponderEliminarEso pasa por cumplir órdenes de la casta podrida, que poco fue el químico a dar la cara, luego se jacta de listillo. Espero que sus conciencias les pase factura, y que la justicia divina les juzgue, ya que la terrenal, parece que pasa de ellos.