Está formado por ocho o 10 personas que plantearán sus reclamaciones políticas
. La izquierda abertzale sigue intentando colocar en la primera línea de discusión a los presos de ETA. En estos momentos constituyen su problema más inmediato y también su instrumento político más potente y por eso está siguiendo una estrategia cuidadosamente planificada. El próximo fin de semana, un grupo de ex presos de la banda terrorista se presentará como grupo de apoyo a los reclusos que todavía están en prisión y, muy especialmente, a los seis miembros del grupo de interlocución del llamado EPPK, formado por Ana Belén Egüés, Xabier Alegría, Jon Olarra, Lorentxa Guimón, Mikel Albizu y Soledad Iparaguirre.
El grupo asesor externo estará formado por unas ocho o 10 personas que ejercerán labores de portavocía del equipo de interlocución y se ceñirán en sus pronunciamientos a las reclamaciones de ámbito político. Entre el equipo elegido estarían Mercedes Galdós y Nerea Garro, dos ex presas que participaron el pasado sábado en un acto público en Bilbao en el que aseguraron que el denominado colectivo de presos estaba desarrollando un debate «largo y profundo» y en el que anunciaban que los reclusos estaban dispuestos a «dar pasos», siempre que la Administración española también los dé.
En el citado acto estuvo presente Arantza Zulueta, quien fuera arrestada en su día por su presunta pertenencia a Halboka, el grupo de abogados al que la Policía atribuyó funciones de correa de transmisión y de control de ETA sobre los presos.
Entre los miembros del nuevo grupo, con objetivos distintos, destaca Mercedes Galdós, quien quedó en libertad en 2005 después de cumplir apenas 19 años de prisión por 17 asesinatos, según su propia declaración en sede policial. Garro fue arrestada en el año 2000 después de que, intentando reconstruir el comando Madrid, fuera arrestada a las puertas de la embajada de Cuba, donde había pedido asilo .
El colectivo de presos lleva varios meses sumido en una discusión sobre la estrategia que debe seguir una vez escenificado su respaldo a pronunciamientos de la izquierda abertzale como la declaración de Guernica. Entre los puntos que han estado debatiendo se encuentra la posibilidad de que aquellos reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de la condena realicen alguna manifestación individual homologable con aquéllas exigidas por la ley para poder cumplir el resto de su condena fuera de prisión.
Según las fuentes consultadas, los presos de la organización no están dispuestos a asumir las condiciones establecidas por la Administración penitenciaria en el plan de reinserción de presos ni, por ende, las bases de la vía Nanclares, pero podrían intentar acordar de forma colectiva cuál podría ser el alcance de los posicionamientos individuales que pudieran realizar para no tener que prolongar su estancia en la cárcel.
Mientras adoptan una decisión sobre las cuestiones concretas, el acto organizado para el próximo fin de semana tiene una lectura interna y otra externa. El objetivo externo es el de seguir espoleando la reivindicación sobre los presos que proporcione una rentabilidad política a la izquierda abertzale. El interno es el de escenificar la unidad entre la izquierda abertzale y los presos, y dejar claro que no los tienen olvidados porque es un colectivo cuya sublevación podría dificultar la estrategia de los dirigentes de Batasuna.
Según los miembros del Grupo Internacional de Contacto liderado por Brian Currin, el Gobierno de Rodríguez Zapatero llegó a un acuerdo para establecer una negociación con ETA, que se produciría después de que la banda anunciase el «cese definitivo». Una parte muy inmediata de esa negociación debía ser la articulación de una solución escalonada para los presos que, con el Gobierno popular, no se ha establecido. La izquierda abertzale intenta encontrar una salida, al tiempo que presiona al Ejecutivo y rentabiliza políticamente la situación.
. La izquierda abertzale sigue intentando colocar en la primera línea de discusión a los presos de ETA. En estos momentos constituyen su problema más inmediato y también su instrumento político más potente y por eso está siguiendo una estrategia cuidadosamente planificada. El próximo fin de semana, un grupo de ex presos de la banda terrorista se presentará como grupo de apoyo a los reclusos que todavía están en prisión y, muy especialmente, a los seis miembros del grupo de interlocución del llamado EPPK, formado por Ana Belén Egüés, Xabier Alegría, Jon Olarra, Lorentxa Guimón, Mikel Albizu y Soledad Iparaguirre.
El grupo asesor externo estará formado por unas ocho o 10 personas que ejercerán labores de portavocía del equipo de interlocución y se ceñirán en sus pronunciamientos a las reclamaciones de ámbito político. Entre el equipo elegido estarían Mercedes Galdós y Nerea Garro, dos ex presas que participaron el pasado sábado en un acto público en Bilbao en el que aseguraron que el denominado colectivo de presos estaba desarrollando un debate «largo y profundo» y en el que anunciaban que los reclusos estaban dispuestos a «dar pasos», siempre que la Administración española también los dé.
En el citado acto estuvo presente Arantza Zulueta, quien fuera arrestada en su día por su presunta pertenencia a Halboka, el grupo de abogados al que la Policía atribuyó funciones de correa de transmisión y de control de ETA sobre los presos.
Entre los miembros del nuevo grupo, con objetivos distintos, destaca Mercedes Galdós, quien quedó en libertad en 2005 después de cumplir apenas 19 años de prisión por 17 asesinatos, según su propia declaración en sede policial. Garro fue arrestada en el año 2000 después de que, intentando reconstruir el comando Madrid, fuera arrestada a las puertas de la embajada de Cuba, donde había pedido asilo .
El colectivo de presos lleva varios meses sumido en una discusión sobre la estrategia que debe seguir una vez escenificado su respaldo a pronunciamientos de la izquierda abertzale como la declaración de Guernica. Entre los puntos que han estado debatiendo se encuentra la posibilidad de que aquellos reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de la condena realicen alguna manifestación individual homologable con aquéllas exigidas por la ley para poder cumplir el resto de su condena fuera de prisión.
Según las fuentes consultadas, los presos de la organización no están dispuestos a asumir las condiciones establecidas por la Administración penitenciaria en el plan de reinserción de presos ni, por ende, las bases de la vía Nanclares, pero podrían intentar acordar de forma colectiva cuál podría ser el alcance de los posicionamientos individuales que pudieran realizar para no tener que prolongar su estancia en la cárcel.
Mientras adoptan una decisión sobre las cuestiones concretas, el acto organizado para el próximo fin de semana tiene una lectura interna y otra externa. El objetivo externo es el de seguir espoleando la reivindicación sobre los presos que proporcione una rentabilidad política a la izquierda abertzale. El interno es el de escenificar la unidad entre la izquierda abertzale y los presos, y dejar claro que no los tienen olvidados porque es un colectivo cuya sublevación podría dificultar la estrategia de los dirigentes de Batasuna.
Según los miembros del Grupo Internacional de Contacto liderado por Brian Currin, el Gobierno de Rodríguez Zapatero llegó a un acuerdo para establecer una negociación con ETA, que se produciría después de que la banda anunciase el «cese definitivo». Una parte muy inmediata de esa negociación debía ser la articulación de una solución escalonada para los presos que, con el Gobierno popular, no se ha establecido. La izquierda abertzale intenta encontrar una salida, al tiempo que presiona al Ejecutivo y rentabiliza políticamente la situación.
Con políticos amigos de los asesinos y sin importarle para nada las personas, ya que solo miran la rentabilidad política, que se puede esperar de ellos, NADA. Así que cuando no nos demos cuenta, todos en la puta calle.
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