ANTONIO RUBIO / Madrid
El vicepresidente ha dirigido las estrategias contra quienes desvelaban trapos sucios del PSOE y el Gobierno
«Mi ventaja es que yo sé todo sobre todos». De esa forma tan clara, directa y contundente se dirigió Alfredo Pérez Rubalcaba -actual ministro del Interior, portavoz del Ejecutivo y vicepresidente primero del Gobierno-, a un magistrado del Tribunal Supremo cuando el representante judicial le indicó que no estaba de acuerdo con la forma en la que estaba llevando un delicado asunto jurídico desde su cargo de ministro del Interior. El roce o enfrentamiento entre el ministro y el magistrado del Alto Tribunal tuvo lugar antes del verano y ahora, simplemente, se evitan.
Hoy, el ministro y vicepresidente del Gobierno se ha convertido en el hombre mejor informado del país ya que controla los tres principales servicios secretos de España: El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía y la Guardia Civil.
Rubalcaba también fue un ministro muy bien informado y con mucho poder entre diciembre de 1994 y marzo de 1996, cuando ejerció de portavoz del Ejecutivo de Felipe González y de ministro de la Presidencia del Gobierno y de Relaciones con las Cortes. Rubalcaba utilizó ese conocimiento y poder que tenía sobre determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para controlar e intentar anular a algunos adversarios del PSOE y del Gobierno que habían provocado toda una serie de revelaciones periodísticas y judiciales sobre los GAL, Fondos Reservados y papeles del CESID, entre otros casos de corrupción y guerra sucia.
Las personas y medios que destaparon todos aquellos casos de corrupción tuvieron que soportar seguimientos, controles, presiones y hasta ofertas millonarias para que desistieran de sus planteamientos o se desdijeran de sus revelaciones. Entre las personas presionadas se encontraban José Amedo, Michel Domínguez, Juan Alberto Perote, el magistrado Baltasar Garzón y el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez.
BENEGAS
'Txiqui', siempre en primera línea
Para llevar a cabo aquellas operaciones de acoso y derribo, Rubalcaba se sirvió -según las revelaciones y documentación que obra en poder de este periódico- de los conocimientos y contactos de Txiqui Benegas, que en aquella época era el Secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del PSOE, y de dos funcionarios del Estado: Carlos Rubio, entonces inspector jefe en Barcelona, y Emilio Jambrina, teniente coronel y jefe de operaciones especiales del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La táctica para afrontar aquellos nefastos momentos, tal como reconoce el propio Rubalcaba en el libro La memoria recuperada, de la periodista María Antonia Iglesias, consistió en que Txiqui Benegas, como representante del PSOE, y él mismo, como cabeza visible del Gobierno, se coordinaban y unían esfuerzos para minimizar el tsunami con el que se encontró Felipe González. Rubalcaba recuerda que «existía una buena coordinación con el Partido, a través, básicamente, de Txiqui Benegas».
Más adelante, el actual vicepresidente también rememora que «cuando había que echar una mano, Txiqui estaba en primera línea […] era mi homólogo y con el que hablaba casi todos los días». Rubalcaba reconoce que «era tanta la presión externa, que nuestras peleas internas quedaban minimizadas […] y era tan fuerte el aguacero que la gente cerró filas, en el mejor sentido de la expresión y a la hora de trabajar».
Txiqui Benegas, tal como reveló EL MUNDO los pasados 27 y 28 de septiembre, ofreció a finales del año 1995 al ex subcomisario José Amedo 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por desdecirse de sus revelaciones judiciales y periodísticas de diciembre de 1994, en las que implicaba en toda la trama de los GAL a miembros del Gobierno de González y a altos dirigentes del PSOE.
Benegas desmintió, mediante carta, esa información, pero Amedo confirmó los hechos y los documentos que están en poder de este periódico indican que el dirigente socialista llevó a cabo los ofrecimientos económicos a través de un intermediario llamado Joaquín Abascal. El tal Abascal, que cobró un 10% por sus gestiones, todavía no ha desmentido las informaciones de EL MUNDO, ni que sea suya la voz que se escucha en unas cintas magnetofónicas que reproducen una serie de conversaciones con Benegas y Amedo.
AMEDO
Cobró 35 millones del PSOE
Además, Amedo mantiene que el propio Benegas le hizo el siguiente ofrecimiento en un chalé del pueblo madrileño de Villanueva de la Cañada: «Cambias tu declaración, te cargas a Pedro J. y a Garzón, te damos el indulto y te resolvemos la vida». Amedo, finalmente, cobró entre enero y febrero de 1996 unos 35 millones de pesetas (211.000 euros) de las arcas del PSOE, pero no cambió sus primeras declaraciones inculpatorias.
En aquel mismo chalé, siempre según la versión de Amedo, un intermediario del ex policía recibió una nueva oferta para que su representado asumiera la desaparición y muerte de los presuntos etarras José Lasa e Ignacio Zabala. Esa última reunión, según las informaciones del ex subcomisario, tuvo lugar a finales de 1995 y entre los presentes estaban el propio Benegas, el general Rodríguez Galindo (que posteriormente fue condenado por las muertes), un abogado del PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba. El actual ministro del Interior envió una carta a EL MUNDO desmintiendo tales afirmaciones y calificó a Amedo de «delincuente».
Tras las declaraciones judiciales de Amedo y Domínguez, diciembre 1994, ante el magistrado Baltasar Garzón -que había dejado la política y había regresado a su juzgado de la Audiencia Nacional-, la maquinaria del PSOE y del Gobierno, coordinada por Txiqui Benegas y Alfredo Pérez Rubalcaba, se puso en marcha.
Amedo y Domínguez también señalaron dentro de la trama de los GAL a Ricardo García Damborenea, dirigente de los socialistas vascos, y a Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado. Posteriormente Damborenea declaró ante el juez que en La Moncloa se creó una «especie de directiva» para «controlar el caso y tomar las medidas convenientes» y que estaba formada por Felipe González, Narcís Serra, Txiqui Benegas, Juan Alberto Belloch y Alfredo Pérez Rubalcaba.
CARLOS RUBIO
El comisario dirige la 'operación Veritas' contra Garzón
En el plan de acoso y derribo, diseñado por ese
gabinete de crisis contra los supuestos adversarios del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba cumplía el papel de cabeza pensante. Él analizaba y dirigía, mientras que Benegas se encargaba de ejecutar sus planes. La simbiosis entre ambos funcionó a la perfección.
Uno de los primeros trabajos que Rubalcaba encargó al entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, fue que intentara anular al juez Baltasar Garzón buscando los puntos más vulnerables del que fuera número dos del PSOE por Madrid en las elecciones generales de 1993.
Para llevar a cabo esa operación se desplazó desde Barcelona a Madrid, en secreto, el inspector jefe Carlos Rubio al mando de un grupo de policías de su total confianza. Una vez en la capital los agentes elaboraron un informe contra el juez Garzón y otros políticos y periodistas que recibió el nombre en clave de operación Veritas.
Una «Nota Informativa» interna de la Policía, clasificada con el número 51 y revelada por este periódico en febrero de 1995, decía: «Un reducido grupo de policías, junto a confidentes y conocidos relacionados con el narcotráfico […] se organiza con el fin de corromper y consecuentemente controlar a determinados jueces, políticos, empresarios e incluso a algunos periodistas».
El informe también recoge que «uno de los jueces a los que consiguen corromper es a Baltasar Garzón, conocedores de su obsesión por las mujeres, por aparentar y por la buena vida […] se le introduce en orgías donde puede disfrutar de dos y hasta tres mujeres, se consume droga […] y se hacen filmaciones en vídeo aprovechando el estado de ánimos desenfadados de los participantes».
Ese informe, en el que dos súbditas marroquíes indicaban que habían mantenido relaciones sexuales con Garzón, fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, que abrió las diligencias secretas 7.214. Posteriormente se demostró que todo era un montaje para eliminar profesionalmente al magistrado, que tras su abandono de la política había reactivado el caso de los GAL.
El inspector jefe Rubio, que en más de una ocasión se ha jactado antes sus compañeros de ser amigo de Rubalcaba, volvió a la Ciudad Condal, ascendió de categoría y fue nombrado comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Barcelona. Su carrera meteórica prosiguió y en 2005 fue nombrado jefe superior de Cantabria, lugar de nacimiento de Rubalcaba. Dos años más tarde, cuando el actual vicepresidente ya era ministro del Interior, el comisario ascendió a jefe superior de la Comunidad Valenciana.
El 31 de julio de 2008, cuando todo el mundo se iba de vacaciones, Rubio se hizo cargo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Cuando el juez Garzón supo que su controlador había ascendido a jefe de Madrid juró en arameo y en otras muchas lenguas. Recientemente, Rubio ha dejado su cargo como jefe superior de Madrid y ha sido fichado por el Banco Santander para su estructura de seguridad, «ganando 240.00 euros anuales», según confirmó Alfredo Perdiguero, secretario provincial de la Unión Federal de Policías (UFP).
Se da la circunstancia de que poco después de que Carlos Rubio fuera nombrado jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana las investigaciones sobre el caso Gürtel se incrementaron. También ocurrió algo parecido con esas investigaciones cuando Rubio fue ascendido desde jefe de Valencia a jefe de Madrid.
JAMBRINA
EL hombre de Rubalcaba en el CESID
Y tras el ex policía Amedo y el juez Garzón le llegó el turno al entonces coronel Juan Alberto Perote, jefe de la Agrupación de Operaciones y Misiones Especiales del CESID. Perote, que fue acusado de sustraer documentos clasificados del centro, denunció que en los GAL también habían participado directa e indirectamente los servicios secretos, que el sello reivindicativo de los grupos parapoliciales se mandó hacer en las dependencias del centro y que algunos miembros de La Casa, como se conocía popularmente a las dependencias centrales de los espías, habían actuado de manera irregular contra ETA. Según Perote, el comandante Emilio Jambrina fue uno de los que supervisó y clasificó las notas informativas sobre la guerra sucia contra ETA.
Jambrina también fue señalado por sus ex compañeros en el CESID como uno de los jefes que estuvo al tanto de la preparación y puesta en marcha de lo que se llamó operación Menguele u operación Shuto, que consistió en la aplicación de un anestésico a unos mendigos para más tarde estudiar los efectos y llevar a cabo en el sur de Francia el secuestro del dirigente etarra Josu Ternera.
Emilio Jambrina, que en la actualidad ya tiene el grado de coronel y se encuentra destacado en una embajada en Sudamérica, también fue señalado por EL MUNDO en febrero de 1995 como el jefe del CESID que recibió el encargo del Gobierno de Felipe González de buscar un grupo de los servicios especiales de la Guardia Civil para que asumiera, a cambio de dinero y refugio en otro país, que los GAL eran la continuación del Batallón Vasco Español (BVE) y que fue montado en la época en que Adolfo Suárez era presidente del Gobierno.
Jambrina se querelló contra este periódico por esa y otras informaciones sobre su persona y varios asuntos turbios que llevó cuando era jefe de Operaciones Especiales. La Justicia siempre dictaminó que las informaciones de EL MUNDO eran veraces.
En 1995, mientras Benegas le ofrecía 600 millones a Amedo y el comisario Rubio montaba una operación de desprestigio contra Garzón, Jambrina y el entonces ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno se veían con cierta regularidad en Madrid. Sus encuentros se llevaron a cabo en el pub Seis Peniques, en la calle Estébanez Calderón, detrás del Ministerio de Defensa, y en unos apartamentos que utilizaba el CESID como cobertura, situados entre las calles Orense y Capitán Haya. A algunos de esos encuentros también asistió Benegas. Los servicios secretos todavía tienen pruebas de aquellos momentos y de los temas que allí se trataron.
Se da la circunstancia de que en plena campaña electoral de las generales de marzo de 1996, el entonces general Félix Miranda, director del CESID, fue destituido de su cargo porque mantuvo un serio enfrentamiento con el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba (Ver EL MUNDO del 18 de marzo de 1996).
En enero de 1997, Perote presentó una denuncia ante el fiscal general por filtración de documentos internos contra su persona y argumentó que en mayo de 1995 el CESID montó una campaña de difamación contra él con informes falsos que había elaborado el coronel López Fernández, que en aquellos momentos era el jefe de Jambrina. Perote fue más lejos e indicó que esos documentos llegaron hasta la revista Tiempo y el diario El País a través de Jambrina y otros miembros de los servicios secretos.
SANCRISTÓBAL
TVE entra en la cárcel
Amedo, Perote, Garzón, Pedro J. y EL MUNDO. Todos los objetivos y enemigos del Gobierno han sido perfectamente señalados y atacados tanto por Rubalcaba como por Txiqui Benegas. Ahora era el turno de Julián Sancristóbal y de los servicios informativos de TVE. El ex director de la Seguridad del Estado estaba en la cárcel porque había sido señalado por Amedo como parte de los GAL. Él, a su vez, había elevado el listón y marcado al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera como responsables de la guerra sucia contra ETA.
En enero de 1995, Sancristóbal estaba agobiado. Entonces recibió el mensaje de que tenía que dar un paso atrás, escuchó el aviso y dio el visto bueno para que las cámaras lo grabaran diciendo que todo era una conspiración del juez Garzón, que quería «presionar y derribar al presidente Felipe González».
Sancristóbal, incluso, indicó que detrás de todo aquella trama había otros personajes: «Espero que en esta trama haya algún juez que pueda investigar y poner de manifiesto quién es el señor Z [en el organigrama de los GAL, Garzón colocó una X en la cabeza de los grupos parapoliciales] que ha movido esta conspiración». Ese comentario del ex director de la Seguridad del Estado sobre el «señor Z» iba dirigido al director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez.
Detrás de la exclusiva de TVE estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, que a partir de aquel día fue bautizado entre la profesión periodística con el apelativo de «el jefe mediático de los GAL». La directora de los servicios informativos de TVE en aquella época era María Antonia Iglesias.
JAVIER BLEDA
Señala a Pérez Rubalcaba
La figura de Alfredo Pérez Rubalcaba siguió apareciendo en fechas posteriores a todos los sucesos narrados hasta ahora. En marzo de 1998 Javier Bleda, que había sido director del diario Ya cuando el ex abogado Emilio Rodríguez Menéndez era su propietario, le manifestó al difunto Antonio Herrero en la cadena Cope que detrás del montaje del vídeo sexual contra Pedro J. Ramírez estaba Rafael Vera, que «era el contacto con el Estado Mayor».
Más adelante el periodista, que trabajaba para Rodríguez Menéndez y otros, confesó que el objetivo era desacreditar al director de EL MUNDO porque «era uno de los baluartes que había contra el tema de los GAL». Entonces Antonio Herrero preguntó a Bleda: «¿Por qué decía usted que el señor Pérez Rubalcaba estaba al tanto de todas esas cosas, si usted no ha estado nunca con Rubalcaba?» Y el periodista respondió: «No, yo no he estado nunca con Rubalcaba, pero tengo dos datos. Primero, que en consejo de administración (se refería al del diario Ya) delante de veintitantas personas, Emilio Rodríguez Menéndez lo contaba y decía: 'Me ha puesto Rafael Vera en contacto con Pérez Rubalcaba y ya nos van a dar el dinero'».
A continuación, Bleda desarrolló el segundo dato que establecía una línea directa con Rubalcaba: «Poco antes de mi salida del Ya colocaron de director a Juan de Justo, secretario de Rafael Vera en Interior y que según el sumario repartía los fondos reservados. Entonces Juan de Justo me dijo que había que hacer una auditoría porque si queríamos que el PSOE entrase en el periódico, que como iba a tener una reunión con Pérez Rubalcaba, que le había dicho que necesitaba llevar una auditoría».
El libro La memoria recuperada de María Antonia Iglesias es un excelente trabajo que nos permite recuperar momentos de aquellos tensos, duros, oscuros y sucios años. En la página 681, el actual vicepresidente del Gobierno, portavoz del Ejecutivo y ministro del Interior recuerda que «fue una época muy convulsa, y muchos comportamientos de aquella época tienen más que ver con individuos saltando en busca de un salvavidas que con malvados».
Y sentencia el químico Alfredo Pérez Rubalcaba: «Yo creo que di la cara todo lo que tenía que darla, cumplí con mi conciencia y he hecho una especie de paréntesis. Hay cosas que se me han ido olvidando».
«Hablamos de muchas más cosas de las que pone en la filtración. Hablamos de paz y de normalización política. Hablamos de la mayoría social vasca», detalló Urkullu en su escrito en internet. El presidente de la formación nacionalista explicó que en dicho encuentro también se habló de «aprovechar esta oportunidad si se dan las condiciones. Y la primera condición es el respeto a la vida y a los derechos humanos». Y añadió: «Hablamos del respeto a la pluralidad vasca y a la voluntad de la misma, de la posibilidad de defensa de todas las ideas políticas democráticas, o de la necesaria -al menos a juicio del PNV- aplicación de una política penitenciaria distinta, acorde con la letra y el espíritu de la ley».
