Ares lo considera de difícil «encaje» legal y alerta del debate que abre con el PNV
.
«Razonable» para unos, «iniciativa inoportuna» para otros. Gobierno
central y Ejecutivo vasco, populares y socialistas, discreparon ayer
sobre la posibilidad de conceder el derecho a voto en las elecciones que
se celebren en Euskadi a los ciudadanos vascos que, víctimas de la
violencia de ETA, residan hoy en otra comunidad autónoma. El anuncio,
publicado ayer por EL MUNDO, de que el Gobierno de Rajoy estudia
modificar la Ley Electoral de Régimen General, enfrentó a los dos
ejecutivos, coincidiendo con la visita del ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, a Bilbao para clausurar el Congreso sobre Memoria y
Convivencia que se ha celebrado durante la última semana en la capital
vizcaína.El titular de Interior avanzó que el Gobierno trabaja para que una aspiración que calificó de «razonable» pueda ser también «legal». Subrayó que si miles de ciudadanos vascos residentes en el extranjero, en su mayor parte en Iberoamérica, pueden ejercer su derecho al voto en las convocatorias vascas, «tiene todo el sentido que estudiemos la posibilidad jurídica de que vascos que se han tenido que ir fuera del País Vasco pero que están en España puedan hacerlo en los próximos comicios».
La medida no fue bien acogida por el consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, quien consideró que se trata de una propuesta que «no es oportuno impulsar» en este momento. Señaló que previamente se deberían analizar los inconvenientes que tiene, «que son muchos».
Ares,
que dijo que el ministro no le trasladó ninguna información a este
respecto ni requirió su opinión en el encuentro que ambos mantuvieron,
aseguró que tendrá «muchas dificultades para tener encaje en el
ordenamiento jurídico». El consejero vasco advirtió de que impulsar este
tipo de reformas abrirá un «debate con los nacionalistas absolutamente
inoportuno» y, por tanto, cree que a esta iniciativa «habría que darle
aún muchas vueltas».El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, también advirtió del difícil encaje legal, si bien se mostró convencido de que «se podrán buscar fórmulas». En su opinión, aunque lleguen tarde, propuestas de este tipo supondrían un reconocimiento dentro de las medidas de «reparación de las que ahora se está hablando hacia las víctimas»: «Reconocer el sufragio activo, a mí, como idea, me parecería bien», señaló.
El debate llega en un momento de máximo enfrentamiento entre los ya ex socios de gobierno, PSE y PP. En un contexto de exigencia de adelanto electoral, la modificación legal podría suponer una aportación de votos más favorable a los populares que a los socialistas. La población exiliada se equipararía en derechos a los cerca de 43.500 ciudadanos vascos residentes en el extranjero y que representan el 2,5% del
censo electoral.
La dificultad principal que generaría modificar la legislación electoral radicaría, según sus promotores, en definir qué ciudadanos residen fuera de Euskadi por esta razón y quiénes no. Calparsoro considera que demostrar que un ciudadano ha sido víctima de la violencia terrorista «sí podría llegar a acreditarse».
La propuesta será analizada el próximo día 7 de junio por una quincena de expertos en un debate titulado Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco, que se celebrará en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Interior.
El propio ministro subrayó ayer que la propuesta partió del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien trasladó al Gobierno la necesidad de buscar encaje legal al derecho de sufragio de los exiliados vascos. El PP ya intentó poner en marcha una reforma de este tipo a finales del año pasado con una iniciativa en el Parlamento vasco, que finalmente que no contó con el apoyo de ningún otro partido.
El lehendakari también se ha manifestado en contra de ella por considerarla «peligrosa», al suponer el reconocimiento de un «privilegio» para aquellos ciudadanos que podrían votar tanto en Euskadi como en su nuevo lugar de residencia. Para López, el principio «un hombre, un voto» debe prevalecer. Junto a ello, considera que de manera implícita supondría avalar una máxima nacionalista, según la cual el resto de comunidades autónomas son territorio extranjero. «Hacer de los vascos que viven en Madrid vascos que viven en el extranjero es sumarse a posiciones nacionalistas», dijo.
Expulsados por increpar al socialista Ares
Cuatro jóvenes fueron desalojados ayer por personal de seguridad del Congreso sobre la Memoria y la Convivencia después de que increparan al consejero del Interior, Rodolfo Ares, al que pedían su dimisión por la muerte del joven hincha del Athletic Iñigo Cabacas. Cuando Ares intervenía, cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas, se levantaron de sus asientos y gritaron: «¡Ares dimisión!». Portaban camisetas en las que se leía: «'Justiza orain'» («Justicia ahora») con una fotografía del hincha del Athletic fallecido.La eterna lucha de la viuda coraje
Ramona Garrido pedirá al Congreso que cuantifique a los 'exiliados' por ETA
En 2010, con 71 años, se plantó en la Audiencia Nacional y, delante de un etarra, paró un juicio para gritar al presidente de la sala que la Justicia la había «matado dos veces». El juez la echó después de que Ramona Garrido enseñase a los presentes una foto de su marido, José María Féliz Latiegui, al que ETA cerró los ojos a tiros en Usúrbil, en 1981. Ese año murió la viudapor primera vez. Y lo volvió a hacer cuando la Justicia consideró prescrito el crimen cometido presuntamente por el etarra José Antonio Zurutuza. Un matiz: la Audiencia condenó al terrorista por otro asesinato, perpetrado en el 82.
Dos años después de aquel episodio, Ramona ha vuelto a la carga. Pese a sus años, viajará desde San Sebastián a Madrid después de que todos los grupos del Congreso de los Diputados hayan aceptado reunirse con ella. El pasado 24 de diciembre, la víctima remitió a la Comisión de Peticiones del Congreso un estudio jurídico de 40 folios en el que solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre las personas perseguidas y desplazadas fuera del País Vasco a causa del terrorismo etarra. No sólo les instará a crear tal foro, sino también a cuantificar en él el número de exiliados por ETA.
Si bien su pretensión está enfocada a los damnificados, todo lo que Ramona ha venido haciendo tiene una razón de ser: su marido José María. Y no parará.
Su abogado, Miguel Ángel Rodríguez, puede dar cuenta de ello; pues la viuda le ha hecho recorrer media Europa en busca de Justicia. Rodríguez defendió en la Corte Penal Internacional la primera denuncia en la que se acusó a ETA de cometer crímenes contra la humanidad y de genocidio en grado de tentativa.
Eso sucedió después de que desde 2005 Ramona intentase que Francia extraditase al supuesto asesino de su marido para que los tribunales españoles le juzgasen. Lo logró en 2007. La Audiencia Nacional, no obstante, archivó la causa contra Zurutuza el 24 de noviembre de 2009. Habían pasado 20 años del asesinato, había prescrito el crimen, adujo el tribunal.
Si finalmente se conforma la comisión de investigación, saldrán a la luz números oficiales de los exiliados que abandonaron Euskadi por miedo a ETA. Y eso, añade el letrado, debería obligar al Estado a reconocer que «miles de crímenes son susceptibles de ser calificados como crímenes contra la humanidad, crímenes contra población civil».
De conseguir esa calificación, y pese a que haya prescrito el caso,
Zurutuza podría ser juzgado por el asesinato de Féliz Latiegui. La viuda
coraje lo habría conseguido.En 2010, con 71 años, se plantó en la Audiencia Nacional y, delante de un etarra, paró un juicio para gritar al presidente de la sala que la Justicia la había «matado dos veces». El juez la echó después de que Ramona Garrido enseñase a los presentes una foto de su marido, José María Féliz Latiegui, al que ETA cerró los ojos a tiros en Usúrbil, en 1981. Ese año murió la viudapor primera vez. Y lo volvió a hacer cuando la Justicia consideró prescrito el crimen cometido presuntamente por el etarra José Antonio Zurutuza. Un matiz: la Audiencia condenó al terrorista por otro asesinato, perpetrado en el 82.
Dos años después de aquel episodio, Ramona ha vuelto a la carga. Pese a sus años, viajará desde San Sebastián a Madrid después de que todos los grupos del Congreso de los Diputados hayan aceptado reunirse con ella. El pasado 24 de diciembre, la víctima remitió a la Comisión de Peticiones del Congreso un estudio jurídico de 40 folios en el que solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre las personas perseguidas y desplazadas fuera del País Vasco a causa del terrorismo etarra. No sólo les instará a crear tal foro, sino también a cuantificar en él el número de exiliados por ETA.
Si bien su pretensión está enfocada a los damnificados, todo lo que Ramona ha venido haciendo tiene una razón de ser: su marido José María. Y no parará.
Su abogado, Miguel Ángel Rodríguez, puede dar cuenta de ello; pues la viuda le ha hecho recorrer media Europa en busca de Justicia. Rodríguez defendió en la Corte Penal Internacional la primera denuncia en la que se acusó a ETA de cometer crímenes contra la humanidad y de genocidio en grado de tentativa.
Eso sucedió después de que desde 2005 Ramona intentase que Francia extraditase al supuesto asesino de su marido para que los tribunales españoles le juzgasen. Lo logró en 2007. La Audiencia Nacional, no obstante, archivó la causa contra Zurutuza el 24 de noviembre de 2009. Habían pasado 20 años del asesinato, había prescrito el crimen, adujo el tribunal.
Si finalmente se conforma la comisión de investigación, saldrán a la luz números oficiales de los exiliados que abandonaron Euskadi por miedo a ETA. Y eso, añade el letrado, debería obligar al Estado a reconocer que «miles de crímenes son susceptibles de ser calificados como crímenes contra la humanidad, crímenes contra población civil».
Ya les incomoda a más de uno el tema del voto del exiliado. Por lo demás, la vuda coraje, tiene todo mi respeto, solidaridad y apoyo.
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