Interior convoca para el 7 de junio un seminario de expertos juristas
para modificar la Ley Electoral / Podría afectar a entre 200.000 y
300.000 vascos
.El
Gobierno avanza en su intención de reformar la Ley Electoral (Loreg)
para posibilitar que las personas que tuvieron que dejar el País Vasco a
causa de la amenaza de ETA puedan ejercer su derecho al sufragio en su
comunidad de procedencia. Sin embargo, la elaboración del censo de
desterrados -entre 200.000 y 300.000, según diversos cálculos-, como los
denomina el PP, no resulta fácil.Hace varios meses que el asunto está sobre la mesa de la asesoría jurídica del Palacio de la Moncloa y ahora el Ejecutivo ha decidido ampliar el debate a expertos en Derecho Constitucional y otros juristas de prestigio para sustentar legalmente sus aspiraciones y encontrar una fórmula viable que ayude a materializarlas.
Con esta finalidad, la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior han organizado una jornada el próximo 7 de junio en Madrid, que reunirá en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a una quincena de expertos. El seminario congregará a catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, ex vocales de la Junta Electoral Central y abogados en Cortes.
El debate está convocado bajo el título de Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco, y la ponencia correrá a cargo de Fabio Pascua Mateo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Españolas y experto en normativa electoral.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que hoy clausura en Bilbao el Congreso sobre Memoria y Convivencia, organizado por el Gobierno vasco, anunciará mañana en la capital vizcaína la celebración de este seminario durante la presentación en el encuentro de Fórum Europa del presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti. El líder regional del PP es el principal impulsor de que los ciudadanos que tuvieron que abandonar la comunidad autónoma y no desean regresar puedan votar en ella pese a mantener su residencia fuera.
Para Basagoiti, «la restitución de los derechos políticos» a quienes huyeron por la amenaza de ETA sigue siendo una prioridad, tal y como quedó plasmado en febrero en la ponencia política aprobada por el congreso nacional de su partido. «Un País Vasco en paz y libertad», recogía el texto, «es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquéllos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron».
La posibilidad abierta de un próximo adelanto electoral en el País Vasco, tras la ruptura por el PP del pacto que sustentaba al Gobierno socialista en minoría de Patxi López, pone de relieve la importancia de la iniciativa abanderada por los populares. El partido de Basagoiti ha impulsado esta reforma, que garantizaría la participación de los ciudadanos vascos exiliados en las elecciones vascas previstas en la primavera de 2013. Pero el adelanto a otoño de los comicios autonómicos dificultaría su aplicación en esta cita electoral.
El compromiso de presentar una iniciativa para cambiar la ley electoral fue asumido también directamente por el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, en aras de lograr una «restitución democrática» y tras contar con el visto bueno del propio Mariano Rajoy. El Gobierno pretende ahora que de los informes de los asesores de La Moncloa y del seminario del día 7 salgan las bases de propuestas concretas de reforma de los artículos de la Loreg referidos al censo y los requisitos para ser elector.
La definición de quién tiene derecho al voto es el asunto más difícil de objetivar y la confección del censo resulta complicada ante la falta de registros o documentación al respecto. Tan sólo existen algunas aproximaciones generales a eventuales cifras sobre posibles desterrados. Un informe publicado en 2008 por la Fundación BBVA aseguraba que casi 200.000 personas habían abandonado el País Vasco desde que ETA inició su actividad terrorista. Y Basagoiti subraya siempre que frente al crecimiento del censo electoral español, el vasco se ha visto mermado desde 1979 en 309.000 votantes.
La reclamación del derecho al voto de los que tuvieron que marcharse del País Vasco no es una reivindicación de hoy. Hace años que el Foro Ermua y algunos colectivos de víctimas trasladaron a los partidos esta pretensión, con el argumento de que vascos exiliados en Hispanoamérica, afectos generalmente al nacionalismo, votan con normalidad en las elecciones vascas, mientras que personas que se han visto obligadas a trasladarse a otros puntos de España por la amenaza de ETA no pueden hacerlo.
«¿Por qué pueden votar en Euskadi los vascos de Argentina o de México, y no los de Madrid, Alicante o Málaga?», se preguntó Basagoiti al presentar su iniciativa en el Parlamento vasco. En la Cámara, el dirigente popular expresó su convicción de que el equilibrio de fuerzas en la comunidad autónoma cambiaría si se dejase votar a quienes se marcharon de forma obligada. «Hay más desterrados que votos tiene la izquierda abertzale», sentenció.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videonálisis de Josean Izarra.
Cita en julio con los 'exiliados'
Hoy, muchos de los que el Partido Popular considera 'desterrados' han
rehecho su vida fuera y no quieren regresar a la comunidad autónoma. Un
reciente estudio elaborado por el Instituto vasco de Criminología, por
encargo del Gobierno vasco, concluyó que sus aspiraciones se centran en
dos únicos ámbitos: poder votar en el País Vasco y participar en la
construcción del relato que en él se haga de la etapa de casi medio
siglo presidida por el terror de la banda ETA. El Gobierno vasco, no
obstante, redacta una proposición para modificar en la Cámara vasca la
Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, con
el fin de establecer ayudas específicas para este tipo de 'exiliados'
que quieran volver a residir en el País Vasco. La reforma facilitará que
quien desee hacerlo pueda acceder a una vivienda pública o a distintas
ayudas sociales, incluidas la Renta de Garantía de Ingreso y
subvenciones de empleo y educación para sus hijos. El Ejecutivo
pretende que estas medidas entren ya en vigor en julio. Ese mes podría
llevarse a cabo también una primera reunión en Madrid entre el Gobierno y
un grupo de gente que se fue del País Vasco por las amenazas de ETA,
según indicó a este periódico el director adjunto de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo. Su departamento
tiene ya localizadas a unas 30 o 40 personas a las que plantea dirigirse
en breve por carta para informarles de las acciones que lleva a cabo el
Gabinete de Patxi López e ir, poco a poco, elaborando su propio censo
Bildu etiqueta a los guipuzcoanos
Los socialistas vascos denuncian que el Gobierno foral 'abertzale'
prepara otro listado para clasificar a la población en función de su
lugar de nacimiento
Primero fue el censo de vascoparlantes para segregar a los ciudadanos de Guipúzcoa, marcándoles como euskaldunes y no euskaldunes. Luego le ha seguido el registro de contribuyentes de «riesgo» con el que pretende combatir el fraude fiscal. Y ahora, en el horizonte, se encuentra el posible listado que busca clasificar a la población según su origen y nacimiento, como denuncia el PSE, aunque Bildu lo niega.
Los abertzales han hecho de las etiquetas a la población su prioridad de gobierno en Guipúzcoa en su primer año de mandato. A las puertas de cumplirse, el martes, el aniversario de su triunfo electoral, el Ejecutivo foral de Martín Garitano aún no ha dado a conocer su programa de gobierno. Mientras tanto, está basando su gestión en una política encaminada a clasificar a los ciudadanos en una u otra categoría en función de sus intereses.
El PSE, por boca de su portavoz en el Parlamento de Guipúzcoa, Rafaela Romero, ha puesto el grito en el cielo por la «obsesión» de Bildu de «marcar a los ciudadanos» a través de unas actuaciones «muy peligrosas» que pueden llegar a ser «xenófobas y racistas». En esta línea, el presidente del PP en el territorio, Borja Sémper, ha denunciado que la coalición abertzale pretende «marcar a los guipuzcoanos como ganado» con la mera finalidad de «segregar» a la población.
El Gobierno de Bildu se está valiendo de la presente campaña del IRPF para dar cuerpo a su censo de vascoparlantes que divide a la población en función del idioma. A través de la declaración de la Renta, está diferenciando a aquellos ciudadanos con los que a partir de ahora va a mantener una relación exclusivamente en euskara. Así, está preguntando a 400.000 contribuyentes si desean tener relaciones sólo en lengua vasca con la Administración foral. Esta información se trasladará a todos los departamentos de la Diputación para que se sirvan de esta base y, a partir de entonces, únicamente se comuniquen con estos ciudadanos, entidades o empresas en euskara.
El temor a que este censo conllevara la exclusión de los no vascoparlantes llevó al PSE a pedir explicaciones sobre la finalidad del censo una vez que fue anunciado en septiembre. Sin embargo, el Gobierno foral tardó más de tres meses en concretar el objeto de este registro, lo que alimentó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la coalición abertzale.
En plena campaña de la Renta, el Ejecutivo de Bildu publicó a principios de este mes en el Boletín Oficial de Guipúzcoa su Plan de Comprobación Tributaria para perseguir de forma eficaz el fraude fiscal y que recoge la creación de un censo de contribuyentes de «riesgo» para detectar las «alarmas rojas».
Este registro, según defiende la Diputación, será de uso «interno y restringido» y se realizará a partir de «indicios objetivos de riesgo», con el fin de extremar el control sobre aquellos ciudadanos reincidentes en el fraude. En todo caso, aún no ha concretado los criterios que se establecerán para formar parte de este listado, ni tampoco si se comunicará al afectado que está dentro del mismo.
Para su plasmación, esta medida tendrá que aprobarse en el Parlamento de Guipúzcoa, donde Bildu se encuentra en minoría y con una oposición que ya ha mostrado su desconfianza por la necesidad de que se respete el «derecho a la presunción de inocencia».
En medio de este debate, el PSE ha denunciado que el Gobierno de Bildu pretende poner en marcha una nueva clasificación ciudadana, esta vez en función de su nacimiento, dentro o fuera de Euskal Herria, y en atención al lugar donde nacieron el padre y la madre. El Ejecutivo de Garitano ha desmentido esta medida y ha exigido una rectificación pública a Rafaela Romero por sus acusaciones «insidiosas».
Pero la portavoz del PSE en el Parlamento de Guipúzcoa se ha ratificado en su denuncia. Asegura que el director de Migración y Diversidad, Marcos Nanclares, ha anunciado «procesos de integración» para convertir al «independentismo» a esa población «inmigrante» que ha nacido fuera del País Vasco o lo han hecho sus padres. Por este motivo, ha pedido la comparecencia urgente de Garitano en las Juntas Generales, para que explique si el Gobierno foral se ha convertido en «paradigma» de las ideas «más racistas, sectarias, totalitarias y xenófobas», dentro de una política propia de «los nuevos movimientos europeos de ultraderecha que pretenden una clasificación étnica de la población».
Primero fue el censo de vascoparlantes para segregar a los ciudadanos de Guipúzcoa, marcándoles como euskaldunes y no euskaldunes. Luego le ha seguido el registro de contribuyentes de «riesgo» con el que pretende combatir el fraude fiscal. Y ahora, en el horizonte, se encuentra el posible listado que busca clasificar a la población según su origen y nacimiento, como denuncia el PSE, aunque Bildu lo niega.
Los abertzales han hecho de las etiquetas a la población su prioridad de gobierno en Guipúzcoa en su primer año de mandato. A las puertas de cumplirse, el martes, el aniversario de su triunfo electoral, el Ejecutivo foral de Martín Garitano aún no ha dado a conocer su programa de gobierno. Mientras tanto, está basando su gestión en una política encaminada a clasificar a los ciudadanos en una u otra categoría en función de sus intereses.
El PSE, por boca de su portavoz en el Parlamento de Guipúzcoa, Rafaela Romero, ha puesto el grito en el cielo por la «obsesión» de Bildu de «marcar a los ciudadanos» a través de unas actuaciones «muy peligrosas» que pueden llegar a ser «xenófobas y racistas». En esta línea, el presidente del PP en el territorio, Borja Sémper, ha denunciado que la coalición abertzale pretende «marcar a los guipuzcoanos como ganado» con la mera finalidad de «segregar» a la población.
El Gobierno de Bildu se está valiendo de la presente campaña del IRPF para dar cuerpo a su censo de vascoparlantes que divide a la población en función del idioma. A través de la declaración de la Renta, está diferenciando a aquellos ciudadanos con los que a partir de ahora va a mantener una relación exclusivamente en euskara. Así, está preguntando a 400.000 contribuyentes si desean tener relaciones sólo en lengua vasca con la Administración foral. Esta información se trasladará a todos los departamentos de la Diputación para que se sirvan de esta base y, a partir de entonces, únicamente se comuniquen con estos ciudadanos, entidades o empresas en euskara.
El temor a que este censo conllevara la exclusión de los no vascoparlantes llevó al PSE a pedir explicaciones sobre la finalidad del censo una vez que fue anunciado en septiembre. Sin embargo, el Gobierno foral tardó más de tres meses en concretar el objeto de este registro, lo que alimentó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la coalición abertzale.
En plena campaña de la Renta, el Ejecutivo de Bildu publicó a principios de este mes en el Boletín Oficial de Guipúzcoa su Plan de Comprobación Tributaria para perseguir de forma eficaz el fraude fiscal y que recoge la creación de un censo de contribuyentes de «riesgo» para detectar las «alarmas rojas».
Este registro, según defiende la Diputación, será de uso «interno y restringido» y se realizará a partir de «indicios objetivos de riesgo», con el fin de extremar el control sobre aquellos ciudadanos reincidentes en el fraude. En todo caso, aún no ha concretado los criterios que se establecerán para formar parte de este listado, ni tampoco si se comunicará al afectado que está dentro del mismo.
Para su plasmación, esta medida tendrá que aprobarse en el Parlamento de Guipúzcoa, donde Bildu se encuentra en minoría y con una oposición que ya ha mostrado su desconfianza por la necesidad de que se respete el «derecho a la presunción de inocencia».
En medio de este debate, el PSE ha denunciado que el Gobierno de Bildu pretende poner en marcha una nueva clasificación ciudadana, esta vez en función de su nacimiento, dentro o fuera de Euskal Herria, y en atención al lugar donde nacieron el padre y la madre. El Ejecutivo de Garitano ha desmentido esta medida y ha exigido una rectificación pública a Rafaela Romero por sus acusaciones «insidiosas».
Pero la portavoz del PSE en el Parlamento de Guipúzcoa se ha ratificado en su denuncia. Asegura que el director de Migración y Diversidad, Marcos Nanclares, ha anunciado «procesos de integración» para convertir al «independentismo» a esa población «inmigrante» que ha nacido fuera del País Vasco o lo han hecho sus padres. Por este motivo, ha pedido la comparecencia urgente de Garitano en las Juntas Generales, para que explique si el Gobierno foral se ha convertido en «paradigma» de las ideas «más racistas, sectarias, totalitarias y xenófobas», dentro de una política propia de «los nuevos movimientos europeos de ultraderecha que pretenden una clasificación étnica de la población».
